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¿Estas con los terratenientes o con los guaranies semiesclavizados? Es hora de tomar partido

Publicado por tarijalibre on Jun 11th, 2008 y clasificado en Movimientos Sociales. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

La temeraria revuelta terrateniente que se radicaliza desde el 27 de febrero de este año en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz fue escenificada por los medios de comunicación como una disputa doméstica entre “empresarios productores” y “políticos avasalladores” del MAS. Sin embargo, la gran prensa controlada por los grupos de poder no ha podido ocultar el trasfondo del violento disturbio que hizo temblar el escenario político interno y dejó mal paradas a la democracia liberal boliviana, a la autonomía cruceña y a la jerarquía de la Iglesia Católica.
Los patrones del chaco cruceño y sus grupos de choque atacaron con piedras, palos, flechas y armas de fuego, secuestraron y amenazaron de muerte al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y al director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Juan Carlos Rojas, impidiéndoles iniciar tres veces el saneamiento de propiedades agrarias y la titulación de una tierra comunitaria de origen (TCO) en beneficio de indígenas guaraníes de Alto Parapetí. (1)

Los latifundistas –entre ellos un vaquero norteamericano dueño de más de 50 mil hectáreas en Santa Cruz– cometieron el delito de sedición y violaron flagrantemente tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano. (2)

Casi forzados, los medios y los líderes de opinión tuvieron que ocuparse de un dramático problema social irresuelto del que casi nunca se habla, y hasta los más escépticos e indiferentes comienzan a cuestionarse: ¿Será que en pleno siglo XXI algunos terratenientes de los llanos de Bolivia siguen explotando mano de obra servidumbral en sus enormes haciendas?

La revuelta terrateniente partió en dos a la opinión pública y en cuestión de semanas mostró de cuerpo entero a los sectores enfrentados: por un lado los grandes propietarios de tierras y sus aliados que niegan la existencia de indígenas guaraníes semiesclavizados en latifundios modernos; y por otro un amplio colectivo social que exige al gobierno redistribuir la tierra concentrada en pocas manos para erradicar la servidumbre.

Integran el frente patronal representantes de la Prefectura, Comité Cívico y gremios empresariales de Santa Cruz, legisladores de derecha (Podemos, MNR, UN), el cardenal católico Julio Terrazas y otras instituciones conservadoras. Con matices, esta gente piensa que la servidumbre es una “excusa” del gobierno para “ensuciar” la imagen de sus enemigos políticos, “apropiarse” de las tierras y riquezas naturales de la zona y luego repartirlas entre campesinos masistas del occidente. (3)

Al otro lado de la vereda, organizaciones sociales, sindicales, indígenas, religiosas, decenas de sacerdotes católicos de base, profesionales, intelectuales, culturales y ONGs, además de Organismos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenan la violencia patronal y la malintencionada campaña de desinformación en defensa de propiedades ilegales; y conminan al Estado boliviano a atender el legítimo derecho a la tierra de cientos de familias guaraníes sometidas a la servidumbre. (4)

Este amplio y diverso frente ciudadano asegura que la servidumbre es una lacra con profundas raíces históricas que sigue mellando la dignidad nacional e interpelando al Estado supuestamente democrático y “moderno”. En su criterio, la persistencia de formas de producción precapitalistas es una consecuencia lógica de la alta concentración de la propiedad agraria en las tierras bajas de Bolivia.

Latifundio y servidumbre en el Siglo XXI

La tierra que los ganaderos del chaco cruceño defienden a bala forma parte de un núcleo territorial guaraní históricamente conocido como la “Cordillera”, una extensa área geográfica que se mantuvo prácticamente infranqueable para el imperio incaico, para los españoles de la conquista y la colonia, e inclusive para las fuerzas militares de la nueva República. (5)

Abundante documentación etnohistórica confirma que la población guaraní habitó la región de la “Cordillera” por lo menos desde el siglo XIV. (6) Durante más de 300 años, los guerreros guaraníes (kereimbas) fieros como los araucanos resistieron con éxito continuas estrategias colonizadoras hasta 1892, año en el que fueron derrotados militarmente en la batalla de Kuruyuki.

El Ejército vencedor fragmentó el territorio guaraní y entregó a los indios levantiscos a “buenas familias” de hacendados para que sean “civilizados”. (Albó, 1990). El proceso de ocupación-invasión del territorio Guaraní-Cordillerano culminó cuando el ganado y las haciendas inundaron las mejores tierras. De pronto los indígenas dejaron de poseer los fértiles prados y se encontraron viviendo en tierras de “otros” y trabajando para “otros” como siervos de la gleba.(7) Fue el inicio de la más penosa etapa de su historia que todavía no ha terminado porque ni la revolución de 1953 pudo liberarlos del cautiverio.

Muchas haciendas del chaco sobrevivieron a la reforma de 1953 ya sea porque el régimen nacionalista declaró “inafectable” el latifundio en el oriente, tanto en su extensión como en su régimen laboral, con el fin de fomentar el desarrollo de “empresas agropecuarias”, o bien porque los latifundistas evitaron con acciones de hecho que la “revolución” llegara a sus haciendas. En 1959, los patrones fusilaron en Huacareta (Chuquisaca) a brigadistas de la reforma agraria del MNR que intentaron sanear sus propiedades. (8)

La desigual distribución y uso de la tierra en Bolivia, especialmente en las zonas bajas, no fue resuelta ni por la reforma agraria de 1953 ni por las políticas de libre mercado generalizadas desde 1985, entre ellas la ley INRA de 1996, coinciden diversas instituciones privadas de desarrollo, centros de investigación y organismos internacionales. (9)

La Iglesia Católica señala que luego de la reforma de 1953 se entregaron “sin sentido de proporción ni equidad” las tierras más codiciadas de la región amazónica y chaqueña. Un “sector minoritario pero pudiente logró apropiarse de grandes extensiones de tierras baldías del Estado por dotación gratuita o por acaparamiento más allá de lo titulado, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas del contorno”. Los pobres inmigrantes se quedaron con una mínima parte de la tierra. (10)

El largo proceso de agresiones y usurpación territorial iniciado por los colonizadores y continuado por hacendados y colonos al amparo del Estado republicano exacerbó la concentración de los poderes económicos, políticos y sociales en una pequeña elite regional, la cual ha venido negando hasta el día de hoy a los pueblos indígenas el derecho a la posesión de sus territorios ancestrales.

La mala distribución y el uso inadecuado de la tierra se convirtieron en las principales causas del hambre y miseria de amplios sectores sociales. La “escandalosa” concentración niega a un sector significativo de los bolivianos los beneficios y los frutos de la tierra; provoca “conflictos que dañan las bases de la convivencia civil (…), la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente”, y genera “situaciones de dependencia y opresión…”, subraya la Carta Pastoral “Tierra, madre fecunda para todos”.

Informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, del Defensor del Pueblo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e inclusive del departamento de Estado de Estados Unidos, denuncian que centenares de familias guaraníes siguen trabajando en condición de ciervos de la gleba en algunas haciendas que parecen congeladas en el tiempo en las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O’Connor y Gran Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. (11)

Según esos estudios, los guaraníes “cautivos” trabajan hasta 15 horas diarias sin recibir salario sino retribuciones en especie, son víctimas de castigos corporales y están sometidos a un régimen de “servidumbre” por deudas que se heredan de generación en generación, un tipo de relación laboral que vulnera todos los tratados internacionales de derechos humanos, resalta la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura.

La palabra “esclavitud” abarca en la actualidad diversas violaciones de los derechos humanos, además de la esclavitud tradicional y la trata de esclavos. Abusos tales como la venta de niños, la explotación laboral de niños, la trata de personas y la venta de órganos humanos, ciertas prácticas del régimen de apartheid y la servidumbre por deudas son consideradas prácticas clandestinas análogas a la esclavitud, indica el folleto informativo N.14 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), elaborado por el Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud. (12)

Dice la ONU que es difícil distinguir la servidumbre por deudas de la esclavitud tradicional, puesto que la víctima no puede dejar su trabajo o la tierra que cultiva mientras no reembolse el dinero que debe. La servidumbre se presenta cuando a pesar de todos los esfuerzos, el deudor no consigue pagar su deuda y la transfiere a sus hijos. (13)

En resumen, el trabajador en condición de servidumbre pierde el libre albedrío y su derecho a tener un destino propio, y está sometido a una relación laboral de dominación y pongueaje asimétrica, indigna y cargada de discriminación e injusticia, una problemática estrechamente relacionada con la estructura de la tenencia y distribución de la tierra.

La mayor parte de la tierra de Alto Parapetí en la provincia Cordillera de Santa Cruz está en manos de poca gente. El INRA estima que de un total de 98.875 hectáreas, 14 predios categorizados como empresas abarcan una extensión total de 51.512 hectáreas (52% de la tierra); 28 medianas propiedades copan una superficie de 34.183 hectáreas (34,6%) y 40 pequeñas propiedades suman una superficie de 7.755 hectáreas (7,8%).

La Iglesia Católica evidenció casos de servidumbre en la provincia Cordillera a mediados de la década de 1970, en plena dictadura de Hugo Banzer. “Las condiciones eran bastante brutales. De hecho, durante los primeros años sólo nos atrevimos a trabajar con guaraníes de comunidades independientes, no nos animábamos a trabajar con los de las haciendas porque era imposible”, recordó Albó en una entrevista concedida al diario La Prensa de La Paz.

Desde principios de la década del 90, la Iglesia Católica y algunas ONGs promovieron la compra de tierras para liberar a indígenas cautivos en las comunidades Ipatí, Amaguazú, Villa Hermosa, Ñaurenda, Aguayrenda, Ziponi, Cañadillas, Tierra de El Ingre y Casapa de la provincia Cordillera.

Entre 1993 y 1996, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), ONG fundada por Albo, compró 30 mil hectáreas a un costo promedio de 24 dólares por hectárea para distribuirlas entre los guaraníes empatronados. El ex presidente Carlos Mesa también intentó adquirir 50 mil hectáreas para distribuirlas entre más de mil familias guaraníes empatronadas en todo el Chaco.

Las haciendas del chaco bajo la lupa

Sin considerar los antecedentes históricos del caso, las decenas denuncias periodísticas y los documentos de la propia Iglesia Católica (14), el 13 de abril de 2008 el cardenal Julio Terrazas exigió al gobierno que “demuestre” la existencia de “esclavos” en el chaco. Y de inmediato se conformaron tres comisiones para “investigar” un asunto ampliamente estudiado y debatido en los últimos 30 años.

Los diputados opositores de la brigada cruceña Roxana Gentile de Unidad Nacional, Betty Acebey Serrano del MNR y Ronald Moreno de Podemos conformaron la primera comisión sin respaldo congresal ni social y fueron los únicos que visitaron 11 haciendas entre el 24 y el 27 de abril. La comisión dirigida por Moreno, quien participó en los disturbios chaqueños en calidad de vocero de los terratenientes, no encontró ni un solo caso de servidumbre o cautiverio indígena, sino “ausencia del Estado” y “extrema pobreza compartida por propietarios y trabajadores”, en una investigación relámpago de dos días.

En una visita a la zona entre el 28 y el 30 de abril, la segunda comisión integrada por el defensor del Pueblo Waldo Albarracín y representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, iglesias Metodista y Ekklesía y de la Confederación de la Prensa confirmó la “ausencia total del Estado” y la indefensión de los pueblos indígenas que viven sin servicios básicos, hospitales, escuelas ni caminos.

La comisión interinstitucional no pudo llegar hasta las haciendas y fue desconocida por el presidente de la Unión de Productores y Agropecuarios del Sur Juan Carlos Santiesteban. Los hacendados recalcaron que sólo reconocen el informe de los diputados cruceños, según el cual no existe ni una sola comunidad indígena cautiva en la provincia Cordillera y “peor aún servidumbre”.

El 7 de mayo, una Comisión Especial de la Cámara de Diputados presidida por Bernabé Paredes (MAS) e integrada por Wilman Cardozo (Podemos), Milton Becerra (UN), William Chávez García (MAS), Ronald Moreno (Podemos), Jhonny Torrez (MNR) y Gualberto Choque (MAS) se reunió en Camiri con ganaderos y autoridades de Cuevo, Boyuibe, Lagunillas y Camiri. El 14 de mayo debía hacer lo propio con dirigentes de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), pero los indígenas vetaron a los diputados “pro latifundistas” Cardozo y Moreno por haber prejuzgado que no hay servidumbre antes de concluir su investigación. Esta tercera comisión investigadora tampoco pudo llegar a las haciendas.

El hecho es que las comisiones investigan casos de servidumbre y el levantamiento terrateniente armado hace más de un mes, pero ni las autoridades de gobierno ni las organizaciones defensoras de derechos humanos han podido ingresar a las estancias para constatar las condiciones de vida de los peones. El viceministro Alejandro Almaraz se pregunta: “¿Por qué no nos dejan realizar un trabajo legal, por qué no dejan ingresar a nadie a Alto Parapetí para que vean si hay o no peones reducidos a la servidumbre? ¿Cuál es su temor?”.

Mientras eso ocurre, el chaco cruceño se ha convertido en tierra de nadie. Continúa el bloqueo de caminos en el municipio de Cuevo, donde fueron emboscados y heridos más de 40 indígenas guaraníes y autoridades de gobierno el 13 de abril. Los terratenientes mantienen en ascuas a la población con mentiras, como eso de que el Viceministro de Tierras volverá en cualquier momento a robarles sus tierras para dárselas a los “collas”.

Autoridades municipales de Cuevo expulsaron del pueblo a algunos profesores solidarios con los indígenas que reclaman una TCO, y los líderes sociales y activistas vinculados con los guaraníes tienen prohibida la pisada en este pueblo. “Nadie puede circular sin su carnet porque a cada centímetro lo exigen los grupos de choque financiados por las autoridades locales y adiestrados por miembros de la Unión Juvenil Cruceñista”, denunció la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). En Camiri, los dirigentes indígenas se encuentran en la clandestinidad debido a las amenazas y persecuciones casi diarias.

Las condiciones de opresión se agravaron puertas adentro de las estancias en la provincia Cordillera. Los indígenas reducidos a la servidumbre no tienen derecho a manifestarse sobre su situación y son amenazados por los patrones y sus empleados. Se denunció que algunos hacendados de Huacareta, en Chuquisaca, desalojan a las familias indígenas cautivas para “no hacerse pillar” por las comisiones investigadoras.

Un responsabilidad de toda la sociedad

Con “humildad pero con firmeza”, la Iglesia Católica recuerda a los gobernantes que su obligación es buscar mayor claridad y decisión en la legislación de la tierra en pos del objetivo irrenunciable del bien común. Según la ONU, el saneamiento de tierras es un procedimiento absolutamente legal que garantiza los derechos de los pueblos indígenas, en particular los derechos de las comunidades guaraníes en situación de servidumbre y trabajo forzoso análogas a la esclavitud.

Pero los pactos internacionales y las leyes nacionales no bastan para suprimir las diversas formas de esclavitud modernas. Prueba de ello es que el gobierno de Evo Morales, contra su voluntad, no puede reanudar el saneamiento de tierras en Alto Parapetí mientras no se logren acuerdos operativos entre las partes en conflicto.

Por eso la ONU considera prioritario que la sociedad toda se conmueva por la penosa situación de los grupos más vulnerables, es decir niños, mujeres, poblaciones indígenas y trabajadores sometidos a la servidumbre por deudas.

Cambiar actitudes y costumbres, muchas veces profundamente arraigadas inclusive en las mentes de las propias víctimas, supone que personalidades públicas fomenten el respeto de los derechos humanos; que los medios de comunicación informen acerca de los problemas de la explotación, y que las organizaciones religiosas y laicas se esfuercen por dar a conocer a sus miembros y al público en general el carácter inhumano de formas de explotación todavía muy frecuentes.

Sin duda, los empresarios, hacendados, ganaderos y sus aliados políticos constituyen el grupo meta clave de esta campaña de concienciación. Lo primero que tiene que entender esta gente es que la restricción del derecho a la propiedad privada con justa indemnización pudiera ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar identidades culturales en una sociedad democrática y pluralista, como recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (15)

La Iglesia Católica reflexionó en varias oportunidades que la tierra es un bien universal cada vez más escaso que Dios ofreció a todos sus hijos, no solamente a los ricos; y que el latifundio definido como “grandes propiedades mediocremente cultivadas o reservadas baldías para especular con ellas” es “intrínsecamente ilegítimo e injusto”. Por ello instó a medianos y grandes productores a continuar sin desvelos su genuina iniciativa empresarial, fomentando el potencial productivo y pagando a sus trabajadores salarios justos de acuerdo con las universales normas laborales.

No permitan “que los especuladores y traficantes de tierras les utilicen a ustedes como escudo para sus ilícitos negocios”, pidió la Iglesia a los productores genuinos. A los grandes propietarios les reflexionó: “Desde una perspectiva cristiana, el mayor acceso a la tierra y otros recursos sólo se justifica siempre que se los haga producir de manera sostenible, racional y cumpliendo una función social. Miren constantemente, a la luz de los principios evangélicos, si ésta es su realidad”.

Los empresarios cruceños que lideran el movimiento autonomista son férreos defensores de la fe católica. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz Branco Marinkovic no pierde oportunidades para resaltar en público que él y los suyos “no juran con el puño (como Evo Morales y sus ministros) sino con la cruz” porque saben “lo que significa una familia”. (16)

Pero la prioridad de la nueva república autonómica “más justa, inclusiva y sin pobreza” que promueven Marinkovic y los suyos no es mejorar las condiciones de vida de la “mayorías” cruceñas corrigiendo las injusticias sociales causadas por la desmedida concentración de tierras en pocas manos, como pide la Iglesia, sino encontrar una fórmula para destrabar las exportaciones de los agroindustriales ricos y defender las grandes propiedades de hacendados y ganaderos.

Los líderes políticos y empresariales de Santa Cruz y los terratenientes del chaco organizaron “comités de defensa” de las haciendas dos meses antes de la consulta autonómica del 4 de mayo, con la consigna de enfrentar con todo a las brigadas del INRA hasta aprobar un estatuto que entrega competencias legislativas y ejecutivas exclusivas sobre la tierra al gobierno autónomo de Santa Cruz.

La tierra de Santa Cruz será para los “cruceños”, decían el prefecto Rubén Costas y los autonomistas. Y ahora niegan una TCO a los guaraníes del chaco, los primeros cruceños, y anuncian que no se creará ni un solo territorio indígena más en ese “departamento autónomo”.

Notas

1. 27 de febrero: miembros de la Federación de Ganaderos expulsaron de Camiri a un equipo de técnicos del INRA encargados de iniciar el saneamiento de tierras en Alto Parapetí y zonas adyacentes de la provincia Cordillera. 29 de febrero: una comisión oficial encabezada por el viceministro Almaraz, el director del INRA y otras autoridades fue atacada a la entrada de la propiedad “Caraparicito” de Ronald Larsen, cuando se dirigían a la comunidad de Iviyeka para supervisar el inicio del saneamiento. Larsen disparó a dos gomas de una camioneta del gobierno y amenazó a los funcionarios con aplicar la “justicia comunitaria”. Otro hacendado de nombre Lino Medrano gritaba: “Nadie va a salir vivo de aquí y correrá sangre ahora”. A principios de marzo, un grupo de hacendados, el subprefecto Marcelino Apurani, el consejero de la subprefectura Bernardo Suárez y algunos guardaespaldas interrumpieron una reunión en la que el director Nacional del INRA informaba a un propietario sobre el trámite de saneamiento de su predio. Los latifundistas advirtieron varias veces que no se harán responsables “si es que le pasa algo al personal del INRA”. 8 de marzo: la elite político empresarial cruceña y los ganaderos de Cordillera se reunieron en la localidad de Lagunillas para tomar acciones conjuntas en defensa de “sus territorios”, “contra el saneamiento” y contra la creación de la TCO Alto Parapetí. Las asociaciones de ganaderos de Macharetí, Gran Chaco, Camiri, Boyuibe, Cuevo, Lagunillas, Cabezas, Gutiérrez, Huacareta, Villa Guzmán, Ingre y Monteagudo crearon “comités de defensa” de la tierra y comenzaron a levantar “trancas de control” en la zona para impedir el paso de funcionarios de gobierno. 4 de abril: Ronald Larsen y otros patrones apedrearon y agredieron a indígenas y funcionarios del Estado por segunda vez. 13 de abril: una delegación del pueblo indígena guaraní fue interceptada y atacada salvajemente por una turba a instancias de hacendados de la localidad de Cuevo, a pocos kilómetros de Camiri.

2. Se han cometido delitos de sedición, asociación delictuosa, resistencia a la autoridad, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, intento de asesinato, amenazas, robo agravado, extorsión y secuestro, todos ellos tipificados por los Arts. 123, 132, 159, 161, 252, con relación al 8vo, 293, 332 inc. 2), 333 y 334 del Código Penal. Se ha violado el Convenio 169 de la OIT, recogido por la legislación interna en julio de 1991; la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en septiembre de 2007 y convertida en Ley de la República en noviembre de 2007; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; y del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. Apoyan a los ganaderos del chaco la Alcaldía de Camiri, Subprefectura de la Provincia Cordillera; las Alcaldías de Cuevo y Boyuibe; la Fiscalía de Camiri (sus ejecutivos emparentados y con relaciones compadrerío con el Comité Cívico Pro Santa Cruz); la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) y la Asociación Municipal de Santa Cruz (AMDECRUZ).

4. La campaña de desinformación contra el saneamiento está basada en mentiras: 1. Todos los propietarios de la provincia Cordillera “serán barridos” por el saneamiento. 2. avasallará las tierras productivas de la región. 3. cercenará los territorios municipales. 4. arrebatará regalías a las alcaldías y las reservas petroleras, acuíferas y gasíferas. El gobierno aclaró que el saneamiento favorecerá a los pequeños agricultores y ganaderos porque consolidará su derecho propietario y dará seguridad jurídica a aquellos que cumplen la Función Económico Social (FES), que pagan un salario justo a sus trabajadores y que no se benefician con el trabajo esclavo. Es un hecho que el saneamiento beneficiará a más de 10 mil familias que tienen predios de menos de 500 hectáreas. El saneamiento no perjudicará a las siete secciones municipales de la provincia Cordillera en lo que respecta a los ingresos que perciben por Coparticipación Tributaria Municipal, recursos del HIPC II (producto de la condonación de la deuda externa) y por los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). No hay que olvidar que la TCO es una forma de propiedad de la tierra y no una institución pública o privada receptora de recursos públicos. Los beneficios por la explotación de los recursos naturales (mineros, hidrocarburíferos, forestales, etc.) son regulados por la normativa de coparticipación tributaria o IDH, y distribuidos a municipios, prefecturas y universidades. Las TCOs no están dentro de la distribución de la regalías del IDH y tampoco son receptoras de otros ingresos municipales. Las TCOs son espacios geográficos que aseguran el hábitat de comunidades indígenas y originarias, y sea cual fuese su superficie, no incluye la propiedad de los recursos naturales, los cuales se encuentran bajo dominio directo del Estado.

5. La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó rotundamente las acciones violentas de sectores de poder de la región, principalmente ganaderos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia deploró las agresiones a indígenas y autoridades de gobierno el 13 de abril en el municipio de Cuevo, “incompatibles con el respeto a los derechos humanos”. Amnistía Internacional llamó a ganaderos y hacendados a abandonar la violencia y les recordó que la promoción y protección de los derechos humanos deben ser el punto de encuentro común de todos los estamentos de la sociedad, independientemente de sus opiniones y estrategias políticas. La organización precisó que sólo se romperá el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión si se lucha contra las violaciones de los derechos humanos que las motivan y las perpetúan.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condenó con firmeza la violencia terrateniente contra el legítimo proceso de saneamiento de tierras e instó a los dirigentes de la Federación de Ganaderos del Gran Chaco (Fegachaco) a respetar el estado de derecho. Danielle Mitterrand, viuda del ex presidente Francois Mitterrand, directora de la Fundación France Liberte y activista social reconocida internacionalmente, reprochó a las “bandas fascistas” de Santa Cruz que hablan de “depuración étnica” en un país con 63% de población indígena y a los “provocadores que llegan incluso a atacar a representantes del gobierno elegido”. Organismos internacionales que impulsan la liberación de las comunidades y familias cautivas en el chaco son la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (CIDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Agencia de Cooperación GTZ, Amnistía Internacional (AI), y el VII Foro Indígena de las Naciones Unidas que se desarrolló en Washington.
Las organizaciones sociales, indígenas y sindicatos que apoyan la demanda guaraní son el Comité Cívico de Camiri, jóvenes camireños aglutinados alrededor de la Unión Juvenil de Camiri, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC), Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”, Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (CPESC), Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y Confederación de Trabajadores de Radio y Televisión (COSTRATEB).
Las instituciones defensoras de derechos humanos solidarias con los indígenas del chaco son el Defensor del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) con sus regionales de La Paz y Santa Cruz, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Movimiento Franciscano Justicia y Paz, Coordinadora Interinstitucional de Derechos Humanos de Santa Cruz (ALAS, Casa de la Mujer, CEJIS, CIPLA, Colectivo Rebeldía, DESAFIO, FORMASOL, Fundación Tierra).
Se pronunciaron a favor de los guaraníes innumerables instituciones de desarrollo social agrupadas en UNITAS como Acción Cultural Loyola (ACLO), Asociación Programa Tarija (APT), Centro de Asesoramiento Multidisciplinario Vicente Cañas (CVC), Centro de Documentación e Investigación Bolivia (CEDIB), Centro de Desarrollo Agrario (CENDA), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Centro de Promoción Minera (CEPROMIN), Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CERDET), Centro de Servicios Agropecuarios (CESA), Centro de Investigación y Apoyo al Campesino (CIAC), Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), DESAFIO, Defensa de los Niños Internacional (DNI) y su regional Santa Cruz, Instituto de Investigación y Capacitación Campesina (IICA), Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular (INDICEP), Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí (ISALP), Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino KURMI, Centro de Planificación, Educación y promoción Popular LLANK’ASUN, Mujeres en Acción, Oficina de Asistencia Social de la Iglesia (OAS), Centro de Comunicación y Educación Popular PIO XII, Promoción de la Mujer de Tarija (PROMUTAR), Centro de Educación Popular QHANA, Central de Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (SEMTA), Taller de Educación Alternativa y Producción Tarija (TEAPRO), Centro de Promoción y Cooperación YUNTA, Programa de Desarrollo del Poder Local, Programa NINA. Otros como SOMOS SUR, el Centro Juana Azurduy de Padilla, el Centro Comunal El Carmen, Centro Cultural Popular, Centro la Piedra y el Centro Cultural y Popular. No quedaron al margen INCCA (Instituto Nacional de Capacitación del Campesinado), el CESAT (Centro de Servicios y Acompañamiento Técnico, la Casa de la Mujer, las Fundaciones Tierra y ACLO, Accion Andina, IFI (Instituto de Formación Femenina), Aguas Sustentables, AMUPEI (Articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad ), CEDESCO (Centro de Desarrollo Comunal y Municipal), CEPA (Centro de Ecología y Pueblos Andinos), CEPRA (Centro de Educación y Producción Rediofónica), GEMA (Centro de Gestión, Ecología y Monitoreo Ambiental), CESAT (Centro de Servicios y Acompañamiento Técnico), el PIDEB (Programa Integral de Desarrollo Barrial de Tarija), el Colectivo Rebeldía, Coordinadora de la Mujer, DESAFIO y el ECAM (Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres).
Las organizaciones religiosas son la Conferencia Boliviana de Religiosas y Religiosos Regionales de La Paz y El Alto (CBR), Iglesia Metodista, Iglesia Luterana, Iglesia Presbiterana, el ISEAT (Instituto Superior Ecuménico Andino Tecnológico), el IELB Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, la Red Ecuménica de Teólogas Talita Kumi y los mandos medios de la Iglesia Católica.
También se pronunciaron a favor de los guaraníes docentes de Humanidades, Ciencias de la Educación y C. Sociales de la Universidad Mayor de San Simón; la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Gabriel René Moreno, Café Semilla Juvenil, CONTEXTO, CODEPANAL (Comité de Defensa del Patrimonio Nacional), la Escuela de Cine, el Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos, el Centro de Atención Integral para Adolescentes, los Círculos Bolivarianos; Colectivo La Rueda de Tarija, Cine Club Luis Espinal, Grupo Plaza 14 de Septiembre, Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua (ASICASUR), Centro Gandhi, Colectivo Jaina Tarija, CUECA (Colectivo Urbano para el Cambio), APNB (Asociación de Profesionales Nueva Bolivia), Movimiento Cívico Patria y Soberanía, Red Tinku Juvenil, Comunidad San Simón, Frente de Mujeres Soberanía y Paz, Agroecológicos por el Cambio, Medios de Comunicación Alternativos, Planificadores del Desarrollo para el Cambio, Comunidad de Productores de Artesanías para Todos, Comart Tukuipaj, Equipo Kallpa, Escuela de Formación Popular Octubre, FORMASOL (Formación Solidaria), FOCOMADE (Foro Cochabambino de Medio Ambiente) y las Mujeres en Acción. En la ciudad de Santa Cruz, la organización de intelectuales “Santa Cruz Somos Todos” condenó la existencia de relaciones servidumbrales en pleno siglo XXI.

6. GARCILASO DE LA VEGA, El Inca. Comentarios reales. Selección y prólogo de Augusto Cortina, Octava Edición. Colección Austral. Espasa – Calpe Argentina, S.A. Buenos Aires. 1967.
Crónicas de Gracilazo de la Vega, Diego F. de Alcaya y Diego de Guzmán – citados por Pifarre (1989:30-32)
PIFARRE, Francisco. Historia de un pueblo. Cuadernos de Investigación. Nº 31. Los Guaraníchiriguano. CIPCA. La Paz. 1989
SAIGNES, Thierry, Los Andes orientales: Historia de un olvido. CERES. IFEA. Estudios Históricos, Nº 2. Cochabamba. Bolivia. 1ª Edición. Octubre.1985.
Langer, Erick. Economic Change and Rural Resistance in Southern Bolivia, 1880-1930.
LANGER, Erick. Misiones Franciscanas y Trabajadores Chiriguano. Colonización, aculturación y mano de obra indígena en el sudeste de Bolivia. Cap. IV Pp. 255-289 en Chiriguano. Ed. APCOB. Riester, J. Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas. Nº 3. Santa Cruz. 1993.
MELIA, Bartomeu. El Guaraní conquistado y reducido. Ensayos de etnohistoria. Biblioteca Paraguaya de Antropología, Vol. 5. Centros de Estudios Antropológicos. Universidad Católica. Asunción 1993.
FABRE, Alain. Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos. TUPÍ. 2005 (Modificado el 10 de Octubre de 2007).

7. En toda el área se encuentra infinidad de topónimos que hacen patente la influencia y ocupación guaraní en la zona histórica ava-tupí-guaraní en el “Corazón físico y moral de la chiriguanía” (Martarelli, 1890/Brañez, 2000-2003): Mbachare (hoy Macharetí y que su significado alude a “cordillera central”), Güembi (hoy Iguembe), Guacaya, Ñumbiete (hoy Cuevo), Cooreguasua (hoy Santa Rosa, que alude a “mi potrero”) e Ivü (hoy Ivo que significa “ojo de agua”), todos son lugares que articulan los prados interandinos de la Cordillera central del Aguaragüe (“cueva del zorro”) que conectan el Chaco con los valles medios y altos del Sur-Este andino. En las zonas de ocupación guaraní cordillerana se encuentran los siguientes topónimos guaraníes: Zona de Lima/ Lagunillas: Kurupayti, Kurujuky, Mboreviti y Karaparicito; Zona de Cuevo: Sta. Rosa, Itatiki, Tatukua, Iguembe, Ñoerenda, Guakaja, Ytirõke, Kamatindi, Karuruti, Tentayapí [con el subgrupo simba], Mbororigua, Ivo, Timboirenda, Piriti, Mandjuti, Chimbé, Ytau, Boikovo, Ankãguasu, Karajegua, Yvykuati, Jaguakua, Itangua, Iñai, Ipati de Ivo, Irenda, Imbochi, Kapiatindi, Alto Guakareta, Kumandaroti, Ytiranti, Karotindi, Guakajeroje, Tavajeruja y Kurujuky;

8. De Nino Bernardino; Etnografía chiriguana. Obra Nacional. Tipografía Comercial de Ismael Argote. La Paz. Bolivia. 1912

9. En los últimos años estallaron enfrentamientos en las provincias Ichilo, Guarayos, Obispo Santiestéban y Velasco. Uno de los conflictos más sonados ocurrió en la hacienda Yuquises, donde los hacendados abandonaron las vías judiciales para defender sus propiedades formando grupos irregulares armados.

10. (Informe del Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Jean Zieglercon- 2003).- Aunque Bolivia no sufre de escasez de tierras, las desigualdades en la tenencia han sido un factor determinante para agudizar los conflictos sociales en todo el país. La gran mayoría de los campesinos pobres dedicados a la pequeña agricultura poseen apenas el 1,4% de las tierras cultivadas, mientras que el 7% más rico de los terratenientes bolivianos posee el 85%. Aunque en 1953 una reforma agraria desmanteló las haciendas tradicionales de tipo feudal de las tierras altas y los valles, ese sistema volvió a surgir en las tierras bajas del oriente, donde se adjudicaron inmensas extensiones de tierra a poderosos partidarios políticos de los regímenes que estuvieron en el poder entre los años sesenta y noventa. Las desigualdades en la tenencia de la tierra son particularmente agudas en el departamento de Tarija, al sur del país, en que el 92% de la tierra es de propiedad del 8% de los productores agrícolas, mientras que el 80% de los campesinos de la región no tiene título alguno.
(De la goma a la soya: El proyecto histórico de la elite cruceña, Ximena Soruco Sologuren, en Los Barones del Oriente, El poder en Santa Cruz ayer y hoy; Fundación Tierra, 2008): En la segunda mitad del siglo XX se consolidó la gran propiedad agraria en Santa Cruz. El crecimiento porcentual de las haciendas/empresas agrícolas ha SINDO de un 348%, mientras que el crecimiento de la superficie que ocupan estos predios en el departamento se ha incrementado en 1.062%. La política agraria de 1953 y especialmente los regímenes de Banzer y Jaime Paz han transformado drásticamente la estructura agraria en el departamento de Santa Cruz a favor de la gran propiedad.
(CIDH- informe 2006).- Luego de una fuerte movilización social de diversos sectores rurales, en 1996 se aprobó la Ley 1715 de 18 de octubre de 1996 conocida como la “Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria”, mediante la cual se estableció un proceso de saneamiento y titulación de tierras con la finalidad de desconcentrar la tierra y redistribuirla entre quienes no la tienen o la poseen insuficientemente, además de devolver los territorios ancestrales a los pueblos indígenas de las tierras altas y bajas del país. La Comisión de la OEA resaltó el generalizado sentimiento de frustración en Bolivia en cuanto a la implementación de esta norma, pues aunque se pretendía sanear el 100% de la tierra hasta 2006, sólo se avanzó en un 13%, debido principalmente a la corrupción de funcionarios del INRA y del Tribunal Agrario Nacional. La burocracia validó documentos de propiedad fraudulentos de los terratenientes; alteró procedimientos de pericias de campo establecidos por ley sustituyéndolos por la recepción de documentos falsos; y obstaculizó la redistribución de tierras a favor de pueblos indígenas y comunidades interesadas.
Jean Zieglercon observa que en las tierras bajas del oriente se concedieron fincas a los pueblos indígenas en el marco de la titulación de Tierras Comunitarias de Origen, pero este proceso también ha sido complicado y no siempre ha sido garantía de tenencia de la tierra, pues ha ocurrido que las mismas tierras sean reivindicadas como propias por los colonos y por grandes terratenientes, lo cual ha creado nuevos conflictos.
La Comisión de la CIDH observó que existen diversas posiciones sobre la Ley 3545 de Reconducción de la Reforma Agraria modificatoria de la Ley INRA aprobada el 28 de noviembre de 2006. Sin embargo, concluyó que esta norma es percibida por la mayoría de los sectores de la sociedad como una esperanza en cuanto a las posibilidades reales de acceso a la tierra de los grupos históricamente excluidos. La Comisión comentó que esperaba que la nueva Ley se constituya en un verdadero instrumento que permita el reconocimiento y la titulación y/o devolución de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, derecho colectivo que, tal como ha sido señalado por la Corte Interamericana, se encuentra incluido en el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana.

11. Carta Pastoral “Tierra, madre fecunda para todos”. Inspirada en el documento “Para una mejor distribución de la tierra: El reto de la Reforma Agraria”, publicado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano el 23 de noviembre de 1997, en el que se pide a los gobiernos del mundo emprender reformas agrarias que restablezcan el derecho de los pobres y excluidos a gozar de la tierra, patrimonio común. La propiedad sobre la tierra está reiteradamente defendida en los textos de la Doctrina Social de la Iglesia y el episcopado latinoamericano se ha hecho eco de esta misma preocupación en sus conferencias generales de Río de Janeiro (1955), Medellín (1968) y Santo Domingo (1992). Son muchos los documentos de conferencias episcopales nacionales dedicados expresamente al tema de la tierra, con títulos tan expresivos como los siguientes: La tierra, don de Dios para todos (Paraguay, 1983), La tierra, don de Dios, derecho del pueblo (obispos del sur andino, 1986), El clamor por la tierra (Guatemala, 1988), Tierra de todos, tierra de paz (Panamá, 1988), Madre Tierra (Costa Rica, 1994), Por la tierra y por la vida (Brasil, 1995), entre otros. Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, 1997, Para una mejor distribución de la tierra: El reto de la Reforma Agraria.

12. a) OEA- CIDH: “Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”: La Corte Interamericana indicó que al “desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros”. Por ello, puede ser necesario restringir el derecho a la propiedad privada particular para preservar identidades culturales colectivas. Luego de visitar el país a fines de 2006, la misión de la OEA observa con “profunda preocupación” la continuidad de diversas formas de servidumbre por deudas, análogas a la esclavitud, con algunos elementos de trabajo forzoso prohibidos por tratados internacionales que Bolivia ha prometido cumplir. El informe se refiere a la miseria absoluta de al menos 600 familias indígenas guaraníes que viven en condiciones infrahumanas y sometidas a situaciones de servidumbre en haciendas del chaco boliviano en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca como consecuencia de la falta de reconocimiento y titulación de sus tierras y territorios ancestrales. “Esta situación viene de décadas atrás y consiste, en términos generales, en el excesivo trabajo físico de personas de todas las edades, incluyendo niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, en algunos casos bajo la amenaza de aplicación de castigos corporales (…)”. La Comisión tomó conocimiento e incluso recibió testimonios relacionados con eventos de maltrato físico mediante azotes por “desobediencia”, situación que fue corroborada por diversos propietarios que comentaron que los guaraníes no tienen iniciativa para nada y que hay que “aguijonearlos” para que trabajen. Las mujeres realizan principalmente trabajos de cocina y deben llevar la comida a los hombres que trabajan a kilómetros de distancia, pelar maní, escarmenar lana, limpiar haciendas, cuidar gallinas y lavar ropa. Trabajan desde las 4 am hasta las 6 pm, y aún así, el concepto que se tiene de la mujer guaraní entre los hacendados es que es una “mujer floja y descuidada”. Por su parte, las labores que realizan los hombres dependen de la temporada y su jornada comienza a las 7 am y termina a las 6 pm. Los niños y adolescentes de padres guaraníes, dependiendo de la edad, trabajan a cambio de alimentación, techo o estudio. Si están en edad escolar, algunos pueden asistir a la escuela pero en la tarde trabajan junto a sus padres cumpliendo ciertas labores. En otros casos los niños no asisten a la escuela y se someten a la educación impartida por el patrón. Los patrones pagan por este trabajo en especie y/o a través de mínimas sumas de dinero que no compensan las largas jornadas laborales y bajo ninguna circunstancia cubren las necesidades básicas de subsistencia de los trabajadores. Correlativamente a la insuficiencia de la contraprestación, se genera una situación de endeudamiento permanente y sucesivo con los hacendados por la provisión de víveres, ropa y otros productos, “que puede llegar a ser vitalicia e incluso heredarse”, dice el informe de la CIDH. La Comisión de la OEA deploró la continuidad de estas prácticas en pleno Siglo XXI, que además suponen violaciones a otros derechos humanos como la integridad personal, tanto física como psíquica y moral; condiciones mínimas de vida digna; educación y acceso a la justicia, todos derechos consagrados por la Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Comisión reconoció la intención del gobierno actual de darle prioridad a esta situación y tomó nota del impulso que se le dio al Proyecto de Ley de Regulación del Trabajo Asalariado Rural, cuya aprobación implicaría, al menos en términos legales, la obligación en cabeza de los hacendados de pagar los salarios y beneficios sociales respectivos. Según la CIDH, esta problemática está estrechamente relacionada con la estructura de la tenencia de tierra y la distribución de la misma en las regiones afectadas.

b) Estudio realizado por Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2004, en el marco de su Programa de acción especial para combatir el trabajo forzoso
El estudio reveló que en Bolivia existe un número importante de trabajadores, en su mayoría indígenas, sometidos a diversas prácticas de servidumbre por deudas. El documento ratifica la reproducción de formas extremas de trabajo forzoso en comunidades cautivas del chaco boliviano, constituyente uno de los casos más serios de explotación laboral y violación de los derechos humanos en la región andina.

c) Resolución del Defensor del Pueblo N. RD/SCR/00002/2005/DH
Por servidumbre se entendió el servicio personal gratuito y el trabajo obligatorio bajo coacción, originado en deudas adquiridas con procedimientos tramposos, estafa y otros fraudes. La servidumbre se caracteriza por el establecimiento de relaciones laborales de trabajo forzoso y sistemas de endeudamiento no transparentes. Por semiesclavitud se entendió la obligación de trabajar para una persona hasta saldar la deuda acumulada que, en muchos casos, es heredada por los hijos. La semiesclavitud está representada por la servidumbre, la explotación laboral y el trabajo coercitivo, cuya característica principal es la pérdida de la libertad y la transmisión de deudas por generaciones. El sistema de empatronamiento se caracteriza por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo familiar, el endeudamiento (a través del “adelanto ”en dinero o en especie) y una compensación en especie por el tiempo y las labores desempeñadas que no cubren ni retribuyen, el esfuerzo desarrollado.”

d) Informe de Derechos Humanos de los pueblos indígenas afectados por las industrias de la minería, gas y petróleo y el caso de las familias cautivas en el chaco boliviano, elaborado en 2005 por CPESC, OICH, APG, CONAMAQ, CODERIP, CEADES y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos.

e) Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Bolivia elaborado por el Departamento de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica “Country Reports on Human Rights Practices – 2007. Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. En un sub capítulo se refiere a la “Prohibición de Trabajo forzado u obligatorio” ”.
“La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluido el de los niños, sin embargo, las prácticas de los niños aprendices y la servidumbre agrícola de los trabajadores indígenas, continuó, al igual que algunos presuntos casos individuales de los trabajadores del hogar efectivamente cautivos de sus empleadores. La OIT estima que más de 7000 guaraníes vivían en un tipo de servidumbre en las partes más remotas de Chuquisaca. Las familias trabajaban las tierras de propiedad de los propietarios de tierra a cambio de la vivienda y la alimentación, pero no se paga el salario mínimo. Como resultado de que han incurrido en grandes deudas a sus propietarios, no se les permite salir de la propiedad, sin la satisfacción de su deuda. Estas familias vivían en condiciones muy precarias, sin agua, electricidad, atención médica, o de las escuelas. El 28 de noviembre, el gobierno dictó un decreto que, cuando se implemente podría distribuir alrededor de 450.000 hectáreas de tierras en Chuquisaca hasta 500 familias guaraníes. En 2005, la OIT informó de que entre 26000 y 30000 personas, en su mayoría de origen indígena, son víctimas del trabajo forzado, la cosecha de nueces de Brasil del Departamento de Beni. El trabajo era estacional, que puede durar aproximadamente tres meses por año. Durante ese tiempo los propietarios venden los alimentos básicos a los trabajadores a precios inflados; los trabajadores posteriormente incurren en grandes deudas y no se les permite salir de la propiedad hasta que la deuda sea satisfecha. Condiciones similares existen en la industria del azúcar en el Departamento de Santa Cruz”.

f) Informe del Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Jean Zieglercon
Hay un marcado contraste entre las difíciles condiciones que caracterizan la agricultura de subsistencia y las de las modernas explotaciones agroindustriales y ganaderas que predominan en las tierras bajas del oriente boliviano. Mientras la gran mayoría de los pequeños agricultores tienen parcelas de baja calidad de entre menos de 0,5 ha y 5 ha de superficie, las fincas del oriente se caracterizan por inmensas extensiones de más de 5.000 ha, concentradas en las manos de unas cuantas familias pudientes. Esas explotaciones están muy desarrolladas, suelen estar sumamente mecanizadas y están dedicadas a productos agrícolas de exportación, como la soja, la caña de azúcar, el aceite de girasol y el ganado. Por la mecanización, estas haciendas generan mucho menos empleo que la pequeña agricultura y los obreros agrícolas ganan sueldos muy bajos e inciertos. El Relator Especial quedó consternado al oír que muchos peones agrícolas de fincas grandes trabajan en condiciones feudales de semiesclavitud o de esclavitud por deudas, en particular la población indígena guaraní de la región del Chaco. Según el Defensor del Pueblo, se mantiene a estos trabajadores en condiciones de servidumbre por deudas y de dependencia con respecto a los terratenientes y no se les paga por su trabajo.

12. Es el órgano de las Naciones Unidas encargado de recibir información de los Estados acerca de las medidas que éstos han adoptado para aplicar tres convenciones relativas a la esclavitud. La OIT ha adoptado varios otros convenios pertinentes, y se encarga de supervisar su aplicación.

13. El arriendo de tierras a cambio de una parte de la cosecha es una forma frecuente de someter a los deudores a la servidumbre. La definición de la esclavitud contenida en la Convención sobre la Esclavitud de 1926, elaborada por la Sociedad de las Naciones, ha sido ampliada en la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud adoptada en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra en 1956, para incluir las prácticas e instituciones de la servidumbre por deudas, las formas serviles del matrimonio y la explotación de los niños y adolescentes. Hasta ahora, 106 Estados han ratificado o se han adherido a la Convención suplementaria.
La protección contra la violación de los derechos humanos comprendidos en la amplia definición de la esclavitud es un aspecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. La ONU ha pedido a los órganos de las Naciones Unidas, organismos especializados, bancos de desarrollo y otros organismos intergubernamentales que eviten todo caso de servidumbre en sus proyectos de desarrollo, además de contribuir a la eliminación de este abuso. La OIT ha aprobado dos convenios que comprometen a los Estados a suprimir todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y no recurrir a ninguna de ellas. El Convenio N 29 de 1930 prohíbe el trabajo forzoso en la mayoría de sus formas y el Convenio N 105 de 1957 prohíbe su utilización con fines de fomento económico. Cada uno de los convenios ha sido ratificado por más de 100 países.
El trabajo infantil es muy solicitado porque resulta barato y porque los niños son naturalmente más fáciles de disciplinar que los adultos y tienen demasiado miedo de protestar. Muchas veces ocurre que se ofrece trabajo a los niños mientras sus padres se encuentran desempleados. Hay niños de 7 a 10 años de edad que trabajan 12 a 14 horas diarias y ganan menos de la tercera parte del salario de un adulto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que la servidumbre por deudas, la venta de niños y el régimen del apartheid entrañan graves riesgos para la salud mental y el desarrollo social de los niños que son víctimas de ellos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se ocupa de la servidumbre de los niños y de la servidumbre por deudas en relación con las diversas formas de tenencia de tierras. La Cumbre Mundial de UNICEF aprobó una Declaración y un Plan de Acción para la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño en el decenio de 1990. En el Plan, los Estados se comprometen a tratar de aliviar la penosa situación de los millones de niños que viven en condiciones especialmente difíciles -huérfanos y niños de la calle, refugiados o personas desplazadas, víctimas de la guerra y de desastres naturales… hijos de trabajadores migrantes y otros grupos socialmente desfavorecidos, como niños trabajadores o jóvenes atrapados en la servidumbre, entre otras figuras.

14. 1992: Representantes guaraníes denuncian ante el presidente Jaime Paz Zamora que son víctimas de esclavitud en un acto en Kuruyuki-Ivo, a 63 Km. de la ciudad de Camiri, en el inicio de un programa de alfabetización bilingüe. 1992: El Instituto Indigenista Boliviano anuncia que existen “denuncias escritas por el pueblo (guaraní) en sentido de que se mantiene un sistema de esclavitud ejercido por los hacendados y ganaderos de la región sobre los guaraníes”. El gobierno anuncia la creación de una comisión investigadora y se elabora una Ley de Pueblos Indígenas para defender el territorio de los indígenas y un plan de desarrollo. 1994: El periódico católico Presencia denuncia en primera plana el domingo 16 de enero que “10.000 guaraníes viven como esclavos en el Chaco” cruceño, tarijeño y chuquisaqueño. La periodista Amanda Dávila hizo la investigación con apoyo de 3 diputados, una socióloga y el representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní Lidio Merites. El reportaje describe el sistema de servidumbre que somete a familias íntegras por generaciones; se refiere a los jornales de entre 3 y 10 bolivianos pagados en especie; a los castigos físicos, al trabajo forzoso infantil y sobre explotación sin derecho a descanso ni feriados; a la privación de libertad y alambrado en “potreros” a familias castigadas (relata el caso de cuatro familias presas durante cuatro meses); a la compra de la libertad de familias. 2004: Se emite el reportaje de Televisión Española titulado “Los últimos esclavos” en el sur de Bolivia. El reportaje denuncia que, a comienzos del siglo XXI, la esclavitud aún existe en algunos rincones olvidados del chaco boliviano. Miles de indios guaraníes sufren explotación extrema, y son considerados por los terratenientes como ganado humano de su propiedad. La mayoría no sabe sumar ni escribir y permanece atada por las deudas a unos patrones que les llevan las cuentas

15. Informe de la CIDH denominado “Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”.

16. La familia Marinkovic violentó leyes y alteró datos de expedientes agrarios para apropiarse de las haciendas Yasminka (12.587 hectáreas) y Laguna Corazón (14.364 hectáreas) ubicadas en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, con la complicidad de ex autoridades del INRA, jueces y dirigentes indígenas sobornados. Una parte de la hacienda Yasminka está dentro de la tierra comunitaria de origen reclamada por el pueblo indígena guarayo. El 100 por ciento del predio Laguna Corazón se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Guarayos creada por decreto supremo 08660 de 1969, que prohíbe expresamente asentamientos humanos. Según los archivos del INRA, la familia tiene al menos otros nueve predios en las provincias de Guarayos, Chiquitos, Ñuflo Chávez, Sarah y Obispo Santiestéban.

(UPIC-Tierra)

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