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¿Para qué debe servir la renta petrolera?

Publicado por tarijalibre on Nov 3rd, 2007 y clasificado en Industrialización. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

(Boliviapress).- Actualmente asistimos a un nuevo conflicto entre las “regiones” y el gobierno central; el motivo, esta vez, tiene que ver con la intención del gobierno de destinar el 30% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) al pago de un bono vitalicio para los mayores de 60 años; dinero que según prefecturas, municipios y universidades ya está destinado a la realización de proyectos.

El gobierno ha presentado la medida como de urgencia y necesidad nacional, como un justo reconocimiento a los mayores de 60 años y diciendo claramente que el dinero de la nacionalización es de todo el pueblo boliviano y no pertenece solamente a prefecturas, municipios y universidades. Por su parte, en el bando contrario, existe la resistencia a ceder parte de lo que se considera como ingresos propios, inalienables e inembargables, destinados a la “inversión” e impulso del “desarrollo regional”.

 

La necesidad de romper con el rentismo

 

Aunque existan posiciones contrarias y radicalmente diferentes de usar el dinero proveniente de los hidrocarburos, pensamos que ambos bandos mantienen una visión rentista que difícilmente nos permitirá desarrollar el país. Rentismo que trata de obtener los mayores réditos posibles de la explotación de recursos naturales y establecer los mecanismos más rápidos para gastar dichos ingresos, olvidándose precisamente que se trata de la explotación de recursos no renovables.

 

En ese sentido, es necesario que la disputa actual alrededor del IDH sirva para repensar el uso que hacemos del mismo y efectivamente destinarlo a mejorar la calidad de vida de los bolivianos y no a la dilapidación. Es decir, los ingresos hidrocarburíferos deben ser sacados de los mezquinos intereses regionales para colocarlos en función de los mejores mecanismos para lograr el desarrollo del país.

 

 

Lo anterior, en nuestro criterio, necesariamente implica que una parte de la renta petrolera debería ser destinada a una Reserva Fiscal cuya principal función sería transformar el gas y petróleo boliviano en acervo de capital, es decir, en un Fondo Nacional que apalanque capitales y de solvencia a la economía del país. Otra parte debería ser directamente invertida en romper nuestra característica de país monoproductor y exportador de materias primas, es decir, debería ser destinado a la inversión productiva integral y no solamente a la construcción de caminos y carreteras como lo hacen hoy en día las prefecturas. Inversión destinada a generar empleo de largo plazo, estable y con todas las prestaciones laborales, y no como ahora lo hacen municipios y prefecturas, generar empleo precario, de corto plazo y sin respetar los derechos laborales. Y sólo una parte debería ser redistribuida entre las regiones y directamente a la población boliviana.

 

Bono Sol, Bono Dignidad y Seguro Universal de Vejez

 

Recordemos que cuando surge el Bonosol, el mismo fue presentado diciendo que los beneficios de las empresas capitalizadas deberían ser para todos los bolivianos y que además era un justo reconocimiento principalmente para los “bolivianos de la tercera edad”. Recordemos también que el Bonosol fue implementado con claras intenciones electorales, que hizo que muchos lo denominaran como “sobornosol”. Hoy, la propuesta del gobierno, con puntos más o comas menos, también utiliza los mismos argumentos y, de hecho, también puede verse su hilacha electoral.

 

Con todo no se puede negar que en nuestro país ese tipo de medidas vengan a subsanar, en algo, la precariedad de vida y la extrema pobreza en la que se debate la población mayor de 60 años en Bolivia. Pues, la pobreza no sólo es la carencia de ingresos o bienes materiales, sino sobre todo la incapacidad y la falta de oportunidades para alcanzar un adecuado nivel de vida. Sin duda, de toda la población boliviana, donde más ahincada esta la pobreza, entendida como falta de capacidades, es en ese segmento de la población, ¿quién da empleo a las personas mayores? ¿Qué oportunidades de sobrevivir dignamente tienen las personas de la tercera edad en una sociedad como la nuestra? Peor aún ¿cómo se mantiene la gente mayor del área rural o periurbana? No es ninguna exageración decir que en un país como Bolivia ser viejo es peor que estar muerto.

 

Sin embargo, los paliativos son simplemente eso, mitigaciones o atenuaciones, en este caso, de un problema que no se quiere solucionar de fondo. Veamos, de las muchas críticas que se han hecho al Bonosol, la principal era, si se nos permite el termino, su insostenibilidad, es decir, que no podía ser constante en el monto asignado, mucho menos, que el mismo sea aumentado y tampoco que fuera financiable a largo plazo. Para ello sus diseñadores habían previsto que este beneficio acabará cuando muriese el último mayor de 21 años el año 1995 o, caso contrario, cuando las acciones de los bolivianos en las capitalizadas hayan sido transadas en su totalidad, es decir, cuando se liquidara todo el patrimonio nacional. Esta última opción parecía ser la más probable, sobre todo si se toma en cuenta los afanes electorales de sus mentores. El Bono Dignidad, en cambio, tiene una fuente más segura de financiamiento, una parte de los ingresos hidrocarburíferos, pero, en ningún caso es sostenible, en el sentido estricto del término. Los ingresos petroleros además de variables son finitos, como los mismos recursos que lo generan, además que implica gastar/desvanecer la riqueza petrolera.

 

No obstante, la determinación del gobierno permite poner en mesa de discusión, la necesidad de resolver estructuralmente este problema y desafía a la sociedad boliviana a diseñar un Seguro Universal de Vejez. Para ello actualmente la humanidad sólo conoce dos mecanismos, el primero es la implantación de un sistema de aportación para un seguro de vejez, que abarque a toda la población, cuyos aportes sean diferenciados de acuerdo al ingreso percibido por cada uno de los individuos, aunque el pago de la renta de vejez sea igualitario y equitativo, no necesariamente correspondiente con el nivel de aportación de los individuos.

 

En la práctica esto se convierte en un impuesto, sobre todo para las personas mas pudientes, pero, en general es la única forma de acercarse a una sociedad donde cada quien aporte de acuerdo a su capacidad y cada cual reciba de acuerdo a su necesidad.

 

La otra forma de avanzar en este camino es aprovechando los ingresos de los recursos naturales para conformar un Fondo o Reserva Fiscal exclusivamente para el sostenimiento del Seguro Universal de Vejez, reserva a la cual se puedan depositar año a año una parte de los ingresos hidrocarburíferos de tal manera de acrecentarlo. Los beneficios obtenidos de la gestión de dicho fondo servirían para solventar el pago del seguro, con una sola condición fundamental, mantener siempre el acervo de capital depositado en el mismo. Las experiencias que podrían imitarse y, desde luego, mejorarse son variadas, se tiene por ejemplo el Fondo Petrolero de Noruega, el Alaska Permanet Fund, los fondos de administración de excedentes en México, y los fondos de inversión establecidos en Bostwana.

 

En cualquier caso el debate esta planteado

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