Campesinos quieren salvar el debate democrático; la burguesía convoca a la lucha callejera
Mucha sangre derramada y siete años de permanente lucha le costó al movimiento popular boliviano obligar a las elites a debatir asuntos de los que casi nunca se hablaba: la democracia representativa, el neoliberalismo, el latifundio, en fin, la sostenibilidad misma del sistema capitalista. Pese a sus limitaciones, el debate finalmente se abrió en la Asamblea Constituyente, y puso en evidencia los intereses contrapuestos de la subdesarrollada burguesía nacional y de los mayoritarios sectores sociales empobrecidos. Y aunque parezca irónico, los movimientos sociales, que se abrieron paso recurriendo a la acción directa callejera, ahora son los abanderados de la continuidad del debate democrático, mientras que la derecha exacerba los sentimientos provincianos y está dispuesta a desatar una guerra civil sangrienta por dar gusto a un minúsculo grupo político centralista al que se le ha ocurrido que el traslado de la sede de gobierno a Sucre es más importante que la construcción un nuevo Estado más incluyente. Sin duda, la pelea por la capitalía es una cortina de humo de la abierta pugna de clases. Lo demuestra el segundo manifiesto de la Junta Democrática de Bolivia, el nuevo partido de derecha conformado por los dirigentes cívicos y políticos más reaccionarios de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.
En una reunión en Cobija, la junta describió al país que desea. Quiere que el primer artículo de la nueva Constitución declare que Bolivia es una “República libre y organizada en un estado soberano de derecho, cuya forma de Gobierno es el sistema democrático y cuya organización territorial de acuerdo a las decisiones de los pueblos de cada departamento se basa en el régimen autonómico departamental y descentralizado”. Reconoce “la propiedad estatal en los recursos naturales no renovables”, pero reclama el respecto de la “propiedad privada, el derecho de los ciudadanos a un empleo digno, al libre comercio y la solidaridad como motores del desarrollo del país”. Esta concepción liberal, causante de la permanente crisis social en Bolivia, ha sido derrotada en las urnas y en las calles en los últimos años, y podría decirse que ahora es minoritaria en la Constituyente. La derecha lo sabe y por eso exige que la nueva Constitución se apruebe por dos tercios de votos. Incapaces de sostener el debate en la Asamblea y sintiéndose amenazados y perseguidos, los cívicos y prefectos de la “media luna” se pliegan, militantes, a la lucha por la capitalidad en Sucre y responsabilizan al MAS de “cualquier acto de violencia” que pueda desatarse en el futuro inmediato. La Asamblea Constituyente reanuda sesiones este jueves en Sucre con un orden del día que incluye la consideración de los informes de las comisiones Visión País y Defensa,. El Comité Interinstitucional de Chuquisaca convocó a la movilización general y vigilias en inmediaciones del Teatro Gran Mariscal para sabotear la sesión desde las 8 de la mañana, sabiendo que campesinos de la Federación de Pueblos Originarios de Chuquisaca, que también hacen vigila, anunciaron que defenderán la plenaria si es posible con su sangre. Se esperaba que el debate por la capitalía entre La Paz y Chuquisaca previsto para mañana distensione los ánimos en la capital (esta noche los universitarios de Sucre volvieron a enfrentarse violentamente con la Policía), pero los cívicos han puesto tantas condiciones que el diálogo parece lejano. Continuará la crispación porque la Junta Democrática ha declarado una especie de guerra en defensa de los “hermanos” chuquisaqueños, a quienes ofreció su respaldo moral y material. “Las instituciones y la dirigencia cívica e institucional de Chuquisaca defienden de manera firme la democracia, el diálogo, el consenso y la necesidad que la Constituyente tome las decisiones por dos tercios”. Los cívicos conservadores exigen la anulación de la resolución “ilegal” del pasado 15 de agosto, sacando del debate de Asamblea el tema de la capitalía. La Junta convocó a los dirigentes cívicos del país y a los constituyentes “patrióticos y demócratas” a iniciar una huelga de hambre en los departamentos en caso de que no se anule la resolución hasta el 10 de septiembre, y se declaró en “movilización permanente” desde este miércoles. Es la “junta subversiva, desestabilizadora. So pretexto de defender la democracia, la institucionalidad en el país, las luchas por los 2/3 de voto, se ha dedicado básicamente a hacer abortar el proceso histórico que se está viviendo”, observa el diputado César Navarro (MAS), El una “provocación”,” la lección que hemos aprendido del paro de los cívicos de la media luna es que los grupos de choque violentos movilizados contra la gente que quiere trabajar, contra la gente más pobre e indefensa”, opina el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. El presidente del consejo Municipal de Sucre Fidel Herrera dijo que Chuquisaca no sólo está dispuesta a iniciar el diálogo, sino a sostener este mecanismo para buscar consenso entre La Paz, Chuquisaca y el gobierno. El dirigente regional ofreció todas las garantías a sus pares de La Paz para dialogar en Sucre y no en Cochabamba. Cientos de campesinos que se encuentran en Sucre para garantizar la continuidad de los debates en la Constituyente marcharon esta mañana por las calles de la ciudad. Algunos capitalinos los abuchearon: “¡Vendepatrias! ¡Hay que luchar por la tierra, hay que luchar por nosotros; les han pagado! ¡Vendidos! ¡Fuera de Bolivia, váyanse a Venezuela! ¡Ni siquiera saben a qué están viniendo, indios sucios!”, les gritaron
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