La reciente aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un precedente mundial importante y llegó la hora de ejercer esos derechos.

La afirmación fue realizada por Carlos Cuasase, ex presidente de la influyente Organización Indígena Chiquitana (OICH), institución que ocupa gran parte del territorio del departamento de Santa Cruz y que aglutina a 12 centrales indígenas en 14 municipios de las provincias Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Germán Busch y Ángel Sandoval.

“Por fin el mundo comienza a reconocer los derechos de los pueblos indígenas”, expresó con satisfacción el dirigente, quien, citado por la Red Informativa Chaco-Amazonía, remarcó que esa Declaración fue aprobada luego de decenas de años de espera y pese a obstáculos presentados.

Cuasase criticó especialmente a los representantes de países como Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda que el 13 de septiembre se negaron a suscribir ese histórico documento, y a otros 11, como Colombia, él único latinoamericano, que se abstuvieron.

Según el periodista venezolano Hernán Mena Cifuentes, esas naciones se negaron a firmar porque fueron lugares donde se dio el genocidio de sus pueblos originarios por parte del conquistador europeo y sus descendientes los colonizadores.

El comunicador señala que ese día, la humanidad, con excepción de esos verdugos, emitió un “pagaré moral”, mediante el cual reconoce y se compromete a cancelar la histórica deuda social contraída hace siglos con los pueblos aborígenes del mundo.

Estos reclaman ahora el pago del inmenso daño causado por las potencias imperiales al invadir sus territorios para colonizar, esclavizar, explotar y asesinar a millones de sus hijos, además de saquear sus riquezas y destruir sus culturas y sus dioses, en un largo y trágico proceso que significó el genocidio mas grande de la historia.

En el caso de Bolivia, Cuasase aseguró que los pueblos indígenas ahora tienen tres tareas urgentes: 1) Ejercer esos derechos como 36 pueblos indígenas del territorio boliviano; 2) Homologar esa Declaración mediante una ley y pedir a todos los países hacer lo mismo; 3) Exigir y obligar a la Cámara de Senadores (donde está radicado el proyecto respectivo) a aprobar cuanto antes la ley respectiva.

Ante una consulta del porqué la ONU tardó 20 años en aprobar los derechos de los pueblos indígenas, Cuasase explicó que existen una serie de intereses que impidieron la firma de esa declaración antes del 13 de septiembre pasado.

“No quieren, no aceptan la autodeterminación y menos la autonomía de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre su destino y sobre los recursos naturales”, dijo el dirigente.

La Declaración de referencia se complementa con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, aprobado el 27 de junio de 1989.

Este convenio fue ratificado por el Estado boliviano mediante la Ley 1257 del 11 de junio de 1991.
Rdc/Dgav ABI