La Paz, 10 oct (ABI).- El gabinete de ministros reunido este miércoles aprobó un decreto supremo que norma el ingreso de recursos de donación al país dirigidos al sector público y privado con el fin de adecuar la actividad que cumple la cooperación internacional a la legislación boliviana y al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El decreto establece la obligatoriedad de registrar las donaciones que reciben las personas o entidades privadas de organismos financieros multilaterales, agencias de cooperación, gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

Las donaciones o su equivalente monetario, deberán inscribirse en los presupuestos institucionales y en el Presupuesto General de la Nación, asimismo deberán registrarse los bienes donados o adquiridos como producto de las donaciones cumpliendo normas y procedimientos de administración vigentes, dice los parágrafos 1 y 2 del artículo 11 del decreto.

PROHIBICIÓN DE DONACIONES

A través de la norma, el Gobierno prohíbe la recepción de donaciones en dinero o en especie que implique algún condicionamiento político o ideológico.

En el caso de donaciones para atender desastres o situaciones de emergencia, éstas serán ejecutadas de acuerdo a la Ley de Prevención de Riesgos y Atención de Desastres 2140.

Los ministros y viceministros se encuentran impedidos, por medio de la norma, a prestar servicios en organismos de cooperación hasta después de dos años de ejercer funciones en el Ejecutivo.

En el artículo 7 del decreto se establece que las entidades públicas que administren recursos de donación para la ejecución de programas y proyectos quedan prohibidas de contratar a terceros para su administración, lo que evita la “terciarización” de los servicios.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reveló hace algunas semanas que el Poder Ejecutivo sólo conoce el destino del 30 por ciento de la ayuda que Estados Unidos destina al país, que una parte tiene objetivos políticos y que el beneficio directo para Bolivia es mínimo.

Este hecho, que provocó más adelante un enfrentamiento verbal con el embajador de EEUU, Philip Goldberg, impulsó la aprobación de esta normativa que se orienta a que el Gobierno ejerza un mayor control sobre la cooperación.
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