El Gobierno logró anular un acuerdo transaccional suscrito entre la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Marcelo Rafael Aña Cuéllar, asesor del ex ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Guillermo Rivera Cuéllar, lo que permitirá recuperar al Estado 1.5 millones de dólares que adeuda la organización cruceña por la compra-venta de maquinaria agrícola y otros provenientes de la donación japonesa.

“Nosotros hemos recuperado el proceso y hemos logrado hacer anular la homologación del acuerdo transaccional que de manera ilegal y en contra de los intereses del Estado se estaba promoviendo desde estas autoridades de Gobierno con la CAO”, dijo la ministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero.

De acuerdo con los antecedentes del caso, en 1994 la CAO suscribió un contrato con el entonces ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios para la compra de saldos de donación japonesa consistente en plaguicidas, maquinaria agrícola y fertilizantes por la suma de 1.715.001 dólares, la misma que fue pagada parcialmente en los siguientes seis años.

En 2000 el ex Ministerio inicia un juicio civil por la deuda impaga y obtiene la sentencia a su favor, que obliga al pago el 19 de septiembre, estableciendo el monto en 1.045.254 dólares.

Ya en 2006, a tres días de la posesión del presidente Evo Morales, de modo ilegal, la CAO firma un “acuerdo transaccional”, que va en contra de los intereses del Estado, pero que cambia el pago de la deuda monetaria por un servicio de un stand en la feria Internacional de Santa cruz por 15 años para el ministerio de Asuntos Campesinos.

Rivero aseguró que tras la anulación del acuerdo transaccional, es la primera vez que el Estado gana un juicio importante para recuperar recursos, dejando la vieja práctica cuando se hacían negociados de manera ilegal.

La autoridad explicó que la deuda actual de la CAO es de 1.546.975 dólares, como resultado del interés del 6 por ciento anual que se sumó y remarcó que está obligada a pagar.

Indicó que este logro se pudo obtener gracias al trabajo de profesionales abogados del Ministerio que desarchivaron los obrados del caso.