La Paz, 10 oct (ABI).- El superintendente de Telecomunicaciones, Clifford Paravicini, aseguró hoy que esa instancia de regulación sectorial apunta a la inclusión y a la universalización de los servicios que prestan en el país las empresas telefónicas.

Pregunta (P).- ¿Cuál es el diagnóstico de las telecomunicaciones en las áreas rural y urbana del país?

Clifford Paravicini (CP).- Los índices de cobertura de los servicios básicos de telecomunicaciones hablan por si solos y ponen en evidencia la desigualdad existente entre las áreas urbanas y rural del país y que fue revelada en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Evo Morales.

A diciembre de 2005, la penetración de la telefonía domiciliaria en áreas rurales fue apenas de 0,6 por ciento (0,6 líneas telefónicas por cada 100 habitantes), mientras que la penetración urbana alcanzó al 60 por ciento.

Estos datos muestran claramente la ausencia de políticas públicas durante 11 años de neoliberalismo, que se ha traducido en una severa exclusión y postergación del área rural en el acceso a los servicios básicos de telecomunicaciones.

P.- ¿Ha mejorado este año el acceso de las telecomunicaciones en el área rural del país?

CP.- Normas importantes como el Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones en Áreas Rurales (DS 29174) y las Tarifas de Inclusión Social (DS 28994), además del Programa de Telecentros Comunitarios están cambiando la situación de exclusión, postergación y desigualdad de acceso en la que estaban sumidos miles de ciudadanos.

Revertir la situación de exclusión y desigualdad de acceso a las telecomunicaciones, propiciando el desarrollo de infraestructura y el incremento sustancial de la cobertura y acceso a los servicios, en especial para los sectores excluidos es uno de los objetivos principales del Plan Nacional de Desarrollo, en su capítulo de Telecomunicaciones, y el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), el Viceministerio de Telecomunicaciones y SITTEL están acelerando a fondo en esa línea.

P.- ¿Qué buscan estas dos normativas y el Programa de Telecentros?

CP.- El Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones en Áreas Rurales (D.S. 29174) introduce -principalmente- incentivos regulatorios que induzcan a la construcción de redes de telecomunicaciones en localidades rurales, ítem que fue postergado y abandonado por los grandes operadores.

Las tarifas de Inclusión Social (DS 28994) establece siete fundamentos (facturación al segundo, tarifas no discriminatorias, línea fija sin tarifa básica, transparencia en tarifas, área móvil nacional, reposición de saldos de crédito y roaming nacional), que busca cambiar la situación de exclusión y desigualdad de acceso a los servicios de telecomunicaciones, tanto en las áreas rurales como periurbana del país.

El Programa de Telecentros Comunitarios diseñado por los ministerios de Obras Pública, Servicios y Vivienda, y Presidencia, además de Sittel tiene el propósito de incrementar la conectividad en los lugares más desatendidos del país y así fortalecer el desarrollo comunitario.

Este proyecto modesto arrancará dotando de servicios de telefonía fija a bajo costo y sostenibles a 4.500 comunidades, en una primera fase.

P.- ¿Qué está haciendo Sittel para el cumplimiento de ésta y otras disposiciones?

CP.- Intensas acciones de fiscalización para que las empresas cumplan al pie de la letra éstas y otras disposiciones. Actualmente, Sittel está conminando a algunos operadores para que los ciudadanos accedan -por ejemplo- a la categoría abonado.

Algunas empresas ponen barreras que impiden el cumplimiento de las normas; pero Sittel no cede y aplica las sanciones correspondientes.

A través del cumplimiento de las metas de expansión, Sittel pretende expandir los servicios al área rural; sin embargo, enfrentamos barreras legales que impiden modificar variables para llegar a una mayor cantidad de poblaciones. No bajamos los brazos y ya estamos trabajando en una salida a estos candados legales.

P.- ¿Existe alguna definición para el uso de los fondos destinados a las telecomunicaciones rurales?

CP.- En unos días más, el Consejo Nacional de Política Económica aprobará un proyecto de reglamento que le pone cadenas jurídicas a los fondos destinados a las telecomunicaciones rurales, que son recaudados por Sittel (Bs 429,6 millones hasta enero de 2007) y que lamentablemente parte de estos recursos han sido desviados por anteriores gobiernos para otros objetivos.

Paralelamente, se está realizando los trámites correspondientes para recuperar estos fondos malversados.

P.- ¿En qué situación está el usuario?

CP.- Sittel se ha aproximado más al ciudadano. Han inaugurado Oficinas del Consumidor en el Alto, Santa Cruz y Tarija, y prevé hacerlo en Sucre, Trinidad y Cobija, oficinas que operarán en La Casa del Consumidor.

Ha puesto a disposición de los usuarios un sistema informativo para realizar reclamos en línea y ha ejecutado una importante campaña de información y educación sobre la aplicación de las Tarifas de Inclusión Social, Falta mucho camino por recorrer para protegerlo efectivamente.

P.- ¿Cómo ve el desempeño de las empresas del sector?

CP.- Las empresas tienen muchos planes congelados. Las únicas cooperativas que han ejecutado cambios tecnológicos radicales, con importantes montos de inversión, son Cosset (Tarija) y Coteco (Cobija).

El resto está inclusive con lucro cesante, manteniendo líneas desocupadas; sin ir lejos, Cotes (Sucre) tiene 15.000 líneas sin uso, que no las utiliza para la categoría abonado, capacidad instalada ociosa que denota una mala calificación para esta empresa.

Otro grupo de empresas lucha desesperadamente por la torta más sabrosa, que está en los lugares rentables. A través de un convenio suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y Entel, esta empresa se está desmarcando un tanto de este grupo y está llegando al área rural.

P.- ¿En el marco de sus metas de expansión?

CP.- No. Los compromisos de ésta y otras empresas registrados en los contratos de concesión no se negocian. El país necesita más iniciativas para revertir la situación de exclusión en el país.
Rdc/Dgav ABI