La Paz, 10 oct (ABI).- El Poder Ejecutivo denunció este miércoles que las prefecturas, municipios y universidades tienen 700 millones de dólares en cuentas bancarias que no utilizan para la ejecución de sus planes operativos anuales.

El ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, aseguró que este monto es sumamente elevado en comparación a los 800 millones de bolivianos que significa la “reposición” de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el pago del Bonosol.

La autoridad afirmó que la actitud que asumieron los tres sectores al rechazar la resolución biministeral que redistribuye el IDH pone en riesgo el pago del beneficio anual a los mayores de 65 años de edad, porque no se trata sólo de 2007, sino de captar recursos que puedan dar sostenibilidad en el tiempo.

“Es un tema de justicia como cuando un papá le da recreo al mayor de sus hijos para que le dé al menor y éste no le da, entonces debe haber una reposición, es un tema intergeneracional que va más allá de un simple egoísmo”, dijo.

Arce indicó que hasta hace algún tiempo las empresas capitalizadas entregaban dividendos superiores, los mismos que ahora disminuyeron por diferentes factores como la ausencia de aporte del Lloyd Aéreo Bolivianos (LAB) y la disminución de las utilidades de las empresas petroleras capitalizadas.

En ese entendido explicó que la reposición que instruyó el Gobierno, mediante la resolución biministerial, asciende a 800 millones de bolivianos de los cuales el 56 por ciento entregará el Tesoro General de la Nación (TGN), el 25 por ciento las prefecturas, el 5 por ciento los municipios y el 4 por ciento las universidades.

Asimismo rechazó las propuestas que hicieron algunas prefecturas de vender las acciones de las empresas capitalizadas o en definitiva no pagar el Bonosol.

Aseguró que si se habla de vender acciones se estaría pretendiendo volver a la política de privatización lo que está en contra de los principios del actual Gobierno, que más bien busca fortalecer el Estado para generar bienestar social.

De acuerdo con el ministro Arce, la continuidad del pago del Bonosol no es un tema que esté en debate, porque se trata de una reivindicación que es respaldada por el Gobierno, lo que sí se debe definir, dijo, más adelante es el monto del beneficio.

Las prefecturas, municipios y universidades por separado anunciaron el análisis de medidas legales para interponerlas en contra de la resolución biministerial que consideran que viola la legislación actual y confisca los recursos que les pertenecen por la explotación de los hidrocarburos en el país.
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