El ex ministro de Defensa y prófugo de la justicia boliviana, Carlos Sánchez Berzaín, aseguró que los delitos por los cuales está siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia son “imaginarios”, comparó al Poder Judicial con un circo y reveló que su estrategia de defensa es involucrar al presidente Evo Morales como “al principal responsable” de la masacre de octubre de 2003.

“Han puesto (los fiscales) una cantidad de delitos que son absolutamente imaginarios en el sentido de buscar nada más responsabilidades unilaterales”, dijo el ex brazo derecho de Gonzalo Sánchez de Lozada respecto a la acusación formal presentada en su contra por la Fiscalía General de la República.

Este 17 de octubre, exactamente cuatro años después de la caída del gobierno de Sánchez de Lozada, el Fiscal General interino de la República, Mario Uribe, presentó la acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia en contra Goni, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoagüe por los delitos de genocidio –masacre sangrienta– de octubre de 2003.

En el proceso también fueron involucrados los ex ministros Yerko Andrés Kukoc Del Carpio, Mirtha Patricia Quevedo Acalinovic, Javier Torres Goitia Caballero, Guido Rodolfo Añez Moscoso y Hugo Arturo Carvajal Donoso.

La imputación también recae sobre los ex colaboradores de Sánchez de Lozada; Jorge Ernesto Torres Obleas, Érick Reyes Villa Bacigalupi, Adalberto Kuajara Arandia y Dante Napoleón Pino Archondo.

Además a los comandantes que entonces dirigían a las FFAA como el Gral. Roberto Claros Flores, Gral. Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, Gral. Juan Veliz Herrera, Almte. Luís Alberto Aranda Granados y Gral. José Oswaldo Quiroga Mendoza.

Ante esta situación, Sánchez Berzaín, en declaraciones a la Cadena A la noche del jueves, dijo que los “fiscales, empleados del presidente Evo Morales” están encubriendo supuestos “crímenes” del actual Mandatario, además de “imposibilitar una investigación seria” para establecer “las verdaderas responsabilidades” respecto a octubre de 2003.

“Eso que se llama acusación formal en verdad es una simulación de proceso simplemente. Los fiscales atacan políticamente y tratan de buscar responsabilidad solamente en la gente que defendió el estado de derecho y la democracia”, expresó.

El 20 de septiembre de 2003, fuerzas militares ingresaron a las localidades de Sorata y Warisata con el argumento de “liberar”" a turistas retenidos en esa región.

El contingente estuvo encabezado por Sánchez Berzaín y a consecuencia de la dura represión seis personas resultaron muertas, entre ellas la niña Marlene Rojas, de sólo ocho años de edad, y un conscripto que, según versiones aún no confirmadas, se negó a disparar en contra de los comunarios.

La movilización popular rápidamente se extendió a El Alto y La Paz, y luego a otras ciudades del interior del país. La posición era clara: no a la venta de gas a Estados Unidos por un puerto chileno y la demanda de su industrialización en territorio boliviano, además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, según el ex Ministro de Defensa, lo que está sucediendo en Bolivia es que a través de una serie “de actos ilegales y absolutamente forzados políticamente”.

“Lo que ha hecho la Fiscalía, que además es designada por Evo Morales y que le responde a él, es plantear una cuestión que es un acto más de encubrimiento a las responsabilidades que Evo Morales tiene el tema de octubre de 2003, que fue un proceso de sedición concluido exitosamente con el derrocamiento del Presidente democráticamente elegido”, señaló.

Para Sánchez Berzaín, la dura represión que él y Goni ordenaron en esos días, la situación de violencia que dejó 65 muertos y más de 400 heridos (tres fallecieron en estos últimos cuatro años porque nunca pudieron recuperarse y elevaron el número de víctimas fatales a 68), estuvo generada “por alguien que es el conspirador central de nombre Evo Morales”.

La ex autoridad que se declaró exiliado político, mencionó que ese proceso de “sedición” se llevó adelante desde el mismo 6 de agosto del 2002, cuando Sánchez de Lozada juró a la Presidencia de la República.

Acusó que las movilizaciones populares realizadas entre septiembre y octubre de 2003 fueron supuestamente “financiadas” por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, e “introducidas” al país por Evo Morales en su condición de diputado nacional.

Dijo que todo el movimiento generado contó con el respaldo de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque en esos luctuosos días ningún medio de comunicación o autoridad gubernamental reveló ese extremo.

PODER JUDICIAL, UN CIRCO

Respecto a la imputación formal, declaró que los fiscales se precipitaron en una acusación sin que Sánchez de Lozada y su persona estén legalmente citados con el inicio de este proceso, y comparó al Poder Judicial boliviano con un circo.

“Ellos pueden hacer lo que quieran porque son dueños del circo, de los payasos, del trapecio e inclusive hasta del público. Evo Morales es el acusador, es el hombre que consiguió que Carlos Mesa firme un decreto de amnistía para liberar a toda la gente que produjo los hechos violentos. Además es el dueño de los fiscales, de la Sala Penal Primera y de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de justicia”, expresó.

Asimismo, dijo que el presidente Morales junto al ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, manejan al embajador boliviano en los Estados Unidos, Gustavo Guzmán, por lo que “puede hacer lo que quiera, pero eso no quiere decir que esté bien o que tengan razón”.

“Lo único que están haciendo es una persecución política sañuda contra sus adversario políticos que somos quienes ahora estamos acusados. No es nada más que un proceso de venganza política y de tratar de anular a los adversarios políticos”, dijo.

Consultado del porqué no viene a Bolivia, argumentó que está exiliado, que no tiene ninguna garantía y su vida “corre peligro”.

Al señalar que sus ex compañeros de gabinete, que se quedaron en Bolivia, están presuntamente sometidos a una supuesta coacción, dijo que así es imposible resistir y por eso cambian y suavizan sus declaraciones a cambio de favores e insistió en que el gobierno de Sánchez de Lozada no cometió ningún delito.

“Sólo trató de defender el orden público, trató de defender la ley y lo hizo en su condición de gobierno democráticamente elegido”, afirmó.

Sánchez Berzaín informó también que como amigo de Sánchez de Lozada conversa con él constantemente y siguen con “preocupación” lo que ocurre en Bolivia, sin embargo, de Jorge Berindoagüe no tuvo referencias desde que perdieron el Gobierno.

Los tres huyeron a Estados Unidos el 17 de octubre y desde entonces se encuentran refugiados en el país del norte.

VICTIMAS

La ex autoridad de Defensa, pidió a los familiares de las víctimas de octubre a que “no se dejen manipular por el manejo político de Evo Morales”, pero no expresó ningún remordimiento por los 68 bolivianos que perdieron la vida y los más de 400 que quedaron heridos, muchos de ellos lisiados de por vida.

“Que vean con objetividad lo que allí ha pasado y se den cuenta que el juicio de responsabilidades no es otra cosa que una cortina de humo para encubrir los crímenes de Evo Morales”, insistió.
Pta/Dgav ABI