Tarija Libre

El reto que tiene el nuevo directorio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) es crear mecanismos para incorporar en su seno a los micros y pequeños empresarios y a todos los sectores productores del país, aseguró este martes el actual presidente de la organización, Roberto Mustafá.

La Confederación de Empresarios se apresta este miércoles a elegir a su nueva representación nacional por los siguientes dos años, cuyo principal y único candidato es el cruceño Gabriel Dabdoub, actualmente presidente de la Cámara de Industria y Comercio del Oriente (Cainco).

Según Mustafá, es importante que la Confederación mantenga su carácter empresarial como lo hizo durante este último tiempo y no adquiera una postura política que le puede perjudicar en su visión estructural.

En ese marco resultaría interesante y saludable -dice el empresario- el ingreso de varios sectores productores a la Confederación con el fin de conformar un sólo grupo que contribuya y haga planteamientos al Gobierno de turno para fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo, dos factores esenciales para el éxito de un país.

Asimismo Mustafá indicó que en su oportunidad se alertó a Dabdoub sobre evitar una posición “confrontacional” con el actual Gobierno y más aún cortar la relación con éste, debido a que no les llevaría “a buen puerto”.

Recomendó a la nueva directiva empresarial fomentar el camino logrado hasta la fecha, que posibilitó el retorno de algunos sectores alejados como la Confederación de Santa Cruz, Tarija y la Cámara de Hidrocarburos.

A las 15.00 está prevista la instalación de la asamblea ordinaria de la CEPB, a la que asistirán los delegados de las 30 organizaciones afiliadas, las cuales ya tuvieron elecciones internas, por lo que este miércoles sólo vendrán a emitir su voto.

La plancha de los elegibles está conformada por Gabriel Dabdoub, candidato a la presidencia; Fernando Antezana Argote del sector industrial de Cochabamba, candidato a la primera vicepresidencia; Carlos Vile Bernardis, industrial de Potosí, candidato a la segunda vicepresidencia y Hugo de Gramcham Salazar del sector de las aseguradoras de La Paz, candidato a tesorero.

De acuerdo con Mustafá, generalmente los candidatos nombrados siempre fueron elegidos, aunque de haber una mayoría de votos en blanco se debería convocar a una nueva elección.

BALANCE DE GESTIÓN

Roberto Mustafá fue posesionado como presidente de la Confederación de Empresarios Privados en febrero de 2004, en ese entonces contó con el respaldo de las federaciones de Cochabamba, Pando, Potosí y Chuquisaca, dos años después fue reelecto en la representación.

Cuando Mustafá asumió la dirección de la Confederación, tal como él lo dijo, asumía también el presidente Carlos Mesa la conducción del país, cuya relación entre ambos fue “difícil”, porque se dio en un entorno de convulsión social bajo el principio de que la presión era más fuerte que la ley, lo que aún se mantiene hasta la fecha sin alteración.

Posteriormente, se pasó a un Gobierno de transición del ex presidente Eduardo Rodríguez, lo que evitó tomar decisiones en materia económica.

Más adelante con el Gobierno del presidente Evo Morales, pese a su renuencia hacia el sector privado, se logró, dijo, el respeto a la propiedad privada y a las utilidades por su inversión, resultado de las varias conversaciones y visitas del Presidente y Vicepresidente a la confederación.

Asimismo señaló que se logró la unificación del sector empresarial, prueba de ello es la presencia de Dabdoub como candidato a liderar la organización empresarial.

De acuerdo con Mustafá, actualmente el país vive el resultado de un mal manejo económico, porque hay una inflación elevada que pudo haberse evitado, más aún cuando se advirtió sobre esos efectos.

A la vez indicó que las políticas aprobadas de importación de alimentos desplazan al aparato exportador y productivo nacional, lo que en adelante puede generar mayor desempleo, todo como consecuencia de que en este Gobierno la política está por encima del aspecto económico.
Maf/Rq ABI

Indígenas guaraníes del chaco boliviano, que comprende a Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca, realizarán una marcha nacional el 25 de marzo, que partirá desde Muyupampa hasta Monteagudo, en contra del referéndum sobre el estatuto autonómico en Santa Cruz, previsto para el 4 de mayo.

Esta medida fue anunciada por el presidente del Consejo de Capitanes Guaraníes del departamento de Tarija, Justino Zambrana, quien informó que esta determinación fue adoptada en la reunión nacional que sostuvieron los representantes guaraníes del chaco boliviano, realizada en la ciudad de Camiri, el pasado fin de semana.

“El 25 de marzo se realizará una marcha nacional de los pueblos guaraníes desde Muyupampa hasta Monteagudo, esta acción es una forma de protestar contra el referéndum de los estatutos autonómicos, avalado por la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz”, manifestó el dirigente.

Durante la reunión de Camiri se redactó una resolución, en donde se establece que no permitirán que se negocie el derecho de los indígenas.

En ese contexto, indicó que resolvieron rechazar cualquier intento de revisión de la nueva Constitución Política del Estado, en especial, el artículo referido a los derechos y autonomías indígenas.

Asimismo, denunciarán cualquier intento de imposición de los estatutos autonómicos por los cívicos y prefectos de algunas regiones.

Adelantó que a partir del 3 de mayo iniciarán bloqueos de caminos.

Zambrana añadió que hoy llevarán a cabo una asamblea a nivel departamental, en donde participarán guaraníes de la región y representantes de los Itapie y Huayaneque, quienes se reunirán para socializar la resolución y coordinar las acciones a tomar; además analizarán la situación de los pueblos indígenas en Tarija que se ven amenazadas por intereses políticos que buscan dividir a los mismos.
Lms/Pta ABI

Las organizaciones campesinas del departamento de Tarija denunciaron este martes que el prefecto Mario Cossío entregó “cheques sin fondos” a varias comunidades del área rural, que están dentro del Programa Solidario de Apoyo Productivo Comunal (Prosol).

El dirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas, Amilcar Pérez, explicó que los campesinos, tras haber trabajado en sus proyectos y haberlos hecho aprobar, ingresaron al Prosol, pero llegado el momento del financiamiento el prefecto entregó cheques que no tenían fondos.

“El prefecto Cossío nos entregó certificados sin fondos es por eso que estamos molestos, no se pueden hacer la burla de los campesinos e indígenas”, manifestó Pérez.

El dirigente mencionó que la autoridad departamental, en la primera ocasión, entregó certificados de transferencia provenientes del Prosol, con un valor de más de 3 millones de bolivianos el 15 de febrero en la comunidad de Palmar Chico, ante pobladores de 28 comunidades de la Provincia Gran Chaco.

“Con estos recursos queremos que las centenares y miles iniciativas productivas tengan hoy el dinero para que se hagan realidad”, expresaba Cossío en el acto de entrega.

Situación similar se registró en el Valle Central de Tarija con las 80 comunidades que recibieron los certificados de transferencia de más de 10 millones de bolivianos, recursos que tampoco fueron desembolsados para la ejecución de las iniciativas productivas.

Este hecho generó molestia en los dirigentes, ya que una vez más se postergó la ejecución del Prosol, por lo tanto, resolvieron dar un plazo hasta este miércoles para que el Prefecto Cossío realice el desembolso de los recursos, de no ser así no descartan con realizar movilizaciones.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural de Pueblos Indígenas de la Prefectura, Juan Jerón, a tiempo de confirmar las denuncias atribuyó este hecho a problemas administrativos.

“Lo que pasó es que estaba en trámite las firmas autorizadas, por eso es que todavía no se procedió a los desembolsos”, dijo.

PROSOL

El Poder Ejecutivo promulgó el 14 septiembre de 2007 la ley del Programa Solidario Comunal (Prosol) que autoriza a la Prefectura del departamento de Tarija otorgar recursos derivados de la renta petrolera a indígenas y campesinos para la ejecución de proyectos en diferentes rubros.

El primer artículo de esta ley, que tiene el número 3741, autoriza a la Prefectura de Tarija la transferencia anual de manera directa y no reembolsable de recursos económicos de la renta petrolera a las comunidades indígenas del departamento para la ejecución directa de iniciativas productivas planteadas por las comunidades en el marco del Programa Solidario Comunal Departamental (Prosol).
Lms/Pta ABI

El Poder Ejecutivo exteriorizó este lunes su interés de que el Congreso Nacional apruebe la realización del referéndum dirimidor sobre el artículo 398 de la nueva Constitución Política de Estado, referido a la tenencia de tierras, para el próximo 4 de mayo, día también fijado por el prefecto Rubén Costas para una consulta para validar el estatuto autonómico cruceño.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, manifestó que debe ser el Congreso Nacional el escenario en donde se debata y se defina la fecha del referéndum y descartó, por el momento, que sea el presidente Evo Morales quien convoque a esa consulta.

“El espacio natural para este debate (del referéndum) es el Congreso Nacional y luego se verán otras opciones sujetas al orden institucional (…). Lo deseable es que sea el 4 de mayo”, indicó Quintana en conferencia de prensa realizado en Palacio Quemado.

Ya el 22 de febrero, el presidente Evo Morales había pedido al vicepresidente y presidente nato del Congreso, Álvaro García Linera, viabilizar la aprobación del referéndum constituyente en función de la Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente.

La norma que señala que el texto constitucional debe ser sometido a referéndum dirimidor, sobre el la tenencia de tierras de 5 o 10 mil hectáreas, y el constituyente para que sea refrendado o rechazado el proyecto de la nueva Constitución.

La pretensión del Ejecutivo coincide con el referéndum departamental que pretende llevar adelante el prefecto cruceño, Rubén Costas, para sancionar el estatuto autonómico aprobado por la asamblea provisional autonómica el 15 de diciembre.

Esta acción que es considerada por el Ejecutivo de “ilegal e inconstitucional” y que viola la Ley No. 2769 de Referéndum, que establece que mientras no haya un gobierno departamental electo por voto popular es el Congreso Nacional la única instancia autorizada a convocar a consultas nacionales, departamentales y municipales.

La Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz reconoció que sobre la base de una presunción de su posible constitucionalidad, decidió llevar adelante la administración de referéndum para validar el estatuto autonómico cruceño.

El vocal de esa instancia electoral departamental, José Antonio Ayala, explicó que la Corte Departamental no fue la que convocó al referéndum regional, sino el prefecto, Rubén Costas, y que como organismo electoral asume ese reto bajo la presunción de su constitucionalidad.

Admitió que no le compete interpretar leyes, atribución que le corresponde al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, aseguró que todas las acciones asumidas por la Corte Departamental están enmarcadas en el respeto de la Constitución Política del Estado, el Código Electoral y las leyes vigentes.

No obstante, el ministro Quintana ratificó el pedido para que el Congreso sancione la convocatoria a la consulta ciudadana para que a partir de ese momento se impulse “un proceso convergente entre las autonomías y la nueva Constitución Política del Estado”.

En ese momento, dijo deberá entrar en pleno el trabajo del Ministerio de Autonomías que adelantará el proceso autonómico que se va ha establecer en el país a partir de la aprobación de la nueva carta Constitucional.

Explicó que el objetivo de la nueva cartera de Estado, propuesto por el presidente Evo Morales, será de armonizar las normas, los estatutos autonómicos y los contenidos normativos con la nueva CPE.

“Tendrá la tarea fundamental de fijar las reglas de juego fundamentales para que las autonomías puedan nacer democráticamente y fortalecidas”, dijo.

Manifestó que es necesario organizar el desarrollo de este proceso autonómico que es irreversible, pero que tiene que ser ordenado y sometido a un régimen institucional con apego a la Constitución.
Jcch/Dgav ABI

El ministro brasileño de Minas y Energía, Edison Lobao, afirmó este lunes que Brasil planea construir cinco hidroeléctricas en asociación con Argentina y Bolivia como alternativa al déficit energético de la región.

El funcionario aclaró que las tres hidroeléctricas en conjunto con Argentina y otras dos con Bolivia exigirán inversiones por 30.000 millones de reales (unos 17.647 millones de dólares).

“Serán cinco hidroeléctricas que producirán en total 10.000 megavatios. El costo será financiado por los tres países en una asociación como la que Brasil hizo con Paraguay para construir la central de Itaipu”, afirmó Lobao en declaraciones a periodistas y recogidas por la agencia Efe.

El ministro anunció los planes brasileños dos días después de que los presidentes de Argentina, Brasil y Bolivia, en una reunión en Buenos Aires, fracasaran en un intento para repartirse el gas producido por Bolivia, que se prevé insuficiente para atender las demandas de los tres países en el próximo invierno austral.

Brasil se negó a atender la petición de ceder a Argentina parte del gas que contrató con Bolivia (hasta 30 millones de metros cúbicos diarios), pero anunció que podría suministrar energía eléctrica en caso de que los argentinos lo requieran.

Los presidentes Cristina Fernández, de Argentina; Luiz Inácio Lula Da Silva, de Brasil; y Evo Morales, de Bolivia; en cambio, crearon una comisión ministerial para seguir explorando posibilidades de acuerdo sobre fuentes energéticas.

El ministro brasileño, integrante de esa comisión, dijo hoy que los titulares de las carteras de Energía de los tres países se reunirán en los próximos días para elaborar un plan conjunto de obras, definir el cronograma de trabajo y establecer los locales en que se construirán las hidroeléctricas.

Lobao aseguró que las obras no resolverán los actuales problemas de déficit en la oferta de gas natural, pero atenderán los problemas energéticos de la región a mediano plazo.

“Vamos a elaborar un plan conjunto para la construcción de varias hidroeléctricas. No es una obra de corto plazo, pero es una obra que pide un plazo para servir a los tres países dentro de muy poco tiempo”, aseguró.

Agregó que, en caso de que los necesiten para financiar las hidroeléctricas, los tres gobiernos recurrirán a créditos internacionales.

Lobao dijo igualmente que la ministra brasileña de Medio Ambiente, Marina Silva, también participará en las reuniones en un intento por reducir los plazos establecidos por las autoridades ambientales para autorizar obras como hidroeléctricas, así como las dificultades impuestas por los fiscales.

“El presidente Lula recomendó que la ministra de Medio Ambiente participe de las reuniones para que la burocracia sea definitivamente extinta en estos proyectos”, dijo.

Sobre la distribución del gas boliviano, reafirmó que Brasil necesitará los 30 millones de metros cúbicos diarios del combustible y no puede aceptar la modificación del contrato que firmó con Bolivia.

Aclaró, no obstante, que Brasil está dispuesto a “ayudar al país amigo en momentos difíciles”.

Las divergencias obedecen a las dificultades de Bolivia para atender los compromisos de suministro de gas contraídos con Brasil y Argentina, y a la amenaza de crisis energética que pende sobre este último país si no puede atender la demanda pico del invierno austral, de junio a agosto.

Lula, en la rueda de prensa que concedió en Buenos Aires después de la reunión tripartita, ya había anticipado que la reunión de ministros de Energía trataría sobre las opciones hidroeléctricas.

“Creamos un grupo de los tres ministros de los tres países para que podamos no apenas discutir gas sino podamos discutir cuáles son las fuentes de producción de energía que nosotros necesitamos. Tenemos un potencial hídrico extraordinario para trabajar”, afirmó entonces.
ABI//

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano(Cidob) minimizó el domingo el estatuto autonómico cruceño y anunció la pronta presentación de los estatutos autonómicos indígenas en el marco de la actual Carta Magna y la normativa vigente en el país.

El máximo ejecutivo que aglutina a los pueblos indígenas originarios de las tierras bajas, Adolfo Chávez, en breve contacto con los periodistas dijo que no les preocupa el referéndum para validar el estatuto autonómico de “la oligarquía cruceña” porque no fueron consultados para ese propósito y que porque los recursos naturales se encuentran en territorio indígena.

“No nos preocupa el estatuto autonómico del Comité Cívico y la Prefectura de Santa Cruz, porque los recursos naturales están en los territorios como corresponde, eso es muy puntual”, aseguró.

El dirigente indígena explicó que ante la decisión de imponer por las fuerza y vulnerando la ley un estatuto autonómico, en el marco de las autonomías departamentales los pueblos indígenas están en su derecho de fijar su estatuto sobre la base del artículo 171 de la actual Carta Magna.

“Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la ley los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones”.

“El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos”.

“Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y las Leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los poderes del Estado”, señala el artículo 171 de la Carta Magna.

En ese marco Chávez dijo que sus estatutos autonómicos indígenas están en plena redacción y que también tiene el respaldo del artículo seis de la Ley No. 1257 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que señala que se debe consultar a los pueblos indígenas cuando haya una resolución administrativa o legislativa, cosa que no fue hecha por el Comité Cívico y la Prefectura de Santa Cruz.

“Además, también tenemos el respaldo del artículo cuarto de la Declaración de las Naciones Unidas, que señala que los pueblos indígenas tenemos la capacidad de lograr nuestros estatutos autonómicos indígenas, respetando las autonomías como corresponde”, dijo.

“Vamos por un buen camino, hemos señalado siempre que los pueblos indígenas vamos ha apegarnos a la ley como corresponde, es un instrumento nuestro que se inició desde hace muchos años, por lo que debemos ser muy responsables los pueblos indígenas”, aseguró el máximo ejecutivo de la Cidob.
Lcr/Pta ABI

Los gobiernos de Bolivia y Argentina constituirán en esta gestión la primera empresa binacional entre las empresas estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), para realizar tareas de exploración y explotación de nuevos yacimientos de petróleo y gas en territorio boliviano.

El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Carlos Villegas, en entrevista a la cadena televisiva Telesur, dijo que en este momento se está conversando con la estatal Enarsa para que junto a YPFB, conformen una sociedad anónima mixta

Esto con el objetivo de iniciar trabajos de exploración y explotación en áreas reservadas en territorio boliviano.

“En el transcurso de este año, vamos a cerrar la constitución de esta empresa”, afirmó Villegas.

El Ministro boliviano se encuentra en esta capital desde el jueves preparando la llegada del presidente boliviano, Evo Morales

El Mandatario boliviano se reunirá este sábado, en Buenos Aires, con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y con la anfitriona, Cristina Fernández para analizar la distribución del gas boliviano a ambos países.

Por otro lado, el Ministro boliviano manifestó que Enarsa va a realizar “a riesgo exclusivo de la empresa”, estudios en áreas reservadas de Bolivia que fueron asignadas a esta sociedad y en la medida en que los estudios sean auspiciosos, inmediatamente esta sociedad anónima mixta ingresará a una fase de exploración.

Afirmó que con Argentina se mantiene una “excelente” relación que permitirá ir subsanando de manera conjunta estas coyunturales limitaciones de abastecimiento de gas.

Asimismo dijo que se tiene una mirada de largo plazo de tal manera de empezar estos trabajos de exploración y explotación para tener resultados exitosos para beneficio de Bolivia y Argentina.

Este paso de ambos países se sumará al “Acuerdo marco de integración energética”, firmado entre Morales y el ex presidente argentino, Néstor Kirchner, el 10 de agosto de 2007 en la sureña ciudad de Tarija, con el objetivo de aprovechar los recursos petroleros y eléctricos, con apoyo financiero e intercambio de información.

En la oportunidad también firmaron un convenio para “estudios de pre-inversión y construcción” de una planta de extracción de líquidos asociados al gas natural, y para su comercialización. La planta se instalará en la provincia Gran Chaco, del departamento de Tarija, y el acuerdo incluye un crédito argentino por 450 millones de dólares.

Recordar asimismo que el 25 de enero la presidenta Fernández, y su homólogo de Bolivia, participaron de la apertura de sobres en el proceso de licitación internacional para la compra de tuberías destinadas a la construcción del Gasoducto al Noreste Argentino (GNEA), que será alimentado con gas boliviano.

El gasoducto, de 1.465 kilómetros y cuya construcción demandará una inversión de 1.880 millones de dólares, comenzará a operar en tres años y transportará hasta 27,7 millones de metros cúbicos diarios de gas provenientes de Bolivia para abastecer a cinco provincias del norte argentino.

Para que el fluido llegue a destino, hará falta además construir un gasoducto de unos 100 kilómetros de extensión en Bolivia, país al que Argentina prestará 450 millones de dólares para levantar una planta separadora de gases.

Bolivia devolverá el préstamo con las ganancias que produzca la planta separadora de gases que se propone levantar en una zona fronteriza con Argentina.
Jcch/Rq ABI