Tarija Libre

El presidente Evo Morales designó hoy a Pablo Ramos como prefecto interino del departamento de La Paz y a Rafael Puente de Cochabamba, a quienes encomendó la tarea de barrer con la corrupción en ambas prefecturas.

“Estoy convencido que estos dos compañeros, en estos dos departamentos, donde se ha denunciado permanentemente actos de corrupción, pues tienen la tarea, la obligación de limpiar toda la corrupción de estas regiones”, dijo el Mandatario tras promulgar los decretos 29688 y 29689 de designación de las nuevas autoridades.

De acuerdo con el recuento de la Corte Nacional Electoral, el ex prefecto de La Paz, José Luis Paredes, fue revocado de su cargo con el 64,5 por ciento de los votos en este departamento, durante el referéndum del pasado 10 de agosto.

Mientras la ex autoridad departamental de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue revocada con el 68,8 por ciento de los votos. El Presidente al contrario fue ratificado con el 67,41 por ciento de la preferencia electoral en todo el país.

Hoy, el Jefe de Estado saludó la experiencia ideológica y los conocimientos de los dos prefectos interinos a quienes manifestó su admiración y calificó como sus “profesores”, Ramos de economía y Puente de sindicalismo y política.

Puente, quien reemplaza a Reyes Villa, fue sacerdote, activista de los derechos humanos, viceministro de Régimen Interior y delegado presidencial en Cochabamba. Ramos, quien toma el cargo en vez de Paredes, es economista, fue tres veces rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y se desempeñó como concejal de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ramos, en su discurso, prometió concluir con todas las obras prefecturales en el departamento de La Paz y anunció la realización de una auditoría de la anterior administración en esta parte del país. Puente, a su turno, anunció que devolverá la unidad en Cochabamba.

Ambas autoridades permanecerán en sus cargos, hasta que “el Presidente de la República designe a los nuevos prefectos de departamento como resultado del proceso de selección correspondiente en los plazos fijados por ley”, según los decretos 29688 y 29689.

De hecho, el Poder Ejecutivo convocó, para el 7 de diciembre de este año, a elecciones de prefectos en La Paz y Cochabamba y de subprefectos y consejeros departamentales en todo el país. Ese mismo día se realizará el referéndum dirimitorio y aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.

La Secretaría General de la Prefectura paceña estará a cargo del ex ministro de Educación Félix Patzi y el mismo cargo en el departamento de Cochabamba será ocupado por el dirigente sindical David Herrera.
Dpp/Pta ABI

El presidente, Evo Morales, viajó a las 08.30 horas de este viernes rumbo a Libia, donde sostendrá distintas reuniones, al igual que lo hará en su visita al Estado de Irán, el lunes y martes de la próxima, para garantizar inversiones de esos países en Bolivia.

Morales partió del Aeropuerto Internacional de El Alto, acompañado del portavoz Presidencial, Iván Canelas, y del ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.

Antes de abordar la nave, Morales indicó que asiste a Trípoli y Terán para consolidar las relaciones diplomáticas, económicas y de cooperación.

Además anunció que determinó encomendar a cinco de sus ministros encausar un proceso de diálogo con los prefectos opositores de los departamentos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Pando, Leopoldo Fernández; de Beni; Ernesto Suárez; de Tarija, Mario Cossío y de Chuquisaca Sabina Cuellar.

El viaje del Mandatario fue autorizado el miércoles por el Congreso Nacional, en medio de críticas de la oposición, que observó el relacionamiento con ambos países.

Morales visitará el 30 y 31 de agosto Libia. Se reunirá con el líder de esa nación Muamar Gadafi para conversar sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, hidrocarburos, crisis energética, alimentaria, exportación de alimentos e inversiones en Bolivia, según afirmó el canciller David Choquehuanca.

El pasado 13 de agosto, el Gobierno boliviano estableció relaciones diplomáticas con Libia en virtud de un memorando de entendimiento firmado entre el director general de América de la Cancillería de Libia, Mohamed Matri, y el Canciller.

El 21 de agosto, el primer embajador de Libia en La Paz, Ali M.K. Farfar, presentó sus cartas credenciales al presidente Morales.

En el caso de Irán, Choquehuanca dijo que será una retribución de Morales a la visita que realizó en septiembre de 2007 a La Paz su homólogo, Mahmud Ahmadineyad, quien ofreció una inversión de 1.000 millones de dólares a Bolivia.

Morales en su visita a ese país, el 1 y 2 de agosto, se reunirá con Mahmud Ahmadineyad y con el líder religioso Ayatollah Ali Jamenei.

Según el Ministro con ambas autoridades Morales revisará temas de la coyuntura política y multilateral además reafirmarán el compromiso de los dos países con la promoción de la paz, el crecimiento económico sostenible con justicia social y la superación del hambre y la pobreza.
Jcch/Rq ABI

La Aduana Nacional de Bolivia (ABN) incautó este jueves un camión lleno de material bélico que pretendía ser transportado de contrabando hasta la ciudad de Santa Cruz, que según la declaración jurada, el material fue inscrito como equipos para motociclistas y laminas de policarbonato.

El presidente ejecutivo interino de la Aduana, César López, informó en conferencia de prensa, que 184 cascos de guerra y 444 escudos, fueron decomisados en el operativo “estos materiales no pueden ser siquiera utilizados bajo el argumento de material antimotines”.

“Hemos convocado a la prensa para hacer una denuncia de contrabando que atenta a la seguridad del Estado; estos materiales son de guerra, son cascos de guerra, ni siquiera podemos comparar con un material que puede ser utilizado como material antimotines”, afirmó.

El contrabando bélico llegó desde China -los escudos llevaban la leyenda en español de “Guardia Municipal”- el 1 de agosto a la Zona Franca Comercial de El Alto. La salida se detectó cuando el importador pasaba por el canal de control amarillo, lo que le obligó a mostrar la mercancía en físico.

El encargado de la transportación, Carlos Quezada, reconoció que ya ingresó un lote de 162 cascos, hecho que se viene investigando.

Según López, es un contrabando que atenta contra la seguridad del Estado. El técnico encargado del control denunció que el importador intentó sobornarle para que autorice la salida debido a que los casos y escudos deberían llegar “para el desfile en Santa Cruz”.

Asimismo, solicitó la intervención del Ministerio de Gobierno, Defensa Nacional y Ministerio Público para investigar el contrabando bélico. “Ninguna institución municipal ni civil pueden armar su propia fuerza paramilitar o policial, eso es atentar contra la seguridad del Estado”, dijo la autoridad.

ENGAÑO A LA FE DEL ESTADO

Por su parte el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, informó que se investigará la ilegal internación de equipos bélicos.

“Se pretendía engañar la fe del Estado al manifestar que se trataba de material para motociclistas y láminas de policarbonato, pero se descubrió que eran equipos bélicos”, afirmó el Ministro.

“Las placas o escudos, son los que utiliza la Policía Militar y la Policía Nacional, para brindar seguridad a la comunidad, además de ser utilizada para su propia protección personal”, explicó López al aclarar que además no contaba con el permiso del Ministerio de Defensa.

El equipo tenía como destino al Gobierno Municipal de Santa Cruz, además llevan la inscripción de “guardia municipal”, según informó la autoridad aduanera, a tiempo de manifestar que las investigaciones correspondientes ya están siendo investigadas por la Policía.

Asimismo explicó que la importación de ese tipo de material de guerra al país, necesita una autorización especial extendida por el Misterio de Defensa, que en este caso no se cumplió, razón por la cual se procedió a su incautación, ya que no tiene destino para el uso policial.

Al respecto, el portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, manifestó su preocupación por lo sucedido y señaló que las autoridades policiales realizarán la investigación correspondiente para determinar a quienes estaba dirigido dicho material.
Rd/Rq ABI

Con una inversión de 1.500 millones de dólares la hidroeléctrica de Cachuela Esperanza, en el departamento del Beni, tendrá una capacidad de 800 megawatios que permitirá exportar energía eléctrica al mercado brasileño.

“Este proyecto tiene un potencial de aproximadamente 800 MW, casi la magnitud de la demanda del sistema interconectado nacional que existe hoy en Bolivia”, aseguró el viceministro de Electricidad, Miguel Gastón Yagüe Chirveches.

En ese sentido, Yagüe dijo que este miércoles se firmó el contrato entre la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) con la empresa canadiense TECSULT - AECOM (Tecsult International Limitée) para realizar los estudios y el diseño final de la Central Hidroeléctrica.

El acto tuvo lugar en el departamento del Beni, en la población de Cachuela Esperanza, a 10 kilómetros de Riberalta, donde asistió el presidente Evo Morales.

El Proyecto Cachuela Esperanza, que se encuentra localizado en el río Beni, se concreta luego de 25 años de ser declarado de atención prioritaria nacional, mediante Ley Nro. 549 de 13 de mayo de 1983.

El Viceministro de Electricidad sostuvo que aparte de la firma del contrato, la empresa realizará estudios de los posibles impactos ambientales que pueda tener sobre el territorio nacional, tomando en cuenta la construcción de dos represas en el lado brasileño, denominada una Iraú y la otra, San Antonio.

A fin de año, aseguró, ya se contarán con algunos documentos para licitar las turbinas y los generadores. En marzo 2009, explicó que tendrán el diseño final de la presa y con ello podrán licitar parte de las obras civiles.

“A fines de noviembre en los laboratorios de hidráulica de la Universidad de San Simón de Cochabamba, ya se tendrá un modelo a escala del proyecto para medir el comportamiento hidrológico y de las crecidas del río con las represas”, apuntó Yagüe.

Consultado sobre el inicio de las obras en las dos etapas, el viceministro de Electricidad respondió que a fines del 2009 se empezarán a realizar las obras civiles para la parte de las represas y a mediados del 2010, se ejecutará la parte de la casa de máquinas, donde se instalarán las turbinas y los generadores, entre otros.

Según los técnicos canadienses, aseguró que el proyecto se estima que estaría produciendo energía eléctrica en siete a ocho años aproximadamente.

Explicó que el mega-proyecto abastecerá el mercado interno de la Amazonía boliviana y tendrá un excedente importante para exportar energía como uno de los componentes atractivos a la inversión con miras al mercado brasileño.

“Los cálculos preliminares requerirán una inversión de 1.500 millones de dólares y que la demanda máxima del sistema interconectado nacional es de 900 megawatios y el proyecto que se anuncia será aproximadamente de esa magnitud.
Jp/Pta/Dgav ABI

El bloqueo de rutas en Villamontes, Tarija, convocado por cívicos y prefectos del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), paralizó el envío de diesel a Santa Cruz, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.

“Mientras dure el conflicto del bloqueo (en Villamontes) lamentablemente no se podrá entregar el diesel, que está paralizado en este momento en carretera, todas las cisternas que llegan desde el lado argentino y paraguayo”, señaló Ramírez.

Remarcó que se envío un equipo técnico de la estatal petrolera para que expliquen, a las cámaras Agropecuaria del Oriente (CAO) y de Industria Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), las razones por del desabastecimiento del energético.

El reporte de la Policía de Tarija dio cuenta que los puntos de bloqueo se encuentran en la localidad de Caiza y el puente internacional que une Yacuiba con Argentina; en la localidad de Loma Caihuani, en la salida Villa Montes - Paraguay, en el puente Ustárez y en la comunidad de San Antonio; además de Caraparí a la altura del campo San Alberto, a 38 kilómetros de Yacuiba.

De ese modo, los cívicos y funcionarios de la prefectura tarijeña acatan la disposición del Conalde, en demanda de la restitución del 30 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) recortados para el pago de la Renta Dignidad.

Según el informe del Presidente de la estatal petrolera, hasta la mañana de este miércoles se contabilizó seis carros cisterna varados en la ruta hacia Argentina y Paraguay.

“Me imagino que eso irá aumentando, porque son varios turnos que llegan al país, pues inmediatamente dejan el producto en Santa Cruz y retornan”, apuntó Ramírez.
Fas/Rq ABI

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la tarde de este miércoles la modificación a la Ley Nro. 3791 de la renta Dignidad, del 28 de noviembre de 2007, que establece el pago de 3.000 bolivianos al año, es decir 250 bolivianos cada mes para todos los adultos mayores de 60 años sin jubilación.

Además, la modificación de la norma establece el pago de 2.400 bolivianos al año, 200 bolivianos cada mes para los adultos mayores 60 años con jubilación.

El presidente de la Comisión de Hacienda y diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gabriel Herbas, explicó que el proyecto de ley fue aprobado por mayoría en sus instancias en grande y detalle, para después ser remitido al Senado para su revisión y posterior sanción, en caso de no haber observaciones.

El diputado oficialista explicó que la nueva normativa responde a los resultados de la nacionalización de los hidrocarburos y como un derecho adquirido por los beneficiaros para vivir con dignidad, mantenerse activos en la dinámica socio económico del país y contribuir a la unidad familiar.

En ese marco, el pleno de la Cámara Baja por mayoría modificó el artículo 5 de la Ley Nro. 3791 (renta Dignidad) viabilizando el incremento de 50 bolivianos al mes la renta mensual para los adultos mayores de 60 años.

El artículo quinto modificado señala: (Monto de la renta Universal de Vejez y de Los Gastos Funerales).
El monto de la renta Universal de Vejez para los beneficiarios señalados en el inciso a) del Artículo Tercero de la presente Ley alcanzará a un total anual de Bs 3.000.- (TRES MIL 00/ 100 BOLIVIANOS)”.

“Para los beneficiarios señalados en el inciso b) del Artículo Tercero de la presente Ley, el monto total anual alcanzará a Bs.2.400.- ( DOS MIL CUATROCIENTOS 00/ 100 BOLIVIANOS)”.

Además, establece que el Poder Ejecutivo determinará mediante decreto supremo la forma de cancelación y periodicidad en el pago de la Renta Universal de Vejez.

El monto de los Gastos Funerales será reglamentado por el Gobierno en un plazo de treinta días a partir de la promulgación de la norma.

Señala que cada tres años el monto de la Renta Universal de Vejez y el de los gastos funerales podrán sufrir variaciones que serán determinadas por el Poder Ejecutivo en base a la evaluación técnico-financiera de las fuentes de financiamiento.
Lcr/Dgav ABI

El Fiscal General de la República, Mario Uribe, encontró indicios de corrupción en la gestión del prefecto del departamento de Tarija, Mario Cossío, por lo que presentó su requerimiento acusatorio ampliando los delitos y número de funcionario involucrados.

El requerimiento acusatorio fue presentado a dos meses de la denuncia del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción contra el prefecto de Tarija Mario Cossío, y otros funcionarios, por irregularidades en la contratación y ejecución de varias obras.

La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, enfatizó que el Ministerio Público está cumpliendo con su labor investigativa en plazos establecidos y espera que los jueces no dejen en la impunidad los actos de corrupción, cometidos por el actual prefecto de Tarija, más aún cuando están involucrados recursos públicos que deben beneficiar a los tarijeños.

La Fiscalía encontró materia justiciable en contra de quince funcionarios de la prefectura de Tarija y representantes legales de empresas constructoras:

Mario Adel Cossío Cortez, Prefecto de Tarija

Mauricio Lea Plaza Peláez, Secretario General

Arturo Atilio Lema Molina, ex secretario General

Esteban Villena Martinez, Secretario Departamental de Obras Públicas

Marlen Litt Garzón, Asesora Legal

Elvira Guillén de Colodro, Secretaria Departamental Administrativa y Financiera

María Teresa Paz, Asesora Jurídica

Sandra Aguirre de Campero, Asesora Legal

Beatriz Murillo Ugarte, Asesora Legal

Sergio Alberto Donosos Trigo, Representante de la Sociedad Acciedental ECOTAR y Asociados

Carlos Eduardo Maldonado Zamora, Representante Legal de la Empresa Asociación Accidental Constructores del Sur

Manuel Fidel Cuevas Velásquez, Representante de la Asociación Accidental Consorcio Santa Ana

Jorge Antonio Ruiz Martínez, Secretario Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tarija

Miguel O’Connor Darlach, Asociación Accidental Consorcio Tarija

El Fiscal General de la República pide que se inicie el proceso para iniciar juicio de responsabilidades en contra del prefecto de Tarija.

De esta forma, esta acusación se convierte en la segunda solicitud de juicio de responsabilidades en contra de esta autoridad. Fue en la primera semana de agosto que se pidió el primero por irregularidades en la compra de motores destinados a poblaciones tarijeñas.

Suxo pidió que las autoridades congresales y del Poder Judicial no permitan que en estos casos, las demoras permitan la prescripción de la causa.

Los delitos cometidos por estos 14 funcionarios públicos corresponden a irregularidades en los contratos de las siguientes obras:

1.- Construcción del Proyecto “Riego Calderas”

2.- Construcción del Proyecto “Piscina Olímpica”

3.- Construcción del “Velódromo Olímpico”

4.- Construcción de la Presa El Molino

5.- Construcción del Proyecto Múltiple Huacata

Entre los delitos que habrían cometido está el uso indebido de funciones (sanción de 2 a 8 años), conducta antieconómica (1 a 6 años), contratos lesivos al Estado (1 a 5 años), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (1 a 3 años) e incumplimiento de deberes (1 mes a un año).

El requerimiento acusatorio señala que a pesar que el prefecto Mario Cossío no suscribe los contratos respecto de las obras señaladas y delega esta acción al Secretario General, “dicha delegación de suscripción de contratos no lo exime de responsabilidad como máxima autoridad” (delito de incumplimiento de deberes); situación indebida que permitió la suscripción de contratos lesivos al Estado.

Además, enfatiza que “a sabiendas de que aún los terrenos, en muchos lugares donde se tenían que construir las obras no eran de la Prefectura, que tenían que hacerse los trámites de expropiación”, entregó anticipos de hasta el 20 por ciento a las empresas, incurriendo en el delito de conducta antieconómica.
Dea/Pta ABI