El ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, encarcelado en el penal de San Pedro de La Paz, armó una estructura política y económica corrupta para beneficiar a clanes familiares y amigos que se trasuntó en beneficios y subvenciones millonarias, organización de un sistema de control de la prensa y la conformación de grupos irregulares que derivó en la masacre de al menos 18 personas el 11 de septiembre.
Esa conclusión se encuentra en el informe que prestó la tarde de este viernes, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en una rueda de prensa efectuada en el Salón de los Espejos de Palacio Quemado.
“La masacre de Porvenir y Filadelfia (Pando) tiene su raíz profunda en esta estructura de poder que se ha defendido a sangre y fuego matando a campesinos inocentes, masacrando a la gente y hasta hoy ejerciendo abusivamente el poder en el departamento de Pando”, denunció Quintana.
La autoridad demostró que Fernández convirtió a la Prefectura de Pando en el feudo de su familia y sus amigos de Poder Democrático Social (Podemos), del Comité Cívico, la Contraloría Departamental, la justicia y “algunos policías” que ocasionaron la masacre, heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos.
Los Fernández Ferreira coparon todo el aparato prefectural. Tíos, hermanos, sobrinos y sobrinas y otros parientes fueron beneficiados por el Cacique de Pando.
Quintana reveló que desde el 22 de enero de 2006, el poder de Leopoldo Fernández Ferreira, hasta antes de ser capturado, se sustentó en el nepotismo familiar y un brazo armado de choque financiado a través del Comité Cívico.
Una de sus principales columnas vertebrales de su poder de corrupción se estructuró distribuyendo la administración de la Prefectura entre sus familiares de primero, segundo, tercero, cuarto y hasta quinto grado.
Además de cinco familias de apellidos Romaña Galindo Sosa, Shimokawa, Aguilar, Mayna y la familia Tahui, quienes se beneficiaban directamente con los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que Fernández uso como argumento para desacatar las leyes, tomar instituciones públicas, y provocar una matanza que el presidente Evo Morales comparó como una limpieza étnica.
COMITÉ CIVICO
En ese marco, el ministro Quintana denunció que la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena de Suzuki, recibió cuatro millones de bolivianos, a través de 60 cheques, proveniente del IDH para la conformación de un aparato represivo al mando del ex prefecto Fernández.
Según Quintana, Melena de Suzuki destinó esos recursos para movilizar a la gente y generar conflictos, pero además para gestar la masacre en Porvenir y Filadelfia donde murieron 18 personas, entre ellas un niño de dos a tres años.
NEGOCIADO
Quintana también reveló que los negociados del ex prefecto Fernández alcanzaron a la Brigada Parlamentaria de Pando que se constituyó en un blindaje impune de su poder cacical para sus actos de corrupción.
Es el caso del diputado podemista, Ronald Camargo Suzuki, que se instituyó como uno de los contratistas más importantes de la Prefectura de Pando en la prestación de servicios, obras públicas y contratos. Estos fueron millonarios.
Además de ser propietario de la Red Unitel-Pando, de una de las empresas de construcción más importantes, sin poseer maquinaria se adjudicó una cantidad de obras públicas, que ni en el pasado el Servicio Nacional de Caminos habría sido capaz de realizarlas, por un valor que va desde un millón hasta los 11 millones de bolivianos.
También es el caso de la senadora suplente, Ángela Murakami, esposa de otro de los mayores contratistas de obras civiles que se benefició de los favores políticos de Fernández a través de su empresa constructora “Pinto Montero”. Además, de los senadores Paulo Bravo y Roger Pinto.
BRAZO REPRESOR
Para proteger sus actos de nepotismo y corrupción, el ex prefecto Fernández montó un descomunal aparato represivo a través del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), vinculado al Comité Cívico, organizaciones paralelas a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), campesinos, y moto taxis, entre otros.
El Sedcam era el encargado de disponer de vehículos, maquinaria, combustible y recursos económicos para movilizar gente a los municipios y comunidades.
Quintana dijo que el brazo represivo organizado por Fernández lo dirigía el arquitecto Julio César Villalobos (Director del Sedcam), principal sospechoso de dirigir la masacre en Porvenir el 11 de septiembre, junto a Carlos Mao Soria Dercy, Ronald Vía Soria, Vicente Rocha Rojas, Douglas Domínguez Rojas, Kadúl Sánchez Lozano, Wilman Alpire Reyes y otros.
IDH
El Ministro de la Presidencia denunció también que el ex prefecto Fernández destinó millonarias sumas del impuesto Directo a los Hidrocarburos para consultorías adjudicadas por sus amigos y familiares.
“El aparato represivo no solamente se financiaba con los recursos del IDH, también se financiaba con las comisiones por las obras contratadas con todos aquellos que estaba vinculados de manera formal e informal con la Prefectura del departamento de Pando”, afirmó Quintana.
Manifestó que estos recursos económicos financiaban el aparto represivo, el aparto cívico y la propia estructura del poder familiar que se estructuró en la Prefectura de este departamento.
De los datos denunciados por el Ministro de la Presidencia se conoció que 31 personas que fungían como dirigentes de organizaciones paralelas y funcionarios públicos de la Prefectura fueron los directos represores, con armas de fuego, durante la masacre del 11 de septiembre en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia.
PRENSA
Además, aseguró que existen pruebas de que Leopoldo Fernández sometió a los medios de comunicación en el departamento de Pando, aunque pidió unos días para proporcionas mayores detalles.
“Queda pendiente la descripción del soporte mediático de la Prefectura del departamento de Pando. Permítannos unos días para denunciar cómo Fernández administró a los medios de comunicación, los controló, dominó y los compró”, manifestó.
LOS FAMILIARES
Quintana señaló que la mayor parte de la familia Romaña está contratada por la Prefectura, así como sus amigos y parientes. De la misma manera las otras familias nombradas que se beneficiaron de contrataciones, adquisiciones y entregas de obras por más de 150 mil bolivianos en todos los casos.
Entre los que destacan de ese beneficio son el tío de Leopoldo Fernández Ferreira, Juan Ferreira Filguera, como contratista; su primo Ricardo Ferreira Mejido, contratista de obras; su primo Romeo Ferreira Mejido, contratista de obra; su primo Ronald Ferreira Mejido, contratista de obra.
Además de sus primos William Ferreira Mejido, contratista de obra; Omar Añez Ferreira, contratista de obra; y Arturo Ferreira, contratista de obra; su sobrino Juan Carlos Castro Ferreira, contratista de obra; el esposo de la prima del Prefecto Gonzalo Quiros Armas, contratista de obras; y su sobrino Marcos Quiros Ferreira, contratista de obras.
“Dicho de otro modo transfirió una gran parte de los recursos del departamento a su familia. También el señor Leopoldo Fernández instaló a miembros de su entorno familiar en el Servicio Departamental de Caminos y los de su esposa”, aseguró el Ministro de la Presidencia.
Quintana explicó que la esposa del ex prefecto Leopoldo Fernández, Pilar Soria, también tenía su cuota de poder como es el caso de su prima; Ilsen Soria, como topógrafa; su primo Erasmo Soria Suárez, Sub Prefecto de la provincia Nicolás Suárez; su sobrina Ana María Soria Zabala, técnico; y su sobrino Ariel Soria Lima, profesional segundo.
“El nepotismo y tráfico de influencias en su forma de estructura familiar instalada en la Prefectura de Pando es el primer pilar del poder económico y político del señor Leopoldo Fernández”, dijo el Ministro de la Presidencia.
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