Contraofensiva transnacional apunta a destruir nacionalizacion de los hidrocarburos
Miércoles, Noviembre 26th, 2008Una contraofensiva transnacional destinada a colocar a YPFB en la mira está en pleno desarrollo. Apoyada en una maquinaria mediática, las petroleras extranjeras tratan de probar que la gestión estatal es incapaz e inviable y cuyo derrotero será una carestía generalizada en el abastecimiento de carburantes, además de que hay una empresa estatal azotada por la corrupción y una ausencia de inversiones.
El objetivo de fondo, no reconocido públicamente, es apuntar al corazón del proceso de cambio que lidera el presidente Evo Morales, quien con la nacionalización del petróleo el 1 de mayo de 2006 empezó a construir la base material de su proyecto estatal y societal que ha definido como pos capitalista.
La contienda por los hidrocarburos se ha agudizado en las últimas semanas.
Por una parte los medios de comunicación han concentrado todos los días su artillería en las dificultades manifiestas del desabastecimiento de diesel, GLP y gasolina, y atribuyeron toda la responsabilidad a la mala gestión del gobierno a través de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos.
Por otra parte, las autoridades del sector, a un inicio muy dispersas y sin cohesión sectorial, han terminado por lanzar el plan “Puño de hierro” que somete a la Ley de Sustancias Controladas (Ley 1008) a los contrabandistas de carburantes.
Pese a las dificultades, el suministro de carburantes en el departamento de Santa Cruz se ha ido normalizando, pero en la percepción de la gente estos períodos de carestía y abastecimiento seguirán repitiéndose.
Los problemas están a la vista, sólo que sus orígenes se remontan a varios años atrás. A pesar de la campaña publicitaria con la cual las corrientes privatizadoras justificaban la “capitalización” de la empresa estatal, las largas colas por el déficit de GLP y diesel se presentaron a partir de 1998.
DETRÁS DE LO APARENTE
Sin embargo, detrás de esta “apariencia” se encuentra la esencia de la contienda. En el fondo, detrás de las percepciones populares, de los aparatos mediáticos y su influencia relativa en la opinión pública están dos concepciones sobre el rol del estado en las áreas estratégicas de la economía y el desarrollo nacional.
Por un lado se encuentran los acérrimos defensores de la privatización y la enajenación de los recursos naturales y en el otro aquellos que tienen como paradigma una gestión estatal de las empresas estratégicas que sea corporativa, transparente y eficiente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 del Decreto Supremo Nro. 28701, de nacionalización de los Hidrocarburos.
Como la contienda tiene y tendrá una larga data, resulta necesario dar una mirada atrás.
Los hitos históricos mediatos en el sentido privatizador de esta contienda han sido: la “capitalización” de YPFB en 1996, que según coincidieron estudiosos y dirigentes sociales y políticos opuestos a la corriente neoliberal ha sido una descuartización; la venta de las refinerías, el transporte y el almacenaje efectuada en 1999, incluyendo la privatización del mayoreo y la distribución, cuyos ingresos -habrá que recordar- fueron empleados para pagar aguinaldos al sector público, y, la reducción de YPFB a la categoría de residual o sumiso “certificador” de las inversiones declaradas por las trasnacionales.
Pero los hitos históricos mediatos en el sentido de recuperación del patrimonio nacional y la gestión estatal son: octubre de 2003, cuando esa gigantesca movilización nacionalista y popular que desde El Alto terminó con Gonzalo Sánchez de Lozada en Estados Unidos e impuso su agenda.
El 1 de mayo de 2006 y el D.S. Nro. 28701, de nacionalización de los Hidrocarburos; con el que Evo Morales dejaba de manifiesto su decisión de recuperar los recursos naturales para el Estado; la recuperación del mayoreo y la distribución en julio del 2006, así como la recuperación de las refinerías en mayo del 2007, y, finalmente, el 1 de mayo de 2008 con la recuperación de Transredes, CLHB y la obtención de la mayoría accionaria en Andina.
Y también existen hitos contradictorios, aquellos que reflejan una especie de singular “empate” o “concesiones” entre las dos fuerzas principales antagónicas (el bloque nacional popular indomestizo, por una parte; y las transnacionales, junto a sus agentes nativos, por otra).
Estas son la Ley Nro. 3058 de Hidrocarburos de 17 de mayo de 2005 (que subió la renta petrolera con el IDH, pero dejó a YPFB sin un solo centavo para cumplir sus nuevas atribuciones) y los contratos petroleros del 28 de octubre de 2006 (que entre otras cosas no ha logrado hasta ahora que las transnacionales incrementen sus inversiones).
En marzo de 2008, la situación del país era muy crítica, en un contexto nacional de ofensiva autonómico-separatista y en la que el artículo 7 del decreto nacionalizador estaba prácticamente incumplido.
Sin embargo, a partir del 1 de mayo de 2008 el gobierno y el bloque nacional-popular recuperó en su integridad a Transredes, CLHB y obtuvo la mayoría accionaria en Andina, (pero dejando pendiente el caso de Chaco).
El Estado retomó la iniciativa y eso tuvo sus lógicas repercusiones en la situación del sector y en todo el contexto político nacional. Este fue el resultado concreto del ingreso de Santos Ramírez a la Presidencia de YPFB.
Hoy la coyuntura se mueve en una situación de crisis en el abastecimiento de diesel, gasolina y GLP que, hay que afirmar con absoluta entereza, según se desprende de las declaraciones de las autoridades, no se va a resolver en un corto de tiempo.
Lo importante es saber qué se está haciendo para resolverla, con medidas que ya se han tomado.
Desde su cuartel central en La Paz, el presidente de la empresa petrolera, al mismo tiempo que participa activamente en la lucha contra el contrabando, lo cual implica un respaldo a la Superintendencia de Hidrocarburos, se encuentra impulsando la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, que será entregada llave en mano con una inversión de 86 millones de dólares y una capacidad de producción de 340 toneladas de GLP; la adaptación de las refinerías de Palmasola y Valle Hermoso para procesar el crudo reconstituido, lo que permitirá reducir la dependencia del diesel importado y, en lo más importante, impulsando el programa de recuperación secundaria de pozos en campos como Buena Vista, Villa Montes, Tita.
Todo esto con el objetivo de resolver los problemas de abastecimiento para al menos los dos próximos años.
Todas estas medidas se encuentran en manos de la empresa estatal o sus subsidiarias y no dependen de acuerdos con las transnacionales. Sus impactos apuntan a mejorar la crítica situación, mientras se desarrollan las acciones de mayor alcance.
Por cierto, las transnacionales continúan aplicado su política de no invertir recursos medianamente adecuados en exploración y centraron sus inversiones en el desarrollo o explotación de los campos con reservas probadas.
Esta política no es nueva, se inició desde hace una década y se fue acentuando en los últimos años. No obstante la firma de los contratos petroleros y hoy están a la vista los resultados, lo grave en esta coyuntura es la declinación de la producción nacional de petróleo, que afecta directamente a la obtención de diesel, gasolina y GLP.
Por otra parte sus voceros, entre los que están personajes como Carlos D’Arlach, echan el grito al cielo cuando se empiezan a tomar medidas para concretar, en un horizonte de mediano y largo plazo, a un YPFB que empezará a desarrollar su programa de exploración, como el recientemente iniciado a fines de octubre en el norte del departamento de La Paz.
Ahora, cuando los recursos para estas acciones están consignados en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) e implican la utilización de cerca de 1.000 millones de dólares, no pocos especialistas petroleros -todos vinculados a los gobiernos anteriores- sostienen que la empresa estatal no debe tomar el riesgo de explorar.
Según las autoridades del sector y otros especialistas, la oposición a la política petrolera tiene como objetivo echar el manto de olvido a una realidad: Que todos los grandes descubrimientos gasíferos hoy en explotación fueron responsabilidad precisamente de YPFB y sus programas exploratorios. Ahí están los campos San Alberto y San Antonio.
Y nuevamente se hace manifiesta la contienda por los hidrocarburos. La contraofensiva transnacional, después de haber estado años con las inversiones en exploración en picada y con la lógica del saqueo priorizando las inversiones en explotación y desarrollo, hoy le quieren negar al país el ejercicio de sus propias atribuciones.
De hecho, la situación actual del sector contradice abiertamente lo declarado en inversión por las petroleras, con un estimado de 3.000 millones de dólares, y más apunta a confirmar que las inversiones fueron radicalmente menores a las comprometidas en la “capitalización”.
EL DESAFÍO
Pero si las transnacionales y los operadores políticos apuestan al fracaso de la nacionalización, la contienda por los hidrocarburos le asigna al gobierno un gran desafío.
La principal autoridad de YPFB, según se ha observado en los últimos días, parece estar convencida que lo decisivo para alcanzar la soberanía energética pasa porque la empresa estatal recupere a plenitud sus capacidades de operación y que debe hacerlo transformándose efectivamente en una empresa corporativa en la que las unidades de negocios hagan una gestión basada en resultados y con estados financieros permanentemente actualizados y en línea, es decir sean absolutamente transparentes y creíbles.
“Si no damos un salto, entonces de nada sirve haber llegado hasta aquí”, afirmó Santos Ramírez, presidente ejecutivo de la estatal petrolera.
Por otro lado, algunas voces se alzan en el Congreso Nacional, lo cual alienta a Ramírez por caminar en la dirección de modificar la Ley 3058 para corregir ese presente griego que le dejó al país una Ley que le otorgó nuevas atribuciones a YPFB, sin otorgarle absolutamente un solo peso para ejecutarlas.
Dicho de otra manera una parte de la renta petrolera tendrá que ir tarde o temprano a financiar proyectos que generen más renta.
Donde no puede existir la menor dubitación es en el combate a la corrupción. El presidente Evo Morales ha manifestado públicamente que existen mandos medios involucrados en actos ilícitos y Santos Ramírez está decidido a erradicar ese delito, según ha señalado.
Y el desafío no es para menos, la corrupción debe ser arrancada de cuajo, combatida con determinación y dureza táctica pero también desarrollando políticas de largo alcance.
Falta poco para el referéndum constitucional y dirimidor en el tema de la tierra. El año 2009, según ha manifestado la oposición y lo ha advertido el gobierno, los temas de la gestión en su variante económica se anticipan como centrales en la contienda y, dentro de este escenario, los hidrocarburos se pondrán en la mira.
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