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3 arrestos domiciliarios por piscina olimpica

Publicado por Tarija on Jun 10th, 2010 y clasificado en Corrupción, Tarija. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

A eso de las 08:45 de ayer, el juez Segundo de Instrucción en Materia Penal, Heby Ponce de León, dio inicio a la audiencia de medidas cautelares en la que se definiría la situación jurídica de los ex funcionarios prefecturales Arturo Lema, Esteban Villena y Elvira Guillen, todos acusados por varias irregularidades en la ejecución del proyecto Piscina Olímpica. Al término de casi seis horas de proceso, el juez determinó aplicar medidas sustitutivas alternativas a la detención domiciliaria. El proceso comenzó con la lectura de un memorial presentado por el representante del Programa Integral Anticorrupción (PIA) del Ministerio Público, Marcos Arce, en el que se explicó que, la denuncia interpuesta por Elba Flores Flores en fecha 29 de abril de 2009 en contra de Arturo Atilio Lema Molina, Esteban Manuel Villena, Elvira Guillén Paz de Colodro, todos en su condición de servidores públicos de la Prefectura del departamento, es por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el cargo, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, todos estos enmarcados en los artículos del Código de Procedimiento Penal 154, 146, 150, 224, 221, y contra Sergio Donoso Trigo, en su calidad de representante legal de la asociación accidental Ecotar y Asociados, en calidad de cómplice por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el cargo, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado tipificados en los artículos 154, 146, 150, 224, 221 del Código de Procedimiento Penal.

La audiencia

Luego de cumplido este proceso, el juez Ponce, con el característico martillazo, dio por iniciada la audiencia de consideraciones de medidas cautelares. El Ministerio Público comenzó con la primera intervención, previa recomendación del presidente del Tribunal de evitar la redundancia y ahondar en detalles que él ya conocía, fundamentando el porqué de su solicitud de imponer a los imputados la medida de última ratio, como es la detención preventiva en el penal de Morros Blancos.

“A todos los imputados se les ha atribuido el incumplimiento de deberes, y esto porque no se ha cumplido con la norma básica, no se ha cumplido el reglamento, la ley, el reglamento del funcionario básico…, y tampoco se ha cumplido con la Ley 1171, consiguientemente, los imputados dolosamente han omitido dar cumplimiento a una obligación que les era propia”, expresó Arce.

El fiscal también explicó al juez que se imputó a Arturo Lema, Elvira Guillén y Esteban Villena por el delito de contratos lesivos al Estado, asegurando que este documento fue firmado por todas las personas que allí se encontraban el 24 de noviembre de 2006. “Este contrato, señor juez, no garantiza al Estado una buena ejecución de obras porque es imposible que se ejecute una obra en lugares indeterminados, no es posible que el Estado pueda elaborar un diseño técnico actualizado, consiguientemente, todos los imputados, en su calidad de funcionarios públicos, han causado un daño económico al Estado”, manifestó.

Peligros procesales

El fiscal también refirió a la imputación el delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Mientras que, en relación a Lema, ex secretario general de la ex Prefectura, Arce dijo que esta persona también cometió el delito de uso indebido de influencias, esto por el hecho de haber autorizado, a favor de Sergio Donoso Trigo y la asociación que representaba, desembolsos millonarios en menos de 24 horas, sin que existiera ningún control por parte del Estado. “Pero también en la cláusula segunda del contrato, establece que la empresa Líder Conalci SRL será la encargada de la administración de los recursos financieros utilizando para ello sus propias cuentas bancarias”, relató.

Defensa

Uno de los abogados de Lema, Juan Aparicio, a tiempo de aclarar que solamente se referiría al peligro procesal de fuga por el que habría sido aprehendido el lunes pasado, solicitó al juez “control jurisdiccional” amparándose el artículo 54, numeral 1 de la Ley 1970, por el requerimiento de aprehensión emitido por el fiscal PIA contra su cliente, emitida el pasado 7 de junio. “No olvidando el artículo 22 de la Constitución Política del Estado, que establece que la dignidad y la libertad del imputado son inviolables y es un deber a través de su autoridad (el juez) protegerla, como demostraremos que fue innecesaria, indebida y excesiva tal resolución”, expresó a tiempo de aclarar que juntamente con la abogada Mónica Ugarte asumirán la defensa de este ciudadano.

También recordó que en actuaciones judiciales anteriores, dentro de este caso, Lema Molina expresó su voluntad de cooperar con la investigación y esclarecimiento de los hechos. Pero Aparicio también se refirió al argumento del fiscal que indica, de acuerdo a registro del Servicio de Migración, que en repetidas ocasiones, hace un año aproximadamente, Lema no registró su ingreso al país tras realizar un viaje a la Argentina.

Para el abogado, ésta sería una situación común, toda vez que muchos de los ciudadanos, comúnmente, no registran su ingreso cuando realizan un viaje a Bermejo y deciden regresar por Yacuiba o viceversa.

Arturo Lema

En la defensa material, Arturo Lema, que realizó una corta intervención, hizo referencia a sus años de experiencia en el aparato público y como profesional, también aseguró que, al contar con familia y trabajo en la capital, su intención de fuga del país no se hace evidente e hizo hincapié en sus deseos de que estos hechos se esclarezcan lo más pronto posible, para lo que ofreció su completa cooperación y sometimiento a la justicia. “Durante el tiempo en que ejercí mi profesión, nunca tuve algún inconveniente, además, me desenvolví en diferentes áreas, pero también debo aclarar que en un proyecto nunca se deja de corregir errores hasta que se llega al final, pero además, señor juez, mi esposa y yo siempre trabajamos honradamente para tener un patrimonio, pero además la opinión pública y su autoridad deben conocer que en la actualidad tenemos una deuda de 70 mil dólares”, comentó.

El fallo judicial

Luego de las cerca de seis horas de audiencia, el juez Ponce expresó que una vez valorados los antecedentes presentados por las partes se dispuso una detención de carácter domiciliario, sin custodia policial, además de un arraigo a nivel departamental.

“Se ha podido determinar de esa manera el fallo, pues no se ha acreditado que existan peligros procesales latentes y esto la Fiscalía también lo ha podido reconocer, lo único que se tenía como entrabamiento es que tenía un flujo migratorio en el que no registró su reingreso, pero este documento data de 2008, o sea que no hay un peligro latente de fuga, no es actual, todos tienen sus domicilios, trabajos, etcétera, constituidos en el departamento, es más, todos se han estado presentando a la investigación, entonces, de ninguna manera se puede imponer una medida de última ratio”, expresó Ponce.

Agregó que teniendo cuidado en la aplicación de la ley y para asegurar el desarrollo de la investigación de la verdad es que también se aplicó una medida que tiene por objetivo cumplir esta finalidad y que es menos severa porque estarán detenidos en sus domicilios y también impedirá que tengan acceso a los documentos y que tengan contacto con los testigos.

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