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Afirman que CDE incurre en un absurdo juridico al administrar referendo cruceño

Publicado por tarijalibre on Feb 14th, 2008 y clasificado en Autonomía. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

Los constitucionalistas Benjamín Miguel Harb y José Luís Gutiérrez Sardán afirmaron el jueves, por separado, que la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz (CDE) ha incurrido en absurdo jurídico al haber aceptado administrar un referéndum departamental para validar sus estatutos autonómicos bajo el argumento de presunción constitucional.

El vocal de la Corte Departamental Electoral cruceña, José Antonio Ayala, dijo hoy que la CDE cruceña no fue la que convocó al referéndum regional, sino el prefecto Rubén Costas, y que como organismo electoral asume ese reto bajo la presunción de su constitucionalidad.

“La Corte ha tomado una posición institucional apegada al principio de presunción de constitucionalidad, ese ha sido el argumento central de la Corte Departamental Electoral, porque no podemos desconocer una resolución de una autoridad electa (Costas)”, aseguró el vocal electoral de Santa Cruz.

En realidad, el Prefecto cruceño no fue electo para el cargo sino seleccionado en las urnas para ser designado por el presidente Evo Morales como representante del Poder Ejecutivo en el departamento de Santa Cruz.

Para el constitucionalista Gutiérrez Sardán, ese argumento no deja de ser un absurdo jurídico e imprudente que aprovecha que el Tribunal Constitucional atraviesa una crisis interna que debe ser resuelta por el Congreso Nacional por dos tercios de voto, conforme establece la actual Constitución Política del Estado.

El jurista explicó que al no haber el quórum correspondiente en el Tribunal Constitucional no es prudente realizar ninguna consulta, porque no existe capacidad de pronunciamiento y menos el tiempo adecuado para una respuesta, toda vez que la convocatoria al referéndum departamental está previsto para el 4 de mayo.

“En las condiciones actuales podría consultarse cualquier cosa y mientras no haya una respuesta presumir la constitucional y eso termina siendo un absurdo jurídico”, aseguró Gutiérrez Sardán.

Además, explicó que la Ley No. 2769 de Referéndum establece con claridad que mientras no esté constituido democráticamente y por voto popular uno o más gobiernos departamentales, la consulta nacional o departamental solo puede ser determinada por dos tercios de voto del Congreso Nacional.

Es decir, mientras Costas fue seleccionado, los consejeros departamentales cruceños no son producto de una elección popular y menos tienen facultades legislativas.

Por lo que la convocatoria realizada por el prefecto cruceño no solo es ilegal sino anticonstitucional porque se está transgrediendo la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico vigente.

“Es un tema que trasciende el ámbito estrictamente jurídico, se están asumiendo actitudes de hecho que no son respetuosas, ni de la legalidad ni del sentido común”, dijo Gutiérrez Sardán.

“El hacer una consulta constitucional, sabiendo que (el Tribunal Constitucional) no tiene el quórum; entonces puede preguntársele el absurdo más grande y no por ello va a ser constitucional, porque se sabe que no se puede”, aseguró.

El jurista no descartó que por esas irregularidades de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, la Fiscalía General de la República, la Corte Nacional Electoral o el Congreso Nacional inicien un juicio de responsabilidades que podrían derivar en sanciones.

A su vez, el constitucionalista y ex legislador, Benjamín Miguel Harb, calificó como una vulneración de la norma jurídica y un peligro para la unidad del país la decisión de la Corte Departamental de Santa Cruz de administrar el referéndum cruceño, toda vez que “ese tipo de consulta podría terminar descuartizando al país”.

Por lo que desde su punto de vista, el Gobierno tiene todos los argumentos para iniciar un proceso a los vocales de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz por el delito de prevaricato y exceso de ejercicio de atribución.

Por orden del Consejo Departamental de Santa Cruz, no electo por voto popular, el prefecto Costas dispuso el desembolso de 10 millones de bolivianos para llevar adelante el referéndum departamental para validar su estatuto autonómico, el mismo que está previsto se realice el 4 de mayo de 2008.

Ante este hecho, no se descarta que la Contraloría General de la República también inicie una investigación respecto del destino de esos recursos, ya que se presume que se cometería una malversación.

A los criterios expresados por Miguel Harb y Gutiérrez Sardán, se anticipó el pasado lunes el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, quien aseguró que es ilegal y de facto la convocatoria a referéndum realizado por el prefecto de Santa Cruz.

Dijo que en ninguna región del país han sido conformados los gobiernos departamentales por el voto popular como lo establece la Ley No. 2769 del Referéndum.

García Linera dijo que para que un gobierno departamental llame a referéndum regional previamente debe ser electo democráticamente por voto.

Es decir que el Prefecto (Ejecutivo) y la Asamblea o Consejo Departamental(Legislativo) deben ser necesariamente electos por voto popular, y que mientras no suceda eso es el Congreso Nacional la única instancia que tiene la facultad de convocar a una consulta nacional o departamental.
Lcr/Dgav ABI

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