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Albó y Romero aportan pruebas del reconocimiento estatal, ya en 1990 y 96, a yuracaré moxeños

Publicado por Tarija on May 17th, 2011 y clasificado en Autonomía, Santa Cruz, Órgano Electoral, Órgano Judicial. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, estudioso de los pueblos originarios de Bolivia, confirmó el domingo la existencia institucional de la comunidad yuracaré moxeña, reconocida además por el Estado en 2008, en la forma de “matrimonio interétnico”, mientras que el antropólogo jesuita, Xabier Albó, dijo que esta “simbiosis” etnocultural data de 1990.

Las afirmaciones del político y sacerdote católico se inscriben en la densa polémica desatada por la decisión del vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Alcides Villagómez, de negarse a ministrar posesión a un representante y su suplente de la conformación yuracaré moxeña, bajo el argumento que no existe en el texto constitucional, un acto de “flagrante discriminación”, según el ministro de Comunicación, Iván Canelas.

“Son comunidades que resultan de la confluencia de dos grupos etnoculturales que han formado una sola población; han formado matrimonios interétnicos que resultan de la confluencia de poblaciones indígenas de culturas distintas que por una serie de procesos sociales migratorios o micromigratorios van entremezclándose y constituyendo una sola población”, explicó Romero entrevistado por la radio y televisión del Estado.

Por su parte Albo refirió, en el mismo medio, que “desde siempre los yuracarés y los moxeños han sido muy cercanos” y que esta yunta político social y ahora biológica se originó en la histórica Marcha por el Territorio y la Dignidad, que recorrió en 1990 más de 1.000 km entre la ciudad amazónica de Trinidad y la andina La Paz, en demanda de homologación estatal.

“Por ejemplo a la marcha esa que se hizo el año 90 pues caminaban juntos los yuracarés y los moxeños y consiguieron el territorio que se llama multiétnico que es éste que está entre Cochabamba, y Santa Cruz, en el Tipnis (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure)”, apuntó.

De acuerdo con Albó, un experto de décadas de la historia y desarrollo de los pueblos originarios de Bolivia, al menos 36 según su carta constitucional, la comunidad yuracaré moxeña, “un pueblo semisedentario”, se encuentra actualmente emplazado en el municipio de Yapacaní, en Santa Cruz.

Por separado, tal como la institucionalidad estatal los reconoce, viven tradicionalmente en los márgenes de los ríos en diversos emplazamientos de las tierras cálidas de un triángulo geográfico conformado por los departamentos de Beni (nordeste), Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).

De acuerdo con el Censo de 2001, la población moxeña es de al menos 14.000 y la yuracaré de 1.000.

Abogado de pueblos originarios del este, norte y nordeste amazónicos durante dos décadas hasta 2008 cuando devino en funcionario estatal, Romero subrayó que los yuracaré moxeños, como fusión interétnica, tramitaron su reconocimiento en 1996, durante la administración del expresidente ultraliberal Gonzalo Sánchez de Lozada.

De acuerdo con el ministro, los yuracaré moxeños cumplieron ampliamente con requisitos legales para ser reconocidos como sujeto de derecho en arreglo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es decir autoidentificarse como pueblo indígena y montar una estructura organizativa diferenciada del resto de la sociedad que acredite la pervivencia de sus propias instituciones culturales.

“Por eso tramitó una demanda de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) en la gestión del ex presidente Sánchez de Lozada (1993-1997) que fue admitida por el Estado boliviano en esa gestión de gobierno. Prosiguieron sus trámites en esa gestión de gobierno de Sánchez de Lozada y luego, en el gobierno de Carlos Mesa, y titulada esa TCO finalmente en el gobierno de Evo Morales”, representó.

Romero dijo que en similar situación que los yuracaré moxeños se encuentran los moxeño trinitarios, entre Trinidad y San Ignacio de Moxos, los moxeño ignacianos en la zona del Isiboro Sécure, también en el departamento Beni, y los yaminao machineri, en Pando.

Los yuracaré moxeño que reclaman un asiento negado en la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, lo que ha desatado un crisis política en ese departamento que lidera el gobernador opositor Rubén Costas, cuya formación política tiene mayoría en esa instancia fiscalizadora, se asientan actualmente en los márgenes del Río Ichilo y también en una zona de confluencia con el departamento de Cochabamba, en la zona del tropical Chapare, centro este del país.

“Es decir no es una invención de este Gobierno la existencia de este pueblo yuracaré moxeño. Es un reconocimiento que ya ha hecho el Estado boliviano hace muchos años y desde hace muchos gobiernos anteriores”, resumió Romero al aportar pruebas institucionales de la homologación estatal a esta comunidad indígena, también reconocida en Santa Cruz cuando sus líderes, en apronte opositor incontestable proyectaron un estatuto autonómico en 2008.

“Ellos hablaban de la existencia de 5 pueblos oriundos del departamento de Santa Cryuz, los ayoreos, los guaraníes, los guarayos, los chiquitanos y, en ese momento, se decía moxeños y, luego, tras la verificación en situ en una inspección de campo que hizo la Corte Departamental Electoral, que era controlada por otra composición política anterior a la confirmación del Tribunal Electoral Plurinacional actual, hizo un informe de que evidentemente existen estas comunidades que responden a la nomenclatura de Yucararé Moxeño y que están en el territorio de Santa Cruz”, explicó el ministro.

La decisión de desconocer todo el dosier expuesto por Romero y Albó, por parte de Villagómez, que se negó a juramentar a una representante del pueblo yuracaré-moxeño, Rosmery Gutiérrez, y también a su suplente, también indígena, derivó en una querella por la afectada y en la decisión judicial de encarcelarlo de manera preventiva por desacato.

Contra el fallo judicial se alzaron el viernes último 2.000 personas en la ciudad de Santa Cruz.

Villagómez en tanto permanece en una clínica local a causa de un quebranto en su salud. Tras su recuperación será puesto tras de rejas, por delitos de desacato y resoluciones contrarias a la Constitución.

La decisión de encarcelar a a Villagómez, deriva de un proceso que Gutiérrez le instauró en noviembre de 2010, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expidió una resolución otorgándole a la representante del pueblo yuracaré- moxeño los credenciales de asambleísta departamental de Santa Cruz.

Tras la decisión de Villagómez de contravenir la orden del TSE, Gutiérrez apeló a la justicia y tres meses después, el jueves 17 de febrero último, la Sala Civil Segunda del máximo estrado judicial del país expidió una resolución para que la Asamblea Departamental de Santa Cruz habilite y posesione a la representante indígena y a su suplente Roberto Carlos Cortez Soria.

Tras el fallo judicial de detención de Villagómez, Costas denunció un presunto intento del Ejecutivo de promover un quiebre institucional en el departamento.

Las resoluciones del TSE no admiten revisión y son de cumplimiento obligatorio.

El correlato de fuerzas en la Asamblea Legislativa de Santa Cruz se inclina en pro del Partido Verde, de Costas, con el control de 14 de los 28 escaños.

El gobiernista Movimiento Al Socialismo controla 9 asientos y los indígenas 5, inclusive el consignado a la nación yuracaré moxeña.
Cc/ ABI

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