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Bolivia se suma a los paises que regulan la libre competencia

Publicado por tarijalibre on Abr 28th, 2008 y clasificado en Órgano Ejecutivo. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

Con la aprobación del Decreto Supremo Nro. 29519, que regula la libre competencia y la defensa del consumidor, Bolivia se suma a la lista de al menos 11 países que tienen esta norma en su legislación.

En la actualidad tienen reglamentación de competencia Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, Panamá y Jamaica. Además existen normas regionales de competencia para el Mercosur y el Pacto Andino.

El Superintendente de Empresas, Rolando Morales, dijo a la Agencia Boliviana de Información que la medida se orienta a “evitar que haya prácticas salvajes en el mercado”.

Una vez aprobado el decreto, el ente regulador trabaja en la elaboración de la reglamentación, para lo cual llegaron al país autoridades del Tribunal de Libre Competencia de Chile, quienes además se encargaron de capacitar a los funcionarios de la institución.

De acuerdo con un integrante de ese Tribunal chileno, Javier Belozo, el derecho a una competencia reglamentada crea una cultura de competencia entre los agentes económicos que con el paso del tiempo entienden y aprenden qué cosas y cómo se puede actuar.

“Esta normativa ayuda a la transparencia y a un mayor crecimiento económico”, dijo.

Belozo explicó que en su país el Tribunal de Libre Competencia funciona desde 2004, está integrado por tres abogados y dos economistas, que son nombrados por el consejo del Banco Central y mantienen total independencia del poder central.

Las funciones de este Tribunal son principalmente dos: preventiva y control de conductas de las empresas.

La labor preventiva se refiere al análisis que se realiza antes de que dos firmas se fusionen, donde prevalecen las condiciones de mercado antes que nada.

La labor de control de conductas se orienta a regular el abuso de dominio que cometen las compañías con el fin de eliminar a su rival, optando por medidas desleales y descalificadas, acciones que tienen una multa de hasta 20 millones de dólares o el cierre definitivo de la empresa.

Los casos más comunes, dijo, son el abuso de posición de dominio cuando las empresas que tienen poder de mercado realizan prácticas para impedir la entrada de competidores o excluirlos.

Por otro lado se encuentran las acciones típicas de discriminación de precios, cuando las empresas venden a bajos costos hasta que los competidores se retiran del mercado, entonces suben los precios a niveles superiores de los equilibrios fijados.

CONTROL GERMINA EN BOLIVIA

En el caso boliviano, el asesor jurídico de la Superintendencia de Empresas, David Alarcón, dijo que “estamos en etapa de germinación de lo que es establecer criterios de autoridad respecto a defensa de libre competencia”.

Desde 1994 la Ley Sirese señala algunos aspectos relacionados con la defensa de competencia y dio facultades a las superintendencias sectoriales, pero fuera de los mercados regulados.

El año 2002 se han establecido atribuciones de defensa de competencia para la Superintendencia de Empresas y en ese marco trabajo en esta nueva gestión, para diseñar la parte normativa de cómo se va a regular la competencia.

Alarcón señaló que el ente regulador como órgano administrativo con las facultades pertinentes velará la defensa de la competencia.

DECRETO

La norma en cuestión indica que el Ministerio de Producción y Microempresa elaborará el reglamento correspondiente en el término de 30 días computables a partir de la publicación de la norma, sobre aquellos aspectos necesarios para su efectiva y correcta aplicación.

Apunta que las conductas anticompetitivas absolutas son los actos, contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo propósito o efecto sea: fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos en los mercados.

Además, estarán en esta catalogación a los que establezcan la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la presentación o transacción de un número, volumen, frecuencia restringida o limitada de servicios.

Los agentes económicos que incurran en conductas anticompetitivas absolutas serán pasibles de la aplicación de sanciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudiera resultar.

Además, se define como conductas anticompetitivas relativas a los actos, contratos, convenios, procedimientos cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso, establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.

SANCIONES

Ese decreto supremo también establece sanciones sin perjuicio de las acciones por responsabilidad penal que corresponda. Los transgresores de esta norma serán pasibles a penas ya establecidas por la Superintendencia de Empresas o el Ibmetro.

Las sanciones se calificarán por la gravedad de la práctica, daño a la comunidad, utilidad obtenida, magnitud de efectos en el mercado, entre otros.

A los infractores se los amonestará, multará, suspenderá temporal o definitivamente, revocará la matrícula de comercio hasta el decomiso. Las instancias para hacer cumplir la ley podrán recurrir a la fuerza pública.
Maf/Dgav ABI

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