Tarija Libre

El Poder Ejecutivo afirmó este martes que el suspendido prefecto, Leopoldo Fernández, continuará en el departamento de La Paz en su calidad de confinado por desacatar el estado de sitio decretado en Pando.

La ministra de Justicia, Celima Torrico, y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, en conferencia conjunta, explicaron, por separado, que al Prefecto se le inició además un proceso por la masacre del Porvenir, acción que se ventila en el ámbito judicial y que está al margen de lo dispuesto por el estado de sitio.

“Para que quede claro, Leopoldo Fernández no sale del departamento de La Paz, Leopoldo Fernández es una persona confinada y se queda en La Paz no va ser confinada a Sucre”, afirmó el Viceministro.

El Juez Sexto de Instrucción en lo Penal Cautelar, Álvaro Melgarejo, determinó el lunes acatar la orden de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, de remitir en avión o avioneta al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández -ahora detenido en la cárcel de San Pedro-, y el expediente a Sucre.

El Prefecto de Pando fue detenido la semana pasada tras la masacre del Porvenir en donde perecieron al menos 18 personas. El Gobierno declaró estado de sitio en ese departamento y lo confinó a La Paz.

En la sede de gobierno, los familiares de las víctimas lo acusaron de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato. El juez Williams Dávila lo envió preventivamente al penal de San Pedro.

En ese marco, el Viceministro indicó que en caso de que se levantara la detención preventiva al ex prefecto, éste permanecerá en el departamento de La Paz en su calidad de confinado en el marco del Decreto Supremo Nro 29705 que determina estado de sitio en esa región.

En ese sentido, anunció que el ex Prefecto será traslado posteriormente a donde las autoridades correspondientes lo determinen.
Jcch/Rq ABI

El prefecto interino de La Paz, Pablo Ramos, denunció este miércoles que una gran parte de los directores y el personal de esta instancia salieron de vacación un día antes de su posesión en una clara muestra de boicot al trabajo, y ante ello, anunció despidos de los mismos si no retornan a su fuente de trabajo.

“En este inicio de gestión tenemos algunas dificultades vinculadas a que en los últimos días y en especial el último día la mayoría de las autoridades y parte del personal salieron de vacación”, manifestó Ramos en conferencia de prensa.

Calificó de “incorrecta” esta actitud por considerar que se encuentran en un proceso de transición.

Afirmó que a través de memorandos se está instruyendo que los mismos retornen a sus respectivos despachos, “respetando el derecho social de los que corresponda”, ya que consideró que esta instancia departamental no puede quedarse sin su directiva.

“El desacato es sancionado y vamos a proceder como corresponde, vamos a designar a las nuevas autoridades y se retirará de inmediato de los que no se presenten”, afirmó Ramos.

Similar situación se registró con el prefecto interino de Cochabamba, Rafael Puente, quien denunció que hubo irregularidades en la vacación otorgada a varios secretarios departamentales de la gestión de Manfred Reyes Villa que formaría parte de un complot para perjudicar a su gestión.

De acuerdo con Puente, más de 30 funcionarios, entre ellos los secretarios departamentales, se retiraron en pleno empleo, con lo que se intentó perjudicar el cambio de personal.

Ramos manifestó que se encuentra en proceso de selección de las autoridades prefecturales que formarán parte del equipo de trabajo de este corto tiempo.

Anunció que se continuará con las evaluaciones al personal de la Prefectura con el propósito de saber cuáles son los funcionarios institucionalizados, funcionarios antiguos y conocer los casos de funcionarios que no resulten eficientes.

Aseguró que se encuentran en el trabajo de conciliación de cuentas bancarias y que al momento se tiene 325 millones de bolivianos en las cuentas de la Prefectura, recursos que serán empleados para llevar adelante las obras pendientes.

Entre las obras ejecutadas y por iniciar suman 300 de las que garantizó su cumplimiento de acuerdo a lo presupuestado y planificado.
Al/Pta ABI

El presidente Evo Morales designó hoy a Pablo Ramos como prefecto interino del departamento de La Paz y a Rafael Puente de Cochabamba, a quienes encomendó la tarea de barrer con la corrupción en ambas prefecturas.

“Estoy convencido que estos dos compañeros, en estos dos departamentos, donde se ha denunciado permanentemente actos de corrupción, pues tienen la tarea, la obligación de limpiar toda la corrupción de estas regiones”, dijo el Mandatario tras promulgar los decretos 29688 y 29689 de designación de las nuevas autoridades.

De acuerdo con el recuento de la Corte Nacional Electoral, el ex prefecto de La Paz, José Luis Paredes, fue revocado de su cargo con el 64,5 por ciento de los votos en este departamento, durante el referéndum del pasado 10 de agosto.

Mientras la ex autoridad departamental de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue revocada con el 68,8 por ciento de los votos. El Presidente al contrario fue ratificado con el 67,41 por ciento de la preferencia electoral en todo el país.

Hoy, el Jefe de Estado saludó la experiencia ideológica y los conocimientos de los dos prefectos interinos a quienes manifestó su admiración y calificó como sus “profesores”, Ramos de economía y Puente de sindicalismo y política.

Puente, quien reemplaza a Reyes Villa, fue sacerdote, activista de los derechos humanos, viceministro de Régimen Interior y delegado presidencial en Cochabamba. Ramos, quien toma el cargo en vez de Paredes, es economista, fue tres veces rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y se desempeñó como concejal de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ramos, en su discurso, prometió concluir con todas las obras prefecturales en el departamento de La Paz y anunció la realización de una auditoría de la anterior administración en esta parte del país. Puente, a su turno, anunció que devolverá la unidad en Cochabamba.

Ambas autoridades permanecerán en sus cargos, hasta que “el Presidente de la República designe a los nuevos prefectos de departamento como resultado del proceso de selección correspondiente en los plazos fijados por ley”, según los decretos 29688 y 29689.

De hecho, el Poder Ejecutivo convocó, para el 7 de diciembre de este año, a elecciones de prefectos en La Paz y Cochabamba y de subprefectos y consejeros departamentales en todo el país. Ese mismo día se realizará el referéndum dirimitorio y aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.

La Secretaría General de la Prefectura paceña estará a cargo del ex ministro de Educación Félix Patzi y el mismo cargo en el departamento de Cochabamba será ocupado por el dirigente sindical David Herrera.
Dpp/Pta ABI

El Presidente de la República anunció este domingo que el 20 de octubre del presente se iniciaran los trabajos de exploración petrolera en el norte paceño.

En el marco de la inauguración del Complejo Deportivo en Munaypata, el presidente Evo Morales informó que desde el 20 de octubre, fecha de fundación de la ciudad de La Paz, comenzaran los trabajos hidrocarburíferos, en el norte del departamento creando para la concreción del proyecto que beneficiará a la región, 5000 empleos.

La norma que lleva el número 29.130 asegura la exploración y explotación de hidrocarburos, mediante la adjudicación de áreas de interés en zonas tradicionales y no tradicionales a favor de YPFB, y establecer los mecanismos de asociación a ser aplicados para el desarrollo de estas actividades.

El decreto apunta a la exploración de reservas de crudo que existirían en el Norte del departamento de La Paz, a donde los próximos días se trasladará el Presidente de la República y un equipo de especialistas de la estatal petrolera, para evidenciar las reservas.

El presidente Morales promulgó el miércoles 16 de julio la ley que aprueba los contratos de Petroandina Sociedad Anónima Mixta (SAM), formada por YPFB de Bolivia y PDVSA de Venezuela, para que inicie las tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en el Norte de La Paz (Sub Andino Norte) y Sub Andino Sur del país.

Para ello se tiene previsto una inversión de al menos 883 millones de dólares en varias regiones del país durante cinco años. En el norte paceño Petroandina invertirá 242,2 millones de dólares, mientras que en la zona central y los valles del territorio nacional la cifra es de 646,1 millones.

El enfrentamiento ocurrido entre mineros y policías en Caihuasi, ubicado en el tramo La Paz - Oruro, dejó el saldo lamentable de dos personas muertas y una veintena de heridos de ambos bandos; el hecho ocurrió a las 06.00 de este martes.

De acuerdo al reporte de la Policía, un contingente de uniformados provenientes de Cochabamba arribó al lugar a las cero horas de hoy con la finalidad de persuadir a los aproximadamente cuatro mil mineros para que levanten el bloqueo en el sector de Caihuasi iniciado en la madrugada del último lunes.

Las negociaciones se extendieron por toda la madrugada hasta que la actitud violenta de los mineros comenzó a ser un riesgo para los casi 400 vehículos, entre camiones, buses, traileres y unas cuatro cisternas cargados de combustible, que se encontraban varados en el lugar a causa del bloqueo.

Los trabajadores del subsuelo comenzaron a arrojar cachorros de dinamita sobre el convoy de vehículos desde los cerros circundantes al lugar del conflicto, en donde una gran mayoría de mineros se encontraban parapetados.

Ante el peligro de que los explosivos afecten a las personas que se encontraban varadas y que estos lleguen a impactar en los carros cisterna, con las graves consecuencias llegado el caso, la Policía se vio obligada a intervenir, lo que enfureció más a los mineros.

La situación que se tornaba insostenible pudo ser controlada gracias al refuerzo de otro contingente enviado desde La Paz, cuyas fuerzas del orden lograron despejar la vía con el uso de agentes químicos.

Entre los manifestantes los efectivos policiales detuvieron a tres personas que no pudieron escapar porque se encontraban en completo estado de ebriedad, una mujer y dos hombres, a quienes, luego de una requisa, se les descubrió en posesión de cartuchos de dinamita que pretendían ser usados en contra de los policías.

De acuerdo a versiones del Gobierno, los mineros incitaron a la violencia cuando atacaron a la flota de la empresa Trans. Azul, hecho que provocó la reacción de los uniformados con agentes químicos para proteger y evacuar a los pasajeros.

Sin embargo, la euforia de los manifestantes, que en ese momento no pudo ser contenida por la fuerza del orden, llevó a incendiar completamente el bus de transporte público.

También se denunció que reportes de inteligencia constataron que los trabajadores mineros de Huanuni, en Caihuasi, hicieron uso de armas de fuego.

Entre otros destrozos, los manifestantes intentaron arrasar con el puente Caihuasi con un explosivos adheridos a su estructura. Estos eran dinamita y Anfo, elaborado en base a una potente mezcla de nitrato de amonio con diesel.

Producto de unas dos o tres explosiones, la estructura del puente fue dañada en parte, por lo que aún es utilizado una de sus vías para el tráfico de vehículos.

VÍCTIMAS

El Gobierno confirmó que la primera victima de los hechos en Caihuasi fue identificada como Hernán Montero Claros, de 26 años de edad y electricista de la mina Huanuni.

El caso pasó a manos de la Fiscalía de Oruro y de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para su respectiva investigación.

El segundo muerto registrado, de acuerdo a la Red Erbol, es Miguel Vicente Alegre Antonio. Las causas de su deceso aún no están determinadas. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Obrero de la ciudad de Oruro.

Asimismo, se calcula que los heridos, hombres y mujeres, entre estos policías, casi llegan a las 30 personas, todas evacuadas de emergencia a diferentes nosocomios de la capital orureña.
Fas/Dgav ABI

El fiscal Quenta dijo a la prensa, el lunes 22, que José Luís Paredes Sánchez, depositó $us.230.000 en la cuenta de una “Fundación Unión y Solidaridad” (cuya presidenta es… Luz Bolivia Sánchez Vaca de Paredes, esposa del Prefecto) en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (España). Otros depósitos fueron hechos por José Hernán Paredes Sánchez, por $us.470.000 y $us.300.000. Esos fondos suman… $us.1.735.550,65.

Para Quenta, esos movimientos, detectados por la Unidad de Investigaciones Financieras–UIF, dependiente de la Superintendencia de Bancos son, al menos, “sospechosos” e incurrían en el delito de “Legitimación de ganancias ilícitas”, o sea “blanqueo” o “lavado” de dinero.

Paredes declaró ante la Contraloría General de la República–CGR, que sus bienes alcanzan a Bs.3.417.346 ($us.478..358) y, su escueta hoja de vida menciona dedicación (casi exclusiva) a la actividad política y la función pública. Él fue miembro de la Corte Electoral, Director Nacional de Migración, diputado, alcalde de El Alto (la ciudad más pobre del país) y hoy (aún) prefecto.

Quienes lo conocen, saben que vive en una mansión (así como suena) de la Urbanización Remedios (en la exclusiva zona sur de La Paz) que tiene piscina y cancha de golf. Que tiene empresas, como Café Ciudad, Canal 24 TV Norte–El Alto, Academia Indianápolis (de conducción automotriz, La Paz y El Alto), Radio Ciudad, y otros.

Esta actividad empresarial, de la que Paredes habla en público, no está declarada ante el Estado y su salario como funcionario público no le permitiría tener una renta de Bs.382.176 ($us.52.713) como declaró ante la Contraloría. Entonces, ¿de dónde salen esos $us.1.7 millones, que investiga el fiscal Quenta? Una hipótesis válida es malversación (o desvío) de fondos público-estatales.

Además, Paredes tiene varios antecedentes delictivo-políticos: 1) Como alcalde de El Alto (en alianza con Hugo Bánzer, Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada) no proyectó, siquiera, un sistema de alcantarillado pluvial para El Alto. 2) Prebendalizó en extremo a la élite dirigencial-social de esa urbe, por ejemplo con la trístemente célebre “Asamblea de la Alteñidad” a cuyos (ingenuos) dirigentes manipuló (en complicidad con Luís Vásquez) a gusto y sabor (apellidos como Usnayo, Mamani, o Lavayén, fueron parte de esos abusos). 3) Pese a que pasaron 18 años, no se aclaran “asuntos” como “Corte Electoral-La Banda de los cuatro-1989″, o “Dirección de Migración-Pasaportes Chinos-1992″ en los que fue protagonista.

Por tanto: 1) Es fundada la sospecha de negociados con fondos estatales; 2) Paredes “exporta” capitales al exterior, y en gran cantidad; 3) Engaña a l@s ciudadan@s de El Alto y del Departamento de La Paz; 4) No dejará de ser el (mirista–engatusador) de siempre; 5) El (aún) prefecto solo embauca a unos… muy pocos; 6) No debiera moroso conseguir los 361.055 votos del “No” para despacharle a su mansión… o a España.

Durante la gestión del presidente Evo Morales (2006 - 2008) las regiones recibieron por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 11.119 millones de bolivianos, monto que benefició a prefecturas, municipios y universidades.

De acuerdo con información del Ministerio de Hacienda en 2006 las regiones se beneficiaron con 3.520 millones de bolivianos, en 2007 con 3.904 millones de bolivianos y en lo que va de 2008 con 3.695 millones de bolivianos.

El IDH es un impuesto que pagan al Estado boliviano las empresas petroleras que explotan los hidrocarburos en Bolivia y se encuentra establecido en la Ley de Hidrocarburos 3058 vigente desde mayo de 2005.

Tiene una alícuota de 32 por ciento del total de la producción de hidrocarburos medida en el punto de fiscalización, es co-participado entre los departamentos productores (prefecturas, municipios y universidades), departamentos no productores (prefecturas, municipios y universidades).

Asimismo, participan el Tesoro General de La Nación (TGN), Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas, y Fuerzas Armadas, de acuerdo a los porcentajes establecidos por ley.

Durante los primeros meses de su aplicación (2005) las regiones recibieron 1.218 millones de bolivianos.

En un desglose por departamentos sólo tomando en cuenta los primeros seis meses de 2008 se tiene la siguiente distribución.

Chuquisaca 349.047.713 bolivianos, La Paz 555.415.890 bolivianos, Cochabamba 428.530.066 bolivianos, Oruro 349.047.713 bolivianos al igual que Potosí, Tarija 456.208.710 bolivianos, Santa Cruz 509.978.254, Beni 349.047.713 al igual que Pando.
Rd/Rq ABI