El Gobierno apunta a que la próxima administración de Estados Unidos pueda viabilizar el pedido de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindöague a Bolivia para que enfrenten el juicio por masacre de octubre de 2003.
Las cifras de organismos defensores de los derechos humanos señalan que 65 personas murieron durante la dura represión instruida por Sánchez de Lozada, otras nueve en los siguientes meses al no poder superar las graves secuelas de sus heridas, y al menos 400 heridos.
A cinco años las heridas de octubre no se cierran. Sánchez de Loada y sus colaboradores aún no responden por los hechos luctuosos, pues una serie de hechos han imposibilitado la concreción de la extradición de estos a Bolivia.
El exhorto suplicatorio de extradición se congeló en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por ocho meses, desde septiembre de 2005 al 8 de junio pasado, cuando fue remitido a la Cancillería para que la extienda al Departamento de Estado (Cancillería de los Estados Unidos).
El legajo de más de 800 hojas fue remitido a esta instancia en español cuando la Suprema debía encargarse de traducirlo y entregar a la Cancillería para que la envíe por el conducto regular, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores y Cultos, David Choquehuanca, en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).
“Ha habido ciertos retrasos. Nosotros, la Cancillería, somos vehículo nomás. A nosotros nos llegan documentos y lo presentamos”, argumentó el Canciller, quien precisó que ahora la tarea de traducción la realiza su despacho.
Indicó, además, que no puede una persona cualquiera realizar la traducción, sino gente autorizada por la embajada de los Estados Unidos en Bolivia y avalada por su Gobierno.
Dijo que este proceso se está completando y que cuando concluya será entregado al Departamento de Estado, sin precisar la fecha para ello y que se procese a los responsables de los hechos luctuosos del 2003.
En octubre de ese año, una rebelión popular se opuso firmemente a la enajenación del gas y su posterior venta a Estados Unidos por un puerto chileno; además que demandó la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
La reacción del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada fue una dura represión militar que causó la muerte de más de 65 personas y dejó al menos 400 heridas; de estas, otras nueve víctimas fallecieron por las graves secuelas de sus lesiones.
Sánchez de Lozada, junto a otros ministros, huyó de Bolivia. Entre ellos estaba Sánchez Berzaín, quien declaró que tiene asilo político en Estados Unidos desde marzo de 2005 que le fue extendido por el Departamento de Estado (Cancillería) de ese país.
El viceministro de Justicia Wilfredo Chávez, si bien reconoció que el asilo retrasaría en alguna medida la extradición de Sánchez Berzaín a Bolivia, afirmó que el Gobierno utilizará todos los argumentos para que éste responda por los crímenes que cometió, no sólo de lesa humanidad, sino de daños económicos al Estado.
A esto se suma el actual estado de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Estados Unidos que pasan por su peor momento histórico tras la decisión del presidente Evo Morales de expulsar al embajador estadounidense, Philip Goldberg, el pasado 10 de septiembre.
El Jefe de Estado boliviano fundamentó su decisión en que el embajador estadounidense buscaba dividir Bolivia, al apoyar las protestas en cinco de los nueve departamentos de Bolivia, que se extendió por más de 20 días y dejó 18 personas muertas en el departamento de Pando.
En respuesta, el 11 de septiembre el Gobierno de Washington expulsó al embajador boliviano ante la Casa Blanca, Gustavo Guzmán.
Estos problemas, según lo reconoce el propio Canciller boliviano, han impedido que ambos gobiernos inicien las conversaciones sobre la agenda de siete puntos que habían acordado en la reunión entre el presidente Evo Morales y el secretario adjunto para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Tomas Shannon, en julio pasado en La Paz.
De la agenda forma parte la Cooperación judicial entre Bolivia y Estados Unidos, en los casos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindöague e incluso de Luis Arce Gómez, ministro del Interior del ex dictador Luis García Meza.
Esto, además, se enmarca en el convenio de extradición de 1995 sobre cooperación judicial suscrito entre ambos países.
“Había una agenda positiva de siete puntos que debíamos trabajar, en esto surgieron estos problemas, expulsamos a su embajador, ellos también, entonces veremos cómo evolucionan” las conversaciones, dijo Choquehuanca.
Sin embargo, todo apunta a que este tópico, al igual que los seis temas, que son parte de la agenda, sea analizado con el nuevo Gobierno de Estados Unidos, teniendo en cuenta que el próximo 4 de noviembre el pueblo estadounidense elegirá a su nuevo Presidente, quien asumirá el mando en enero de 2009.
El pueblo norteamericano elegirá entre el republicano John McCain y el demócrata Barack Obama.
“Veremos (…) nosotros queremos relaciones con el que elija el pueblo estadounidense”, indicó el Canciller boliviano.
“Nosotros no escogemos, no vamos a decir que si es uno no vamos a tener acercamientos, o si es con otro vamos a mejorar. Hay que dejar que el pueblo norteamericano elija de forma democrática y cualquiera que fuera su presidente nosotros vamos a trabajar con él”, acotó.
Jcch/Dgav ABI
