Tarija Libre

El Gobierno afirmó este jueves que los actores del golpe de 21 de agosto de 1971, hoy conspiran contra la democracia y la economía con el fin de desestabilizar el proceso de cambio en el país, que logró el respaldo de 2/3 de bolivianos en el referendo del pasado 10 de agosto.

En un acto de recordación de los 37 años de la dictadura del Cnl. Hugo Banzer Suárez, los viceministros de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, y de Justicia, Wilfredo Chávez, coincidieron, por separado, que los actores de la conspiración en 1971 hoy conspiran contra el Gobierno.

“Estamos recordando la conspiración contra la democracia de 1971, pero el escenario de repite y los actores son la oligarquía que se resiste dejar el poder local y conspira contra el proceso y la economía”, apuntó Chávez.

Alentó a los bolivianos que existe 2/3 de apoyo al cambio y, en ese sentido, el Gobierno atacará también a la conspiración económica y evitará que el pueblo sea víctima del aumento de precios en los artículos de primera necesidad como la carne, aceite, azúcar y otros.

Dejó en claro que los recursos del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) es de todos y no de propiedad de prefectos que quieren controlar esos dineros que fueron conseguidos gracias a las jornadas de septiembre y octubre de 2003.

“Para nosotros es un conflicto fantasma, inexistente y político de la oligarquía que fue castigada en las urnas con el voto del pueblo”, enfatizó la autoridad.

A su vez, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, indicó que “hace falta que algunos cívicos y prefectos lean los resultados del referendo revocatorio y cómo más de 2/3 de los bolivianos dijo sí a la transformación pacífica”.

Al recordar el golpe de Hugo Banzer, explicó que “estas mismas instancias de poder de ganaderos, cívicos conspiraban contra la democracia hace 37 años”.

Denunció que “a estas instancias de poder no les importa la democracia, y sólo les interesa mantener sus privilegios mal habidos”.

Agregó que el ensayo escrito en 1972 por René Zabaleta Mercado, describió a la oligarquía que apoyó al golpe de Banzer señalando que “es una oligarquía que utiliza tres métodos; el discurso del separatismo, el racismo y regionalismo”.

Esa descripción es lo que pasa hoy, pero con la diferencia de que existe una convicción, que a través de la democracia plena vamos a consolidar la construcción de una sociedad más justa y humana, apuntó.
Dea/Pta ABI

Integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) intentaron violentamente impedir que comerciantes desarrollen sus actividades con normalidad en la zona del Plan Tres Mil que no acató el paro, lo que provocó la reacción de la gente que respondió a las agresiones de los unionistas.

Armados de palos, piedras y escudos de protección, con el fin de obligar a los vecinos y comerciantes de la zona a acatar el paro, se enfrentaron dejando a varias personas heridas.

De acuerdo a reportes de la Radio Erbol, vecinos y comerciantes al verse amenazados reaccionaron de igual manera, generando que la violencia gane lugar en la zona; finalmente lograron que los unionistas, tras una larga resistencia, retrocedan en su accionar.

La Policía fue trasladada al lugar para evitar mayores enfrentamientos, quienes dispersaron a ambos bandos con el uso de gases lacrimógenos.

A pesar de que dirigentes cívicos anunciaran el lunes, que la medida de presión se realizaría de forma pacífica para evitar generar violencia y confrontación en la capital cruceña, la jornada de este martes, se caracterizó por la violencia y por la intolerancia a quienes pretendían realizar sus actividades de forma normal.

El paro político convocado por el Conalde, hasta las primeras horas de la tarde, se cumplió de forma parcial en las ciudades capitales de las cinco regiones que pretendían llevar a cabo la medida de presión.
Afbs/Rq ABI

La Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de Tarija decidió no acatar el paro de 24 horas convocado por el Consejo Nacional Democrático (Conalde) y rechazaron la medida de presión por considerarlo político

“Este paro cívico, como de costumbre, pretende ser impuesto a la población que tiene sus negocios, además a quienes decidieron desarrollar su trabajo de manera normal, ya que tienen que llevar el pan de cada día a sus hogares”, manifestó Inocencio Almazán, dirigente de la Asociación de Juntas Vecinales de Tarija.

“Esta medida sólo busca satisfacer los intereses de unos cuantos, por eso no nos beneficia en nada y no lo apoyamos”, agregó.

Según Almazán, las 25 organizaciones barriales, tanto vecinos como sus dirigentes, que conforman la asociación, se encuentran molestos y cansados con las decisiones arbitrarias que asumen los dirigentes cívicos del departamento y que la realización de esta medida de presión se cometería una agresión contra la población.

Lamentó que hasta el momento en los diferentes barrios alejados del centro de la ciudad de Tarija, el prefecto Mario Cossío no haya realizado ninguna obra de beneficio de la población.

Así que no justificó la demanda de devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), por la cual se realiza el paro.

El dirigente barrial adelantó que su organización comenzará en los próximos días a realizar medidas de presión con el objetivo de que los recursos provenientes del IDH sean utilizados en la instalación de los servicios básicos para las zonas marginales de la ciudad.
Afbs/Rq ABI

El aporte de la Prefectura de Santa Cruz al pago de la Renta Dignidad representa el 5 por ciento de sus ingresos totales, lo que en cifras equivale a 37 millones de bolivianos. En el caso de Tarija, el monto que se le recorta a ese departamento para el pago a los ancianos representa el 1,7 por ciento de su presupuesto, es decir, 40 millones de bolivianos.

El ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, explicó a la red Patria Nueva, que las autoridades departamentales le mienten a la población cuando aseguran que se les está confiscando los recursos que necesitan para obras, cuando en los hechos el mayor ingreso que reciben las regiones no es por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sino por regalías petroleras.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Prefectura de Beni, Rafael Saavedra, dijo en una anterior declaración que para su región es de vital “importancia recuperar los recursos del IDH porque significan caminos, infraestructura, electrificación y desarrollo productivo”.

En el caso concreto de la prefectura cruceña, la autoridad explicó que entre el 65 y 70 por ciento de sus ingresos, es decir, 452 millones de bolivianos corresponde a regalías hidrocarburíferas y únicamente 16 por ciento (123 millones de bolivianos) corresponde al IDH. Es de este último monto que ese gobierno departamental aporta 30 por ciento para el pago de la Renta Dignidad.

Arce indicó también que la Prefectura cruceña elevó sus recursos entre 2005 y 2008, pues hace tres años recibía 394 millones de bolivianos y ahora percibe cerca a 711 millones.

Reiteró que los recursos que se recorta para el pago de este bono, no sólo a las prefecturas, sino a los municipios, al Tesoro General de la Nación (TGN) y al Fondo Indígena, irán a un fondo que garantizará la cancelación del beneficio en el futuro. Según el Ejecutivo, el número de 680.000 personas mayores de 60 años de edad, que actualmente forman parte de la población, se incrementará hasta el año 2050 al menos a tres millones de personas.

En las localidades de Santa Rosa de las Rocas, San Rafael, provincia Velasco del Departamento de Santa Cruz, indígenas del pueblo Chiquitano fueron desalojados de los recintos electorales por un personero de la prefectura del departamento y un miembro de la Corte Departamental Electoral.

“Son delegados acreditados ante la Corte Departamental Electoral (CDE), no tienen por qué desalojarlos de este recinto”, señaló la delegada presidencial Gabriela Montaño.

Gabriela Montaño advirtió que en la localidad de San Rafael de la provincia Velasco se está violando el Código Electoral, ya que varias personas votan de manera pública obligadas por los jurados electorales.

“Tienen que marcar la papeleta delante de los jurados electorales”, señaló Montaño.

El presidente de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz, Mario Orlado Parada, info

El gobierno nacional a través del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana denuncia a la comunidad nacional e internacional que Bolivia se encuentra en el “umbral de un verdadero golpe de Estado contra el orden constitucional”, y que en estas circunstancias la estrategia ya no es tanto frenar el Referéndum Revocatorio, sino derrocar al Presidente de la República y desplomar el orden democrático”.

En declaraciones realizadas a las 8:45 de este lunes desde Trinidad a través de la Red Patria Nueva, el titular del ministerio de la Presidencia afirmó que los sucesos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, con el uso de recursos de las prefecturas para movilizar a grupos de personas que protagonizan hechos de violencia, constituyen el preludio del golpe, es lo mismo que ocurría en los golpes de Estado de los años 80, dijo.

La autoridad elevó hoy una denuncia pública ante la población boliviana, la comunidad internacional y los observadores del Referéndum Revocatorio que se encuentran en el país. Advirtió que “estamos hablando de una estrategia ya no tanto dirigida a impedir el referendo, sino que busca la desestabilización del orden constitucional, de desplomar el orden democrático”.

“Por todo lo que está ocurriendo en Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni, tenemos que denunciar ante los bolivianos, ante la comunidad internacional y ante los observadores que se encuentran en el país que estamos en el umbral de un verdadero golpe de Estado contra el orden constitucional. Este es un montaje de golpe de Estado al típico estilo de las dictaduras. Para cualquier ciudadano de cualquier otro país donde se vive en democracia, lo que hoy día están haciendo los prefectos no es nada más que un acto de sedición, de desacato, de organización de fuerzas ilegales, paramilitares, para atentar contra todas las libertades públicas”, declaró el ministro desde Trinidad, donde fue víctima de un atentado el martes recién pasado.

“La organización de grupos facciosos, violentos, desde las propias prefecturas, pagados con la plata del pueblo no es nada más que eso, un verdadero golpe al orden constitucional. La irradiación de este modelo de violencia llevado adelante por la Unión Juvenil Cruceñista al resto de los departamentos, la forma como las prefecturas emplean los recursos públicos para impedir que la gente vaya a las urnas el 10 de agosto, la forma como financian a organizaciones sociales como el caso de los discapacitados, de los mineros en algún caso, de los transportistas, es un verdadero complot no sólo contra el Gobierno, sino contra la Constitución Política del Estado, y el objetivo de todo esto es derrocar, sacar al Presidente Evo Morales del Gobierno Nacional”, añadió.

Quintana explica esas acciones señalando que a los prefectos no les sale nada a pesar de que plantearon ellos mismos el Referéndum Revocatorio. “Hoy día están ante un escenario de derrota anticipada, de una derrota abrumadora, frente a ello no atinan a usar a emplear otra herramienta más que la violencia, la intimidación, el chantaje, el silenciamiento de la opinión pública”.

Además el ministro indico que los prefectos opositores tienen controlados a una buena parte de los medios de comunicación en estas regiones; los tienen sobornados, los tienen silenciados por la cantidad de plata que les pagan, para impedir que la gente se pronuncie a través de los medios.

El ministro pidió a la población boliviana mantener se movilizada y llegar al domingo en un ambiente democrático. “Tenemos que ejercer el derecho legítimo a despachar a su casa a las autoridades que han traicionado la confianza de su pueblo”.

Asegura que la única herramienta democrática que puede resolver nuestros conflictos de manera pacífica es el Referéndum Revocatorio. “Los bolivianos tenemos que apropiarnos del voto, tenemos que votar en el Referéndum Revocatorio”, añadió.gca

El Gobierno en los dos años y medio de gestión del presidente Evo Morales transfirió a los departamentos 33 mil millones de bolivianos por concepto de coparticipación tributaria, mientras que anteriores gobiernos en 12 años sólo entregaron 30 mil millones.

Morales destacó este hecho durante el mensaje- informe que pronunció este miércoles, en el marco de los actos de homenaje a los 183 años de independencia de Bolivia y afirmó que se trata de una “verdadera autonomía y profundización de la descentralización”.

Indicó que estas transferencias se cuentan al margen del bono Juancito Pinto y la renta Dignidad, que son recursos que se destinan a niños y ancianos, y que favorecen al desarrollo de los departamentos porque se inyectan recursos a la economía.

Esperamos señaló que estos recursos -de la coparticipación- sean “bien aprovechados” por las regiones del país y que vayan a fomentar mejores condiciones de vida para los bolivianos.

El Mandatario señaló que la lucha del pueblo hizo posible que el país incremente sus ingresos y por tanto se beneficien los departamentos, “no es plata del Gobierno, del Presidente, de alcaldes o prefectos, sino el pueblo” y debe favorecerlos.

Recordó que en el Poder Legislativo se oponían a aprobar la nueva Ley de Hidrocarburos 3058, la cual en la actualidad es la que permite los mayores ingresos para el país.
Maf/Rq ABI