Tarija Libre

El flamante vocal de la Corte Nacional Electoral, José Antonio Costas (CNE), luego de asumir posesión de su despacho este lunes, anunció que una de sus metas será contribuir a la consolidación de la imagen de la institución y concretar el referendo constitucional del 25 de enero con un Padrón Electoral de forma transparente.

El Congreso Nacional eligió a Costas como nuevo vocal de la CNE y así se garantizó el quórum respectivo en ese organismo, tras la conclusión del mandato de Jerónimo Pinheiro para llevar adelante el referendo constitucional del 25 de enero.

El vocal designado, quien obtuvo el respaldo de dos tercios de votos, 92 de los 136 parlamentarios presentes en el hemiciclo, dijo que su objetivo fundamental será de “trabajar por la consolidación institucional y para que el Padrón Electoral sea un referente logrando minimizar las denuncias en contra”.

Aseguró que no tiene militancia política y que su objetivo de siempre fue llegar al organismo electoral.

En ese marco se postuló desde el 2004, oportunidad en la que presentó una propuesta para ajustar el Padrón Electoral en base a mejoras en el Sistema de Identificación Personal.

“Me siento sorprendido, pero contento porque llegar a la CNE fue siempre mi deseo, sobre todo para ayudar con mi experiencia en lo que es la consolidación democrática en el país”, afirmó la autoridad electoral.

Costas recordó que ocupó un cargo en el área de telecomunicaciones en el aeropuerto de Viru Viru por casi 10 años, después y luego se incorporó en el área de informática.

Asimismo, indicó que estuvo trabajando en Tarija, en la Corte Electoral departamental como director de informática por más de siete años, y en ese periodo tuvo la oportunidad de participar en la consolidación del Padrón Electoral y la trascripción masiva del Registro Civil.

El Padrón Electoral es un instrumento para incorporar a los ciudadanos en los procesos electorales como tal.

Dijo que el Padrón Electoral se nutre de documentos que aporta la sociedad civil a la Corte Electoral y no es la Corte la que tiene el control sobre esos documentos.

En criterio de Costas, las denuncias sobre el Padrón Electoral es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad civil, porque hay problemas en los pasaportes, en el sistema de identificación y de carnetización.

“A mí me gusta trabajar con la finalidad de lograr que el Padrón Electoral sea lo más confiable posible al ciudadano. Yo consideró que la Corte Electoral no está destinada a opinar políticamente, la tarea es llevar adelante los procesos electorales”, enfatizó el vocal Costas.

Añadió que la tarea más difícil es el referendo del 25 de enero y como Corte Electoral se puede encarar todos los ajustes al Padrón Electoral, de tal manera que en el momento del voto se pueda garantizar en el margen humanamente posible esa fidelidad en el voto y la relación un ciudadano, un voto.

“Yo no tengo militancia política. Mi postulación fue el 2004 con el objetivo de hacer un ajuste al Padrón Electoral en función a un trabajo desarrollado en un análisis del sistema de identificación personal y el sistema de biometría”, añadió Costas.
Mpa/Rq ABI

El Congreso Nacional garantizó este sábado la realización del referendo del 25 de enero de 2009 por la nueva Constitución Política del Estado (CPE) con la elección de Antonio José Iván Costas Sitic como nuevo vocal de la Corte Nacional Electoral (CNE).

Costas recibió el apoyo de 92 legisladores de los 136 diputados y senadores presentes en la sesión de Congreso, seguido de José Marcos Uría García con 88 votos y de Roxana Ybarnegaray Ponce con 85 votos, los tres más votados de los 40 postulantes.

Mientras que ninguno de los postulantes al Tribunal Constitucional logró los dos tercios necesarios del total de sus miembros para ser elegidos. La postulante que más votos logró fue Maria Yamile Hayes Michel con 59 votos.

“Se ha elegido a un vocal de la Corte con lo que se está garantizado la realización del referendo del 25 de enero (por la nueva Constitución) y celebramos este hecho”, indicó el vicepresidente Álvaro García Linera en conferencia de prensa tras suspender la sesión de Congreso.

Además afirmó que continuarán trabajando para designar autoridades y si hasta ante del 25 de enero no se logra ese cometido, se dejará a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Costas asumirá el cargo en sustitución del ex vocal Jerónimo Pinheiro quien el pasado 16 de diciembre cumplió su mandato.

García Linera no ocultó su satisfacción porque con el voto directo y transparente de los legisladores se haya elegido al nuevo vocal para el organismo electoral.

“Se ha cumplido parte de lo que teníamos por objetivo”, dijo el Segundo Mandatario de los bolivianos al insistir que continuará en el trabajo para que se logren los consensos necesarios y se designe a las demás autoridades de Estado hasta antes del 25 de enero.

“En el caso de algunas autoridades judiciales si no logramos nombrarlas hasta el 25 de enero ya tendrán que ser elegidos por el Congreso plurinacional”, indicó.

El Congreso debe designar a ocho magistrados para el Tribunal Constitucional (cinco titulares y tres suplentes), un Ministro para la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General de la República y un vocal para la CNE.

COSTAS SITIC, ANTONIO JOSÉ IVÁN

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:

24 de Marzo de 1957 en a ciudad de Santa Cruz.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciada en Ingeniería en Sistemas Electrónicos, Escuela Militar de Ingeniería (EMI).

Maestría en Base de Datos, Multimedia y Redes, Universidad Juan Misael Saracho.

Diplomado en Pedagogía, Universidad Juan Ismael Saracho.

Varios cursos de formación y seminarios en Telecomunicaciones y Aeronavegación, Seguridad, Control y Auditoria de Sistemas de Información, Ley SAFCO entre otros.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Gerente Administrativo de “Bodegas y Viñedos Casa Grande SRL”.
Asesor Técnico de Consejo de la administración de la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija COSETT.

Consultor el BID para el PAN.
Director de Informática Corte Nacional Electoral Departamental de Tarija.

EXPERIENCIA EN DOCENCIA

Docente de la materia de Cibernética de la Universidad Juan Misael Saracho.
Docente de Electrónica en la Escuela Militar de Ingeniería.
Jcch/Rq ABI

La Organización de Estados Americanos (OEA), como parte del componente 5 de la Auditoría al Padrón Electoral, instaló una oficina de denuncias para que la ciudadanía haga llegar información documentada acerca de anomalías en el Padrón Electoral.

En un comunicado publicado en los periódicos de circulación nacional, la OEA convocó a las instituciones y ciudadanía en general a informar sobre cualquier anomalía o irregularidad relacionada con el Registro Electoral en la oficina habilitada para ese fin en el piso 8 del edificio María Haydee, ubicado en la ciudad de La Paz, avenida 20 de octubre No. 2396.

Los interesados deben presentar la información personalmente, por escrito y acompañada de los antecedentes que la sustenten.

La información deberá contener el nombre completo, número de cédula de identidad y firma de la persona o representante legal responsable de la información proporcionada. Este módulo de denuncias estará habilitado entre el viernes 21 y el domingo 30 de noviembre.

El equipo de auditoría de la OEA se ha desplazado a las cortes departamentales para trabajar directamente con ellas en el proceso de auditaje.

La primera fase de la auditoría al Padrón Electoral concluye a finales de diciembre con las recomendaciones de corto plazo.
Rdc/Pta ABI

Residentes bolivianos en la Argentina, en su décimo día de huelga de hambre en instalaciones de la sede de los fabriles en La Paz, exigieron este sábado a la Cámara de Senadores de Bolivia aprobar la ley que habilita a ciudadanos bolivianos en el exterior emitir su voto en procesos electorales en el país.

“Esta medida es hasta que el Senado destrabe la ley del voto de los ciudadanos bolivianos en el extranjero. No encontramos razones o explicaciones del porqué esta ley no se concreta”, afirmó el representante de los huelguistas, Mario Flores.

Manifestó que esta ley es necesaria para que las personas que viven en el exterior no sufran situaciones de exclusión, racismo, xenofobia, trata de personas, entre otras y se les reconozcan sus derechos humanos.

Argumentó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, como los tratados internacionales que Bolivia ratificó con Naciones Unidas y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, el huelguista Primo Conde, afirmó que los ciudadanos merecen respeto tanto en el exterior como en Bolivia y por sobre todo que respeten los derechos humanos en cualquier parte del mundo, “hecho que están obviando los senadores como el presidente de la Cámara de Senadores Oscar Ortiz”.

Aseguró que otro argumento legal que respalda su pedido, es un amparo constitucional que se ganó el 2005, donde el Tribunal Constitucional emitió un fallo a favor del tratamiento de esta ley.

“En amparo señala de que si no se cumple se tenía que haber tomado acciones penales contra todo funcionario que se niegue a hacer cumplir este fallo, de eso son ya tres años”, afirmó Conde.

Informó que los residentes en Argentina hicieron llegar, a la presidenta de este país Cristina Fernández de Kirchner, una carta para que interceda por la medida de los 4 huelguistas en Bolivia y la agilización de la ley.

Dijo que se levantarán firmas, es ese país, para respaldar esta demanda, la misma que se presentará ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, al Poder Ejecutivo y al presidente de la República Evo Morales para que brinde una pauta de solución.

Aseguró que se está preparando una marcha en la Argentina para el 16 de octubre en reclamo y repudio al accionar de los legisladores bolivianos que impiden que las personas en el extranjero tengan acceso al derecho de sufragar en su país.

Los huelguistas son Mario Flores, Primo Conde, Ángel Castro, Zenón Choque; como veedores de este grupo Juan Carlos Inocente y Fausto Mamani.
Al/Pta ABI

Las organizaciones sociales del país por unanimidad y a través de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) acordaron este miércoles apoyar la realización del referendo por iniciativa popular sobre el nuevo texto constitucional, y aprobaron un cerco al Congreso Nacional hasta la aprobación de la ley por dos tercios de voto.

Después de más de cinco horas de deliberaciones, los dirigentes demandaron de sus organizaciones sociales ejercer la iniciativa popular y, a partir de la fecha hasta el 15 de septiembre, recaudar 150.000 firmas para exigir al Congreso Nacional y a la Corte Nacional Electoral concretar el referendo constitucional y dirimitorio.

Según el artículo 6 de la Ley del Referéndum, una consulta nacional por iniciativa popular se convocará apoyada en firmas de por lo menos el seis por ciento (6%) del padrón nacional electoral.

El grupo de ciudadanos solicitantes cumplirá como único requerimiento el estar inscritos en el padrón electoral, situación que será verificada por la Corte Nacional Electoral, la que solicitará al Congreso Nacional la convocatoria respectiva.

En ese contexto, el Conalcam decidió que la marcha está prevista que parta el 16 de septiembre desde la población de Caracollo (Oruro) hacia la ciudad sede de gobierno para cercar al Congreso Nacional hasta que apruebe la ley que autorice la realización del referendo constitucional y dirimitorio.

En ocasión de su segundo ampliado nacional, el Conalcam se reunió en el Plan Tres Mil de esta ciudad, analizó el rechazo de la Corte Nacional Electoral al Decreto Supremo Nro. 29691, del 28 de agosto, que fija fecha para la realización del referendo de validación o rechazo del nuevo texto constitucional.

Además, las conclusiones asumidas por el autodenominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) que resolvió este miércoles masificar el bloqueo de caminos y cortar la venta de gas al exterior del país, en demanda de la restitución del 30 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) descontados para el pago de la renta Dignidad.

Dentro de las propuestas sugeridas y aceptadas por las organizaciones sociales está el desconocimiento a la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuellar, por traición al movimiento campesino e indígena.

También resolvieron apoyar la marcha del bloque indígena-campesino del oriente en protesta por el odio racista impulsados por el prefecto Rubén Costas, y el dirigente cívico de origen croata Branco Marinkovic, y en apoyo a la realización del referendo constitucional.

El ejecutivo de la Federación de Colonizadores de Bolivia, Fidel Surco, dijo que la determinación fue asumida “ante el odio racista” impulsado por cívicos y autoridades departamentales de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.

“Basta al odio racista en las cinco ciudades que se oponen al proceso de cambio, las organizaciones sociales de los nueve departamentos del país han dicho sí a la continuidad del proceso”, aseguró el dirigente antes de dar lectura a las determinaciones asumidas.

Las siete resoluciones acordadas por la Coordinadora Nacional para el Cambio en sus partes destacadas cuestiona una supuesta parcialidad de la CNE con los prefectos y cívicos de oposición, declara una movilización nacional y estado de emergencia, condena los actos racistas de la denominada “media luna” y respalda la lucha de las organizaciones sociales en el Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.

LAS RESOLUCIONES

1.- Denunciar la parcialidad de la Corte Nacional Electoral (CNE) con los prefectos de la oposición, a impedir con sus resoluciones la realización del referendo constitucional y dirimitorio.

2.- Declarar movilización nacional y estado de emergencia de todo el pueblo boliviano para lograr la realización del referendo constitucional y dirimitorio.

3.- Realizar una marcha nacional desde Caracollo a La Paz para obligar al Congreso Nacional a la aprobación de la ley de convocatoria a referendo constitucional y dirimitorio a realizarse desde el 16 de septiembre.

4.- Apoyar la marcha de los indígenas y campesinos de Santa Cruz a realizarse a partir del 10 de septiembre.

5.- Convocar a nuestras organizaciones sociales a ejercer la iniciativa legislativa ciudadana a partir de la fecha y a partir de 15 días recoger 150.000 firmas exigiendo al Congreso Nacional y la Corte Nacional Electoral a la aprobación de la ley de convocatoria a referendo constitucional dirimitorio.

6.- Condenar y denunciar la conspiración y la violencia de los prefectos y cívicos agrupados en el Conalde que han resuelto bloquear carreteras, la toma de instituciones públicas y desatar la violencia contra el pueblo boliviano, y el pueblo boliviano responderá en los nueve departamentos.

7.- Respaldar la lucha de los movimientos sociales de las cinco regiones de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Pando y Beni que enfrentan la violencia del fascismo sanguinario.
Lcr/Dgav ABI

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, garantizó este martes la aprobación de una ley para que se realice el referendo por la nueva Constitución Política del Estado, como lo solicitó el lunes la Corte Nacional Electoral (CNE), instó al pueblo a movilizarse para defender su derecho democrático de acudir a las urnas, y reivindicó la legalidad del decreto que fijó al 7 de diciembre como fecha de la consulta.

García Linera, durante un acto político en esta ciudad, donde socializó el contenido de la nueva Carta Magna con miras al referendo del 7 de diciembre donde será considerado, dijo que la derecha conservadora, al igual que antes, hoy pone obstáculos para impedir los cambios democráticos.

“Ahora el obstáculo que se ha planteado es que la Corte Nacional Electoral dice que no puede aplicar (el decreto que fija al 7 de diciembre como fecha del referendo), que hay que hacer una ley, vamos a hacer ley, ningún problema”, aseveró el Mandatario en ejercicio.

El 28 de agosto, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo Nro. 29691 que fija el 7 de diciembre para realizar el referendo dirimitorio y aprobatorio de la nueva Constitución, basado en la Ley 3836 de 28 de febrero de 2008.

El último lunes, a través de una nota oficial dirigida al presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, la CNE señala, por una parte, que no dirigirá ese proceso por existir “impedimentos legales” y sostiene, por otra, que la consulta no fue llamada mediante una ley expresa.

Por disposición de la Ley Marco del Referendo, promulgada el 16 de junio de 2004, compete al Congreso la aprobación por dos tercios de votos de sus miembros presentes la iniciativa institucional para la convocatoria a una consulta popular, requisito que fue cumplido por el Parlamento al aprobar la ley 3836.

García Linera aseveró hoy que “con decreto o con ley vamos a convocar a aprobar la nueva Constitución Política del Estado, no nos van a detener”.

“Esto es irreversible, no hay marcha atrás…Hagan lo que hagan, nos insulten, peguen a los ancianos, peguen a los niños hagan terrorismo, quemen casas”, afirmó el también Vicepresidente y presidente nato del Congreso Nacional.

De igual forma, advirtió que aún vendrán mayores problemas desde los opositores que trataran de impedir que se apruebe la nueva Carta Constitucional. Ante ello llamó al pueblo a movilizarse y defender su derecho democrático.

“Va haber complicaciones, porque aún hay una derecha minoritaria, arrinconada en algunas provincias del país, pero que se ha vuelto violenta, rabiosa, desesperada, y va querer generar conflicto y para ello es importante que los bolivianos defendamos, movilizadamente, nuestros derechos democráticos”, alertó.

Sostuvo que es la derecha la que no quiere referendo, la que no quiere votar, porque ellos son minoría.

“El pueblo somos la inmensa mayoría y siempre vamos ha ganar en democracia”, apuntó dignatario de Estado.

“Hoy es tiempo de defender militantemente nuestros derechos democrático para consolidar el cambio, y no tengo duda que vamos a ganar. La victoria está segura, pero va requerir movilización concienciación y apoyo para que el presidente Evo continúe adelante”, exhortó.

GOBIERNO DIJO QUE VA

En horas de la mañana, en Palacio Quemado, el ministro Sin Cartera Encargado de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, señaló que “mediante una nota o comunicación no se puede sugerir ni pretender suspender la realización de actos electorales y referendarios convocados legalmente”.

Explicó que el Decreto Supremo Nro. 29691 se adecúa a la Ley aprobada por el Congreso el 28 de febrero pasado que une el referendo dirimitorio sobre la extensión máxima de las propiedades privadas agrícolas — 5.000 ó 10.000 hectáreas – y el aprobatorio del nuevo texto constitucional.

Jurídicamente con esos antecedentes – remarcó la autoridad gubernamental - no es necesaria la aprobación de otra norma.

Explicó que el presidente Evo Morales usando su potestad reglamentaria contenida en el artículo 96 de la Constitución Política del Estado vigente, lo único que hizo mediante decreto supremo fue señalar la fecha de la realización de los procesos electorales.

Por tanto, señaló que como las “opiniones” vertidas por el organismo electoral en la carta enviada al Primer Mandatario no tienen efecto vinculante, el Gobierno considera que la jornada electoral del domingo 7 de diciembre debe llevarse adelante y en ese sentido hizo un llamado a la Corte Nacional y a las cortes departamentales a cumplir la ley.
Jcch/Dgav ABI

La Corte Nacional Electoral (CNE) comunicó este martes que no reconoce ni administrará la elección de “diputados departamentales” convocada por el prefecto de Tarija, Mario Cossío, porque no está reconocida por la Constitución Política del Estado y el Código Electoral.

Cossío, en medio de conflictos sociales internos, promulgó el lunes su primera ley de convocatoria a elecciones de diputados departamentales para el 30 de noviembre próximo.

Ante esa determinación la Sala Plena del máximo organismo electoral del país, en carta dirigida a la Corte Departamental de Tarija, le recuerda que en el marco de la actual Constitución Política del Estado, las únicas elecciones que le corresponde administrar son las relativas a autoridades reconocidas por la Carta Magna y el Código Electoral vigente.

Por lo que cualquier otra normativa que establezca de facto otros órganos y procesos electorales estará al margen de la Constitución Política del Estado y de las leyes de la República vigentes.

“En ese contexto normativo es necesario hacerles conocer que la Corte Nacional Electoral únicamente reconocerá, organizará y ejecutará procesos electorales que se sujeten de manera irrestricta a las disposiciones constitucionales, legales vigentes y sean administrados por órganos electorales emanados de la Constitución y del Código Electoral vigentes”, señala parta de la carta enviada a la Corte Departamental de Tarija.
Lcr/Rq ABI