Tarija Libre

La jueza cautelar, del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margoth Pérez, ordenó este domingo la detención preventiva en el penal de San Pedro de los tres unionistas cruceños acusados de golpear al ex comandante departamental de la Policía, Cnl. Wilge Obleas, y al comandante General de esa institución, Gral. Miguel Gemio.

La jueza Pérez señaló que “el articulo 226 es claro, nosotros tenemos parámetros directamente. Aun así se ha declarado la aprehensión la que se debería cumplir con la medida cautelar”.

Pérez dictó la detención preventiva ante el riesgo de fuga, obstaculización del proceso legal y la influencia negativa en los testigos o participes que declaren a favor de ellos y aclaró que la medida de excepción será resuelta por la jueza Marcela Siles titular del juzgado 10mo de Instrucción en lo Penal.

A su vez, el comandante General de la Policía Nacional, Gral. Miguel Gemio Urrutia, manifestó que en este caso existen otras personas implicadas, cuya responsabilidad se determinará en la ampliación del proceso de investigación.

Por su parte, el abogado defensor de los acusados, Rolando Gómez Rivero, anunció que apelará la decisión asumida por la jueza Pérez.

“Vamos a plantear una apelación porque estas medidas cautelares nos parece excesivas, porque el fiscal tampoco ha justificado de ninguna forma que los tres ciudadanos detenidos quieran obstaculizar la investigación o quieran darse a la fuga”, manifestó luego de la audiencia.

Los detenidos son Jorge Brasil, presidente de la Unión Juvenil de Montero, David Julee y Julio Cesar Zenteno que fueron enviados a la cárcel de San Pedro, tras una audiencia de medidas cautelares después de haber sido detenidos el viernes 28 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz.

Los tres unionistas están acusados por los delitos de sedición, por destrozos a la propiedad del Estado y lesiones, entre otros.

La defensa, ante la resolución de detención preventiva presentó una medida de excepción de incompetencia, contemplada en el artículo 226 de la Código de Procedimiento Penal (CPP), que determina que en el plazo de tres días la juez titular debe determinar la competencia de estas autoridades judiciales en este caso.

En caso de que se establezca que la Corte Superior de Distrito de La Paz no tenga competencia para administrar el proceso legal, los detenidos deben ser liberados y puestos ante las autoridades competentes. Si se determina su competencia la detención preventiva se da por hecho.

En el segundo caso la defensa podrá presentar una apelación incidental para que esa resolución pueda ser revocada.

El abogado Gómez expresó su confianza en que este tema se solucione en el transcurso de la semana independientemente de la apelación, ya que consideró que desde el 15 de agosto, cuando se suscitó los hechos, sus defendidos desarrollan sus actividades de forma rutinaria sin dar muestras de querer darse a la fuga.

AGRESION

La noche del 15 de agosto, a la salida de una reunión en el Comité Cívico pro Santa Cruz, Obleas y el comandante General de la Policía Nacional, Gral. Gemio fueron agredidos por personas que se concentraron fuera de las instalaciones de la entidad cívica.

En aquella oportunidad el general Gemio se trasladó a la capital cruceña para reunirse con la dirigencia cívica y con el prefecto del departamento, Rubén Costas. Las autoridades locales les ofrecieron garantías, pero a la salida de la reunión fueron brutalmente golpeados.

El Cnl. Obleas fue agredido mientras corría por la calle Libertad, acompañado por un dirigente cívico y su edecán, quien llevó la peor parte de la golpiza, ya que protegió con su cuerpo al jefe policial.

De igual forma, al Gral. Gemio le echaron agua y lo golpearon con un palo en el hombro, por lo que tuvo que salir rápidamente del Comité para refugiarse en el comando departamental, que se halla a dos cuadras de la sede cívica.
Al/Dgav ABI

La Sof. de policía, Mirtha Sosa, fue detenida por los militares en Pando en posesión de dos rifles calibre 22, una ametralladora FMK, una escopeta marca Luzbel y un revolver calibre 38 y es acusada por varios campesinos de haber sido parte de la emboscada armada que sufrieron en el lugar de Tres Barracas a cinco kilómetros del Porvenir.

El jefe de Estado Mayor de las FFAA, Gral. José Luis Prudencio, en conferencia de prensa afirmó que la policía Sosa fue detenida en cumplimiento de todos los procedimientos establecidos por los reglamentos militares y respeto a sus derechos.

“Rechazamos enfáticamente las declaraciones de quienes de manera irresponsable han vertido información errónea en relación a la posible amenaza que hubiesen recibido las personas que en ese momento estaban siendo trasladadas para su confinamiento”, afirmó a la prensa el jefe militar.

Sosa está acusada por los campesinos de ser una de las artífices de ejecutar la emboscada al dar la señal de alerta para que se inicie la balacera en el sector de Tres Barracas, donde los marchistas fueron acribillados el pasado 11 de septiembre por los grupos armados, hecho que dejó un saldo de 18 muertos, decenas de heridos y desaparecidos.

Sosa apareció en los últimos días acompañada de parlamentarias de la alianza opositora Poder Democrático Social (Podemos) en varios medios de prensa privados como una víctima vejada y agredida por los militares cuando fue detenida y los medios no incidieron en que fue identificada de ser una de las que formó parte de la emboscada de campesinos, en su condición de policía.

Si el Tribunal Disciplinario determina que Sosa cometió delitos en el cumplimiento de su deber, la subalterna será remitirá al Ministerio Público y procesada en la justicia ordinaria.

“Es muy fácil conmover a la opinión pública con llantos, quejas, cuando ella como policía fue quien dio el santo y seña para el ataque armado contra los campesinos”, afirmó el viceministro Rubén Gamarra.
Rq ABI

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) confirmó este martes que en la ciudad de Santa Cruz hay dos detenidos y diez identificados por el vandalismo, el saqueo a instituciones y agresión a uniformados que desataron los unionistas en los últimos meses.

El argumento de esos grupos violentos fue la recuperación del 30 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que el Gobierno destina al pago de la renta Dignidad a las personas mayores de 60 años.

El director nacional de la FELCC, Cnl. Pablo Caballero, explicó que de cuatro capturados, dos fueron liberados luego de prestar sus declaraciones ante el fiscal asignado al caso, mientras que los otros dos fueron detenidos preventivamente con fines de investigación.

Aclaró que los detenidos están comprometidos no solo con la agresión que sufrió el entonces Comandante Departamental de Santa Cruz, Cnl. Wilge Obleas, sino con otros ilícitos.

Citó por ejemplo, que estas dos personas más otras diez están identificadas en haber participado en las acciones violentas cargadas de odio racista y clasista, además del saqueo y robo a instituciones públicas.
Dea/Pta ABI

Miembros de la denominada Unión Juvenil Cruceñista tomaron, cerca de las 15.00 de este martes, las instalaciones del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), causaron destrozos, robaron equipos como computadoras y televisores, quemaron documentación, además de una motocicleta de la Policía Nacional.

La fuerza pública no pudo dispersar a cientos de miembros de esa organización irregular financiada por el Comité Cívico pro Santa Cruz y la Prefectura del departamento. Los unionistas al tomar las instalaciones de Impuestos golpearon a los efectivos policiales y militares, además de apoderarse de armas lanza gases, y una motocicleta que luego fue quemada.

Según reporte de la Red Patria Nueva, más de 600 jóvenes unionistas junto a funcionarios de la Prefectura cruceña y de la telefónica Cotas, armados con bombas molotov, palos y petardos lograron ingresar al interior de las oficinas donde causaron destrozos de magnitud.

El reducido grupo de efectivos de la Policía Nacional y Militar no pudo contener a estos grupos que desde cerca del mediodía hostigaron a las fuerzas del orden.

Tras saquear Impuestos, los unionistas intentan hacer lo mismo con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).
Jp/Dgav/Pta ABI

Aproximadamente un par de centenares de paramilitares, unionistas cruceños y cívicos, apoyados por funcionarios de la Prefectura del Beni, intentan tomar por la fuerza las instalaciones de la regional de Impuestos Nacionales y el Senasag en Trinidad, atacando a los efectivos policiales y militares que resguardan el lugar, y amenazaron de muerte a militantes y simpatizantes del MAS.

Desde las 17.00 de este martes hasta el cierre de este despacho (22.30), los grupos de choque de la Prefectura, a título de asumir autonomía plena, vienen arremetiendo con piedras, palos, petardos y otros objetos contra quienes custodian el edificio de Impuestos Nacionales.

El asalto se inició luego de concluir la denominada Asamblea de la Benianidad convocada por los cívicos y el prefecto de este departamento, Ernesto Suárez Sattori.

De acuerdo a la información del representante presidencial, Palmiro Soria, la toma de las instituciones del Estado fue convocada por el prefecto Ernesto Suárez Sattori, el alcalde Moisés Shriqui, cívicos y los representantes de la Asociación de Municipios del Beni.

“En realidad se trata de una convocatoria política para resistir el mandato popular entregado al Presidente con ese 67 por ciento de la votación del país para realizar un referendo y aprobar la nueva Constitución Política del Estado, además de dirimir el tamaño de la tierra que deben o pueden tener las personas”, declaró Soria.

El Representante Presidencial dijo estar asistiendo a un momento crucial de la historia del Beni y del país, tomando en cuenta que la derecha tradicional ha decidido confrontar de la manera más violenta a este proceso de cambio, a su profundización y a la aceleración de los cambios que significa avanzar hacia una nueva Constitución Política, que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas y también las autonomías departamentales, regionales, indígenas y municipales.

“En este momento la derecha tradicional optó por la violencia como táctica política, hay una situación de resistencia civil, el presidente del comité cívico en días pasados llamó prácticamente a las armas en un pronunciamiento tácitamente sedicioso”, dijo.

Informó que “en este momento hay una confrontación, un combate en las puertas de Impuestos Internos, donde a la fuerza de la Prefectura, de la Alcaldía y de estos grupos fascistoides tratan de tomar las instalaciones como una expresión de ese alzamiento irracional contra las instituciones del Estado”.

AMENAZAS DE MUERTE

Soria agregó que hay una guerra psicológica, ya que casi todos los dirigentes de organizaciones sociales, incluido el Representante Presidencial, recibieron vía teléfono mensajes de amenazas de muerte. “Judas te vamos a meter un balazo por haber traicionado al Beni por una pega, entre otros”, decía uno de ellos.

Entre tanto, la red Patria Nueva informó desde Trinidad que al momento (22.00) la provocación con petardos y piedras de parte de los grupos de choque de la Prefectura continuaba, obligando a la Policía a hacer uso de agentes químicos.

El reporte señala que lo único que la Policía y las FFAA están haciendo es proteger las instalaciones con uso de gas lacrimógeno que lamentablemente está afectando a los vecinos del lugar.
Pta/Dgav ABI

La Aduana Nacional de Bolivia (ABN) incautó este jueves un camión lleno de material bélico que pretendía ser transportado de contrabando hasta la ciudad de Santa Cruz, que según la declaración jurada, el material fue inscrito como equipos para motociclistas y laminas de policarbonato.

El presidente ejecutivo interino de la Aduana, César López, informó en conferencia de prensa, que 184 cascos de guerra y 444 escudos, fueron decomisados en el operativo “estos materiales no pueden ser siquiera utilizados bajo el argumento de material antimotines”.

“Hemos convocado a la prensa para hacer una denuncia de contrabando que atenta a la seguridad del Estado; estos materiales son de guerra, son cascos de guerra, ni siquiera podemos comparar con un material que puede ser utilizado como material antimotines”, afirmó.

El contrabando bélico llegó desde China -los escudos llevaban la leyenda en español de “Guardia Municipal”- el 1 de agosto a la Zona Franca Comercial de El Alto. La salida se detectó cuando el importador pasaba por el canal de control amarillo, lo que le obligó a mostrar la mercancía en físico.

El encargado de la transportación, Carlos Quezada, reconoció que ya ingresó un lote de 162 cascos, hecho que se viene investigando.

Según López, es un contrabando que atenta contra la seguridad del Estado. El técnico encargado del control denunció que el importador intentó sobornarle para que autorice la salida debido a que los casos y escudos deberían llegar “para el desfile en Santa Cruz”.

Asimismo, solicitó la intervención del Ministerio de Gobierno, Defensa Nacional y Ministerio Público para investigar el contrabando bélico. “Ninguna institución municipal ni civil pueden armar su propia fuerza paramilitar o policial, eso es atentar contra la seguridad del Estado”, dijo la autoridad.

ENGAÑO A LA FE DEL ESTADO

Por su parte el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, informó que se investigará la ilegal internación de equipos bélicos.

“Se pretendía engañar la fe del Estado al manifestar que se trataba de material para motociclistas y láminas de policarbonato, pero se descubrió que eran equipos bélicos”, afirmó el Ministro.

“Las placas o escudos, son los que utiliza la Policía Militar y la Policía Nacional, para brindar seguridad a la comunidad, además de ser utilizada para su propia protección personal”, explicó López al aclarar que además no contaba con el permiso del Ministerio de Defensa.

El equipo tenía como destino al Gobierno Municipal de Santa Cruz, además llevan la inscripción de “guardia municipal”, según informó la autoridad aduanera, a tiempo de manifestar que las investigaciones correspondientes ya están siendo investigadas por la Policía.

Asimismo explicó que la importación de ese tipo de material de guerra al país, necesita una autorización especial extendida por el Misterio de Defensa, que en este caso no se cumplió, razón por la cual se procedió a su incautación, ya que no tiene destino para el uso policial.

Al respecto, el portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, manifestó su preocupación por lo sucedido y señaló que las autoridades policiales realizarán la investigación correspondiente para determinar a quienes estaba dirigido dicho material.
Rd/Rq ABI

El gobierno nacional a través del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana denuncia a la comunidad nacional e internacional que Bolivia se encuentra en el “umbral de un verdadero golpe de Estado contra el orden constitucional”, y que en estas circunstancias la estrategia ya no es tanto frenar el Referéndum Revocatorio, sino derrocar al Presidente de la República y desplomar el orden democrático”.

En declaraciones realizadas a las 8:45 de este lunes desde Trinidad a través de la Red Patria Nueva, el titular del ministerio de la Presidencia afirmó que los sucesos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, con el uso de recursos de las prefecturas para movilizar a grupos de personas que protagonizan hechos de violencia, constituyen el preludio del golpe, es lo mismo que ocurría en los golpes de Estado de los años 80, dijo.

La autoridad elevó hoy una denuncia pública ante la población boliviana, la comunidad internacional y los observadores del Referéndum Revocatorio que se encuentran en el país. Advirtió que “estamos hablando de una estrategia ya no tanto dirigida a impedir el referendo, sino que busca la desestabilización del orden constitucional, de desplomar el orden democrático”.

“Por todo lo que está ocurriendo en Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni, tenemos que denunciar ante los bolivianos, ante la comunidad internacional y ante los observadores que se encuentran en el país que estamos en el umbral de un verdadero golpe de Estado contra el orden constitucional. Este es un montaje de golpe de Estado al típico estilo de las dictaduras. Para cualquier ciudadano de cualquier otro país donde se vive en democracia, lo que hoy día están haciendo los prefectos no es nada más que un acto de sedición, de desacato, de organización de fuerzas ilegales, paramilitares, para atentar contra todas las libertades públicas”, declaró el ministro desde Trinidad, donde fue víctima de un atentado el martes recién pasado.

“La organización de grupos facciosos, violentos, desde las propias prefecturas, pagados con la plata del pueblo no es nada más que eso, un verdadero golpe al orden constitucional. La irradiación de este modelo de violencia llevado adelante por la Unión Juvenil Cruceñista al resto de los departamentos, la forma como las prefecturas emplean los recursos públicos para impedir que la gente vaya a las urnas el 10 de agosto, la forma como financian a organizaciones sociales como el caso de los discapacitados, de los mineros en algún caso, de los transportistas, es un verdadero complot no sólo contra el Gobierno, sino contra la Constitución Política del Estado, y el objetivo de todo esto es derrocar, sacar al Presidente Evo Morales del Gobierno Nacional”, añadió.

Quintana explica esas acciones señalando que a los prefectos no les sale nada a pesar de que plantearon ellos mismos el Referéndum Revocatorio. “Hoy día están ante un escenario de derrota anticipada, de una derrota abrumadora, frente a ello no atinan a usar a emplear otra herramienta más que la violencia, la intimidación, el chantaje, el silenciamiento de la opinión pública”.

Además el ministro indico que los prefectos opositores tienen controlados a una buena parte de los medios de comunicación en estas regiones; los tienen sobornados, los tienen silenciados por la cantidad de plata que les pagan, para impedir que la gente se pronuncie a través de los medios.

El ministro pidió a la población boliviana mantener se movilizada y llegar al domingo en un ambiente democrático. “Tenemos que ejercer el derecho legítimo a despachar a su casa a las autoridades que han traicionado la confianza de su pueblo”.

Asegura que la única herramienta democrática que puede resolver nuestros conflictos de manera pacífica es el Referéndum Revocatorio. “Los bolivianos tenemos que apropiarnos del voto, tenemos que votar en el Referéndum Revocatorio”, añadió.gca