Follow TarijaLibre on Twitter

Derechos Humanos lamenta que no haya avances en liberacion de guaranies

Publicado por tarijalibre on May 19th, 2008 y clasificado en Movimientos Sociales. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travťs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

La Coordinadora de Derechos Humanos de Santa Cruz, mediante un comunicado, lamenta que hasta ahora no se haya podido avanzar en la liberación de las familias guaraníes que están cautivas en las haciendas de Alto Parapetí, en la provincia Cordillera, y pide a la población boliviana pronunciarse al respecto.

“Luego de las agresiones sufridas por ind√≠genas guaran√≠es, periodistas, integrantes de la Asamblea del Pueblo Guaran√≠ (APG) y funcionarios del Viceministerio de Tierras en Cuevo, en la zona del Alto Parapet√≠, a√ļn no se pudo avanzar en la liberaci√≥n de los miles de guaran√≠es esclavizados en haciendas de Santa Cruz de la Sierra, Chuquisaca y Tarija”, menciona el documento.

Agrega que tampoco se logró iniciar el saneamiento en el territorio de Alto Parapetí, ni las autoridades del Gobierno nacional y organizaciones defensoras de derechos humanos pudieron ingresar a una estancia para constatar las condiciones de vida de los indígenas dedicados a trabajar la tierra del patrón.

Asimismo, menciona que desde la APG informaron que “las condiciones de opresi√≥n crecieron puertas adentro de las estancias. Los ind√≠genas reducidos a la servidumbre no tienen derecho de manifestarse sobre su situaci√≥n. Los patrones y sus empleados los tienen amenazados a ellos y a sus familias”.

Sobre la situaci√≥n en Cuevo, el comunicado indica que las autoridades locales -alcaldes, concejales y diputados de partidos de derecha- les mienten que volver√° el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, “para sacarle la tierra a la gente de Cuevo y d√°rsela a los collas”.

El gobierno nacional estudia la conformaci√≥n del Territorio Comunitario de Origen (TCO) Alto Parapet√≠, que podr√≠a tener 150 mil hect√°reas. En la provincia Cordillera los guaran√≠es vivieron en libertad hasta la batalla de Kuruyuqui, en 1892, cuando el estado boliviano elimin√≥ a m√°s de dos mil guerreros -seg√ļn datos de los propios ind√≠genas-. Los sobrevivientes fueron “entregados a buenas familias (los estancieros) para que les saquen el salvajismo”, como argument√≥ el gobierno nacional en ese entonces.

En Cuevo -seg√ļn la APG- “nadie puede circular sin su carnet porque a cada cent√≠metro lo exigen los grupos de choque financiados por las autoridades locales y adiestrados por miembros de la Uni√≥n Juvenil Cruce√Īista”.

Varias personas vinculadas con los guaran√≠es y su organizaci√≥n, la APG, tienen prohibida la pisada en este pueblo. En Camiri, poblaci√≥n ubicada a 50 kil√≥metros, se encuentran casi en la clandestinidad debido a las amenazas y persecuciones que a diario efect√ļan los grupos irregulares.

La organizaci√≥n guaran√≠ explic√≥ que “los hermanos s√≥lo pasan por Cuevo si van en un grupo numeroso, ante el temor de que se cumplan las amenazas” formuladas por grupos que se oponen al saneamiento.

Las tres distintas comisiones que se formaron para estudiar la situación de las familias guaraníes cautivas en las estancias tampoco consiguieron avances para lograr la liberación de los indígenas.

El 22 de abril se cre√≥ una comisi√≥n compuesta por los parlamentarios de la opositora Brigada Parlamentaria cruce√Īa: Roxana Gentile, de Unidad Nacional (UN), Betty Acebey Serrano, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y el ganadero Ronald Moreno, de Poder Democr√°tico Social (Podemos), que particip√≥ de las agresiones a los guaran√≠es.

Fueron con el fiscal Carlos Candia, supuestamente encargado por el Fiscal General de la Rep√ļblica, con la tarea -seg√ļn ellos- de indagar la comisi√≥n del delito de esclavitud y formas an√°logas. Esta comisi√≥n recorri√≥ el Alto Parapet√≠ entre los d√≠as 24 y 27 de abril, visit√≥ 11 haciendas y no vio, supuestamente, a ning√ļn guaran√≠ cautivo.

Los parlamentarios que compon√≠an la comisi√≥n fueron observados por la APG y otros sectores sociales, adem√°s del Gobierno, puesto que hab√≠an tomado p√ļblicamente posici√≥n respecto a la inexistencia de relaciones servidumbrales en el Alto Parapet√≠.

Por otro lado habían participado de manera directa en los hechos denunciados por el Gobierno de Bolivia y las organizaciones indígenas, sobre los ataques, agresiones y estorbo a las funciones del INRA en la zona, impidiendo dar inicio al proceso de saneamiento.

El presidente de la APG, Wilson Changaray, dijo que los diputados cruce√Īos “no entraron donde deb√≠an. S√≥lo preguntaron a los patrones y a algunos hermanos que no se iban a poner a hablar mal delante de su patr√≥n”.

El 28 y 30 de abril se hizo presente en la zona una segunda comisión, compuesta por las iglesias Católica, Metodista y Ekklesía, el Defensor del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el ganadero de Camiri David Vaca D√≠ez, uno de los implicados en las agresiones del 13 de abril, declar√≥ que “no permitiremos el ingreso de otra comisi√≥n, as√≠ lo pida el Defensor del Pueblo, porque la brigada de Santa Cruz ya confirm√≥ que no hay comunidades cautivas, peor a√ļn servidumbre”.

Finalmente, con una Resolución del pleno de la Cámara de Diputados de fecha 16 de abril, se conformó una Comisión Especial multipartidaria para que investigue las denuncias sobre la violación de derechos humanos y agresiones en Alto Parapetí.

La Comisión se fijó un plazo de 56 días Рdel 23 abril al 17 junio para el trabajo. Está compuesta por los diputados nacionales Bernabé Paredes (MAS), William Cardozo (Podemos), Milton Becerrra (UN), Williams Chávez García (MAS), Ronald Moreno (Podemos), Jhonny Tórres (MNR) y Gualberto Choque (MAS).

La APG, en un comunicado p√ļblico, sostuvo que “el Ministerio P√ļblico, bajo su responsabilidad, deber√° promover de oficio la acci√≥n penal p√ļblica, toda vez que tenga conocimiento de un hecho punible (…) considerando que si en la planificaci√≥n de los mismos, participaron autoridades que tienen la obligaci√≥n de aplicar la legislaci√≥n internacional y nacional, √©ste deber√≠a ser un agravante en el an√°lisis de su conducta y deber√≠a llevar a la suspensi√≥n preventiva de sus funciones hasta tanto se investiguen y depuren sus responsabilidades”, dice el documento.

La Coordinadora Interinstitucional de Derechos Humanos de Santa Cruz solicita a la población que se manifieste para terminar con esta situación de servidumbre anacrónica que demuestra el alto grado de desprecio y racismo de algunas familias ricas del oriente boliviano hacia los indígenas que alguna vez fueron libres en esta tierra.

La Coordinadora Interinstitucional de Derechos Humanos aglutina a entidades como la de Asesoramiento Legal y Acci√≥n Social (ALAS), Casa de la Mujer, Centro de Estudios Jur√≠dicos e Investigaci√≥n Social (CEJIS), Centro de Investigaci√≥n y Promoci√≥n del Campesinado (CIPCA), Colectivo Rebeld√≠a, DESAFIO, Defensa de la Ni√Īa y el Ni√Īo Internacional (DNI-SC), FORMASOL, Fundaci√≥n Colonia Pira√≠ y Fundaci√≥n Tierra.
Rdc/Pta ABI

Etiquetas:

Articulos Relacionados

Deje una contestaciůn

*
Publicidad Disponible-250x250

FACEBOOK

FACEBOOK

TWITER

MY SPACE