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Detención domiciliaria para Lea Plaza y mandamiento de aprehensión contra Cossío y Ardaya

Publicado por Tarija on Dic 23rd, 2010 y clasificado en Corrupción, Tarija. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

El juez de instrucción penal, Luis Ortiz, que asumió competencia como juez de garantías procesales en la causa Presa El Molino, dispuso ayer la detención domiciliaria con custodia policial del ex prefecto del Departamento, Mauricio Lea Plaza Peláez.

La misma medida se dispuso en contra de Carlos Castrillo y Jacob de la Cruz, en tanto que, como resultado de las investigaciones, se libró mandamiento de aprehensión en contra de Mario Cossío Cortez, Rubén Ardaya y María del Rosario Navarro. Mientras que para Bernardo Almazán y Lourdes Hinojosa dictaminó medidas sustitutivas a la detención preventiva.
Lourdes Hinojosa hizo conocer que ella es madre de hijos menores de seis años y que una privación de su libertad acarrearía daños irreparables a sus hijos.
Jacob de la Cruz advirtió a las autoridades con una cita bíblica dejando la venganza por lo que considera un injusto proceso a Dios. Dijo que se someterá a la investigación y exhortó a las autoridades a ser justos e imparciales, inspirando sus actos en su conciencia e iluminados por Dios.
Respecto de Mario Cossío, se supo ayer que estaba en Paraguay, cuyo gobierno le otorgó “refugio temporal” mientras se tramita su solicitud de refugiado político.
El fiscal Marcos Arce, sustentó su imputación, en la suscripción de dos contratos modificatorios que las autoridades de la ex prefectura firmaron con la empresa contratista Asociación Accidental Tarija, con los que, según la autoridad, se provocó daño económico al Estado y consiguiente enriquecimiento ilícito de los contratistas.
Con los contratos modificatorios se incrementaron costos y volúmenes de obra innecesarios, se alteraron planillas de avance de obras, se sobredimensionaron precios unitarios, incluyendo el de excavación, que sufrió una suba de hasta el 300%, según Arce.
El fiscal añadió que la investigación alcanzará al gobernador suspendido Mario Cossío Cortez y al último secretario general de la gobernación, Rubén Ardaya. Ayer se supo que se investiga también a María del Rosario Navarro.
Los cinco imputados enfrentan los cargos de contratos lesivos al Estado, uso de instrumento falsificado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
En la audiencia de ayer Lea Plaza negó los cargos y reiteró que se someterá a la investigación penal para la averiguación de la verdad. Durante su intervención mostró documentos con los que justificó la necesidad de la introducción de modificaciones al contrato original para garantizar la buena calidad y servicio de la obra. Los otros imputados hicieron exposiciones similares y justificaron los cambios técnicos en la obra, negando de esta forma haber incurrido en delitos.
La audiencia se inició a tempranas horas de la mañana, instalándose antes de las nueve de la mañana, como estaba previsto.
Pasadas las 18:30 horas, aún continuaba la sesión con la lectura de la resolución emitida por el juez cautelar. En el ambiente se encontraban familiares y amigos.
El cansancio se apoderó incluso de los fiscales. Uno de ellos fue captado por las cámaras de El País en evidente estado de agotamiento y parecía dormido.
La Presa El Molino está siendo construida por la Asociación Accidental Tarija, conformada por las empresas Uniservice, Conalsi y Erika Srl., con un presupuesto de 70,7 millones de bolivianos.
Según la información oficial, el proyecto se inició el 19 de julio de 2007. Las obras se realizan en la zona alta de Tarija, cerca de la comunidad Carolina, en el cantón Iscayachi del municipio de El Puente.
Entre las principales poblaciones beneficiarias está Iscayachi, Tomayapo, Paycho, Pueblo Nuevo y otras menores de la región, regando más de 700 hectáreas.
El avance físico reportado en días pasados llegaría a 43% y las obras estaban siendo aceleradas en las últimas semanas con el objetivo de alcanzar el 50% de avance físico.
Ayer, analistas jurídicos cuestionaron que contratos de obra pública que deben ser sometidos a la jurisdicción coactiva fiscal, estén ahora siendo criminalizados. Añadieron que el análisis de la conveniencia de cambios técnicos y presupuestarios, corresponde hacer a especialistas ingenieros en el marco del control externo posterior que ejerce por ley la Contraloría General de la República, y no a fiscales o expertos en leyes y menos aún cuando las obras están en curso de ejecución.

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