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Electrizante Desenlace

Publicado por Tarija on May 27th, 2010 y clasificado en Energia, Nacionalización. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

La nacionalización de las principales generadoras eléctricas del país abre un nuevo escenario hacia el futuro, ahora depende casi exclusivamente del Estado garantizar la provisión y lograr la exportación de energía. Los países cuyas empresas fueron afectadas el 1 de mayo ofrecen su palabra.
La nacionalización del sector eléctrico, o al menos parte de él –el Estado ya controla el 80 por ciento del negocio de generación de electricidad– trae, previsiblemente, consecuencias. Las inmediatas en el ámbito doméstico serían: la reafirmación de la voluntad nacionalista del Gobierno, conservando fidelidad con las promesas de campaña, los planes de gobierno y los postulados constitucionales; en el ámbito internacional lo menos que se observa es una señal poco apropiada para reforzar la invitación a invertir en Bolivia.
Al respecto, el embajador de Gran Bretaña en Bolivia, Nigel Baker, es enfático al señalar que “El Gobierno siempre dice ‘queremos inversiones extranjeras en el país’, pero los hechos gritan más que las palabras”. Añade que “por lo general, particularmente para inversiones de largo plazo, una garantía de estabilidad, de que no habrá sorpresas de ese tipo son importantes”.
“Entiendo muy bien la dinámica del 1 de mayo en Bolivia, pero también lamento mucho la forma en que se ha hecho la nacionalización, que envía señales muy malas a otros inversionistas o potenciales inversionistas, con el Ejército rompiendo la puerta, cuando pudieron pedir la llave. Claro, un show político, que envía señales, quizás dirigido más al votante doméstico, pero se lo ve, tiene un impacto en el exterior”, agrega Baker.
Sin embargo, tal vez importa menos el efecto de corto plazo, de naturaleza claramente política, que los del largo plazo, o sea sostenibilidad y crecimiento del sector eléctrico del país.
El Plan Nacional de Desarrollo, presentado por el Gobierno en 2006, es explícito en esta materia, pues su Política 4 para el sector eléctrico se propone los objetivos de “Interconectar el país y exportar electricidad a los países vecinos, consolidando a Bolivia como el centro energético de la región, con soberanía y seguridad energética, con mayor participación del Estado en la expansión de la infraestructura eléctrica y en las exportaciones de electricidad. Lograr la universalización del servicio de electricidad en el área urbana y alcanzar una cobertura del 70 por ciento en el área rural, así como el desarrollo de fuentes energéticas renovables para incrementar la oferta de generación y así garantizar la seguridad energética”. Para este cometido, se propone como estrategia “perfeccionar la normativa para incorporar al Estado en el desarrollo de la Industria Eléctrica”.
Al respecto, el embajador de Francia en Bolivia, Antoine Grassin, se refiere al ímpetu nacionalizador señalando que “lo entendemos porque Francia también, después de la Segunda Guerra Mundial, nacionalizó sus servicios estratégicos: electricidad, gas, carbón, ferrocarriles… hubo una ola de nacionalizaciones, por muchas razones, pero mayormente por esta decisión de entrar en un proceso de economía dirigida, con visión estatista para impulsar el crecimiento, el desarrollo y la economía”. Pero subraya una diferencia con el actual proceso boliviano: “lo que pasa es que en ese entonces el Estado francés sí tenía la mano para coordinar, en esa época teníamos ingenieros civiles, altos funcionarios muy bien preparados, vamos a ver si ENDE tiene los recursos humanos”.
En coincidencia con esta idea, el experto en materia energética Bernardo Prado advierte que “lo que se está haciendo con ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) es muy similar a lo que se hizo con YPFB, el Gobierno quiere crear una nueva figura ‘Corporativa’ para controlar toda la cadena productiva del sector eléctrico mediante empresas subsidiarias (ENDE Generación, ENDE Transmisión, ENDE Distribución y ENDE Sistemas Aislados). Se deberá tener mucho cuidado para que esta ENDE Corporativa no tropiece con las mismas piedras que hicieron tambalear a YPFB cuando se hizo cargo de toda la cadena productiva de los hidrocarburos mediante sus subsidiarias (YPFB Transporte, YPFB Logística, YPFB Refinación e YPFB Aviación)”.
En todo caso, Prado augura dos posibles futuros para el sector eléctrico dependiendo de las decisiones que tome el Estado: “Un país con el abastecimiento eléctrico garantizado, con un cómodo margen de seguridad entre la oferta y la demanda, un país exportador de electricidad con fuentes de generación debidamente consolidadas o un país encarando una profunda crisis energética y asumiendo los efectos económicos de cortes, apagones y restricciones, replicando la experiencia venezolana”.
Respecto al anuncio gubernamental de garantizar las inversiones necesarias en el sector en reemplazo de las empresas cuyas acciones han sido nacionalizadas, Prado afirma: “Más vale que lo hagan, caso contrario estaremos en problemas, en los mismos problemas en los que está Venezuela actualmente. Recordemos que el Gobierno de Chávez nacionalizó el sector eléctrico el 2007 y hoy está frente a la mayor crisis energética de su historia, declarando largos feriados para reducir la demanda”.
En Bolivia, de acuerdo con las estimaciones de las autoridades, la demanda crece cada año un 7 por ciento en promedio.
Procedimiento nacionalizador
La nacionalización decretada el 1 de mayo –DS 0493, que “Nacionaliza a favor de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el paquete accionario que poseen las sociedades capitalizadoras y las acciones en propiedad de terceros provenientes de las sociedades capitalizadoras”– ha afectado los intereses de tres empresas: Corani, controlada por Ecoenergy Bolivia SA (subsidiaria de GDF Suez); Guaracachi, en manos de Rurelec PLC; y la planta hidroeléctrica de Valle Hermoso, en manos del consorcio Bolivian Generating Group, de capitales bolivianos. En el caso de las dos primeras, sus respectivos gobiernos, a través de sus embajadores, han hecho pública su protesta por el modo en que se ejecutó la nacionalización. En el caso de la tercera, no hay Gobierno que la defienda.
Pero no sólo capitales privados se han visto comprometidos. El Embajador de Francia afirmó luego del 1 de mayo que la nacionalización fue una decisión que “afectó directamente al Estado francés”. Explicó luego a Pulso que “por ser GDF una empresa donde el Estado tiene una minoría local, es algo del Estado francés”. El diplomático señala que el Estado francés tiene el 35 por ciento de las acciones, una participación que pese a ser minoritaria “es importante, pues ninguna decisión estratégica se puede tomar sin la luz verde del Estado francés, y en el Directorio hay varios altos funcionarios que representan a diferentes ministerios del Gobierno. Por eso el Estado francés se sintió un poco afectado por ser algo en lo que participa”.
Para el Embajador británico, “no fue una sorpresa, fue, como dijo un colega, la crónica de una nacionalización anunciada. Desde 2006, pero particularmente con la nueva Constitución, el objetivo del Gobierno era tomar las riendas del sector energético, y he visto anteriormente los planes estratégicos de ENDE, que son claros en decir que iban a recuperar las empresas de generación para el desarrollo de ENDE”.
Pero al margen de lo más o menos anecdótica que resulte con el tiempo la puesta en escena de la nacionalización, el embajador Baker asegura que “lo que fue una sorpresa fue la manera de hacerlo, aunque se sabe que el 1 de mayo ocurren ese tipo de cosas en Bolivia. Ha sido una sorpresa porque la empresa ha tenido negociaciones con el Gobierno desde hace muchos meses, desde julio del año pasado, comenzando con el ministro Coca cuando era titular de Hidrocarburos y Energía; y en esas condiciones Rurelec siempre ha manifestado su deseo de continuar como socio minoritario en Guaracachi, trabajando con ENDE en el desarrollo del sector energético en Bolivia.
Rurelec es una empresa que trabaja en el mediano y largo plazo, y tuvo varias propuestas interesantes, creativas, para que ENDE pudiera tomar la mayoría, con Rurelec continuando como accionista minoritario”.
El embajador Grassin tiene la misma percepción, pues por la misma tradición estatista de GDF Suez, “de manejo de servicio público con atención a las necesidades del usuario, nos pareció que podíamos ser la base de una cooperación mejor, más estrecha con el Estado boliviano, pues compartíamos objetivos (…) nos parece que ha sido una oportunidad perdida de mejor cooperación, porque ya que está todo nacionalizado no tenemos espacio para quedarnos (como empresa)”.
Ahora a negociar
Tras la promulgación del Decreto de nacionalización ha comenzado la fase de negociación. En los casos de Francia y Gran Bretaña existen tratados de protección de inversiones con reglas claras al respecto, que establecen, además de un plazo para la negociación directa, varias alternativas para el caso de necesitarse un arbitraje, siendo el CIADI –al que Bolivia ya no reconoce como instancia válida– apenas una de las alternativas posibles.
Respecto de la estrategia para el caso particular de GDF Suez, el embajador Grassin explica que como Estado “lo que haremos en este caso es dejar en primera línea a la empresa , porque ellos son los que mejor saben cuál es la evaluación de la empresa y sus acciones, y hasta donde pueden aceptar una negociación; pero si esto fracasa, y deciden ir al arbitraje, eso sí se pone en marcha con los Estados”.
Por su parte, el Embajador británico reitera la posición asumida desde el primer momento: “hemos dicho al gobierno de Bolivia, que respetamos el derecho soberano de Bolivia de nacionalizar, pero de cualquier nacionalización se espera una compensación justa por el valor de mercado de las acciones, tenemos un Acuerdo de Protección de Inversiones, hay reglas constituidas bajo ese acuerdo, se espera que el Gobierno de Bolivia cumpla”.
Pero agrega Baker que “una de las cosas que a la empresa le preocupan es que el Decreto dice que será la misma ENDE que va a nombrar una persona que hará la valuación de la misma empresa, para la empresa (Rurelec PLC) no es aceptable, pues una de las partes en disputa está haciendo la valuación de la otra parte en la disputa. Rurelec ha sido siempre transparente con el Gobierno sobre el valor de la empresa, ya han hablado de un precio justo por las acciones, vamos a ver cual será el resultado, pero algunos resultados de otras empresas ya han sugerido que el valor ofrecido por el Gobierno no va a ser la misma cosa que el valor que la empresa considera precio justo”.
Al respecto, el abogado Cayo Salinas ha escrito en el diario Los Tiempos que “Los inversores se irán prácticamente con las manos vacías, porque en una singular forma de hacer negocio, el Estado nacionalizó empresas a ser pagadas con lo que se reconozca de inversiones menos los pasivos”.
El valor de las inversiones
Para el Gobierno, el principal argumento para nacionalizar la producción de energía eléctrica está en la insuficiente inversión de los últimos años que, ad límine, pone al país en riesgo de sufrir déficit de electricidad en el mediano plazo, habida cuenta que, incluso con las recientes inversiones de la ahora nacionalizada Guaracachi, el equilibrio entre oferta y demanda está garantizado sólo por los próximos dos años.
Al respecto, Bernardo Prado asegura que “oficialistas y opositores coinciden con eso, la crisis es inminente si no se toman las medidas adecuadas, mismas que deberán estar acompañadas de las inversiones necesarias. El Gobierno, por ejemplo, afirma que de no ser por las inversiones realizadas por ENDE en la Termoeléctrica de Entre Ríos (Cochabamba) el país ya estaría viviendo una crisis eléctrica. El ministro Vincenti confirmó, tras la nacionalización, que Bolivia no tiene la generación suficiente para lograr cubrir el margen de seguridad del 10 por ciento que debe existir entre la oferta y la demanda de energía eléctrica”.
El embajador Grassin no lo ve así. Explica que en el caso de Corani se ha invertido poco más de lo establecido en el contrato de capitalización –”heredado” por GDF Suez, que compró las acciones en la Bolsa de Londres–, y que en todo caso “de qué sirve hacer capacidades excedentarias de generación de energía eléctrica si lo importante es estar de acuerdo a la demanda; además, una termoeléctrica es bastante fácil de construir, es rápido; en un plazo máximo de dos años se pueden crear nuevas capacidades “. Por su parte, el embajador Baker hace énfasis en las inversiones de Guaracachi, que significaron en el último año un incremento de más de 100 mW de potencia.
Está en discusión, entonces, el valor de las inversiones realizadas hasta ahora, capaces en efecto de mantener la brecha entre oferta y demanda dentro de lo aceptable, pero al parecer insuficientes para garantizar la provisión de energía en el mediano plazo y mucho menos de permitir la exportación de electricidad, ambición ya señalada del Plan Nacional de Desarrollo.
A ese respecto Bernardo Prado ofrece una conclusión que es contundente: “El Gobierno tiene absolutamente toda la responsabilidad de la opción a la que lleguemos en el futuro. Ya no existe una oposición que pueda frenar una Ley de Electricidad hecha a la medida del Gobierno, ya no existen las transnacionales que traban las inversiones y los proyectos, en pocas palabras, los caminos hacia la seguridad energética están despejados, si vamos por el asfaltado o por el empedrado es una decisión que corresponderá íntegramente al Gobierno”.
Y remata el especialista: “Si en los próximos años estamos exportando electricidad, y tenemos la demanda satisfecha, el merito será íntegramente del Gobierno, si estamos a plan de velas no habrá dudas sobre el responsable”.
El plan no está completo
En el Decreto de nacionalización no están todas las empresas del sector. El Gobierno ha manifestado que luego de la nacionalización del 1 de mayo el Estado tiene el control del 80 por ciento del negocio.
El embajador de Francia en Bolivia, Antoine Grassin, se ha fijado en este aspecto, y señala que “Lo que a mí me sorprende es que en este esquema del Estado boliviano de controlar el sector eléctrico se ha interesado mayormente en la generación, pero no en toda la distribución, y esta área está pendiente –o está en conflicto en Cochabamba–, pues hay otras empresas de distribución que no han sido tocadas, y por eso parece que falta el plan total, porque es en la distribución donde mejor se puede controlar el servicio que se da al ciudadano”.
Agrega el Embajador francés que sin duda intervenir en la distribución, por el contexto boliviano, es un asunto conflictivo que tendrá un costo político, que debería ser asumido en aras de efectivamente controlar el sector energético pensando en el usuario final, para lo cual hace falta tener un plan completo.
Por su parte, el embajador de Gran Bretaña en Bolivia, Nigel Baker, piensa que esta nacionalización selectiva de empresas del sector se debe a que “la importancia simbólica de las tres empresas es que fueron capitalizadas; en Bolivia es políticamente muy simbólico; es más, es un compromiso del Gobierno con sus votantes pues dijeron que iban a revertir todas las capitalizaciones del llamado periodo neoliberal”.
Una de las más notorias entre las empresas que no fueron afectadas por la nacionalización es la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (Cobee), cuya única propietaria, con el 100 por ciento de las acciones, es Inkia Holdings (Cobee) Limited, una empresa registrada en Bermuda (parte del Commonwealth), bajo el registro de compañía (ROC) número 34869. Esta empresa tiene como única accionista a Israel Corporation Ltd. que es el mayor holding de Israel.

Claudio Rossell Arce/Pulso

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