Follow TarijaLibre on Twitter

Evo exige la devolución de gastos reservados y emplaza al Senado sancionar ley anticorrupción

Publicado por tarijalibre on Oct 11th, 2007 y clasificado en Órgano Legislativo. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

El Jefe de Estado asegura que los ex presidentes que dispusieron de manera arbitraria de esos recursos deben reintegrarlos a la arcas del Estado. Revindica la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” para que se investigue las “fortunas mal habidas”.

La Paz, 10 oct (ABI).- El mandatario Evo Morales Ayma demandó este miércoles a los ex presidentes de la República devolver las elevadas sumas que fueron utilizadas en sus Gobiernos bajo el rótulo de “gastos reservados” y emplazó al Senado Nacional a sancionar la ley anticorrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

Indicó que los gastos reservados fue un mecanismo para amasar fortunas mal habidas y que alimentaron “intereses particulares” o en su caso fueron utilizados “para comprar dirigentes”.

Morales, quien participó de la sesión de Honor del Congreso en homenaje a los 25 años de democracia, manifestó que su Gobierno no ha destinado ni un solo centavo a los gastos reservados y su administración demostró que cuando hay honestidad no es necesario echar mano de recursos sin rendir cuentas al pueblo, como ocurría en el pasado.

“¿Para qué los gastos reservados?…, qué bueno sería, qué importante sería que los ex presidentes, los anteriores gobiernos, devuelvan los gastos reservados. En el fondo, eran gastos de corrupción, gastos de malversación, gastos de desvío a otros intereses o a comprar dirigentes”, indicó el Jefe de Estado.

Morales señaló que una de los objetivos del proyecto de Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” es indagar estos hechos irregulares que se han enriquecido a dirigentes políticos a costa del pueblo.

En ese marco, el presidente boliviano pidió a los “senadores sancionar la ley” y aseguró que no hay por qué tener miedo a la investigación de las fortunas mal habidas de los anteriores gobiernos. “Necesito esa ley para acabar con la corrupción”, exhortó Morales a los congresistas.

“¿Por qué se duerme en el Senado esa ley? ¿Qué miedo tenemos a la investigación, ex autoridades, ex presidentes, ex ministros, ex parlamentarios ex embajadores? No hay por qué tener miedo a la investigación a fortuitas sospechosas, a fortunas mal habidas”, retó la primera autoridad del país.

Señaló que esa ley anticorrupción debe ser ejecutada de manera retroactiva y que la Asamblea Constituyente constitucionalice la misma “para acabar con todos los corruptos que robaron al país”.

Indicó que el peor enemigo de los bolivianos no fue sólo el neoliberalismo sino la corrupción. Manifestó que el Palacio de Gobierno “era casa de negocios, no era un Palacio para gobernar por el pueblo ni sentir desde ahí por la Patria”.

El pasado 29 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de la ley anticorrupción y la remitió al Senado Nacional para que sea sancionada y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo.

LA LEY

En noviembre de 2006, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” con el propósito de hacer frente ese flagelo en la administración pública y que también involucra a las personas naturales jurídicas que hubieran o cometan cualquier acto de corrupción.

La propuesta aprobada por la Cámara Baja señala que “en los casos de demandas del Estado relacionados con la recuperación de activos para el Estado provenientes de la corrupción y/o la criminalidad económica, el Estado únicamente estará obligado a demostrar la calidad actual o pasada de funcionario público del demandado o la relación del demandado con un funcionario público y la existencia de los bienes y activos que acrecientan ilegítimamente el patrimonio de alguno de los demandados”.

En el proyecto de ley se considera corrupción: “el enriquecimiento o la aceptación, directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”.

Sanciona el enriquecimiento ilícito, el soborno, investiga las fortunas, ejecuta un control patrimonial de los bienes de los servidores públicos de primer, segundo, tercer nivel y su aplicación se ejecutará en los ámbitos de los tres poderes del Estado.

Las personas privadas, naturales o jurídicas serán investigadas, siempre que sean denunciadas y reportadas por operaciones inusuales o sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial.

La iniciativa establece la retroactividad de sus alcances, es decir una vez aprobada no surtirá efecto sólo para los hechos cometidos a partir de su vigencia, sino se facultará a las instancias correspondientes investigar actos pasados.

La propuesta incorpora la figura de la imprescriptibilidad entendida como la no extinción de los derechos y acciones que tiene el Estado en los delitos tipificados en el Código Penal que atenten contra los bienes jurídicos del Estado: corrupción, enriquecimiento ilícito y delincuencia económica financiera, por el transcurso del tiempo.

También incorpora la creación de fiscales anticorrupción exclusivos, un Consejo Nacional de la Lucha Contra la Corrupción integrado por representantes de organizaciones sociales, todos los poderes de acceso a la información sobre los recursos y gastos sobre la base de los medios y tecnología existentes.

Establece sanciones desde los cinco años de cárcel hasta los 12 para quienes cometan actos de corrupción que afecten al Estado, los que son considerados “delitos de lesa humanidad”.

Abarca a todas las instituciones relacionadas con el Estado, como las Fuerzas Armadas, las universidades, la Policía Nacional, prefecturas, Gobiernos municipales, y establece la retroactividad para secuestrar bienes de personas que los obtuvieron de manera ilícita.

Establece la necesidad de contar con policías, fiscales y jueces especializados en la lucha contra la corrupción porque consideran que este mal social también se incrustó en algunos sectores de la justicia.

El proyecto propone la creación de la Comisión Nacional de Lucha Contra la Corrupción y Transparencia en la Gestión Pública que estará formada por los ministerios de Gobierno, Justicia, Hacienda y un representante del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción.
Jcch/Dgav ABI

Etiquetas: , ,

Articulos Relacionados

Deje una contestacin

*
Publicidad Disponible-250x250

FACEBOOK

FACEBOOK

TWITER

MY SPACE