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Fiscal General rechaza renuncia de Soza a caso terrorismo

Publicado por Tarija on Abr 27th, 2011 y clasificado en Órgano Judicial. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

El fiscal general Mario Uribe rechazó el martes en rotundo la renuncia del fiscal Marcelo Soza, de la jurisdicción de La Paz, a la investigación -de los objetivos y conexiones de una célula de mercenarios europeos contratados en 2008 para encender una guerra civil en Santa Cruz, fracturar Bolivia y producir un quiebre institucional en el país andino amazónico- del bullado ‘caso terrorismo’.

“Mientras él sea funcionario del Ministerio Público y ejerza la labor de fiscal de materia está sujeto no a su voluntad sino a la voluntad de la ley”, dijo Uribe en conferencia de prensa dictada en Sucre, capital constitucional y sede del Poder Judicial de Bolivia, a 756 km al sudeste de La Paz.

Uribe rechazó la dimisión de Soza y advirtió, en caso de persistencia, que “existe un procedimiento disciplinario” que observar en el reglamento de funcionarios del Ministerio Público boliviano y que tal eventualidad podría sancionarse como “incumplimiento deberes”.

Soza se apartó de la investigación a causa de lo que definió, en una carta enviada la víspera a Uribe, como una campaña mediática de “desprestigio y desinformación” montada en su contra y la de la misma indagación.

“Por esta razón tomé la difícil decisión de apartarme de la dirección funcional del caso terrorismo (caso 3372/09) aspecto que pongo a su conocimiento para la designación de un nuevo fiscal teniendo en cuenta que, estoy seguro, que estos ataques cobardes seguirán existiendo contra el o los fiscales que su autoridad designe” posteriormente, afirmó.

Uribe restó importancia a las amenazas que Soza dijo haber recibido en el curso de sus indagaciones y también durante la fase conclusiva del proceso, previa a la sentencia.

“Cualquier hecho que vaya, precisamente, a presionar al Fiscal, no es la primera vez que ocurre. Los fiscales de materia desde el suscrito Fiscal General estamos sujetos a diversas presiones de carácter sicológico que tienen los mensajes por celulares llamadas telefónicas. Es un efecto enteramente de carácter subjetivo que no corresponde tratarlo en el caso presente”, argumentó.

Soza deploró que la investigación de dos años a su cargo impactó contra “su imagen y la imagen de su familia” y también minó la seguridad de su familia.

“He recibido una serie de amenazas anónimas hacia mi persona y mi familia durante el transcurso de estos 2 años, razón por la que incluso se me asignó seguridad personal, habiéndose agravado aún más este tipo de hechos cobardes con la presentación de la acusación y más aún con la audiencia conclusiva”, argumentó en la carta.

Al tiempo de desestimar la dimisión, el Fiscal General patentó la confianza del Ministerio Público en Soza, que investigó el ‘caso terrorismo’ entre 2009 y 2010.

“Bajo el principio de presunción de inocencia él (por el fiscal dimisionario) goza de absoluta confianza del suscrito Fiscal General porque, entre tanto no se pruebe en una sentencia condenatoria los actos o hechos que se atribuyen, él goza de absoluta confianza”, sostuvo.

En el umbral de la fase conclusiva del proceso que tiene en vilo a Bolivia hace dos años, Soza ha imputado a casi 40 bolivianos y extranjeros.

Entonces “corresponde ingresar ya a la fase del juicio donde el Ministerio Público, debidamente, producirá las pruebas y será la autoridad jurisdiccional si da por comprobado o no los hechos que se han atribuido a los imputados”, afirmó Uribe en referencia al proceso.

Según Soza, los medios bolivianos sembraron obstáculos en el camino de su indagación.

“Se prestaron a tergiversar la misma presentando imágenes, entrevistas, vídeos y grabaciones de dudosa procedencia que va en contra del derecho a la integridad, inclusive a la que tiene toda persona que se encuentra protegida constitucionalmente, provocando que la información sea incompleta e inadecuada, desprestigiando desde todo punto de vista la investigación y más aún a mi persona, dándole solo el tinte político”, denunció.

Soza asumió la investigación luego que la Policía desbaratara, el 16 de abril de 2009, en un hotel de Santa Cruz, una gavilla de milicianos europeos, veteranos de la guerra secesionista de los Balcanes, a principios de la década de los ‘90 del siglo pasado.

La banda, encabezada por el mercenario boliviano-húngaro croata, Eduardo Rosza Flores, fue contratada a fines de 2008, luego de fracasar un golpe cívico prefectural contra el presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado en agosto de ese año en las urnas con el 67% los votos.

El ex líder civil de Santa Cruz y acaudalado empresario Branco Marinkovic, fue acusado de financiar, junto a otros grupos de poder empresarial, las acciones de la célula de mercenarios europeos.

Una Comisión Multipartidaria del Congreso boliviano de 2009, integrada por legisladores oficialistas y opositores al gobierno de Morales, confirmó, tras una indagación de varios meses, que el grupo terrorista de Rosza, que llegó a Bolivia a cuenta gotas entre octubre de 2008 y marzo del año siguiente, planeaba encender una guerra civil en Santa Cruz y luego promover la separación de la rica provincia boliviana del resto del país andino amazónico.

Tras dos años de investigaciones, Soza formalizó, el 17 de diciembre último, a 39 personas vinculadas a la célula terrorista, tras realizar “la valoración sobre el grado de participación de cada uno de ellos en el caso y también porque hemos encontrado suficientes elementos de convicción que los involucran en el hecho terrorista”.
RedCentral/cc ABI

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