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Gobierno limita compensacion por Daño Ambiental Petrolero

Publicado por Tarija on Jun 18th, 2010 y clasificado en Gas y Petroleo, Medio Ambiente, Movimientos Sociales. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

El Ministerio de Hidrocaburos elabora la modificación del Reglamento de Consulta Indígena de 2007. En el nuevo documento plantea fijar límites a la compensación para las comunidades afectadas por daños socioambientales.
Hasta el momento, el pago a los indígenas está librado a las negociaciones entre estos grupos y las petroleras. Pero la nueva norma establece un rango que va desde 0,5 por ciento hasta 1,5 por ciento del monto de la inversión.
El director de Gestión Socioambiental de este despacho, Omar Quiroga, explicó que en la actualidad algunas empresas pagaron 70.000 dólares y hasta 1,6 millones de dólares por ese concepto. Aunque aclaró que esos montos son costos recuperables para la empresa.
Manifestó también que el pago por derecho de vía debe ser regulado con topes máximos y mínimos. En este caso hay empresas que pagaron 2.000 dólares por hectárea y hasta 10.000 dólares.
Dos son las razones para introducir la modificación: una, que actualmente no existen márgenes de negociación y, otra, que hay indígenas que piden montos excesivos, según dijo el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y ex dirigente campesino Isaac Ávalos, quien destacó que algunas comunidades incluso prefieren dinero en lugar de obras, como escuelas u hospitales que las empresas les ofrecen.
La semana pasada, el apumallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), Rafael Quispe, denunció la intención del presidente Evo Morales de anular la consulta indígena por considerar que ahuyenta las inversiones, pero autoridades del Ejecutivo lo desmintieron.
Quiroga señaló que el objetivo de la reglamentación de la consulta es agilizar la inversión en el sector observando el respeto a las costumbres y los derechos de los pueblos indígenas.
Otro aspecto que regula la nueva norma en cuestión es la duración de la consulta y el tiempo que se emplea en la negociación del pago de la compensación en la que el Ministerio de Hidrocarburos suele actuar como mediador.
Quiroga manifestó que en algunos casos la realización del proceso sobrepasa los tres meses, tiempo que para las petroleras es demasiado largo, más aún cuando surgen problemas como la falta de una dirigencia reconocida o reiteradas observaciones que merecen nuevas explicaciones del alcance del proyecto.
La consulta indígena figura en el numeral 15 del artículo 30 de la Constitución Política del Estado (CPE): “Se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
A la vez se constituye en un requisito para que la compañía inversionista obtenga la licencia ambiental. Sin embargo, no da derecho a veto a las comunidades originarias, sino que deriva indefectiblemente en una compensación.
El Director de Gestión Socioambiental manifestó que durante la consulta se identifican los daños ambientales que provocaría el proyecto, por lo que, si es necesario, incluso se pide al inversionista la modificación de su operación.
En caso de que surjan cuestionamientos reiterados y delicados, situación que hasta la fecha ya se presentó, interviene el Estado para realizar la valoración con el objetivo de precautelar el respeto a los derechos de los indígenas.
No obstante, según Quiroga, los comunarios muchas veces son influenciados por organizaciones no gubernamentales o intereses políticos aún no identificados y ponen muchas trabas a un determinado proyecto.
Con todos estos conflictos, indicó, entre 2007 y 2009, en el sector de hidrocarburos se realizaron 14 procesos de consultas que concluyeron con la otorgación de la licencia ambiental. Cuatro están en proceso y se prevé comenzar este año otras cuatro en la región del Chaco.
Uno de los problemas más preocupantes, reconoció el Director de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, es la demanda del pueblo guaraní de no desarrollar actividad hidrocarburífera en Aguaragüe, sur Bolivia, la cual desconoce un acuerdo suscrito hace un mes. Ni ellos ni el Gobierno pueden frenar los planes, porque dejarla inactiva significaría reducir los ingresos para Bolivia, aseguró.
En minería no se aplica la consulta
La consulta indígena establecida en la Constitución Política del Estado (CPE) nunca fue aplicada en el sector minero por la ausencia de una norma que reglamente el procedimiento. En el Ministerio de Minería y Metalurgia informaron que, a pesar de ese vacío, los inversionistas de tres proyectos del sector ya iniciaron conversaciones con representantes de la comunidad, si bien este acercamiento no puede considerarse como una consulta indígena.
Los tres proyectos, uno estatal y dos privados, son: Hidrometalúrgica de Corocoro (cobre) en La Paz; Amayapampa (explotación de oro) en Potosí, y Kores (cobre) en Corocoro, La Paz. La iniciativa estatal ya se encuentra en operación no obstante el diálogo con la comunidad todavía continúa en curso.
El director nacional de Minería, Freddy Beltrán, dijo el martes que el proyecto de reglamento se encuentra en fase de socialización con los sectores involucrados, y se espera que sea aprobado al mismo tiempo que la nueva Ley Minera.
La consulta es un proceso explicativo y de participación de la comunidad y su potestad no se interpreta de ninguna manera como un veto, pues es el Estado el que tiene la última palabra incluso a pesar de las observaciones de las comunidades.
Pasos de la consulta
PRIMERO: información sobre la actividad hidrocarburífera; por ejemplo, se realizan reuniones explicativas, se proporciona el documento original del proyecto hidrocarburífero. Las empresas muestran maquetas.
SEGUNDO: planificación y acta de entendimiento. Las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos presentan una propuesta de planificación según sus usos y costumbres. El Ministerio de Hidrocarburos presenta una contrapropuesta y se consensúa hasta llegar a acuerdos.
TERCERO: ejecución de la consulta. Se realizan reuniones y asambleas según los usos y costumbres para socializar la información del proyecto con la comunidad. Se identifica el impacto socioambiental y las medidas de mitigación. Se identifica los sitios vulnerables.
CUARTO: consenso y firma del convenio. Se presentan y se consensúan los resultados del proceso entre el Ministerio y las naciones originarias. Se identifican los daños no mitigables para la compensación.

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