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Las prefecturas aportan menos del 5% de su presupuesto

Publicado por tarijalibre on Ago 18th, 2008 y clasificado en Autonomía, Movimientos Sociales. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

El aporte de la Prefectura de Santa Cruz al pago de la Renta Dignidad representa el 5 por ciento de sus ingresos totales, lo que en cifras equivale a 37 millones de bolivianos. En el caso de Tarija, el monto que se le recorta a ese departamento para el pago a los ancianos representa el 1,7 por ciento de su presupuesto, es decir, 40 millones de bolivianos.

El ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, explicó a la red Patria Nueva, que las autoridades departamentales le mienten a la población cuando aseguran que se les está confiscando los recursos que necesitan para obras, cuando en los hechos el mayor ingreso que reciben las regiones no es por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sino por regalías petroleras.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Prefectura de Beni, Rafael Saavedra, dijo en una anterior declaración que para su región es de vital “importancia recuperar los recursos del IDH porque significan caminos, infraestructura, electrificación y desarrollo productivo”.

En el caso concreto de la prefectura cruceña, la autoridad explicó que entre el 65 y 70 por ciento de sus ingresos, es decir, 452 millones de bolivianos corresponde a regalías hidrocarburíferas y únicamente 16 por ciento (123 millones de bolivianos) corresponde al IDH. Es de este último monto que ese gobierno departamental aporta 30 por ciento para el pago de la Renta Dignidad.

Arce indicó también que la Prefectura cruceña elevó sus recursos entre 2005 y 2008, pues hace tres años recibía 394 millones de bolivianos y ahora percibe cerca a 711 millones.

Reiteró que los recursos que se recorta para el pago de este bono, no sólo a las prefecturas, sino a los municipios, al Tesoro General de la Nación (TGN) y al Fondo Indígena, irán a un fondo que garantizará la cancelación del beneficio en el futuro. Según el Ejecutivo, el número de 680.000 personas mayores de 60 años de edad, que actualmente forman parte de la población, se incrementará hasta el año 2050 al menos a tres millones de personas.

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