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“Media Luna” pide a Podemos no aprobar renta Dignidad y denuncia presunta conjura

Publicado por tarijalibre on Nov 14th, 2007 y clasificado en Órgano Legislativo. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

Las autoridades de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba, cerraron filas y advirtieron que no permitirán el recorte de los ingresos regionales. No obstante, la redistribución departamental del IDH no afecta el ingreso de las regiones.

Los prefectos de la denominada “media luna” y Cochabamba pidieron hoy a Poder Democrático Social (Podemos) no aprobar en el Senado la ley que autoriza el pago de la renta dignidad a los adultos mayores de 60 años, además de declararse “víctimas” de una supuesta conspiración del Poder Ejecutivo.

 

Por más de tres horas, los prefectos de Beni, Ernesto Suárez Satori; de Pando, Leopoldo Fernández; de Tarija, Mario Cossío; el representante de Santa Cruz, José Luís Parada; y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, expresaron su negativa a la redistribución del Impuesto de los Hidrocarburos (IDH) y el pago de la renta Dignidad.

 

Los presidentes de la Comisión de Hacienda, Walter Guiteras; y de Desarrollo Económico, Carlos D’ Arlach, ambos de Podemos, convocaron a los prefectos de los nueve departamentos para conocer su posición sobre el financiamiento de la renta Dignidad con parte del IDH.

 

En oportunidad de explicar las razones por las que rechazan a que se financie la renta Dignidad de 2.400 bolivianos anuales a los adultos mayores de 60 años en el país, ratificaron que no admitirán la redistribución del IDH y el financiamiento para el pago de ese beneficio.

 

Además, pidieron a los senadores de Podemos que no aprueben la mencionada norma de beneficio social porque la Ley No. 3058 de Hidrocarburos establece que sus recursos únicamente deben ser utilizados para los sectores de salud, educación e infraestructura.

 

Coincidieron en que la decisión del Gobierno de llevar adelante la distribución del IDH y el descuento para pagar la renta Dignidad “es una jugada política que apunta a destruir a los prefectos electos por voto y a eliminar el proceso autonómico en sus regiones”.

 

La redistribución departamental del IDH trasfiere directamente recursos a los municipios y obvia la intermediación de las prefecturas, lo que en términos generales no representa un recorte de los recursos regionales.

 

Con la nueva distribución del IDH departamental, las prefecturas recibirán 24.4 por ciento frente al 56.9 por ciento que aún reciben; los municipios mejorarán sus ingresos y tendrán una asignación de 67 por ciento frente al 34.5 por ciento anterior y las universidades mantendrán su asignación en 8.62 por ciento.

 

“ENGAÑAN AL PAIS”

 

El prefecto del departamento de Pando por Podemos, Leopoldo Fernández (ex ADN), manifestó que el Poder Ejecutivo “le está engañando al país” con el pago de renta dignidad con recursos que le pertenecen a las prefecturas y no al Gobierno.

 

Además, que no es constitucional que recursos del IDH sean utilizados para el pago de ese beneficio porque la Ley de Hidrocarburos establece con claridad que el IDH únicamente debe ser utilizado para las partidas de salud, educación e infraestructura.

 

“El Poder Ejecutivo quiere debilitar a los gobiernos prefecturales vulnerando la ley y planteando sacarle dinero a las regiones como el Bonosol, SuSalud y la renta Dignidad”, aseguró Fernández.

 

Según el prefecto del departamento del Beni, Ernesto Suárez Satori, el Gobierno está atentando a su desarrollo.

 

“Es un atentado directo al proceso autonómico que está poniéndose en vigencia. El centralismo maldito que ha ahogado al departamento del Beni, ahora el Gobierno está pretendiendo reactivarlo”, aseguró Suárez Satori.

 

El prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa (ex jefe de NFR), dijo que las prefecturas de los nueve departamentos este año cumplirán con el 100 por ciento de su ejecución presupuestaria, por lo que un eventual recorte del IDH significará el retraso para su región.

 

“El recorte del IDH es un retroceso y los culpables van a ser ustedes (senadores) y nosotros (prefectos) porque se está quitando a las regiones la posibilidad de luchar contra la pobreza. El pago de la renta Dignidad con el IDH no es legal, por lo que habrá que buscar otra alternativa”, precisó.

 

De su parte el prefecto de Tarija, Mario Cossío, dijo que los recursos provenientes del IDH es la única base para hacer realidad el desarrollo de su región, por lo que el Gobierno deberá explicar por qué se le quiere truncar el desarrollo de las regiones.

 

“No vamos a admitir y no vamos a permitir el recorte del IDH, porque a través de ese mecanismo el Gobierno quiere destruir a los prefectos electos y el proceso autonómico. Es inamisible el permitir que se destruya a los prefectos para que nos impongan proyectos totalitarios”, manifestó el ex presidente de Diputados por el MNR.

 

Criterios con los que coincidió el representante de la Prefectura de Santa Cruz, José Luís Parada, quien, además, acusó al Gobierno de pretender postergar al departamento que se ha constituido en el modelo de desarrollo regional.

 

Tras la conclusión del informe entre senadores de Poder Democrático Social con los prefectos de la denominada “media luna” y los delgados de La Paz y Potosí el presidente de la Comisión de Hacienda, Walter Guiteras, dijo que únicamente se ha recibido los criterios de los prefectos.

 

Y que una vez concluya con la recopilación de información de la organización que aglutina a los alcaldes, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Banco Central de Bolivia (BCB) presentará su informe al pleno de la Cámara de Senadores.

 

La renta Dignidad beneficiará a 676 mil ancianos mayores de 60 años de edad, de los cuales el 63 por ciento se encuentra en el área urbana y un 37 por ciento en el área rural, aunque en algunos departamentos como Potosí y Chuquisaca sucede un proceso inverso.

 

Del total de beneficiarios, en La Paz se concentran 218 mil; en Santa Cruz, 129 mil; en Cochabamba, 123 mil; en Potosí, 65 mil, en Chuquisaca, 46 mil; en Oruro, 36 mil; en Tarija, 31 mil; en Beni, 21 mil y en Pando 3 mil.

 

El monto que se pagará será de 2.400 bolivianos a los mayores que no poseen una renta mensual y 1.800 bolivianos, en lugar de los 1.200 iniciales, para aquellos que tiene jubilación.
Lcr/Dgav ABI

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