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NNUU concluye que hubo masacre en Pando cometida por civicos y la Prefectura local

Publicado por tarijalibre on Mar 25th, 2009 y clasificado en Comité Cívico, Pando. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

Un informe público de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia, concluyó que la masacre de campesinos y normalistas en Pando, el 11 de Septiembre de 2008, constituye una “grave violación a los derechos humanos” y que habría sido cometida por funcionarios de la Prefectura de Pando, funcionarios del Servicio de Caminos (SEDCAM), miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura.

Las conclusiones del informe fueron presentadas públicamente el miércoles en La Paz, por el representante de la OACNUDH en Bolivia, Denis Racicot.

“Según el seguimiento de los hechos de El Porvenir, lo que hemos observado y por la información recabada, concluimos que hubo un ataque frontal con uso de armas letales en forma indiscriminada de forma unilateral y que los campesinos no tuvieron otro remedio que salvarse quien pueda”, dijo el representante de Naciones Unidas.

El informe de 27 páginas, da cuenta que “los graves sucesos de El Porvenir y sus alrededores”, cobraron la vida de al menos 11 personas; refrendando los datos del Ministerio Público que identifica a 9 campesinos y normalistas, y a 2 partidarios de la Prefectura de Pando, además de 50 heridos en su mayoría campesinos.

Racicot aclaró que más adelante se podrían incluir otras víctimas si se comprueban fehacientemente que han sido víctimas de la masacre, en el entendido de que hay informes de personas desaparecidas aún, que no se ha podido corroborar.

“Se maneja una cifra de 13 víctimas mortales porque se incluyen dos víctimas del 12 de septiembre, en los hechos ocurridos en el aeropuerto de Cobija. Nuestra oficina no ha investigado esos hechos, pero pedimos a las autoridades correspondientes que se investiguen estos actos y otros que se sucedieron durante los siguientes días al 11 de septiembre”, dijo.

Para la elaboración del informe, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bolivia, realizó dos investigaciones de campo en el departamento de Pando y efectuó entrevistas con víctimas, familiares de las víctimas y testigos de los hechos.

Asimismo, se entrevistó con algunos de los ex confinados por el estado de sitio y con algunas personas que se trasladaron a las localidades fronterizas de Brasil.

La Oficina también mantuvo un diálogo regular con las autoridades nacionales y departamentales, con representantes del Defensor del Pueblo y de la sociedad civil y consultó material audiovisual y periodístico.

El informe concluye con 14 recomendaciones que piden el esclarecimiento de la masacre y las graves violaciones a través de un proceso penal serio e imparcial, que se inscriba en el debido proceso y sin dilaciones indebidas.

Asimismo, recomienda que se investiguen y esclarezcan otros hechos de violencia entre el 11 y el 14 de septiembre, incluyendo el incidente de Cachuelita, las muertes durante la operación militar en el aeropuerto de Cobija y la quema de la Alcaldía de Filadelfia.

Pide asegurar el acceso a la justicia a las víctimas; investigar a nivel administrativo y disciplinario si las acciones tomadas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron las más adecuadas para evitar la escalada de la violencia; adoptar las medidas más eficaces e inmediatas para garantizar la seguridad de los testigos; investigar administrativamente y determinar si la fuerza utilizada en los arrestos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fue la razonablemente necesaria.

También pide adoptar medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad que favorezcan el retorno de las personas que todavía permanecen fuera de sus comunidades, entre otras.

En cuanto a la situación jurídica del ex Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, el informe deja en manos del Tribunal Constitucional, que defina su estatus jurídico, de acuerdo al hábeas corpus presentado ante esa instancia.

Asimismo, espera que el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados, que actúa como Ministerio Público, esclarezca la situación de la ex autoridad que está retenida en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.
mam/rsl ABI

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