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Nueva CPE no afectara a mineras privadas pero exigira industrializar

Publicado por tarijalibre on Feb 3rd, 2009 y clasificado en Asamblea Constituyente, Industrialización. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

La implementación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) no afectará la ejecución de los proyectos mineros grandes ni pequeños que sean privados, sólo controlará su trabajo, en cambio, sí les exigirá que se introduzcan en el proceso de industrialización.

Además, se eliminan las concesiones mineras privadas y las mismas deben mudarse a contratos de exploración, explotación e industrialización mediante la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

La experiencia de dedicarle muchos años de su vida al trabajo del subsuelo y de haber sido dirigente principal de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) le otorga autoridad al ahora, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, José Pimentel, para hablar sobre minería.

En la entrevista concedida a este medio, más allá de dibujar el panorama de la minería con la nueva Constitución Política del Estado (CEP), Pimentel destacó la importancia de la minería en el futuro de la economía nacional.

El Estado como principal administrador de los recursos naturales del territorio nacional fija ahora los lineamientos y principios de la nueva política minera nacional que se basan en la fiscalización y participación del Estado en todos los emprendimientos mineros tanto públicos y privados a través de contratos:

Pregunta.- ¿En qué quedan las concesiones mineras con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado?

José Pimentel (JP).- La nueva Constitución Política del Estado cambia radicalmente lo que es el concepto del tratamiento de minería. El código de minería que no ha sido modificado. Hasta el presente establece que la concesión minera puede ser producto de embargo, prenda, garantía o incluso hereditaria, sujeto de crédito en el banco, hipoteca. Es decir, que en gran medida se está enajenando los recursos naturales que según la Constitución son propiedad del Estado y son intransferibles. En se caso, lo único que se les podía dar (a los empresarios) era un derecho temporal para su explotación.

Este concepto va a ser radicalmente cambiado por la nueva Constitución Política del Estado que ya no habla de concesiones mineras sino de contratos para la explotación de los minerales.

Se darán derechos para que exploten los minerales, pero en ningún momento el Estado perderá su tuición, su propiedad y mucho menos el control sobre la explotación de los recursos naturales.

(P).-En ese nuevo marco, en qué queda el proyecto de reversión de las concesiones mineras?.

JP.-Ese proyecto ya no tiene sentido porque con la nueva Constitución Política del Estado se anula la concesión minera y se le da un tiempo perentorio de un año para que hagan la transición al derecho minero prácticamente ya no tendría vigencia, pero este proyecto de ley que lo presentamos hace dos años buscaba anulaba estos derechos la posibilidad de que la concesión minera sea una prenda de garantía, hereditaria. Ese punto se quería rectificar en el Código Minero pero lamentablemente ese proyecto se truncó en el Senado.

(P).-En el nuevo escenario cómo se va aplicar el Decreto que declara reserva fiscal minera a todo el territorio nacional

JP.-El Decreto de declaratoria de reserva fiscal era no dar más concesiones mineras, entonces lo que hace la Comibol desde el año pasado es hacer contratos de operación con productores mineros a través de la presentación de un plan de exploración y explotación. Es a partir de esas previsiones que se hacen los contratos, porque antes la concesión era pedir una determinada extensión de terreno y no tenía ninguna obligación el concesionario hacer trabajos de exploración o explotación, podría estar en un tiempo indeterminado guardando y engordando.

(P).-Ahora con la nueva Constitución Política, cómo se va aplicar el tema de las concesiones mineras y en qué tiempo?

JP.-Ese tema todavía está en discusión. Se deben establecer los nuevos contratos entre el Estado mediante las empresas descentralizadas para que garantice el control del Estado sobre la propiedad productiva, buscar su eficiencia y lograr una tributación justa para las regiones.

Lo que manda la nueva Constitución Política es que desaparezcan las concesiones mineras y (las empresas) tienen que migrar a contratos de trabajo en las cuales se tiene que establecer cronogramas de trabajo para las fases de explotación, explotación y otros y en función a eso se determina la participación del Estado en cuanto a utilidades y ganancias. Esto tiene que ser sancionado por la nueva Asamblea Legislativa.

(P).-En relación a los proyectos privados grandes como San Cristóbal, cómo va a ser la relación con el Estado mediante Comibol?

JP.-En el caso de San Cristóbal tiene una concesión que tendrá que migrar a un contrato de explotación, pero se tiene que regir a las nuevas normas no es desconocer el derecho de la explotación, sino que el Estado tiene la tuición en cuanto a la fiscalización de toda la cadena productiva. Le va a dar al Estado una mayor capacidad de fiscalización porque no sabemos con qué comercializa ni hay un control sobre los volúmenes o las leyes.

Además otra de las políticas de la Constitución es que debemos tender a la industrialización, entonces en los contratos mineros se les va exigir que industrialicen los minerales en el país. Todos los proyectos mineros van a tener que cumplir la función de industrailizar.

(P).-Ahora, qué es la tarea inmediata que debe encarar el Gobierno en minería?

JP.-Dentro de una política nacional se debería intensificar los trabajos de geología. Tanto de parte de las empresas privadas y las instituciones del Estado. Éstas tienen que cumplir su función e intensificar este trabajo y reconocer nuestro potencial mineralógico e hidrocarburífero.

El trabajo es una obligación de Sergeotecmin y para ello precisan grandes volúmenes de inversión que no precisamente garantizan su rentabilidad, a veces son inversiones que tienen alto riesgo. De todos modos los convenios que ha firmado Sergeotecmin con las prefecturas de Oruro y Potosí se están llevando a cabo, pero los recursos económicos que se están invirtiendo no son los suficientes como para tener todo un estudio completo.

“La nueva CPE establece funciones de fiscalización y control en toda la cadena productiva, lamentablemente el actual Código Minero no le da al Estado esa prioridad y al contrario pierde su carácter de fiscalización como es el caso del control de las exportaciones”, José Pimentel.
Ymc/Rq ABI

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