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Reclamo de las constructoras deriva en una denuncia contra Mario Cossio

Publicado por Tarija on Jun 22nd, 2010 y clasificado en Corrupción, Tarija. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a travs de la RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback a esta entrada

El diputado opositor Wilman Cardozo anunció que presentará una denuncia contra el gobernador de Tarija, Mario Cossio, por incumplimiento de deberes y usará como prueba la solicitada publicada por la Cámara de la Construcción (Cadeco): “La verdad de las obras en Tarija”.El pasado 15 de junio la Cadeco publicó un documento en el cual aclara los motivos por los que existen obras retrasadas en el departamento de Tarija. Entre los puntos más importantes se menciona que los proyectos fueron licitados sin contar con estudios de pre-factibilidad y diseño final.

“No tienen Diseño de Ingeniería Completo, ocasionando así el retraso en las obras y generando costos adicionales para las empresas constructoras”, se lee en el documento. Asimismo, señala que los proyectos no tienen ficha ambiental y que los diseños eran malos o deficientes.

Esos puntos fueron suficientes para impulsar al diputado de Alianza Social a iniciar un proceso en contra del Gobernador del departamento. Según Cardozo, la denuncia la presentará hoy ante la Fiscalía de Distrito de Tarija.

“La denuncia se basa en la solicitada publicada por la Cámara de la Construcción, donde se aclara que la culpa de que las obras estén retrasadas y mal ejecutadas la tiene la Gobernación. Esta es una aclaración muy delicada, pero saludamos a la Cadeco por decir lo que las empresas no se animaron a denunciar”, dijo el legislador chaqueño, quien considera que por las irregularidades en la licitación y contratación de las obras es que las mismas están “pa las zurdas”.

El diputado explicó que su denuncia será para que se inicie un proceso de investigación no sólo al gobernador Mario Cossío, sino también a otros funcionarios de la ex Prefectura tarijeña que no observaron las supuestas irregularidades.

En ese sentido, la petición de Cardozo será citar a Mario Cossío, que se notifique a los funcionarios administrativos de la Gobernación, que se convoque a la dirección departamental de la Cadeco para que amplíe la información que publicó en la solicitada en la que identifica las obras y proyectos irregulares. Y, finalmente, que se abra una auditoria a los proyectos y obras observadas, para lo cual la Gobernación deberá remitir toda la información sobre los procesos de licitación y contratación.

Además, el diputado opositor por el Chaco anunció que solicitará a la Fiscalía de Distrito y a la Asamblea Legislativa Departamental que se inicie una inspección in situ a las obras junta a la Cámara de la Construcción.

“Vamos a presentar esas denuncias amparados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, sostuvo Cardozo a tiempo de explicar que la acusación será por conducta antieconómica y daños lesivos al Estado, además de otras figuras delictivas que están contempladas en la mencionada norma.

“Lo que único que quiero aclarar es que esta denuncia no es una persecución política o algo parecido. Sólo estamos profundizando el reclamo de la Cadeco y será la justicia que demuestre si la solicitada tiene o no fundamentos”, agregó el legislador.

Sin embargo, para el secretario de Gobernación, Edgar Guzmán, la solicitada publicada por la Cámara de la Construcción no tiene ningún elemento jurídico para iniciar un proceso judicial o presentar una denuncia en contra de la primera autoridad política del departamento.

“Si hubo retrasos en la ex Prefectura no sólo fue por problemas de esa institución, sino fundamentalmente por las empresas que se adjudicaron las obras. Ellos argumentan que no había diseño final, pero cuando la empresa se hace cargo de una obra necesariamente debe tener en sus manos un diseño final”, aseguró Guzmán, quien considera que las advertencias de Cardozo son sólo una arremetida más del Gobierno Nacional.

Al ser consultado si incumplir con las normas básicas de contratación no es un elemento jurídico para iniciar un proceso judicial, Guzmán recalcó que primero se deberá demostrar esa situación.

“¿En qué procesos de contratación la Prefectura no cumplió? ¿En qué obras se cometió esa supuesta irregularidad? Sólo se generaliza pero no se especifica. Que la Cadeco o Cardozo demuestren esa situación y si es así, pues que presenten las pruebas”, aseveró el Secretario de Gobernación a tiempo de solicitar que se identifique las obras y proyectos irregulares, además del tipo de infracción que supuestamente cometió la ex Prefectura.

Entre tanto, el presidente de la Cadeco, Ahuber Succi, indicó que prefiere mantenerse al margen de las peleas entre el diputado Cardozo y la Gobernación tarijeña.

“Si Cardozo va utilizar algo que sale como solicitada está bien, pero nosotros no vamos a entrar a un juego político que tienen ellos, algo que no le hace bien a nadie”, dijo el representante de las empresas constructoras de Tarija al precisar que el contenido de la solicitada no era una denuncia sino una aclaración sobre la realidad de las obras retrasadas.

Succi se mostró cauto sobre la posibilidad de que Cadeco tenga que demostrar lo dicho en la solicitada e indicó que prefiere esperar y ver cómo evoluciona la denuncia que presentará el diputado Cardozo.

“Nosotros no queremos entrometernos en temas políticos. La solicitada tenía el único objetivo de defender una institución como es Cadeco, pero no hacer política de ello”, remarcó el presidente de la Cámara de la Construcción.

(RECUADRO)

LA VERDAD SOBRE LAS OBRAS DE TARIJA

El martes 15 de junio, en los medios de comunicación escritos, la Cámara de la Construcción publicó una solicitada de media página. La misma fue publicada a raíz de una serie de declaraciones emitidas por el gobernador Mario Cossío, quien culpó a las empresas constructoras del retraso que existe en la ejecución de obras como la piscina olímpica, la presa El Molino y la Villa Olímpica, entre otras.

Ante esa situación la Cadeco, en la publicación, expuso:

1.- La causa principal que ha motivado para que los proyectos no se ejecuten de manera sostenida y normal es el hecho de haberse licitado los mismos sin contar con los estudios de pre-factibilidad, factibilidad y diseño final, es decir, que no tienen el Diseño de Ingeniería Completo, lo que ocasionó el retraso en las obras y generó costos adicionales para las empresas constructoras.

2.- La norma básica de contratación indica que debe licitarse y adjudicarse la supervisión con anterioridad a la obra, hecho que no ocurrió en muchos de los proyectos en actual ejecución.

3.- También es normal que las obras licitadas no cuenten con ficha ambiental y los proyectos no han sido socializados con anterioridad, por lo que el área de trabajo no está liberada cuando se extiende la orden de proceder.

4.- El no pago oportuno de las planillas de avance causa iliquidez en las empresas y retrasa el avance normal de las actividades programadas, según cronograma.

5.- Los malos o deficientes diseños obligan a elaborar necesariamente órdenes de cambio o contratos modificatorios, los que muchas veces demora más de un año para ser aprobados.

6.- El deficiente proceso de planificación de la institución hace que en los presupuestos se consigne solamente el 20% para anticipo y no así mayores recursos para su ejecución. De esta manera la empresa, al presentar el primer certificado de avance y al no contar con presupuesto, se ve obligada a paralizar la obra.

7.- La mayoría de las reformulaciones presupuestarias no compatibilizan una relación real entre el plazo de ejecución y el saldo por cancelar, es decir no se presupuesta lo que se va a ejecutar.

8.- La burocracia institucional hace que sea más importante hacer un seguimiento administrativo y legal a las obras, que un verdadero seguimiento físico de las mismas.

9.- La ex Prefectura creó un sistema de seguimiento SIGAP, que se convirtió en una traba lapidaria para el pago de planillas a las empresas, siendo que el objetivo de este sistema era viabilizar la ejecución de los proyectos y no así un obstáculo.

10.- Muchas veces por ejecución presupuestaria de la institución se otorgan anticipos a las empresas, los cuales deben ser garantizados con boletas bancarias, que además de hipoteca de bienes, cuestan el 3% anual y la banca paga un interés de 0.5% anual.

Todos los puntos indicados pueden ser demostrados en cualquier momento por nuestra institución, tomando unos cuantos proyectos de muestra, pero el objetivo de esta aclaración es alertar al nuevo Gobierno Departamental en sus diversas instancias que es necesario hacer un replanteo de todo el sistema de contrataciones, administración y seguimiento de los proyectos desde su factibilidad, hasta su culminación haciendo cumplir, tanto las especificaciones como los plazos y la asignación de los recursos

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