Tarija Libre

El presidente Evo Morales criticó el lunes a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) por desconocer el “acullico” en Bolivia y destacó la inclusión de la hoja de coca en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que será sometida a referendo el próximo 25 de enero.

El Mandatario boliviano indicó que nunca antes las distintas constituciones han reconocido a la hoja de coca como un producto natural, pese a que estudios científicos de universidades de Europa y de los Estados Unidos, entre ellas Harward, reconocieron que la hoja milenaria “en su estado natural no hace daño a la salud humana”.

Pese a ello “la penalizan y satanizan a la hoja de coca”, cuestionó Morales, al dejar claro que no defiende la producción de estupefaciente porque no comparte con la transformación de coca a cocaína.

“No estamos defendiendo la cocaína, pero si parte de la cultura de los pueblos indígenas de la región andina, la hoja de coca como un consumo tradicional, y lamento que la Junta Interamericana de Estupefacientes desconozca el consumo tradicional de la hoja de coca”, expresó.

La JIFE, que es el órgano de la ONU responsable de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas, en su informe de este año exhortó a Bolivia y Perú a adoptar medidas para abolir los usos de la hoja contrarios a la Convención Internacional de 1961, incluida la práctica de masticarla (acullico).

En respuesta Morales destacó hoy ante el pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas que en la nueva Constitución, que será sometida a referendo, se “reconoce a la hoja de coca como un producto natural cultural de los pueblos indígenas”.

Además el Estado asume la responsabilidad de proteger a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural y no estupefaciente, según señala el artículo 348 del proyecto de la ley fundamental.

“Sus derribados hay que combatirlos y estamos combatiendo en Bolivia”, aclaró Morales acotando que esta tarea se la realiza “respetando los derechos humanos”.
Jcch/Rq ABI

El papel de la DEA a nivel internacional ha sido denunciado por múltiples autores en libros, artículos e investigaciones. Una de ellas y talvez la más importante es el libro “La Guerra Falsa” de Michael Levine, ex-agente de la DEA que investigó el narcotráfico en Bolivia y las concomitancias de los narcos bolivianos con la Agencia norteamericana cuya lucha lejos de combatir el narcotráfico, no hace otra cosa que controlarlo en beneficio de intereses imperialistas de domino político internacional.

Levine muestra del modo más dramático las conspiraciones de la CIA y la DEA contra los intereses de los países como Bolivia en beneficio del imperialismo. Levine dirigió junto a Sonia Atalá, una narcotraficante prontuariada que se decidió colaborar con la DEA en la operación HUNO cuya misión tenía como destino cercar y detener finalmente a Luís Arce Gómes que hacía una seria competencia a la DEA en cuanto al control del narcotráfico en Bolivia y América Latina. Es sabido que Levine pagó con su vida su coraje de denunciar esta miserable e infame “guerra falsa”.

Es también de conocimiento público, siempre denunciado pero nunca sancionado por el poder militar norteamericano que impide sanción alguna a Gobiernos y administraciones norteamericanas, que desde hacen muchos años, controlan en su beneficio, el tráfico internacional de todo tipo de drogas heroicas. Por ejemplo, ellos desde antes de la guerra de agresión norteamericana contra Vietnam, controlaron y administraron el comercio del Opio que se producía en el famoso “Triángulo dorado” del norte de Thailandia, Laos, Birmania y Vietnam. De igual modo las plantaciones de amapola de Afganistán también fueron administradas por al DEA. En síntesis, el lucrativo negocio de las drogas constituye el segundo gran negocio mundial y que provee las máximas ganancias a las transnacionales norteamericanas.

En Colombia, por ejemplo, que es el país más importante en América Latina en cuanto al tráfico de drogas y donde funcionan las mafias más sofisticadas de narcotráfico, Estados Unidos, a través de la DEA y la CIA, vuelcan toda su actividad contra esas mafias, pero no para eliminar el negocio, sino para controlarlo destruyendo a las mafias y apoderándose de esa actividad. No otra es la explicación de la presencia en Colombia de miles de mercenarios que actúan alternativamente para esas mafias y para la DEA La “ayuda” norteamericana para la lucha antidrogas en Colombia lo único que ha conseguido consecuentemente es aumentar ese negocio. Colombia con “ayuda” americana es el emporio del narcotráfico en América Latina.

Es mundialmente conocida la famosa operación “Irán-Contras” en el Gobierno de Ronald Reagan, que describe la historia de la guerra secreta de esa administración contra la Nicaragua sandinista en la venta ilegal de armas y la conexión con la “contra” y el tráfico de drogas. Esta siniestra operación fue bautizada por sus ejecutores del Pentágono como “El rebaño de elefantes”.

El capitalismo como Modo de Producción no reconoce límites de carácter ético o moral y desde este punto de vista, considera el negocio de la droga como uno cualquiera y por tanto, mientras más anuncia su combate al narcotráfico, lo que hace en realidad es estimular este negocio como natural desarrollo de la iniciativa privada.

En consecuencia, a través de este pronunciamiento político, apoyamos del modo más claro y terminante la decisión del Gobierno Nacional de ordenar la expulsión de la DEA del territorio nacional, nacionalizar la lucha antinarcótica y eliminar la nefasta influencia de estos mercaderes de la tragedia humana.

El presidente Evo Morales denunció este jueves que la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) protege y fomenta el narcotráfico en Bolivia y espera que estas pruebas sean de conocimiento del presidente electo estadounidense, Barack Obama.

“Ojalá que el nuevo presidente electo (Barack Obama) pueda llegar a conocer estos documentos, aquí no estamos simplemente acusando ni desprestigiando (a la DEA)”, afirmó el Mandatario en el acto de entrega de un lote de equipamiento y motocicletas a la Policía.

Además afirmó que quienes defienden a la DEA protegen el narcotráfico porque “los de la DEA eran los protectores de grandes narcotraficantes”.

El Jefe de Estado se refirió de esta manera a los partidos y sectores de oposición que han rechazado la suspensión de los trabajos de esta agencia antidroga estadounidense y les dijo estas reacciones son de gente que no quiere la dignidad de los bolivianos y las bolivianas.

“Quienes defienden a la DEA seguramente andan desesperados del bono que daba y que corrompía autoridades políticas como también en algunas esferas de la Policía Nacional”, aseveró.

El Mandatario se refirió a los polémicos casos de Huanchaca y el narcoavión en los que aparentemente estaban comprometidos agentes de la DEA.

También recordó cuando el año 1991 el Gral. Jorge Moreira, de las Fuerzas Armadas, pidió la expulsión de la DEA de forma pública, por irregularidades.

El Jefe de Estado ratificó su confianza a la Policía en la lucha contra el narcotráfico.

“Lamento mucho que algunos políticos digan que si se va la DEA se va ha fomentar el narcotráfico, como no tuvieron confianza en nuestra institución que es la Policía Nacional, yo tengo mucha confianza, y nuestra Policía está capacitada para enfrentar el narcotráfico”, agregó.
Rq ABI

El prefecto Leopoldo Fernández, principal acusado de la masacre de campesinos en Pando, tiene vinculaciones con gente del considerado líder de la mafia italiana en Bolivia, Marco Marino Diodato, y gente dedicada al narcotráfico que opera en Río Branco, Brasil, denunció el ex parlamentario y ex responsable de la investigación para el juicio contra el ex dictador Luis García Meza y sus colaboradores, Aldo Michel Irusta.

Michel es ex legislador, actual columnista del semanario “Alerta” que fue acallado por la Prefectura y cívicos de Santa Cruz, también parte civil coadyuvante en los procesos judiciales contra Diodato el año 1999, quien tras ser condenado a diez años de prisión por delitos de narcotráfico cometidos en el país, logró burlar el control y se dio a la fuga.

“Publicamos la relación de los cívicos de Santa Cruz, ligados a este denominado grupo político ´la media luna` con gente vinculada al grupo Diodato su relación económica con estos, y la conformación de grupos paramilitares”, apuntó Michel.

De acuerdo al ex parlamentario, la élite cruceña pretende mantener en Santa Cruz lo que hasta ahora continúa siendo un paraíso financiero de ganancias ilícitas, en relación directa al clan Diodato.

“Estábamos desentrañando el accionar de estos grupos paramilitares y, para dar un ejemplo, la relación de los mismos con el señor Leopoldo Fernández”, dijo Michel, añadiendo que el Prefecto pandino tiene un prontuariado de acciones ilícitas que datan desde los años ochenta.

Según Michel, Fernández consolidó un “holding”, un equipo, un clan, un cartel de gente vinculada a la ex dirigencia política de Acción Democrática Nacionalista (ADN), en su tiempo, además de sus vinculaciones al grupo Diodato y a la legitimación de ganancias ilícitas mediante de las casas clandestinas de juego.

“El señor Leopoldo Fernández tienen una relación con gente que opera en Río Branco (Brasil), con gente que ha estado implicada en procesos de narcotráfico”, sostuvo Michel.

Añadió que tras un seguimiento a la autoridad pandina, se descubrió que Fernández logró consolidar una estructura corporativa paramilitar sin ningún temor, reclutando a delincuentes para conformar un grupo irregular, con una capacidad de reacción bélica y armada, incluso que podría frenar cualquier acción del Batallón Riosiño, acantonada en Cobija.

Para Michel, la estructura delictiva dejada por Diodato está conformado por los prefectos de Pando, Leopoldo Fernández; de Santa Cruz, Rubén Costas, además de los Marincovik, Dabdoub, los hermanos Landívar y la Unión Juvenil Cruceñista.

“Este accionar delictivo del grupo Diodato operó más de 10 años en Santa Cruz bajo cobertura de los gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Tuto Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada”, afirmó el ex parlamentario.

Añadió que la vejación a campesinos en el mes de mayo de este año en Sucre fue sistemáticamente planificada y operada por estos grupos que movilizaron gente violenta desde Santa Cruz, Beni y Pando, con financiamiento de las empresas que dejó Marino Diodato.

Según Michel, estos grupos paramilitares junto a sicarios contratados actuaron en la masacre de campesinos entre el 11 y 12 de agosto. Afirmó que el actuar de los grupos armados de la Prefectura de Pando es de gente entrenada para emboscadas, manejo de armas, sadismo y sangre fría.
Fas/Rq ABI

El prefecto de Pando Leopoldo Fernández instauró relaciones estructurales con narcotraficantes para sembrar terror, muerte y persecución en el pueblo pandino, denunció este domingo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Indicó que a través de esta estructura organizativa la Prefectura ha financiado la impunidad y la violencia que se ejerce en esta región.

“La Prefectura de Pando está canalizando relaciones ilegales, de vinculación explícita con narcotraficante”, denunció el Ministro.

Quintana advirtió que ello será cortado “por el lado que más duele”.

Asimismo, dejó en claro que el Gobierno no va a dialogar con un criminal como lo es el prefecto Fernández, quien tiene que estar en la cárcel por atentar contra los derechos y la vida del pueblo pandino.

“El señor Fernández tiene que ser condenado no sólo por las leyes nacionales, sino también con todas aquellas leyes internacionales que condenan el genocidio”, señaló.
Jcch/Rq ABI

El embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, aseguró que su país seguirá cooperando a Bolivia en su esfuerzo de combatir el narcotráfico.

El diplomático destacó la actuación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), que en los últimos años consiguió resultados importantes contra el flagelo del narcotráfico que afecta a todo el mundo.

“Valoramos a la Policía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, por lo que hacen en contra del narcotráfico, son buenos socios y queremos continuar colaborando en este campo y otros”, enfatizó.

Reconoció que en la lucha antidroga Estados Unidos tiene una responsabilidad compartida y por ello seguirán con la cooperación porque valoran el esfuerzo de los bolivianos.
Dea/Pta ABI

Una propiedad de 807 hectáreas, valuada en 600 millones de dólares, incautada al narcotraficante Jorge Roca Suárez (techo de paja) en 1990 en Santa Cruz fue transferida ilegalmente a terceras personas sin haber concluido el proceso penal sobre el bien inmueble.

La denuncia fue presentada este lunes ante la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, por el abogado de Rafael Roca (padre de Jorge Roca), Herbert Cuellar, quien pretende recuperar el 50 por ciento de la propiedad bajo argumento de que fue adquirido lícitamente.

Las personas implicadas en la transferencia ilegal de la propiedad son Gerardo Villagomez Rosales y José Ernesto Limpias (representante legal de la Sociedad Agropecuaria Limpias), este último hermano de la ex esposa del ex presidente Jaime Paz Zamora, Viviana Limpias.

“Esta familia (Limpias) habría adquirido de manera totalmente ilegal estos bienes de propiedad del Estado que en ningún momento debió haber sido transferido”, señaló la viceministra Suxo.

También indicó que en este proceso se encuentran implicados ex funcionarios de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Derechos Reales y algunos jueces.

Remarcó que el 50 por ciento del bien inmueble es de propiedad del Estado hasta que no concluya el proceso penal iniciado en 1990 y que el restante podría ser recuperado por Rafael Roca si este demuestra su compra lícita.

La propiedad de nombre Horizonte, ubicada entre el kilómetro 14 al 17, sobre la avenida Banzer, próximo al aeropuerto Viru Viru, también compromete a propiedades como Aqualand, Aqualand Guapay y una serie de urbanizaciones.

De su parte, el abogado Cuellar declaró que la propiedad benefició a personas particulares, que incurrieron en delitos referidos al enriquecimiento ilícito y legitimación de fortunas penadas por la ley 1008.

“En este momento el proceso se encuentra en estado de casación en la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, del cual se espera que anule obrados y se proceda a una verdadera investigación real y concreta”, dijo Cuellar.

Según el abogado la propiedad Horizonte fue incautada por el Ministerio Público hace más de 15 años en un proceso penal que se le seguía a Jorge Roca Suárez y que después fue transferida irregularmente a varias familias a través del uso de influencias de los gobiernos de turno.
Fas/Pta ABI