Tarija Libre

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, adelantó que develará, el 22 de diciembre próximo ante la Comisión de Diputados, el clan familiar que ha controlado el contrabando en el departamento de Pando.

Aseguró que en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR), a la zona franca de Cobija por las gestiones 2000 y 2001, se ha encontrado responsabilidad administrativa a familias de apellidos Balcázar, Beltrán, (Roger) Pinto, (Paulo) Bravo, Manzur, Molina, Zabala y Shimocahua.

Denunció que por el 1.5 por ciento de recaudación del tributo aduanero en la zona franca, el uno por ciento se distribuía entre el directorio de la mencionada zona, y el 0.5 por ciento era destinado a la Aduana.

“Son cinco o seis familias las que han monopolizado el delito del contrabando en la zona de Cobija, la zona franca era la chequera en blanco del Prefecto del departamento, del presidente del Comité Cívico y de los aliados políticos”, aseguró Quintana al programa “Cabildeo” difundido por el canal estatal.

“Es de tal magnitud lo que ha ocurrido en los dos últimos años respecto al manejo de los recursos de la zona franca que nuevamente pondremos en evidencia la distribución de esos recursos, que son dineros del Estado”, dijo.

“Todos esos dineros se iban a los aliados políticos, a Ana Melena de Suzuki (presidenta del Comité Cívico) y a la mayor parte de los propietarios de los medios de comunicación para encubrir las operaciones políticas”, aseguró el Ministro de la Presidencia.

Quintana explicó que las familias que han monopolizado el control del contrabando cometían sus actos irregulares a través de la distribución de la recaudación aduanera en la zona franca.

También, a través del soborno a los comerciantes que sacaban la mercadería de Cobija hasta la zona fronteriza de Montevideo, recursos que eran utilizados para comprar “votos, fidelidades políticas y lealtades”.

El contrabando de madera en “complicidad con la Aduana y la Superintendencia Forestal”. Además, de millones de dólares por explotación de oro aluvional.

“No se imaginan la cantidad de dragas brasileras que tienen palos blancos bolivianos que se llevan centenares de kilos de oro de nuestros ríos utilizando la subvención de nuestro combustible”, aseguró.

El Ministro de la Presidencia dijo que el poder político y la ambición económica ha convertido al departamento de Pando en “en un espacio libre para el sicariato”, porque es donde ha existido el mayor tráfico de drogas y de armas.

Por lo que una vez sumida la decisión de frenar esos actos irregulares por el Gobierno, con la creación del Comando Conjunto, es que empieza a crecer la tensión política porque se afectó las operaciones de “toda una organización mafiosa que construyó una estructura de poder que se alimentaba de todo un circuito”.

“En la zona franca circularon de cinco a ocho familias que de la manera más cínica y cruel se llevaban todo el dinero dejando a los pobres más pobres”, aseguró el ministro Quintana.
Lcr/Pta ABI

El informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) coincidió este martes con los emitidos por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y por el Defensor del Pueblo de Bolivia, en sentido de que el 11 de septiembre pasado hubo una masacre masiva de campesinos en el departamento de Pando y demandó no dejar esos hechos en la impunidad.

“Coincidimos con los otros informes que ya se han presentado de parte del Defensor del Pueblo (de Bolivia), de la Unasur que lo que se ha dado en Pando es una violación masiva de los derechos humanos y que realmente estos hechos hay que investigarlos con profundidad”, afirmó la representante de la ONU en Bolivia, la japonesa Yoriko Yasukawa, en una entrevista con Televisión Boliviana.

Esas declaraciones fueron realizadas respecto de la celebración del Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, que impulsa la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en todo el mundo y que se conmemora este martes.

Además, Yasukawa recomendó una investigación a profundidad para establecer las responsabilidades y “aplicar las sanciones debidas a los responsables para que no quede en la impunidad” la matanza perpetrada por sicarios presumiblemente vinculados al ex prefecto Leopoldo Fernández, hoy preso en una cárcel de La Paz.

La Unasur, en su informe en conclusiones presentado en Palacio Quemado al presidente Evo Morales el pasado 3 de diciembre, manifestó que en Pando se efectuó una masacre de campesinos con una violación extremadamente grave y flagrante de derecho a la vida y a la integridad de la vida.

“La convicción intelectual y moral, según al cual el 11 de septiembre de 2008 en la localidad de Porvenir y otros sitios del departamento de Pando, República de Bolivia se cometió una masacre en el sentido ampliado para este término por la Organización de las Naciones Unidas”, señala la primera conclusión de la Unasur.

Además determinó como crímenes de lesa humanidad la masacre premeditada de campesinos.

De igual manera, el Defensor del Pueblo, en su informe presentado el 29 de octubre, constató que lo ocurrido en Pando no fue un “enfrentamiento” entre grupos armados sino que hubo una masacre con todas las agravantes del caso.

Ese documento confirmó que la masacre de Pando fue ejecutada contra indefensos campesinos, con el agravante de una persecución casa por casa y la cacería de personas que intentaban cruzar el río Tahuamanu para salvar su vida.

INFORME DE LA ONU

La japonesa Yoriko Yasukawa adelantó que en los próximos días la ONU hará la entrega de su informe sobre los hechos sangrientos en Pando donde perdieron la vida al menos 20 personas, casi todas campesinas, y se produjeron decenas de heridos.

El documento primero será entregado al presidente boliviano, Evo Morales, para que exprese sus opiniones y posteriormente lo hará público.

Yasukawa, en la entrevista con el canal estatal, recomendó a la justicia boliviana investigar esta violación masiva a los derechos humanos para establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones debidas a los responsables.

El informe también se basa en los testimonios de las víctimas como también de los sectores opositores al Gobierno, se adelantó.
Rq/Dgav ABI

Algunos canales de televisión vinculados a la Prefectura de Pando borraron evidencias de la masacre de campesinos en Porvenir, perpetrada por funcionarios prefecturales el 11 de septiembre, bajo órdenes de la ex autoridad de ese departamento, Leopoldo Fernández, afirmó este domingo el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

La autoridad recordó, en base a un informe presentado el 26 de septiembre, que algunos periodistas de medios de comunicación de Pando formaban parte de la estructura política y económica corrupta que organizó Fernández, actualmente recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz, como medida preventiva mientras continúan las investigaciones de la masacre.

“Existen periodistas que han inducido a hechos crueles de tortura en el departamento de Pando, han escondido las imágenes, han borrado imágenes, han deformado la realidad”, señaló la autoridad de Gobierno.

Añadió que estos hechos también deben ser investigados por alguna Comisión de de la Cámara de Diputados o de Senadores, además de la instancias civiles y académicas.

“Funcionarios de Unitel, Pando, que tenían en su planilla a su personal, algunos de los periodistas recibían doble pago, de la empresa de Unitel, cuyo propietario es un diputado de Podemos, el señor Ronald Camargo, y a su vez ese mismo periodista recibía un salario de la Prefectura de departamento”, ejemplificó Quintana.

El 27 de septiembre, la autoridad demostró con documentos que Leopoldo Fernández convirtió a la Prefectura de Pando en el feudo de su familia y sus amigos de Poder Democrático Social (Podemos), del Comité Cívico, la Contraloría Departamental, la justicia y “algunos policías” que ocasionaron la masacre en Porvenir.

Según Quintana, las investigaciones del papel de los medios de comunicación sobre el racismo va más allá de lo ocurrido en Pando, ya que este tipo de violencia también se registró en las ciudades de Sucre, Santa Cruz y Cochabamba.

“No digo que todos los periodistas en Pando sean corruptos, hay unos periodistas que han llegado al límite de la intolerancia del racismo, de la corrupción, pero hay otros periodistas valientes, patriotas, que nos entregaron imágenes, testimonios, gracias a ellos hoy la población conoce con exactitud lo que ocurrió en Porvenir”, dijo Quintana.

Para la autoridad la mayor parte de los medios de comunicación social en Bolivia anteponen sus intereses empresariales y políticos antes que favorecer a la veracidad de la información.
Fas/ Rq ABI

La comisión de fiscales imputó hoy formalmente a 23 confinados como sospechosos de la masacre de Pando, entre ellos al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, los que serán sometidos a una audiencia de medidas cautelares este sábado ante la juez Betty Yañique.

“La Fiscalía ha imputado a 23 personas, nosotros hemos pedido 26 y ellos han definido por 23″, aseguró la abogada de la parte querellante, Mary Carrasco, quien explicó que el caso no será considerado por el juez Álvaro Melgarejo, debido a que fue suspendido de sus funciones por haber incurrido en faltas graves que podrían derivar incluso en su destitución definitiva.

Carrasco explicó que la solicitud de imputación a las 23 personas, entre ellas el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, ya fue notificada conforme a ley y definido la audiencia de medidas cautelares, ocasión en la que la parte querellante presentará las pruebas para su detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras se realiza el juicio.

La abogada dijo que el pedido de detención responde a que los imputados están acusados por la supuesta comisión de delitos de terrorismo, asesinato, homicidio, tentativa de homicidio, lesiones graves y leves, y asociación delictuosa, por los hechos suscitados el pasado 11 de septiembre en la población de Porvenir, del departamento de Pando.

La imputación fue realizada por la comisión de fiscales que fuera conformada por el Fiscal General interino de la República, Mario Uribe, después de la masacre de al menos 18 personas, casi todos campesinos, en el departamento de Pando.

De acuerdo a la nómina hecha pública los imputados son:

Leopoldo Fernández (ex prefecto de Pando), Jorge Lengua Añez, Juan Marcelo Mejido Flores, Olman Pino Soria, Máximo Ayllón Martínez, Rosendo Domínguez Deromedis, Méliton Brito Ferreira, Abel Janco Cáceres, Homer Polanco Ventura.

Felipe Vigabriel Villarroel, Agapito Vira Cuellar, Felsin Fernández Medina, William Mozuco Rodríguez, José Antonio Salinas Bazán, Ademar Herrera Guerra, Oswaldo Valdivia Avariega.

Nestro Da Silva Rivero, Hugo Apaza Saonero, Dilson Chipa Cuellar, Óscar Rubén Franco Tuno, Jean Cleaude Franco Egüez, Ramiro Huari Cartagena y William Terrazas López.
Lcr/Dgav ABI

Lo que ocurrió el 11 de septiembre pasado en el departamento amazónico de Pando, en Bolivia, fue realmente una matanza. “Tres muchachos fueron ajusticiados”, afirmó Rodolfo Mattarollo, consultor argentino de derechos humanos y responsable de la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Decenas de campesinos partidarios del presidente Evo Morales fueron emboscados y tiroteados por civiles sin que las fuerzas del orden ni el prefecto de la zona hicieran nada por impedirlo.

Ésta es la principal conclusión del informe que encargó Unasur a una comisión de expertos y que será entregado la semana próxima, en Santiago de Chile, a Michelle Bachelet, presidenta provisional del organismo latinoamericano.

Rodolfo Mattarollo, consultor argentino de derechos humanos y responsable de la comisión, no abriga dudas sobre los llamados “hechos de Pando”.

El informe incluirá una lista de personas implicadas, “todas ellas bien conocidas en Cobija, la capital de Pando”, y una serie de recomendaciones para que los asesinatos no queden en la impunidad.

“Lo relevante en este caso es la rapidez y seriedad con la que ha actuado Unasur, encargando la investigación a equipos técnicos, capaces de establecer la verdad de los hechos”. Es algo sin muchos precedentes, aseguró Mattarollo.

Lo que pasó en Cobija se encuadra dentro de los enfrentamientos entre gente afín el presidente Evo Morales y los grupos opositores autonomistas.

Los contrarios al Presidente boliviano ocuparon oficinas del Gobierno y el Instituto de Reforma Agraria, donde están depositados los títulos de propiedad de las tierras. Desde Filadelfia se organizó una columna de unos mil campesinos que iban a asistir a una asamblea en la capital, y previsiblemente, asediar a los ocupantes.

“Sectores cívicos prefecturales (civiles próximos al prefecto de la zona, equivalente a un gobernador, Leopoldo Fernández), se organizaron para impedir que los campesinos llegaran a la ciudad. Se cavaron zanjas con excavadoras propiedad del Estado, con varios metros de profundidad. La columna fue atacada por civiles armados”, explicó Mattarollo.

En su huida, muchos campesinos se tiraron al río y existen vídeos donde se aprecian las dificultades de muchos de ellos para mantenerse a flote

Un testimonio recogido habla de un niño pequeño muerto de un tiro, pero no ha sido posible comprobar ese extremo.

“La única forma de saber exactamente el número de muertos y posibles desaparecidos sería establecer un censo o investigar denuncias precisas, pero eso es prácticamente imposible. En Pando ha cundido el miedo entre los campesinos. Es una gente tan desposeída que la mera idea de presentar una denuncia les resulta irreal”, comentóel experto argentino.

El informe dejará establecido la pasividad de las fuerzas del orden (Policía), que contemplaron lo que ocurría sin intervenir.

Mattarollo hace hincapié en un hecho especialmente brutal: algunos de los heridos fueron bajados de las ambulancias que los trasladaban al hospital para ser maltratados y golpeados.

“Dejando al margen cualquier tipo de simpatías políticas, de lo que se trata aquí es de investigar y de no dejar impune una masacre. Lo de Pando fue una masacre; ésa es exactamente la palabra indicada porque es así como definen este tipo de hechos los protocolos internacionales”, precisó Rodolfo Mattarollo.

El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, permanece internado en la cárcel de San Pedro de La Paz, aunque todavía no está claro qué tribunal deberá juzgarle, dada su condición de prefecto.
Rd/Rq ABI

El presidente boliviano Evo Morales aclaró la noche de este lunes a la cadena de televisión CNN que ningún dirigente social estuvo involucrado en actos de asesinato y terrorismo como el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien guarda detención en la cárcel de San Pedro, acusado de la masacre de Porvenir, Pando.

Esa fue su respuesta ante la insistente pregunta de la periodista Patricia Janiot, quien insinuó que su Gobierno no acataba el fallo de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Chuquisaca que ordenara la remisión de Fernández a Sucre, aunque la comunicadora no mencionó la ilegal actuación de esa instancia judicial.

“Dígame usted (Janiot) qué movimientos sociales originarios obreros tomaron gasoductos, ?le pregunto?. Qué movimientos sociales tomaron aeropuertos. Qué movimientos sociales hicieron masacres como Leopoldo Fernández en Porvenir, Pando, ?dígame?”, insistió el Dignatario boliviano.

Ante el interés de la conductora de CNN sobre si el ex prefecto Leopoldo Fernández tiene “las garantías judiciales” el presidente Morales dijo que el caso está en la justicia y no en su Gobierno, por lo que está a la espera que se haga justicia por la matanza de 18 campesinos en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia, del departamento de Pando, y cuyo principal acusado es la ex autoridad departamental.

Morales saludó el trabajo realizado por una Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sobre esos sangrientos hechos que se registraron la madrugada del 11 de septiembre pasado.

“Las decisiones que toma la Comisión de Unasur (es) que eso es una masacre y no es ningún enfrentamiento, y las masacres son un genocidio”, aseguró.

Sobre si “lo va a remitir a (la ciudad de) Sucre” como lo establece el fallo de hábeas corpus de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Chuquisaca, calificado como ilegal por constitucionalistas, el Presidente de Bolivia reiteró que no está en manos del Gobierno, sino de la justicia.

Le recordó a la periodista de CNN “que terrorismo y conspiración es la toma de aeropuertos para que no llegue Evo Morales, la toma de instituciones del Estado, la destrucción del patrimonio nacional como la toma y explosión de ductos”.
Lcr/Pta ABI

El presidente de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Baptista, en ocasión de ofrecer informe ante la Comisión Especial Multipartidaria, que investiga la masacre en Pando, demostró su interés de beneficiar, por todos los medios, a Leopoldo Fernández, forzando a un juicio de responsabilidades, cuando no existe una proposición acusatoria formal.

“No se está abriendo ningún juicio todavía. No se puede abrir de oficio (un juicio de responsabilidades), sino cuando el Fiscal General presente su requerimiento acusatorio. Todo el tiempo he explicado eso, sólo hay una etapa de investigación en este instante”, afirmó Baptista.

Durante casi tres horas de comparecencia ante la mencionada Comisión, la tarde y noche del martes, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia reconoció que Fernández no tiene una proposición acusatoria y menos un acusado para que goce del privilegio de juicio de responsabilidades por el caso de la masacre de campesinos del 11 de septiembre pasado en Pando, pero en sus decretos emplaza al fiscal General Mario Uribe a retomar el juicio de responsabilidades y a trasladar a Fernández a Sucre.

Sin embargo, contradictoriamente Baptista apeló a argumentaciones jurídicas en su intento de justificar las acciones que realizó como presidente de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia para que el principal acusado de la masacre de Pando, Leopoldo Fernández, sea trasladado de la cárcel de San Pedro a Sucre para que goce del privilegio de juicio de responsabilidades.

El presidente de la Comisión Especial, René Martínez, dijo que se evidenció una serie de contradicciones en las declaraciones de Baptista sobre la situación jurídica de Fernández.

RESPONSABILIDADES

El Ministro de la Suprema aseguró que, pese a no existir una proposición acusatoria y una acusación formal del fiscal General de la República, Mario Uribe, ante esa instancia, corresponde el juicio de responsabilidades al ex prefecto de Pando, solo porque el 15 de septiembre recibió una nota del Fiscal General en la que se le señala que se iniciará una investigación del caso.

“Esa nota ameritó un decreto de la Corte Suprema y en el que se solicitaba que el caso pase a radicar a la Sala Penal Segunda”, manifestó el Ministro de la Suprema Baptista.

COMISIÓN - OBSERVACIONES

A criterio de Martínez, el Ministro de la Suprema quiso justificar las acciones de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema con una relación de hechos cronológicos, evadiendo respuestas a preguntas puntuales.

Dijo que con la lógica jurídica de Baptista, si un prefecto realiza una violación o un asesinato se tendrá que someter a un juicio de responsabilidades. Por eso el diputado dijo que no corresponde ese razonamiento sino el de someterlo a un proceso ordinario.

El congresista además dijo que contradictoriamente a partir de la no existencia de una proposición acusatoria y la aceptación de Baptista de que su exigencia de juicio de responsabilidades se basa sobre una nota, insistía en que esa nota es suficiente para que se convierta en proposición acusatoria.

Martínez lamentó que como juez cautelar, José Baptista, no haya podido responder desde cuándo puso en práctica sus competencias sobre la investigación de la masacre de Pando porque no cuenta con un cuaderno cautelar, e intento confundir a los miembros de la comisión al señalar que es lo mismo que un cuaderno de investigación que se realiza en el Ministerio Público.

“Lo que nos pareció extraño es que de su propia y libre voluntad antes del interrogatorio, él (Baptista) manifestó que en estos hechos (masacre de Pando) actualmente no hay un imputado, no hay acusación y no hay una proposición acusatoria”, manifestó el congresista.

Baptista se resistió también a reconocer si en un juicio de responsabilidades hay tres componentes como la etapa preliminar, la etapa preparatoria de un juicio y la etapa del juicio propiamente dicho, no pudiendo establecer en qué etapa se encuentra el supuesto juicio de responsabilidades que estaría llevando en contra del ex prefecto, Leopoldo Fernández.

“Lamentablemente se han recibido respuestas que no ha satisfecho a toda la Comisión Multipartidaria”, manifestó el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria.
Lcr/Rq ABI