Tarija Libre

El presidente Evo Morales designó este viernes interinamente como nuevo prefecto de Cochabamba a Jorge Ledezma en reemplazo de Rafael Puente quien renunció a su cargo en las últimas horas.

“He designado al doctor Jorge Ledezma como nuevo prefecto de Cochabamba. Saludamos el trabajo, el esfuerzo que hizo el ex prefecto del departamento, nuestro hermano Rafael Puente”, afirmó brevemente en instalaciones de la Academia Nacional de Policía.

Ledezma fue diputado en el anterior periodo constitucional, además vicepresidente de la Cámara de Diputados.

El renunciante Prefecto reconoció que su dimisión obedece a una situación personal y que se le acumuló muchas responsabilidades y ratificó su respaldo al Jefe de Estado.

El Presidente de la República designó con los decretos 29688 y 29689 el 29 de agosto como prefectos interinos de La Paz a Pablo Ramos y de Cochabamba a Rafael Puente en reemplazo de los revocados José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, respectivamente.

Desde Cochabamba el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Feliciano Vegamonte, informó que la renuncia de Puente obedece a una situación meramente personal.

Aunque dijo que el ex prefecto Manfred Reyes Villa dejó una prefectura en bancarrota.

RAZONES - PUENTE

Puente dijo que dejaba el cargo por prudencia ante la serie de responsabilidades que se le estaban acumulando.

“Me pareció más prudente dejar el cargo antes de que se me acumule un montón de responsabilidades que no podía controlar (…) es que no se me permitía ser yo mismo el que definiera, pues básicamente, mi equipo y yo. Ese es el tema de fondo”, afirmó.

Ratificó su compromiso de apoyo al Gobierno, con el Presidente, con el proceso de cambio y con el pueblo.

Según su evaluación, deja a la Prefectura en mejores condiciones en las que recibió.

“Hemos hecho una limpieza muy fuerte del personal, hemos removido más de 270 personas de planilla y otras 20 y tantas de consultorías permanentes”, explicó en contacto con Erbol.

Afirmó que trabajó por lo menos en la limpieza de los que eran expertos en manejo de corrupción y a los que eran matones camuflados debajo de otros puestos.

“Hemos hecho un avance importante, aunque no completo ni suficiente”, afirmó.
Rq ABI

La abogada Mary Carrasco anunció este miércoles que los familiares de las víctima de la masacre de Porvenir, instalarán un ayuno voluntario cerca al lugar donde inicie la huelga, Pilar Soria de Fernández, esposa del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

“Qué se pongan en huelga los familiares de Fernández, nos parece bien, también haremos lo propio y al lado de ella (esposa de Fernández)”, dijo la jurista a la prensa.

La abogada de los familiares de las víctimas de la masacre en Porvenir afirmó que se harán todo a su alcance para evitar que liberen a Fernández del penal de San Pedro.

Indicó que los abogados de Fernández, vocales de la Corte de Distrito de Chuquisaca, de la Suprema y compañeros de partido desde el parlamento seguirán traficando influencias.

Recordó que los vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Chuquisaca se olvidaron del artículo 3ro. de la Ley No. 2445 de juicio de responsabilidades.

Aclaró que en este proceso de juicio de responsabilidades al que se quiere llevar a Leopoldo Fernández Ferreira, no tiene la proposición acusatoria como señala la ley y que por eso no corresponde asumir decisiones a la Suprema ni al Fiscal General.
Dea/Rq ABI

El pleno de la Cámara de Diputados definirá si el ex prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, –acusado por los delitos de asesinato, terrorismo y asociación delictuosa– es procesado en la justicia ordinaria o goza del privilegio del juicio de responsabilidades.

El presidente de la Comisión Especial Multipartidaria, René Martínez (MAS), advirtió que ninguna instancia judicial tiene la atribución de disolver o frenar la investigación que realiza sobre la masacre de campesinos en las poblaciones de Porvenir y Filadelfia, porque es una entidad que responde al Poder Legislativo y porque ha asumido esa responsabilidad como cabeza de Ministerio Público.

En ese marco, el oficialista aclaró que la Comisión Especial Interparlamentaria no depende de ninguna otra entidad por mandato de la Constitución Política del Estado, sino únicamente al pleno de la Cámara de Diputados que le otorgó la responsabilidad de investigar la matanza de campesinos en el departamento de Pando, el 11 de septiembre pasado.

Con esa precisión Martínez dijo que la comisión que preside concluirá con sus tareas, y una vez redactado el informe, con recomendaciones, será puesto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados para que la evalúe y se pronuncie conforme establece su Reglamento de Debates.

“La propia Cámara de Diputados es la que va a definir el rumbo procedimental de esa decisión colegiada, se definirá si el caso es remitido al Ministerio Público o goza de privilegio del juicio de responsabilidades”, aseguró el congresista.
Lcr/Pta ABI

Las Fuerzas Armadas revelaron este viernes que del edificio de la Prefectura de Pando salió un camión cargado de armas y municiones un día antes de la masacre de campesinos en la región de Tres Barracas, municipio de Porvenir, mientras se intentaba instalar una reunión entre el comando militar, derechos humanos y el ahora ex prefecto Leopoldo Fernández.

En declaraciones a periodistas en la ciudad de El Alto, el comandante en Jefe de la institución castrense, Gral. Luis Trigo, dijo que ese encuentro se frustró porque minutos antes le informaron de ese ilegal traslado de material bélico hacia la región, donde el 11 de septiembre, al menos 16 personas fueron muertas presumiblemente por sicarios al servicio de la Prefectura.

La reunión entre los militares y el ex Prefecto pandino tenía, entre otros temas, hablar sobre el asalto que un avión del Ejército había sufrido por parte de cívicos que tomaron el aeropuerto de Cobija y se apoderaron de agentes químicos destinados a la Policía Militar de esa guarnición.

El Gral. Trigo dijo: “Yo le ordené al comandante del comando conjunto de ese momento de que vaya allá (Prefectura) con derechos humanos (…), pero mientras estaba eso me dan parte y a él mismo le dan parte y me llama de que un vehículo de la Prefectura estaba trasladando armamento y munición, entonces él me solicitó no ir, y yo acepté que no vaya”.

También explicó que el decomiso del equipo anti motín dejó prácticamente inmovilizado a la tropa militar para intervenir y frenar cualquier problema que involucre a las partes contrarias, tal como ocurrió el fatídico jueves en la región de Tres Barracas.

El jefe máximo de las Fuerzas Armadas señaló, en ese contexto, que la única opción que les quedaba a los militares era la utilización de armamento reglamentario, lo que conllevaba imprevisibles consecuencias.

“Llega el avión del Ejército y es decomisado ese material y no teníamos material para salir a la calle; entonces no pueden ellos salir o dar una orden a nosotros que debemos salir con armamento reglamentario, porque ahí si son enfrentamientos”, aseguró.

DISPARO EN LA ESPALDA

El Gral. Trigo recordó que la tarde de la instauración del estado de sitio, el 12 de septiembre, una columna de conscriptos de la Fuerza Naval se aproximaba al aeropuerto de Cobija cuando se escucharon disparos que impactaron en el cuerpo de dos de ellos: Ramiro Tiñini Alvarado (17) falleció y Sandro Quispe Mamani (18) quedó herido.

“Al marinero, antes de llegar al aeropuerto le dieron de baja, marchando de la ciudad hacia el aeropuerto, venía en columna faltando unos 300 a 500 metros, antes de llegar al aeropuerto le han disparado por la espalda, y (ahora) quién habla de ello”, cuestionó.

“El ha recibido el impacto de atrás, por eso el sumario va a establecer responsabilidad de dónde han salido los disparos”, agregó el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Ese día, reportes extraoficiales desde Cobija dieron cuenta de que se trató de la incursión de francotiradores apostados en inmediaciones del aeropuerto y camuflados en la maleza.

Incluso al día siguiente de la muerte del conscripto, y de un pastor evangélico, un diario de circulación nacional publicó en su portada la fotografía de un civil que llevaba en su brazo derecho un arma de grueso calibre.
Rdc/Dgav ABI

El analista social Eduardo Paz, director de la carrera de Sociología de la UMSA, afirmó este lunes que el temor a la pérdida de espacio político y a una posible subordinación hacia el Gobierno central, impidió la firma del acuerdo entre prefectos radicales y el Gobierno.

“La firma de un acuerdo podía implicar la pérdida de su espacio político y la subordinación al Gobierno central. Era muy difícil que ellos (prefectos) acepten un conjunto de propuestas que impliquen la rendición frente al proyecto que ha sido valorado, legalizado y legitimado con el referendo revocatorio”, manifestó Paz.

Sostuvo que, si bien fue un proceso de diálogo bastante favorable donde se mostró voluntad del Gobierno y de los prefectos, debido a la presencia de facilitadores internacionales, no se tomó en cuenta que en términos políticos las posiciones entre ambas partes son irreconciliables.

Para el analista, las opciones políticas se impusieron sobre los aspectos fundamentales del diálogo, a pesar del debilitamiento orgánico del Consejo Nacional Democrático (Conalde), el mismo que provino desde el referendo revocatorio, pero que lograron mantenerse hasta la finalización del diálogo para comandar oposición a lo que consideran el fin de sus privilegios.

“De cualquier manera iban a encontrar algún elemento para impedir que se firme un acuerdo, lo contrario iba a significar una aceptación de que el Gobierno tenía todos los elementos e instrumentos bajo su control; en el fondo se mantienen dos proyectos políticos marcadamente diferentes”, señaló.

Paz manifestó que por el momento será muy difícil una compatibilización entre la nueva Carta Magna y los estatutos autonómicos que, a su parecer, fue la principal traba para encontrar consensos entre partes, ya que detrás de ambos proyectos políticos, existen intereses y un marcado apoyo social hacia el proyecto del Gobierno que hacia las propuestas autonomistas de los prefectos.

En ese entendido, Paz dijo que si bien no se ha acabado el proceso de diálogo, aquel que el Gobierno y prefectos opositores tienen la disposición de continuar, el paso al Congreso significará una nueva lucha para encontrar un camino abierto a la convocatoria a referendo para aprobar la nueva Constitución Política del Estado.
Afbs/Pta ABI

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) calificó este lunes de responsable y generoso el hecho de que el Gobierno boliviano haya resuelto incluir en el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) los acuerdos avanzados con los prefectos opositores sobre las competencias autonómicas.

“La decisión del Gobierno, más allá del hecho que no se firmó (un documento final con opositores), el incorporar los acuerdos logrados en el texto constitucional, eso sin duda que es un acto que nos parece responsable, nos parece un acto generoso y nos parece un acto valioso de destacar”, declaró el representante de la Unasur al diálogo y ex canciller chileno, Juan Gabriel Valdés.

Valdés fue comisionado por la Unasur a observar el desarrollo del diálogo entre el Gobierno, prefectos, municipalistas y parlamentarios que permita encarar la crisis política que encara Bolivia.

El Gobierno, los prefectos de Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y bancada parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) firmaron la noche de este domingo en Cochabamba el documento de acuerdo nacional, sin el respaldo de los radicales opositores agrupados en el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde).

En el diálogo de 24 días se lograron acuerdos en la necesidad de que la nueva Carta Magna garantice la igualdad de jerarquía constitucional entre las distintas autonomías, departamental, municipal e indígena, para evitar la subordinación.

En el caso de las regiones, estas se constituyen como espacios de planificación y gestión y podrán optar a la autonomía regional por iniciativa de los municipios que la conforman.

VALORABLE – DIÁLOGO

Valdés en su evaluación sobre el diálogo confesó a la prensa que valora como positivo el hecho de que el Gobierno haya mostrado tanta amplitud en varios temas.

“Yo entiendo que el Gobierno ha seguido planteando su voluntad de diálogo, de seguir escuchando las opiniones de todos; no me corresponde a mí calificar (si el diálogo fue un éxito o un fracaso), me corresponde simplemente reportar en mi país y expresar lo que hemos visto”, afirmó.

El ex Canciller chileno adelantó que el informe que brindará a la Unasur se basará particularmente de aquello que se refiere a lo positivo que se ha visto que ha sido el acercamiento de posiciones.

Valdés expresó su gratitud “a quienes han estado trabajando en estos difíciles momentos”.

Además manifestó su optimismo de que el escenario de diálogo se mantenga, porque eso le permitirá a Bolivia no sólo estabilidad política, sino afrontar de mejor manera los desafíos económicos de este tiempo.

“Creo que debemos ser optimistas, este es un gran país, este es un país que discute cuestiones que no son de fácil resolución, muchas de ellas tienen una larga historia; nosotros creemos que existe una buena disposición para que en el marco de un proceso democrático en el cual ha habido elecciones, referendos, en el que se ha desarrollado mayorías importantes y minorías importantes”, afirmó.
Rd/Rq ABI

El Gobierno de Bolivia denunció este viernes “acciones separatistas” de cívicos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, que son parte del Consejo Nacional democrático (Conalde), que gestionan ante un tercer país un “protectorado”.

El portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, en declaraciones a la prensa, sostuvo que “el protectorado es un separatismo, es una independencia”, y lamentó que los cívicos opten por estas acciones.

De acuerdo a la vicepresidenta del Comité Cívico de Tarija, Patricia Galarza, las gestiones para conseguir la protección de organismos internacionales y de países ante la supuesta persecución del Gobierno y los movimientos sociales afines al partido oficialista, se iniciaron la pasada semana.

Para ello, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, viajó al exterior del país para buscar “protección internacional” en el marco de los convenios internacionales de defensa de los derechos humanos, precisó Galarza.

Canelas reprochó que mientras el Gobierno busque con los prefectos la posibilidad de resolver los problemas del país, los cívicos estén en busca de un “protectorado” que no es más que una división.

“Esperamos que los prefectos que dialogan no tengan esa misma posición, porque sino, nos estarían engañando”, dijo.

A su vez el prefecto interino de Cochabamba, Rafael Puente, calificó este accionar como una actitud de ofensa:

“Me parece una alevosía inaudita, están pretendiendo dar un estatuto que tuvo Kosovo en Yugoslavia, es un insulto al país”, señaló.

A su momento el diputado opositor Edwin Jiménez (Podemos), indicó que “Bolivia es un país autónomo, independiente y no podemos ser protectorado de nadie”.

“Rechazamos la intervención de cualquier otro país”, acotó.
Jcch/Pta ABI