Los últimos episodios de violencia protagonizados por grupos de ultra derecha cruceñistas y la polarización impulsada por los prefectos opositores hacen notar los verdaderos intereses secesionistas.
Según los datos de la Corte Electoral Nacional de Bolivia (CEN), relativos al resultado del Referéndum revocatorio realizado el pasado 10 de agosto, sobre el 99 por ciento del total de votos válidos computados hasta el momento, el 67 por ciento de los sufragantes optó por la afirmativa a la siguiente pregunta: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera? No está demás la trascripción del interrogante.
Cabe recordar que la consulta popular fue impulsada por legisladores y prefectos de la oposición, y aprobada por ley el 8 de mayo por el Congreso boliviano. En aquel contexto, de gran inestabilidad política signada por los proyectos autonómicos de los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz (la llamada Media Luna oriental de Bolivia), el presidente Evo Morales declaró: “Qué mejor que el pueblo decida el destino del país”.
Pues bien, parece ser que el Referéndum revocatorio (una vez realizado) ya no es para los prefectos autonomistas la herramienta adecuada para garantizar la democracia y la institucionalidad del país andino. Más aun, en los últimos días poco se ha escrito y mencionado en los medios bolivianos el histórico caudal de votos que acrecentó la legitimidad política de la actual gestión del Palacio Quemado.
Por el contrario, las declaraciones del presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, realizadas el pasado viernes 22 sumaron nuevos datos a la progresiva escalada de polarización política y brotes de violencia en Bolivia.
Bayard afirmó que líderes civiles de su departamento, Santa Cruz y Chuquisaca, que concentran el 95 por ciento de las reservas de gas, se reunieron en la comarca de Villamontes, a 1.200 kilómetros al sureste de La Paz, para demandar al Gobierno Nacional atención a sus demandas, y adelantó: “Nos declaramos en pie de guerra en tanto y cuanto el Gobierno (de Evo Morales) persista en imponer un modelo totalitario y racista”.
Esta dura advertencia se suma a los episodios violentos ocurridos en los últimos días en Bolivia, y a sólo 12 días de haberse realizado la consulta popular reclamada en un primer momento por los departamentos secesionistas.
El 13 de agosto los prefectos opositores anunciaron, durante una reunión del Consejo Nacional Democrático (CONALDE), lo que pocos imaginaban: la radicalización de medidas de presión con la toma de oficinas y ambientes del Gobierno central, bajo pretexto (una vez agotada la tesis de inconstitucionalidad del referéndum) de lograr la devolución a los departamentos de parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que el Ejecutivo nacional destina, desde hace algunos meses, al financiamiento de la Renta Dignidad. Este programa de asistencia económica otorga alrededor de 30 dólares mensuales a los mayores de 60 años.
En este orden de ideas, “Paro cívico” fue el nombre que los lideres opositores de la “Media Luna”, más el departamento de Chuquisaca, asignaron a la jornada de protestas realizada el martes 19, con episodios violentos en la ciudad de Santa Cruz.
Cabe realizar algunas aclaraciones. La pretendida expedición “patriótica” consistió en una huelga con acatamiento local y parcial (en las principales ciudades de las regiones enfrentadas al Gobierno Nacional), y no general, como pretendieron calificarla algunos prefectos y legisladores.
En Tarija por ejemplo, región fronteriza con Argentina, un dirigente campesino anunció medidas de presión “para demostrarle al prefecto Mario Cossío y sus seguidores que la gente está cansada de la manipulación política de los paros”.
En este sentido, de nada sirvió el esfuerzo de los principales medios privados de Bolivia para mostrar la supuesta cohesión y amplitud de la huelga, ya que sólo en el centro de las capitales departamentales se registraron las imágenes de los “marchantes cívicos”.
Un reflejo de la escasa movilización de los autonomistas proviene de las propias declaraciones del empresario y presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, quien se limitó a declarar y volver a declarar que “el paro fue total”, “contundente en las cinco regiones”. No se olvidó de aclarar que la medida consistió en “una jornada cívica, con episodios violentos aislados promovidos por manifestantes del Movimiento Al Socialismo”.
Precisamente esta última acusación del empresario es el segundo punto que requiere algunas aclaraciones. El martes en cuestión, el grupo de choque opositor conocido como Unión Juvenil Cruceñista se hizo cargo temporalmente del monopolio de la fuerza en la ciudad de Santa Cruz con el objetivo de imponer bajo presión la consigna de los huelguistas.
Los miembros de la organización radical patrullaron las calles de la capital cruceña armados con palos y bates de béisbol “recomendando” a los vecinos unirse a la medida. El epicentro de las acciones de fuerza se produjo en las zonas denominadas Plan 3000 y Villa Primero de Mayo, con el fin de saquear el mercado del barrio que no se sumó al denominado “paro cívico”.
Mientras 300 unionistas irrumpían sobre los comercios, el despliegue policial trataba de evitar el agravamiento de la situación. El resultado dejó, además de civiles heridos, dos policías con lesiones y un patrullero destrozado, reviviendo con este saldo la delicada cuestión que enfrenta el Gobierno de Morales en torno al ataque a efectivos de seguridad ocurridos en los últimos días.
En efecto, el martes 12 de agosto, mientras un grupo de personas con discapacidad realizaban, en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), una huelga de hambre reclamando un bono de equidad al Gobierno de Morales, se produjo un enfrentamiento de grupos civiles extraños a la protesta con efectivos policiales que debían desalojar el predio por orden judicial.
El comandante General de la Policía, general Miguel Gemio, aclaró que la fuerza de seguridad cumplió con su misión constitucional de preservar la propiedad pública y controlar el orden, al tiempo que denunció a la agrupación radical Unión Juvenil Cruceñista por “usar a las personas con discapacidad para generar violencia”.
Cuatro policías con fracturas en el cuerpo, el rostro y la cabeza, además de personas con discapacidad afectadas, fue el saldo de aquella jornada de violencia.
Dos días más tarde, el grupo de choque de los unionistas dieron inicio al segundo capítulo del enfrentamiento con la Policía cruceña: intentaron tomar el Comando Departamental de la Policía para exigir la disculpa del ahora ex Comandante de Santa Cruz Wilge Obleas (fue herido durante el intento de toma del organismo de seguridad) por lo que los jóvenes radicales calificaron como “represión” contra los discapacitados desalojados. Nuevamente, varios agentes fueron agredidos por los autonomistas.
La reacción de las autoridades policiales y del Gobierno del Palacio Quemado apuntó directo a los líderes secesionistas: “Pido a la justicia boliviana que sea muy justa con nuestras instituciones, con nuestra Policía Nacional agredida injustamente (…). Pido una profunda investigación para dar con los autores o agresores”, señaló Evo Morales quien acusó a sectores opositores de “gestar un Golpe civil al Estado boliviano”.
Por su parte, el comandante nacional de Policía, Miguel Gemio, declaró: “Los cobardes y constantes ataques perpetrados a nuestros camaradas pueden tener un trasfondo político, pero en los hechos se trata de un acto delictivo, llevado adelante por sujetos que han cometido un delito flagrante de la forma más alevosa y premeditada”
“Quiero decirles con toda firmeza y sin dudar que no permitiremos más ultrajes a nuestra institución del orden y mucho menos el atropello a la investidura de nuestras autoridades y efectivos policiales”, advirtió Gemio, durante la inauguración de la Universidad Policial (Unipol), acto en el cual estuvo presente el primer mandatario boliviano.
El comandante también hizo alusión al anuncio de la Prefectura cruceña sobre el nacimiento de un “organismo de seguridad autónomo” para la próxima semana: “Sobre la manera de algunas autoridades departamentales que quieren que se quiebre la institucionalidad en el nombramiento de nuestros mandos, queremos ser enfáticos para recalcar que la Policía Nacional tiene como base de su actuar a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y las leyes de la República”, señaló Gemio.
Resta aún dedicar algunos párrafos a las declaraciones de los prefectos, legisladores y líderes políticos de la oposición en relación a los acontecimientos posteriores al referéndum revocatorio.
“Este es sólo un precalentamiento para el partido final”, amenazó el diputado Antonio Franco, del partido Por la Democracia Social (Podemos), en alusión a los extraños episodios “cívicos” impulsados y ejecutados por opositores y grupos de choque autonomistas.
El martes 19, el vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Roberto Gutiérrez, advirtió que ese mismo día paralizarían “por completo los cinco departamentos” y que los secesionistas pretendían “cerrar las fronteras en los cuatro puntos cardinales” de cada región para que no haya acceso ni salida de vehículos ni autobuses.
Por su parte, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, no se privó el fin de semana posterior al viernes 15 de llamar “mal nacido”, “asesino” y “criminal” al Presidente Evo Morales.
Estas son algunas de las expresiones “patrióticas y cívicas” que circularon durante los últimos días en la prensa boliviana.
Podría decirse que el mismo concepto de “Paro cívico” con el que los opositores intentaron presentar las huelgas locales y los “episodios de violencia aislados”, encierra las más variadas contradicciones.
Pero dejando para otra ocasión el análisis gramatical y semántico del término, queda claro que los sectores opositores a la actual administración del Palacio Quemado no reconocen la validez constitucional (y cívica) del referéndum que relegitimó con cifras extraordinarias al proyecto de país que propone el Movimiento Al Socialismo.
Con tal radicalización de las posturas de los prefectos, tampoco parece cercana la posibilidad de un reencuentro nacional en el que todos los actores políticos, sociales y económicos consensúen los términos finales para la aprobación de la nueva Carta Magna boliviana. Hoy está en juego la institucionalidad y gobernabilidad del país andino.
Por lo tanto, será clave en los próximos días la participación y la actitud que tomen los electores del 10 de agosto que volvieron a apoyar el mandato de Evo Morales y que se resisten a la fragmentación del Estado boliviano.
Respecto a los autonomistas de la “Media Luna” y de Chuquisaca, sólo queda claro una cosa: cuando la ley no alcanza, al “paro cívico”.
