Tarija Libre

El bloqueo de rutas en Villamontes, Tarija, convocado por cívicos y prefectos del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), paralizó el envío de diesel a Santa Cruz, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez.

“Mientras dure el conflicto del bloqueo (en Villamontes) lamentablemente no se podrá entregar el diesel, que está paralizado en este momento en carretera, todas las cisternas que llegan desde el lado argentino y paraguayo”, señaló Ramírez.

Remarcó que se envío un equipo técnico de la estatal petrolera para que expliquen, a las cámaras Agropecuaria del Oriente (CAO) y de Industria Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), las razones por del desabastecimiento del energético.

El reporte de la Policía de Tarija dio cuenta que los puntos de bloqueo se encuentran en la localidad de Caiza y el puente internacional que une Yacuiba con Argentina; en la localidad de Loma Caihuani, en la salida Villa Montes - Paraguay, en el puente Ustárez y en la comunidad de San Antonio; además de Caraparí a la altura del campo San Alberto, a 38 kilómetros de Yacuiba.

De ese modo, los cívicos y funcionarios de la prefectura tarijeña acatan la disposición del Conalde, en demanda de la restitución del 30 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) recortados para el pago de la Renta Dignidad.

Según el informe del Presidente de la estatal petrolera, hasta la mañana de este miércoles se contabilizó seis carros cisterna varados en la ruta hacia Argentina y Paraguay.

“Me imagino que eso irá aumentando, porque son varios turnos que llegan al país, pues inmediatamente dejan el producto en Santa Cruz y retornan”, apuntó Ramírez.
Fas/Rq ABI

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la tarde de este miércoles la modificación a la Ley Nro. 3791 de la renta Dignidad, del 28 de noviembre de 2007, que establece el pago de 3.000 bolivianos al año, es decir 250 bolivianos cada mes para todos los adultos mayores de 60 años sin jubilación.

Además, la modificación de la norma establece el pago de 2.400 bolivianos al año, 200 bolivianos cada mes para los adultos mayores 60 años con jubilación.

El presidente de la Comisión de Hacienda y diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gabriel Herbas, explicó que el proyecto de ley fue aprobado por mayoría en sus instancias en grande y detalle, para después ser remitido al Senado para su revisión y posterior sanción, en caso de no haber observaciones.

El diputado oficialista explicó que la nueva normativa responde a los resultados de la nacionalización de los hidrocarburos y como un derecho adquirido por los beneficiaros para vivir con dignidad, mantenerse activos en la dinámica socio económico del país y contribuir a la unidad familiar.

En ese marco, el pleno de la Cámara Baja por mayoría modificó el artículo 5 de la Ley Nro. 3791 (renta Dignidad) viabilizando el incremento de 50 bolivianos al mes la renta mensual para los adultos mayores de 60 años.

El artículo quinto modificado señala: (Monto de la renta Universal de Vejez y de Los Gastos Funerales).
El monto de la renta Universal de Vejez para los beneficiarios señalados en el inciso a) del Artículo Tercero de la presente Ley alcanzará a un total anual de Bs 3.000.- (TRES MIL 00/ 100 BOLIVIANOS)”.

“Para los beneficiarios señalados en el inciso b) del Artículo Tercero de la presente Ley, el monto total anual alcanzará a Bs.2.400.- ( DOS MIL CUATROCIENTOS 00/ 100 BOLIVIANOS)”.

Además, establece que el Poder Ejecutivo determinará mediante decreto supremo la forma de cancelación y periodicidad en el pago de la Renta Universal de Vejez.

El monto de los Gastos Funerales será reglamentado por el Gobierno en un plazo de treinta días a partir de la promulgación de la norma.

Señala que cada tres años el monto de la Renta Universal de Vejez y el de los gastos funerales podrán sufrir variaciones que serán determinadas por el Poder Ejecutivo en base a la evaluación técnico-financiera de las fuentes de financiamiento.
Lcr/Dgav ABI

La Cámara de Diputados, sin el apoyo de la mayoría de los parlamentarios opositores, aprobó la tarde de este martes el proyecto de Ley de incremento de la Renta Dignidad de 2.400 a 3.000 bolivianos anuales para las personas mayores de 60 años sin jubilación y de 1.800 a 2.400 bolivianos para los rentistas.

El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gabriel Herbas, en declaraciones a la Red Erbol, dijo que en la sesión de la Cámara Baja se aprobó el incremento a pesar de que la bancada opositores intentó boicotear la sesión desde la víspera.

“Esperemos que ahora el proyecto no tenga dificultades, pasará a la Cámara de Senadores (donde la mayoría de miembros son de la oposición) que sabemos que intentarán poner una serie de trabas”, dijo Herbas.

Indicó que de acuerdo a la información del Ministerio de Haciendo el incremento del beneficio social es sostenible porque en realidad se tomarán los recursos excedentes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

El presidente Evo Morales afirmó hoy que en el paro político realizado el martes en las ciudades de Santa Cruz, Cobija, Trinidad, Tarija y Sucre promovido por el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), las empresas e industrias de los “platudos” continuaron operando.

“La gente que tiene plata convoca a un paro y obliga a los pobres a que paren sus comercios, su trabajo, pero los comercios e industrias de los platudos no pararon”, aseveró el Mandatario, en su discurso en el acto de reinicio de obras de la Universidad Policial en La Paz.

Más tarde, en la ciudad de El Alto, Morales dijo que “los gamonales” hicieron cumplir el paro a los pobres a plan de palo, hecho que calificó de “una tremenda injusticia”.

Ante ello, Morales instó al pueblo a no responder a las provocaciones de esos sectores radicales.

El martes, los cívicos y prefectos del Conalde acataron un paro que parcialmente paralizó cinco ciudades del país, en demanda de la restitución del 30 por ciento del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) destinado para el pago de la renta Dignidad.

Mientras los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista obligaban a plan de palo a los comerciantes de los mercados y centros de abasto popular a cerrar sus puestos de venta, los supermercados Hipermaxi y Fidalga, de propiedad del empresario Ivo Kuljis y de la asambleísta suplente de Alianza Andrés Ibáñez (AAI), Rosario Schamisedine, atendieron como cada día, según informó la Red Erbol.
Jcch/Dgav ABI

El aporte de la Prefectura de Santa Cruz al pago de la Renta Dignidad representa el 5 por ciento de sus ingresos totales, lo que en cifras equivale a 37 millones de bolivianos. En el caso de Tarija, el monto que se le recorta a ese departamento para el pago a los ancianos representa el 1,7 por ciento de su presupuesto, es decir, 40 millones de bolivianos.

El ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, explicó a la red Patria Nueva, que las autoridades departamentales le mienten a la población cuando aseguran que se les está confiscando los recursos que necesitan para obras, cuando en los hechos el mayor ingreso que reciben las regiones no es por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sino por regalías petroleras.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Prefectura de Beni, Rafael Saavedra, dijo en una anterior declaración que para su región es de vital “importancia recuperar los recursos del IDH porque significan caminos, infraestructura, electrificación y desarrollo productivo”.

En el caso concreto de la prefectura cruceña, la autoridad explicó que entre el 65 y 70 por ciento de sus ingresos, es decir, 452 millones de bolivianos corresponde a regalías hidrocarburíferas y únicamente 16 por ciento (123 millones de bolivianos) corresponde al IDH. Es de este último monto que ese gobierno departamental aporta 30 por ciento para el pago de la Renta Dignidad.

Arce indicó también que la Prefectura cruceña elevó sus recursos entre 2005 y 2008, pues hace tres años recibía 394 millones de bolivianos y ahora percibe cerca a 711 millones.

Reiteró que los recursos que se recorta para el pago de este bono, no sólo a las prefecturas, sino a los municipios, al Tesoro General de la Nación (TGN) y al Fondo Indígena, irán a un fondo que garantizará la cancelación del beneficio en el futuro. Según el Ejecutivo, el número de 680.000 personas mayores de 60 años de edad, que actualmente forman parte de la población, se incrementará hasta el año 2050 al menos a tres millones de personas.

La autodenominada “media luna” condicionó esta noche al Poder Ejecutivo, el diálogo, a la reforma de la Constitución Política del Estado por el Congreso Nacional “como una opción” y la reposición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) sin concretar ningún pacto fiscal.

Después de más de cinco horas de reunión reservada en Palacio Quemado el prefecto de Tarija, Mario Cossío, –que ofició como vocero de los prefectos de oposición– dijo que “lamentablemente” no se llegó a un acuerdo en los temas centrales como la “restitución” del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la reforma constitucional.

El tarijeño adelantó que está latente el deseo de encontrar un acuerdo para darle tranquilidad y certidumbre al país, sin embargo, dijo que no hay avances porque se está “con el mismo discurso del mes de enero de 2008″.

Cossío dijo que el planteamiento central de los prefectos de oposición pasa por la reposición del IDH sin ninguna necesidad de concretar un pacto fiscal, porque desde su punto de vista el Gobierno les está “arrebatando ilegalmente” para el pago de la renta Dignidad.

Así como en el tema constitucional, que para ellos (media luna) debe ser solucionado a través de una reforma a la actual Carta Magna por el Congreso Nacional “como una opción” y con visión autonomista, y no como plantea el Gobierno con la compatibilización de sus estatutos autonómicos al nuevo texto constitucional aceptado, por dos tercios de voto en Oruro, el 9 de enero de 2007.

“Los temas que están en discusión son dos, primero los recursos del IDH que desde nuestro criterio han sido arrebatados en exceso para la renta Dignidad y segundo el tema de las autonomías que debe pasar por una reforma constitucional”, aseguró.

Cossío advirtió que de persistir esa actitud, este jueves por el Poder Ejecutivo, será más difícil la implementación de las autonomías departamentales, por lo que si no hay acuerdo avanzarán en la ejecución de sus estatutos.

VIRREIRA

A su vez, el prefecto de Potosí, Mario Virreira, calificó como positivo el inicio del diálogo y expresó su esperanza de que hasta este jueves los prefectos contrarios puedan flexibilizar su posición para la instalación de las mesas técnicas encargadas de tratar el tema de autonomías constitucionales y del IDH a través de un gran pacto fiscal.

Aunque Virreira lamentó la contradicción de criterios que existen al interior de los prefectos de oposición, porque antes de la realización del referendo revocatorio, de 10 de agosto, hablaban de la necesidad de compatibilizar la nueva Constitución Política del Estado con las autonomías y un pacto fiscal, pero que ahora cambiaron de posición.

“Ya no hablan de un pacto fiscal y la nueva Constitución, sino de la devolución del IDH y una reforma constitucional que inviabiliza la aplicación de las propias autonomías, es por eso que veo una posición contradictoria, esperamos que hasta mañana (jueves) cambien de opinión”, manifestó.

YAKSIC

De su parte, el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, insistió en la necesidad de materializar un pacto constitucional-autonómico, un pacto fiscal-estructural y un pacto institucional para exigir al Congreso Nacional la pronta designación de autoridades de Estado.

Pero que no se puede pretender tratar temas aislados como lo plantean los prefectos de oposición, obviando el mensaje que ha dado el país el 10 de agosto para consolidar una agenda nacional que pasa por la aprobación del nuevo texto constitucional y la agenda autonómica.

Yaksic instó a los prefectos de oposición a reflexionar sobre su posición por el bien del país.

“Ojalá no se equivoquen algunas autoridades departamentales ratificadas. Que los dos tercios de respaldo al presidente Morales no esté significando otra cosa que no sea la profundización y la continuación del proceso de cambio a través del nuevo proyecto de Constitución”, manifestó el Viceministro de Descentralización.

De la reunión participaron los prefectos de Pando, Leopoldo Fernández; de Beni, Ernesto Suárez Sattori; de Tarija, Mario Cossío; de Oruro, Alberto Aguilar; de Potosí, Mario Virreira; de Chuquisaca, Savina Cuellar, y el Secretario General de la Prefectura de Santa Cruz, Roly Aguilera
Lcr/Pta ABI

El presidente Evo Morales afirmó este sábado que pronto se incrementará el monto de pago de la Renta Dignidad que actualmente es de 200 bolivianos mensuales para las personas mayores de 60 años.

“Como va aumentando (los ingresos) para el Tesoro General de la Nación, va aumentado en la alcaldías el IDH, también para nuestros queridos abuelos y abuelas tiene que aumentar (la Renta) y cualquier momento va aumentar”, afirmó Morales en la localidad orureña de Caracollo a 58 kilómetros de la ciudad de Oruro.

El anuncio del Mandatario surge horas después de que los prefectos opositores, reunidos en el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) determinaran, iniciar un proceso al Gobierno y medidas de presión por “una reposición” del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), del que un porcentaje financia el pago de la Renta Dignidad.

“Los comités cívicos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca serán los encargados de exigir al Gobierno la atención de sus demandas hasta el 1 de agosto, caso contrario a partir del 4 de agosto se iniciará una huelga de hambre en todos los departamentos del Conalde”, señala la resolución adoptada por los miembros del Conalde en Sucre el viernes pasado.

Sobre éste, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que las determinaciones del Conalde sólo reflejan el “pavor” de esas autoridades al referendo revocatorio del 10 de agosto.

RENTA

El 28 de noviembre de 2007, el Jefe de Estado promulgó la Ley 3791 de la renta universal y vitalicia de vejez Dignidad. La medida beneficia a 676.009 personas y cuanta con el respaldo económico que garantiza su sostenibilidad en el tiempo. Está financiada con el 30 por ciento del IDH.

Este beneficio llega a todos los ciudadanos de 60 años que no tienen el derecho a un seguro de jubilación como las empleadas domésticas, taxistas, amas de casa, artesanos, campesinos y profesionales libres, entre otros.

La renta apunta a fortalecer las metas sociales del Plan Nacional de Desarrollo reduciendo la extrema pobreza a 19,7 por ciento hasta 2015, según el Ministerio de Hacienda.
Jcch/Pta ABI