Tarija Libre

Jaime Paz y Goni vendieron 166 empresas competitivas y 12 estratégicas

Los gobiernos de Jaime Paz Zamora y de Gonzalo Sánchez de Lozada, entre 1989 y 1997 destruyeron el aparato productivo nacional con la venta de 159 empresas públicas nacionales que operaban en mercados competitivos y la enajenación a título de capitalización de 12 empresas estratégicas.

De las 166 empresas en una primera etapa se seleccionó para la venta sólo a 66 que operaban en mercados competitivos (ver lista) y eran empresas municipales, nacionales y mixtas, prefecturales y de las Fuerzas Armadas administradas por COFADENA. Las 106 empresas que no tenían mercado competitivo fueron subastadas, por no decir regaladas. Las empresas públicas nacionales fueron construidas e implementadas –infraestructura y maquinaria- entre 1966 y 1971 por la Corporación Boliviana de Fomento y las Corporaciones de Desarrollo con dineros del Tesoro General de la Nación y con parte de la deuda externa.

El Decreto Supremo 22836, de 1989 de privatización no incluyó a las empresas públicas estratégicas –hidrocarburos y minería- por las limitaciones que establecía la Constitución Política del Estado y, no se consignó a las monopólicas de servicios –ENTEL, ENFE, ENDE y etc.- porque no había un sistema regulatorio en el país. A la privatización se sumó la liquidación de los bancos estatales.

Sin embargo, el año 1997, vulnerando la Constitución a título de capitalización se enajenó 13 empresas públicas estratégicas -YPFB, COMIBOL, las empresas de electricidad, telecomunicaciones, aeroportuarias y de agua-, a precios en libros sin tomar en cuenta, ni siquiera, las utilidades futuras que representaban estas empresas para el Estado.

La privatización de las empresas públicas, fue parte del proceso que se inició en agosto de 2005, cuando el gobierno de Víctor Paz Estenssoro promulgó el D.S. 21060 que ponía en marcha el programa de estabilización y el proyecto de reformas estructurales del Estado. El primero estaba destinado a controlar la inflación y el segundo implicó la reducción de la intervención estatal en la economía, la liberalización del mercado que abría paso a la inversión privada como un factor único y dinamizador de la economía.

La venta de las empresas públicas respondió a la imposición del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que experimentó en Latinoamérica la privatización de las empresas públicas, a cambio de crédito externo.

La privatización tenía como objetivo generar empleo y crecimiento económico, sin embargo, Bolivia se quedó con 25.000 relocalizados mineros y sometió al trabajador a las reglas de la libre contratación. De 25% de empleos que ofrecían las empresas públicas con la privatización este índice bajo a 11%. La economía se limitó a la estabilización, se dejó al país con una abultada deuda interna producto de la privatización del seguro a largo plazo y se incremento la deuda externa producto del crédito del Banco Mundial para asistir el programa de privatización y capitalización. Así se acabó con el modelo de capitalismo de Estado (1952-1982) y la destrucción del aparato productivo estatal.

EMPRESAS             COMPETITIVAS PRIVATIZADAS 1. Hilandería Santa Cruz, HILANDCRUZ Santa Cruz2. Planta Industrializadora de Leche, PIL-CS Santa Cruz3. Planta Industrializadora de Leche, PIL-CBBA Cochabamba4. Fábrica de Alimentos Balanceados, ALBAT Tarija5. Planta de Tarhui, TARHUI Tarija6. Planta Elaboradora de Queso San Javier, Santa Cruz7. Planta Industrializadora de Leche, PIL-Tarija  8. Cabaña Lechera Santos-Paz, CALETSA Santa Cruz9. Planta Industrializadora de Leche, Sucre PIL-Sucre  10. Centro Vitivinícola CEVITTI Tarija11. Industrias Avícolas de Tarija AVTAR Tarija12. Empresa Tarijeña de Gas EMTAGAS Tarija13. Programa Avícola de Oleaginosas y Maiz PAOM Tarija14. Hotel Asahi ASAHI Santa Cruz15. Fábrica de Losetas Montero LOS MONTERO Santa Cruz16. Industrias Metálicas INMETAL La Paz17. Planta Industrializadora de Leche, La Paz PIL- La Paz18. Planta de Silos Sachojere SACHOJERE Beni19. Aserradero Chimanes San Borja CHIMANES Beni20. Empresa Procesadora de Semilla Mejorada EPSM Beni21. Empresa Ganadera FONBENI-COTESU FONBENI, Beni22. Industrias Agrícolas de Bermejo IAB, Tarija23. Fábrica de Cemento El Puente FACEP, Tarija24. Fábrica Nacional de Vidrio Plano FANVIPLAN, La Paz25. Fábrica Boliviana de Cerámica FABOCE, La Paz26. Fábrica de Cerámica Roja Roboré CR. ROBORE, Santa Cruz27. Empresa Nacional de La Castaña ENACA, Beni28. Fábrica de Cerámica Roja Camiri CR. CAMIRI ,Santa Cruz29. Fábrica de Cerámica Roja Oruro CR. ORURO, Oruro30. Planta Industrializadora de Té Chimate CHIMATE, La Paz31. Sistema de Agua Potable Cobija APC, Pando32. Fábrica de Objetos de Peltre PELTRE ORURO, Oruro33. Proyecto Ganadero Todos Santos Hitner HITNER, Santa Cruz34. Fábrica de Cerámica Roja Cobija CR. COBIJA, Pando35. Procesamiento de Quínua PIQUIN, Tarija36. Empresa Forestal Tariquia TARIQUIA, Tarija37. Cristales Oscar Alfaro CRIOSAL, Tarija38. Centro Agropecuario de Desarrollo del Altiplano CADEA, Oruro39. Frigorífico Los Andes LOS ANDES, La Paz40. Taller de Cerámica CERAMICA, Chuquisaca41. Fábrica de Cerámica Roja Trinidad CR. TRINIDAD, Beni42. Ingenio Azucarero Guabirá GUABIRA, Santa Cruz43. Fábrica de Aceites Comestibles Villamontes FAC. VILLA Tarija44. Planta de Té Chapare CHAPARE , Cochabmaba45. Fábrica Nacional de Cemento S.A. FANCESA, Chuquisaca46. Planta Laminadora de Goma LAMIGOSA, Beni47. Productos Alimenticios de Maiz-Mairana PAM, Santa Cruz48. Hotel Terminal TERMINAL, Oruro49. Línea Aérea Imperial LAI, Potosí50. Fábrica de Alimentos Balanceados Portachuelo ALBAPOR, Santa Cruz51. Terminal de Buses Oruro52. Sal Yodada de Entrerriana ENTRERRIANA Tarija53. Fábrica de Cadenas CASAM, Oruro54. Teléfonos Automáticos de Cobija COTECO, Pando55. Empresa Ganadera REMES, Beni56. Industrias de Papel de Sidra Tarija IPTASA, Tarija57. Servicio de Energía Eléctrica de Cobija SEC, Pando58. Planta de Ají, Chuquisaca59. Planta de Pollos BB POLLOS BB, Chuquisaca60. Criadero de Truchas Puisilla, Cochabamba61. Hotel Prefectural Copacabana, La Paz62. Hotel Prefectural Coroico, La Paz, 63. Hotel Prefectural Chulumani, La Paz64.  Hotel Prefectural Urmiri, La Paz65. Hotel Prefectural Viscachani, La Paz66. Hotel Sheraton, La Paz  ENAJENADAS A TÍTULO DE CAPITALIZACIÓN 1.  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)2. Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)3. Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDE)4.  Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE)5. Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL)6. Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros (AADAA)7. Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA)8. Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL)9.  Empresa Metalúrgica de Vinto (EMV)10. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Cochabamba (SEMAPA)11.  Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA)12.  Las empresas pertenecientes a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA)

La Central Obrera Boliviana (COB), que convocó para este jueves a marchas a nivel nacional en defensa de la democracia y el cambio, expresó que tarde o temprano se sabrá que desde Estados Unidos, Gonzalo Sánchez de Lozada, dirigió la conspiración contra el actual Gobierno.

El secretario de organización de la COB, Sócimo Paniagua, fue enfático en decir que “tarde o temprano se sabrá la verdad, de que los prefectos de la llamada “media luna”, ademas de Cochabamba fueron dirigidos por Gonzalo Sánchez de Lozada, para conspirar contra el Gobierno y el cambio”.

“Aunque nieguen y perjuren de que no se han reunido con la clase neolibeal, corrupta del MNR y los funcionarios del imperio yanqui, lo cierto, es que estos prefectos viajaron a los Estados Unidos con dos objetivos, hacer quedar mal no al Gobierno, sino al país y recibir asesoramiento y financiamiento económico”.

Exhortó a trabajadores y al pueblo boliviano a ser conscientes para sancionar a estos prefectos, porque no es justo recibirlos con flores, cuando pusieron por el suelo el nombre de Bolivia con el argumento de que no se respeta la democracia.

Paniagua manifestó que es una vergüenza que vayan a quejarse a organismos, actitud que nunca fue asumida ni siquiera por los trabajadores y la Central Obrera Boliviana que tuvo siempre la capacidad de resolver los problemas en casa.

Ante la actitud de los cívicos y prefectos de la denominada “media luna”, confirmó que este jueves en las capitales de departamento las centrales obreras departamentales convocaron a marchas de protesta contra la derecha, que busca todos los medios para tumbar al Gobierno y hacer fracasar el proceso de cambio.

En La Paz, dijo que la marcha se iniciará a las 16.00 horas desde la puerta del Cementerio General y recorrerá las calles y avenidas para responderle a la derecha que los trabajadores no permitirán que el cambio frustre la esperanza de los bolivianos.
Dea/Rq ABI

La ayuda “gonista” que reciben en los Estados Unidos los prefectos de la oposición no sorprende, porque es una práctica de los partidos neoliberales, manifestó Lorenzo Velásquez, representante de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Santa Cruz.

“Para nosotros no es extraño esa actitud, es normal en esos partidos neoliberales, porque cada vez escapan a los Estados Unidos para ser asesorados. No hace mucho Manfred Reyes Villa fue a una reunión al país del norte para ser patrocinado y asesorado por ellos”, manifestó Velásquez.

En ese sentido, aclaró que el pueblo ya tomó conciencia de la actitud que tuvo Gonzalo Sánchez de Lozada y sus “pupilos” que continuaban con las mismas prácticas del pasado, cuando se opusieron a la nacionalización, la Asamblea Constituyente y “ahora se oponen a la aprobación de una nueva Constitución Política”.

“Tenemos muchas pruebas de cómo a nosotros nos han quemado nuestras oficinas, golpeado a nuestros dirigentes y nos han limitado el tema de nuestra expresión pública”, dijo Velásquez.

Este criterio fue expresado en oportunidad de la reunión preparatoria para la marcha de este jueves en la que participaron la Central Obrera Departamental (COD), la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), colonizadores y vecinos del Plan 3.000.
Al/Rq ABI

El Poder Ejecutivo aseguró el martes que el entorno gonista del ahora prófugo ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) asesora a los prefectos de la denominada “media luna” en Estados Unidos para hacer fracasar la Asamblea Constituyente con supuestas demandas regionales.

En contacto con los periodistas en puertas de Palacio Quemado, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, reveló que el ex embajador de Sánchez de Lozada en Estados Unidos, Jaime Aparicio, es el jefe de prensa, de protocolo y de vínculos de los prefectos Rubén Costas, Mario Cossío y Manfred Reyes Villa quienes se encuentran en el país del norte.

“Eso es lamentable y la población boliviana y los departamentos, la gente de a pie que reivindica sus demandas regionales tiene que saber que lamentablemente hoy (martes) quién conduce esas demandas regionales no son los prefectos sino directamente Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín”, aseguró el Vicepresidente.

García Linera lamentó que los prefectos de Tarija, Pando, Beni y Cochabamba “hayan caído bajo el ala siniestra y la protección macabra” del ex presidente Sánchez de Lozada enlodando su viaje y las demandas de sus regiones frente la comunidad internacional.

Aseguró que la población de los departamentos, cuyos prefectos se ausentaron del país rumbo a Estados Unidos, no merecen ser engañados por sus operadores políticos, quienes en el curso de este martes demostraron que están bajo al protección de Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín a través de Jaime Aparicio.

“El país entero tiene que saberlo, el país entero tiene que pronunciarse por semejante atentado contra Bolivia y la democracia. Hay que hacerse la hipótesis de que detrás de todos los conflictos está Gonzalo Sánchez de Lozada”, dijo el Segundo Mandatario.

“Uno tiene que preguntarse hasta qué punto no habrá sido las tenebrosas intensiones de Sánchez de Lozada y el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín para estar maquinando este escenario de confrontación”, señaló García Linera.

El Vicepresidente explicó que el ex canciller de Bolivia en Estados Unidos, Jaime Aparicio, fue el encargado de hacer todas las gestiones para que los cuatro prefectos presenten ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su denuncia.

Sin embargo y pese a que los prefectos de la denominada “media luna” prefieren “recibir las instrucciones del ex presidente Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín”, el Vicepresidente dijo que las puertas están abiertas para el diálogo.

No obstante, lamentó que Bolivia este martes fuera objeto de una gran vergüenza por causa de los prefectos del Beni, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba.

“Ellos (prefectos) son los responsables de esta vergüenza nacional y tienen que venir a explicar a Bolivia de sus actos”, dijo el Segundo Mandatario.
Lcr/Dgav ABI

El ex embajador boliviano en Estados Unidos del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jaime Aparicio, organiza la agenda de encuentros en el país del norte de cuatro prefectos de la denominada “media luna ampliada” que se encuentran en Washington para denunciar al Gobierno de Evo Morales por la situación política y social que vive Bolivia.

“El gonismo, que está encaramado en algunos espacios de poder, aquí en Washington y en Bolivia, es el que está organizando la agenda de trabajo de estos prefectos que están ahora llevando adelante una serie de entrevistas oficiales y no oficiales en los Estados Unidos”, informó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.

Llorenti, en contacto con radio Erbol desde Washington, dijo que se sorprendieron cuando conocieron que el ex embajador Jaime Aparicio, estaba organizando en Washington la agenda de encuentros de los cuatro prefectos opositores.

El Viceministro dijo que existe en Bolivia una combinación de intereses empresariales, de terratenientes, de algunos prefectos, algunos partidos políticos y algunos medios de comunicación que pretenden entorpecer el proceso democrático que se ha alcanzado a través de la Asamblea Constituyente y de las transformaciones estructurales.

Los cuatro prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez; de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y de Tarija, Mario Cossío, se encuentran en Washington para denunciar ante los organismos internacionales, como la OEA y la ONU, supuestos atropellos a la democracia por parte del Gobierno del presidente Evo Morales Ayma.

El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, no acompañó a la delegación, pues, se informó en medios de prensa, que no tendría visa de ingreso a Estados Unidos, aunque esta información no fue confirmada por la ABI.

Para contrarrestar esa campaña de desprestigio, el Gobierno envió a dos viceministros, Sacha Llorenti y Héctor Arce, que juntos al embajador boliviano en EEUU, Gustavo Guzmán, explican a los organismos sobre la vocación democrática de la administración de Morales Ayma, además de los excesos y acciones antidemocráticas que llevan adelante los prefectos opositores.

INVITACIÓN A ORGANISMOS

Llorenti anunció que invitarán a los organismos internacionales para que visiten Bolivia y de manera personal verifiquen que el proceso de cambio en el país y la democracia, está siendo afectando por los prefectos que comulgan la violencia.

“Hablan de que existe una resistencia pacífica al Gobierno, pero no se habla de la toma de edificios, de la violencia que se ha incitado, no se habla de los motociclistas, de la Unión Juvenil Cruceñista, de los ganaderos en distintos lugares están amedrentando gente en varios lugares y departamentos del país y se quiere hacer creer que existe un pensamiento único en 4 ó 5 departamentos del país, lo que no es cierto”, afirmó la autoridad gubernamental.

Llorenti anunció que este miércoles sostendrán una entrevista con el Secretario General de Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza y hará conocer el proceso boliviano y las acciones antidemocráticas de los opositores.

El viernes se reunirán con el Consejo Permanente, que es la instancia máxima de sesión después de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, y paralelamente con una serie de organismos de derechos humanos que conocen bien el proceso boliviano.

Todas estas organizaciones internacionales deben conocer los excesos de los prefectos opositores junto a los cívicos de algunas regiones. “Cuando hacen acallar las voces disidentes de estos sectores de poder a través del palo, piedras con mucha violencia”, agregó.
Rq/Dgav ABI

Al menos 1.000 personas provenientes de 85 países y acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos viven actualmente en Estados Unidos, entre ellos los bolivianos Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoagüe.

El dato surgió este jueves en el Congreso estadounidense durante una sesión de una comisión parlamentaria.

El Departamento estadounidense de Seguridad Nacional, citado por la agencia Ansa, posee informes de al menos 800 de ellos, mientras los casos de otras 140 personas fueron examinadas en un modo más profundo.

En los últimos cuatro años, al menos 283 ciudadanos extranjeros sospechados de graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra fueron expulsados y, en muchos casos, terminaron procesados en sus respectivos países.

Pero durante los testimonios salió a la luz también que la mano de la justicia se encuentra muy a menudo bloqueada por obstáculos legales.

En la sesión parlamentaria fue citado el caso del médico Juan Romogoza Arce, torturado en El Salvador en los años 80.

Romogoza Arce obtuvo hace años un veredicto de condena, por parte de un tribunal civil, contra sus dos torturadores que hoy viven en Estados Unidos.

Sin embargo, los dos torturadores “continúan viviendo legalmente y cómodamente en Estados Unidos”, sin que ninguno pueda hacer algo por castigarlos, narró Arce en el Congreso.

Dentro de ese millar de violadores de los derechos humanos, se encuentran el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y sus ex colaboradores Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoagüe, sobre quienes pesan un pedido de extradición por parte de la justicia boliviano.

Goni, como es conocido el ex Jefe de Estado boliviano, enfrenta un juicio de responsabilidades por la muerte de 67 personas y casi medio millar de heridos que las fuerzas de seguridad dejaron entre septiembre y octubre de 2003 por orden directa suya.

Esa rebelión popular lo obligó a dimitir el 17 de octubre de 2003 y desde entonces se encuentra refugiado en Estados Unidos junto a sus dos ex colaboradores.

La Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Chuquisaca, convertida en Tribunal de Garantías Constitucionales, declaró hoy improcedente un amparo presentado por Nelson Quinteros y Álvaro Rojas, abogados del ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, que pretendía la nulidad de obrados del juicio de responsabilidades.

El fiscal General interino de la República, Mario Uribe, saludó la decisión de ese tribunal de justicia del país, conformada por los vocales Marcela Ortiz y Fernando Iriarte, y aseguró que el Ministerio Público defenderá el cumplimiento de la legalidad.

Indicó que ese fallo desmintió los argumentos de la defensa de Sánchez Berzaín, quien es procesado por la masacre de octubre de 2003, en sentido que se habría vulnerado ciertos requisitos como el de la notificación personal al ex Ministro de Defensa y el debido proceso.

“El Tribunal ha sido categórico al desestimar el planteamiento a la defensa de Sánchez Berzaín y, además, ha sido mucho más categórico al establecer de que la Fiscalía ha cumplido los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal”, aseguró Uribe.

Sostuvo que ese tribunal aclaró a la defensa de Sánchez Berzaín que el imputado conocía y conoce el proceso de responsabilidad y es renuente a someterse a ese proceso.

Uribe dijo que, por lo tanto, un proceso legal no puede paralizarse por la falta de voluntad de un imputado que no quiere someterse a la ley y está utilizando ese tipo de argucias formales para evitarlo.

“Por otro lado también la Corte de Chuquisaca ha determinado la legalidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la Sala Penal Primera”, dijo el Fiscal General.

“Consiguientemente este es un mensaje para todos aquellos imputados que utilizan el fácil expediente de decir que se está vulnerando la ley y que esto es político, esto es un debate jurídico”, agregó.

Consultado sobre si ese fallo judicial allanaba las investigaciones para que prosiga el juicio de responsabilidades contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete de ministros, Uribe dijo que “en realidad allana una posición falsa de los imputados de considerar un abuso o un exceso en la persecución penal, yo creo que eso se aclara”.

“Este amparo desvirtúa totalmente esa aseveración, y eso es importante porque le da fuerza al debate jurídico, al debate para demostrar quién es responsable o no, al margen de las posiciones políticas que sin duda tienen los imputados”, agregó.

De su parte, el abogado de la Asociación de Familiares en Defensa del Gas, Rogelio Mayta, señaló que el fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales reimpulsó el juicio contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores.

El jurista dijo que la decisión de los vocales Ortiz e Iriarte muestra que las actuaciones contra los responsables de la muerte de 67 personas y las heridas a más de 400 en las jornadas luctuosas de septiembre y octubre de 2003 están enmarcadas en la ley.

Los abogados Nelson Quinteros y Álvaro Rojas habían interpuesto un amparo constitucional en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar rebelde ante la ley a Sánchez Berzaín.

Argumentaron que su defendido no había sido notificado y que por ello no estaba al tanto del juicio de responsabilidades, lo que supuestamente vulneraba el derecho a un justo proceso.

No obstante, según Mayta, con el fallo que declaró improcedente ese recurso demostró lo contrario, y que el ex Ministro de Defensa solamente intenta argucias legales para evitar su procesamiento penal.
Rdc/Dgav ABI