Tarija Libre

Miembros de Unión Juvenil Cruceñista (UJC), opositores, oficialistas, Gobierno y sectores sociales demandaron este miércoles al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, no fugar del país y enfrente a las acusaciones de terrorismo y sedición que pesan en su contra.

“Cobarde”, “tiene miedo”, “que dé la cara”, “debe responder a la justicia”, “irresponsable”, fueron algunas de los calificativos y frases que políticos, dirigentes sociales y hasta sus correligionarios utilizaron en contra del cívico cruceño quien adelantó su intención de salir del país rumbo a Europa.

Marinkovic y otros cívicos, son acusados de terrorismo, sedición y atentado contra los bienes y la seguridad del Estado entre agosto y septiembre pasado.

Tras hacerse público que el Gobierno pidió a la Fiscalía que investigue a Marinkovic y que por ello no tenga miedo, el empresario desapareció de la actividad pública y desde la clandestinidad dio entrevistas a algunos medios cruceños para denunciar que es sujeto de persecución política.

UNIONISTAS

El presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), David Cejas, exigió al líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz no escapar del país y enfrentar a las acusaciones de terrorismo y sedición.

“No es posible que a estas alturas él (Marinkovic) esté diciendo me voy porque corro peligro, todos estamos corriendo peligro, que sea valiente”, expresó Cejas a la prensa.

“Yo creo que Marinkovic tiene miedo porque no por nada se va ha declarar en la clandestinidad y va a huir”, aseguró Cejas quien actualmente se encuentra refugiado en la brigada parlamentaria cruceña por miedo a ser detenido.

CUESTIONAMIENTOS

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada señaló el pasado lunes, que es muy fácil ser líder y promotor de acciones violentas “cuando están las buenas”, pero criticó que “cuando llega el momento de rendir cuentas con la justicia, claro ahí lo fácil es ocultarse”.

El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, dijo que Marinkovic debe salir de su escondite sino tiene responsabilidad en las acciones vandálicas que le costaron millonarias pérdidas al país.

El diputado opositor de Poder Democrático Social (Podemos), Wilman Cardozo, criticó el accionar del cívico cruceño por esconderse y no dar la cara para enfrentar por sus actos en septiembre pasado.

“No debe ser irresponsable para dejar a sus bases a merced de la justicia a sus compañeros que han luchado por reivindicaciones regionales, debe dar la cara”, aseveró.

A su vez el senador del MAS, Félix Rojas, dijo que el esconderse y huir a la justicia es admisión de culpa, como lo está haciendo el principal dirigentes de los cívicos cruceños.

El presidente de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), Fidel Surco, calificó de “cobarde” al cívico cruceño por esconderse como rata.

“Salir del país es confirmar que responsable del golpe cívico prefectural y por lo tanto será un fugitivo”, afirmó el dirigente social.

Por su parte, el asesor jurídico de Marinkovic, Juan Carlos Peralta, confirmó que el cívico saldrá del país rumbo a Europa, aunque no dio a conocer la fecha.

“Estamos estudiando el momento oportuno para que pueda salir del país”, dijo el abogado.

DAÑOS AL ESTADO

Un daño económico de más de 200 millones de dólares costó la toma violenta de instituciones del Estado, atentado a un gasoducto y el bloqueo de rutas en el oriente y sur de Bolivia realizado entre el 25 de agosto al 17 de septiembre, por parte de organizaciones cívicas a convocatoria de los prefectos opositores aglutinados en el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde).

Esta estimación de daños corresponde a informe de cada institución que fue saqueada. Durante los días que duró las medidas de presión del Conalde, los cívicos y unionistas tomaron por asalto instituciones regionales como de la Administradora Boliviana de carreteras (ABC), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Además del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y el atentado al gasoducto Yacuiba Río Grande (GASYRG).

ADUANA

En el caso de la Aduana, se cuantificó una pérdida económica de 763 millones de bolivianos (unos 100 millones de dólares) por el bloqueo cívico fundamentalmente en la región del Gran Chaco boliviano, cuyo monto corresponde a recaudaciones aduaneras, además del comercio exterior referido a la importación y exportación de productos.

De acuerdo a esta entidad, el bloqueo de vías interrumpió los corredores bioceánicos, impidiendo el flujo comercial a los vecinos países, provocando un grave daño económico al Estado.

Las pérdidas en el sector de las exportaciones llegó a 660 millones de bolivianos, por importaciones a 91 millones de bolivianos, además de las recaudaciones aduaneras que hacen 12.3 millones de bolivianos.

YPFB

El 10 de noviembre, las acciones cívicas que perjudicaron el sistema de distribución de hidrocarburos fue la explosión en el Gasoducto Yacuiba Río Grande (GASYRG), que afectó de manera directa la provisión de gas natural para el mercado interno y la exportación, cuyo daño fue cuantificado en al menos 100 millones de dólares.

IMPUESTOS NACIONALES

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) también reportó un daño económico por 2.2 millones de dólares a causa de destrozos a su infraestructura en Santa Cruz, de donde los cívicos y Unión Juvenil Cruceñista robaron equipos informáticos, documentación de los contribuyentes y material de oficina.

ABC

En el caso la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ésta informó que las pérdidas por daños a la infraestructura en sus oficinas de Beni, Pando, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, que incluye a la empresa Vías Bolivia, alcanzan inicialmente a un valor de 3.5 millones bolivianos.

El informe da cuenta que las oficinas de la Regional ABC-Pando, tomadas el pasado 3 de septiembre por miembros de la Federación de Juntas Vecinales y Comité Cívico de esa región, reportó una pérdida de 800 mil bolivianos por la quema del predio, robo de computadoras, muebles y daños a vehículos.

INRA

Las medidas del Conalde también afectaron a las oficinas regionales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en los cuatro departamentos que hacen la llamada “media luna”, siendo la más afectada la ubicada en Santa Cruz.

Datos de esta institución indican que los daños económicos superan los 500 mil dólares, de los cuales, 300 mil dólares corresponden a los destrozos ocasionados en su regional de la capital cruceña.

Los daños cuantificados se refieren a vehículos apedreados e incendiados, equipos de computación sustraídos de las oficinas, material de escritorio, muebles, documentos, entre otros.
Rq ABI

La jueza cautelar, del Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margoth Pérez, ordenó este domingo la detención preventiva en el penal de San Pedro de los tres unionistas cruceños acusados de golpear al ex comandante departamental de la Policía, Cnl. Wilge Obleas, y al comandante General de esa institución, Gral. Miguel Gemio.

La jueza Pérez señaló que “el articulo 226 es claro, nosotros tenemos parámetros directamente. Aun así se ha declarado la aprehensión la que se debería cumplir con la medida cautelar”.

Pérez dictó la detención preventiva ante el riesgo de fuga, obstaculización del proceso legal y la influencia negativa en los testigos o participes que declaren a favor de ellos y aclaró que la medida de excepción será resuelta por la jueza Marcela Siles titular del juzgado 10mo de Instrucción en lo Penal.

A su vez, el comandante General de la Policía Nacional, Gral. Miguel Gemio Urrutia, manifestó que en este caso existen otras personas implicadas, cuya responsabilidad se determinará en la ampliación del proceso de investigación.

Por su parte, el abogado defensor de los acusados, Rolando Gómez Rivero, anunció que apelará la decisión asumida por la jueza Pérez.

“Vamos a plantear una apelación porque estas medidas cautelares nos parece excesivas, porque el fiscal tampoco ha justificado de ninguna forma que los tres ciudadanos detenidos quieran obstaculizar la investigación o quieran darse a la fuga”, manifestó luego de la audiencia.

Los detenidos son Jorge Brasil, presidente de la Unión Juvenil de Montero, David Julee y Julio Cesar Zenteno que fueron enviados a la cárcel de San Pedro, tras una audiencia de medidas cautelares después de haber sido detenidos el viernes 28 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz.

Los tres unionistas están acusados por los delitos de sedición, por destrozos a la propiedad del Estado y lesiones, entre otros.

La defensa, ante la resolución de detención preventiva presentó una medida de excepción de incompetencia, contemplada en el artículo 226 de la Código de Procedimiento Penal (CPP), que determina que en el plazo de tres días la juez titular debe determinar la competencia de estas autoridades judiciales en este caso.

En caso de que se establezca que la Corte Superior de Distrito de La Paz no tenga competencia para administrar el proceso legal, los detenidos deben ser liberados y puestos ante las autoridades competentes. Si se determina su competencia la detención preventiva se da por hecho.

En el segundo caso la defensa podrá presentar una apelación incidental para que esa resolución pueda ser revocada.

El abogado Gómez expresó su confianza en que este tema se solucione en el transcurso de la semana independientemente de la apelación, ya que consideró que desde el 15 de agosto, cuando se suscitó los hechos, sus defendidos desarrollan sus actividades de forma rutinaria sin dar muestras de querer darse a la fuga.

AGRESION

La noche del 15 de agosto, a la salida de una reunión en el Comité Cívico pro Santa Cruz, Obleas y el comandante General de la Policía Nacional, Gral. Gemio fueron agredidos por personas que se concentraron fuera de las instalaciones de la entidad cívica.

En aquella oportunidad el general Gemio se trasladó a la capital cruceña para reunirse con la dirigencia cívica y con el prefecto del departamento, Rubén Costas. Las autoridades locales les ofrecieron garantías, pero a la salida de la reunión fueron brutalmente golpeados.

El Cnl. Obleas fue agredido mientras corría por la calle Libertad, acompañado por un dirigente cívico y su edecán, quien llevó la peor parte de la golpiza, ya que protegió con su cuerpo al jefe policial.

De igual forma, al Gral. Gemio le echaron agua y lo golpearon con un palo en el hombro, por lo que tuvo que salir rápidamente del Comité para refugiarse en el comando departamental, que se halla a dos cuadras de la sede cívica.
Al/Dgav ABI

El ex ministro de Servicios y Obras Públicas, Salvador Ric, denunció este sábado que los miembros del Comité Cívico y la Unión Juvenil Cruceñista intentaron terminar con su vida en la agresión que sufrió la noche del viernes.

“Lo que ellos (cívicos y unionistas) querían era matarme, el justificativo era el que yo tenía un arma, yo en mi vida nunca usé un arma”, declaró Ric, quien fue agredido físicamente en la noche del viernes, en un céntrico restaurante de avenida Monseñor Rivero de Santa Cruz.

Añadió que durante la golpiza que le propinaron sus agresores lo acusaron de traidor a las demandas cruceñas por haber ocupado un cargo en la actual administración gubernamental del presidente Evo Morales.

“En el momento que yo salía un señor Soruco (Carlos), que fue Viceministro del Interior en el gobierno de Hugo Banzer me agredió físicamente y yo me defendí”, apuntó el ex ministro Ric.

De acuerdo al relato de la ex autoridad, la turba de personas no dejó que se retire del restaurante y que un par de mujeres lo tumbaron al suelo para que luego un “matón” de los cívicos lo agarre a patadas en el suelo.

Una vez que Ric logró levantarse del suelo tuvo que esconderse en la cocina del lugar hasta que llegó la Policía para rescatarlo de la horda enfurecida de cívicos y unionistas.

“La justicia no funciona, luego de tantas horas no apareció ningún fiscal. Tenía miedo que como los odian más a los policías que a mi pensé le iban a ser daño”, dijo la ex autoridad que dejó el cargo de Ministro de Servicios y Obras Públicas el 12 de enero de 2007.

También indicó que los medios de comunicación de Santa Cruz se pusieron a la tarea de denigrar la imagen de aquellas personas que piensan un poco diferente a las demandas de esa región.

“Tengo serias dudas que en Santa Cruz puedan acepten los cambios, no se de que manera lleguen a aceptar de que los morenos son tan bolivianos como los blancos (…) hay mucho odio, racismo, loe medios de comunicación tergiversan todo”, aseguró Ric.
Fas/Rq ABI

Leopoldo Santibáñez pisa a fondo el acelerador de su taxi tras afirmar que él fue contratado por la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para desestabilizar, desde esta ciudad, al gobierno del presidente Evo Morales.

“Cobré 200 pesos bolivianos (28.57 dólares) diarios para ir a tomar instituciones durante tres días en diversos puntos de la ciudad. Me dieron un palo y la instrucción de quebrar todo lo que encontrara a mi paso”, indicó en entrevista con Notimex.

El recorrido del Segundo Anillo (zona) entre René Moreno y Monseñor Santisteban en Zona El Trompillo hacia el centro de Santa Cruz se hace demasiado corto para que cuente su historia pero dice que hay un fuerte financiamiento para sembrar el caos.

A sabiendas que su historia no saldrá en la prensa de Bolivia, el taxista de unos 22 años de edad se despacha con todo: “Con mi palo y unas bombas de ruido me fui junto con un grupo de jóvenes y empezamos a saquear todo”.

“Vidrios, ventanas, escritorios, todo lo que encontrábamos a nuestro paso lo demolíamos. Fueron varias las instituciones que cayeron en manos de la Unión Juvenil Cruceñista entre el 7 y 11 de septiembre”, recalcó el jovenzuelo.

Desmintió que estas unidades juveniles sean de tipo paramilitar, porque muchos de sus integrantes son contratados al paso por los dirigentes de la UJC que van con dinero y contratan, y hacen una lista y destinan a dónde atacar.

Detrás de todo esto, obviamente está el Comité Cívico que utiliza a la UJC, ya que es su brazo de choque. Las armas que utilizan sus integrantes son bates de béisbol, fusiles, pistolas, cuchillos y cadenas.

Algunos de los jóvenes utilizan pasamontañas, camisetas blancas o negras y gorras con el escudo de la derechista Falange Española, dos franjas rojas que flanquean a otra negra sobre la cual va un arco y cinco flechas apuntando al cielo.

“La intención era sembrar el caos, pero nunca enfrentarnos al Ejército, porque ese sí no se anda por las ramas y dispara a matar”, comentó el taxista del carro gris de volante cambiado de izquierda a derecha, importado desde Chile.

La toma de instituciones estatales marcó el inicio de una escalada violenta que desde el pasado fin de semana fue parado tras un proceso de diálogo iniciado en Cochabamba por el gobierno de Evo Morales y los prefectos opositores.

Las protestas de la Unión Juvenil Cruceñista, de la Prefectura de Santa Cruz y del Comité Cívico fueron para presionar al gobierno de Evo Morales a que les devuelva (el 30 por ciento de) los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que bordean unos 270 millones de dólares.

Bolivia vivió en las últimas semanas una sensación de caos luego de que quedaran sin funcionamiento unos 16 aeropuertos y que hubiera una masacre de 17 campesinos en la región de Pando, lo que llevó a grupos afines a Morales a cercar Santa Cruz.

La UJC tomó las oficinas de Impuestos Internos, destruyó la fachada de la empresa ENTEL (telefonía) y sembró el caos en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En Tarija, cerca a la frontera con Argentina y Paraguay, se intentó tomar la Superintendencia de Hidrocarburos y en Yacuiba las oficinas de la nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).

En tanto en San Matías, provincia cruceña fronteriza con Brasil, se tomó la Aduana mientras que en Beni se registraron bloqueos que impedía salir desde la capital Trinidad.

En respuesta a esos hechos, los grupos sociales afines al gobernante Movimiento Al Socialismo dieron una respuesta y bloquearon la carretera Santa Cruz-Cochabamba, a la altura del poblado de Yapacaní y dejaron sin conexión con Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Los ánimos se caldearon cuando los campesinos amenazaron con tomar Santa Cruz y empezaron a movilizarse provistos de palos, viejos fusiles, machetes y puntas para recobrar por la fuerza las instituciones.

Ese complejo escenario llevó a los prefectos a aceptar dialogar con el gobierno de Evo Morales no sin antes indicar que este los tenía chantajeados y que acudían sólo para evitar que aumentara la protesta y el número de muertos.

Cuando el taxista Leopoldo Santibáñez dice que cobró por desestabilizar al gobierno de Evo Morales no hay una carga de culpa sino más bien de “alegría” por contribuir, según él, a que tenga una Patria mejor sin el precario socialismo del mandatario.

“Nosotros no financiamos paramilitares ni queremos dar un golpe civil al presidente Evo Morales”, recalca el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic.

El taxista contratado se ríe de esas expresiones y dice que “el poder del dinero mueve conciencias y la mía fue comprada por tres días”. Se ríe, pisa el acelerador y se pierde calle abajo de la Plaza 24 de Septiembre.
ABI//

La presidenta a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Marlene Ardaya, alertó este lunes que los saqueadores de las oficinas en Santa Cruz (en su mayoría miembros de la Unión Juvenil Cruceñista) intentan extorsionar a los contribuyentes, exigiéndoles dinero a cambio de la devolución de sus documentos sustraídos en la toma violenta.

“Estarían procediendo, de alguna manera, a querer extorsionar a los contribuyentes queriéndoles devolver estos documentos a cambio de dinero”, dijo Ardaya, al referirse a los vándalos que saquearon y robaron documentación de las oficinas del SIN en la capital cruceña, gran parte de ellos identificado por el Gobierno como unionistas al servicio del Comité Cívico y la Prefectura.

De acuerdo a Ardaya, la toma violenta, saqueo y robo de equipos informáticos y material de oficina del Servicio de Impuestos en Santa Cruz, generó una pérdida que fluctúa entre 150 a 200 mil dólares.

En ese sentido, advirtió que cualquier documento que haya sido sustraído de dichas instalaciones y entregado a los contribuyentes a cambio de dinero, no tiene ninguna validez, por ser obtenidas de manera ilícita.

Explicó que Impuestos Nacionales tomó sus precauciones ante los hechos de violencia, registrando la documentación pérdida en su sistema informático y procediendo a su respectiva impresión en fotocopias legalizadas.

“Es evidente que están en este plan, justamente estas personas que tomaron la distrital especialmente de Santa Cruz”, sostuvo la Presidenta a.i. del SIN.

Ardaya denunció la última semana que los grupos violentos se llevaron todos los equipos de computación, fotocopiadoras, material de oficina, documentos, entre otros, los mismos que incluso fueron transportados en vehículos.
Fas/Rq ABI

Un grupo de vándalos, vinculados a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), golpearon brutalmente al medio día de este martes a un efectivo policial que estaba saliendo de su trabajo para ir a almorzar.

A dos cuadras de la plaza 24 de Septiembre de la capital cruceña, una turba de encapuchados interceptó al policía David Marca, quien salía del Banco Central de Bolivia (BCB) después de cumplir su turno. Los delincuentes golpearon con palos al uniformado hasta dejarlo tendido en el suelo.

Una vez en el piso, uno de los agresores continuó golpeando al uniformado hasta quebrarle en su espalda un palo, que le provocó un sangrado por la boca.

“Cuando estaba yendo a almorzar me empezaron a agredir sin motivo, sin saber quién soy, ni siquiera preguntan nada. Se acercó la tropa y me golpearon. Ven que uno está solo y sin defensa y lo bolsean, qué podemos decir de esta gente que está mal orientada, no sé con quién se hacen llevar”, relató el policía Marca a la Red Erbol.

El uniformado dijo que estos grupos violentos en Santa Cruz golpean a gente “inocente”, que lo único que hace es trabajar de forma honesta y cumplir con su deber.

“Yo estaba saliendo de mi trabajo yendo un rato a almorzar y mira con lo que me encuentro, me duele mucho la espalda. Ahora iré a la Caja Nacional de Salud para ver que tengo”, dijo Marca.

El policía fue auxiliado por otras personas que salían de las oficinas a la hora del almuerzo, Mientras los manifestantes encapuchados continuaron golpeando a cualquier persona que para ellos era masista y con rasgos físicas de andino o del occidente boliviano.

A pocas horas del retorno de Estados Unidos del dirigente cívico Branco Marinkovic, hordas de autonomistas y delincuentes sembraron de odio, terror, saqueo y golpizas el centro de esta ciudad con la toma de al menos tres entidades del Estado que fueron prácticamente destrozadas.

Desde antes del mediodía, los denominados unionistas, grupo de choque financiado por la Prefectura de Santa Cruz, comenzaron la jornada con una marcha que recorrió algunas calles del centro de la ciudad antes de dirigirse al edificio de Impuestos Nacionales, ubicado en la calle Sucre, entre La Paz y Beni.

En este lugar, los vándalos arremetieron con palos, piedras, petardos y explosivos en contra de las instalaciones, pero no pudieron romper, en primera instancia, la resistencia de un grupo de policías y militares que rechazaron los asaltos comandados por delincuentes.

Sin embargo, cerca de las 15.00, finalmente tomaron las instalaciones y procedieron a robar equipos y destruir todo lo que encontraron a su paso.

La violencia luego se trasladó al edificio del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ubicada a sólo dos cuadras de la Plaza 24 de Septiembre.

Una vez que las fuerzas del orden se replegaron los facinerosos robaron cuanto hallaron en su interior.

El robo y las acciones de violencias fueron atribuidas al gobierno del presidente Evo Morales por el diputado Pablo Klinski (Podemos) uno de los principales impulsores de los saqueos.

“El pueblo reaccionó contra el gobierno. El gobierno es responsable”, dijo cínico Klinski. Sin embargo, quienes cometieron los hechos delictivos fueron unionistas borrachos, delincuentes financiados por los cívicos e incluso pitilleros reclutados para cometer esas fechorías.

Ante el total respaldo a sus acciones vandálicas por parte de los dirigentes autonomistas, los delincuentes también tomaron violentamente el edificio de la nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel).

Grupos de gente que gritaba “autonomía”, primero destrozaron las puertas de Entel y luego saquearon sus instalaciones.

Los “jóvenes autonomistas” salían del interior de Entel cargados de computadoras, televisores, equipos telefónicos y cuanto podían cargar.

En ese contexto, los conscriptos que fueron encontrados en el interior del edificio fueron duramente golpeados por la turba, en medio de la euforia autonomista.
Da/Dgav ABI