Los cívicos del chaco boliviano, compartido por los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, irán hoy divididos a un bloqueo de caminos con cierre de las fronteras con Argentina y Paraguay, en demanda al Gobierno de la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
Los dirigentes cívicos de Yacuiba no descartaron que las medidas de presión incluyan la toma de campos petroleros y el cierre de válvulas de los ductos que pasan por la región.
Por ello, a fin de reparar los daños que se pudieran ocasionar a instalaciones petroleras y estatales, en caso de generarse violencia en las medidas de presión, el Ejecutivo determinó anoche, a través del Decreto Supremo 29684 firmado por el presidente Evo Morales y su gabinete ministerial, el descuento automático de las cuentas fiscales de las prefecturas o municipios cuyas autoridades o funcionarios instiguen y atenten contra instalaciones petroleras y gasíferas.
Los cívicos chaqueños de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz anunciaron el viernes el cierre de las vías que unen Bolivia con Argentina y Paraguay y otras rutas como Yacuiba-Caraparí-Tarija, Villamontes-Santa Cruz y Yacuiba-Santa Cruz. Frente a esta amenaza, el Gobierno dispuso el viernes la militarización de los campos petrolíferos de la zona.
La principal demanda chaqueña es que el Ejecutivo devuelva a las regiones de la “media luna” los 166 millones de dólares anuales que les descontaron del IDH para pagar la Renta Dignidad y en beneficio de los municipios. El bloqueo también exige el respeto a la Ley 3058 de Hidrocarburos, del 17 de mayo de 2005.
Además piden que Bolivia suba el precio del millar de pies cúbicos de gas que vende a Brasil y Argentina en ocho y cinco dólares, respectivamente, a 18. Por otro lado, rechazan el referéndum para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado.
División
Según el diario El Chaqueño de Yacuiba, la medida de presión no tiene contundencia toda vez que no todas las organizaciones están de acuerdo, tal es el caso de los gremiales que formaron comités de autodefensa para garantizar la normalidad de las actividades comerciales y evitar el cierre del puente hacia Argentina.
Mario Roque, dirigente de la Asociación Centro Norte de la Feria Magariños, una de las más grandes de Yacuiba, señaló que “hemos considerado (a la decisión de parar) como una actitud totalmente parcializada con los intereses políticos de los prefectos de la oposición al Gobierno, por lo que rechazamos rotundamente toda medida arbitraria”.
También el Comité Cívico de Camiri, Santa Cruz, rechazó el bloqueo de caminos y la huelga general, por considerar a éstas como “medidas políticas impulsadas por la “media luna” en pro de sus intereses”, según un boletín reproducido por El Chaqueño.
En ese marco, Camiri postergó hasta la siguiente semana su movilización por el cumplimiento del Ejecutivo de los acuerdos firmados en febrero de 2007 y abril de 2008 y que, entre sus puntos más importantes, exigen la elevación del precio del gas que se exporta a Brasil y Argentina.
Desde el 7 de agosto, los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández, y de Tarija, Mario Cossío, iniciaron un ayuno en demanda de la devolución del dinero del IDH, que luego fue suspendido paulatinamente.
Castigo económico
A tiempo de anunciar el decreto que sanciona económicamente a quienes promuevan daños a la infraestructura estatal, el ministro de Hacienda, Luis Arce, informó anoche que la norma “busca precautelar las instalaciones de los yacimientos hidrocarburíferos que han sido amenazadas por diversos grupos y autoridades, y reglamentar la forma de resarcimiento económico al Estado por los daños que pudieran ocurrir”.
El primer punto del artículo 2 del decreto establece sanciones penales contra los responsables de los posibles atentados, tipificando sus actos como “atentado contra la seguridad de los servicios públicos y el sabotaje”.
En su segundo punto advierte: “Los gastos que demanden la reparación y puesta en funcionamiento de instalaciones afectadas, así como los recursos que el Estado deje de percibir, serán cubiertos con dinero que les pudiera corresponder a dichas entidades, que serán debitados automáticamente de sus cuentas por Hacienda, sin perjuicio de la repetición que pudiera corresponder con el artículo 32 de la Ley 1172 de Administración y Control Gubernamentales (Safco)”.
El ministro Arce explicó que para identificar a los responsables se solicitará información a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al Ministerio de Hidrocarburos y será el Ministerio de Hacienda la entidad que realice los cobros en las cuentas de los municipios o prefecturas involucradas.
Arce explicó que el decreto tiene su respaldo en el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos, que dispone que toda persona que promueva la interrupción de las actividades petroleras será sancionada de acuerdo con el artículo 214 del Código Penal.
Además cumple el mandato del artículo 10 de la Ley de Hidrocarburos que obliga a dar continuidad al abastecimiento de combustibles en el mercado interno y el cumplimiento de los contratos de exportación.
Los campos petroleros de la región seguirán resguardados por las fuerzas policiales y militares, que se desplegaron desde el lunes 18. El teniente coronel Ernesto Pacheco, comandante de la Policía Montada de Yacuiba, señaló a El Chaqueño que los efectivos a su cargo “están preparados para cualquier contingencia que se pueda presentar en el paro” y que en caso de ser necesario utilizarán la persuasión para buscar soluciones.
El teniente coronel Gustavo Terán, comandante de Frontera Militar del Regimiento Aroma III, señaló que mientras se mantengan los conflictos, “las tropas seguirán en vigilia y atentas a las disposiciones que emanen del Comando General del Ejército”.
